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Aguiar: «Hay una estrategia para evitar los aumentos salariales a estatales»
Aseguró que “entidades como el Iaraf imponen el temor de una posible reducción de ingresos para que los sindicatos resignen el pedido de mejoras en las paritarias”.
Luego de que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicara un informe impulsando una reducción de ingresos para los trabajadores del sector público que no estén realizando tareas por la cuarentena, el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sentenció que “no existe ninguna posibilidad de que se lleve adelante este recorte en el Estado” y solicitó el pronto llamado a paritarias para discutir la recomposición salarial del sector público nacional, provincial y municipal.
El dirigente manifestó su “preocupación” por el análisis que hace Nadín Argañaraz, director del instituto, y no descarta que se trate de “una estrategia de los gobiernos y el poder económico para impedir que los estatales tengan un aumento salarial en las próximas semanas». En esta línea, consideró que «se intenta instalar la idea de un recorte de sueldos en la administración pública con el objetivo de generar miedo, logrando que la única opción de los sindicatos sea ponerse a la defensiva y sólo acordar los pagos íntegros actuales, resignando una recomposición significativa largamente demandada».
Tras publicar el informe, Argañaraz sumó que declaraciones polémicas en Infobae intentando comparar la situación de los trabajadores estatales y privados: “Los empleados del sector privado que están en su casa por la cuarentena van a cobrar el 75% de su salario. ¿Por qué motivo los trabajadores del Poder Judicial o de la AFIP que están en la misma situación van a cobrar el 100%?”. En respuesta a esto, Aguiar indicó: «No van a lograr dividirnos a los trabajadores entre privados y públicos como pretenden. Nuestra clase es una sola y no vamos a hacernos responsables por aquellos gremialistas inmorales que avalan suspensiones y rebajas salariales».
La pandemia desatada por el coronavirus puso en pausa las paritarias que ATE tenía programadas para marzo y aún no se acordó una nueva fecha para estas negociaciones, por lo que el secretario adjunto señaló: “Estamos cansados de ser siempre los mismos los que perdemos. Ambas gestiones, la saliente y la entrante, se comprometieron a revisar las diferencias salariales del periodo 2019. La pandemia no puede ser la excusa para frenar ese debate porque nuestros ingresos siguen perdiendo poder de compra todos los días».
«No sólo no vamos a aceptar rebajas salariales en la nación, las provincias y los municipios, sino que demandaremos las mejoras necesarias para mantener el poder de compra de nuestros ingresos. El Presidente, los gobernadores e intendentes son quienes deben mostrar el coraje y la decisión política de impulsar impuestos a los bancos privados y a las cúpulas empresariales. Son ellos los que tienen la plata que debe ir a parar al bolsillo de los trabajadores y jubilados», agregó.
Aguiar reiteró su posición de que los costos de la crisis debe ser solventada con la colaboración de “los sectores económicos concentrados y las grandes fortunas del país. El Iaraf nos habla de criterios de equidad y solidaridad para proponer una baja de salarios, señalando también la necesidad que tiene la Argentina de recuperar su equilibrio fiscal. No podemos caer en esta trampa y que nos hagan creer que el Estado debe regirse por los mismos principios que las empresas y perseguir ganancias. Hay épocas en la que los Estados tienen que ser deficitarios para atender las necesidades de los que menos tienen. En el fondo, estas entidades empiezan a levantar su voz para tapar el verdadero debate de estos días que es el de decidir quién va a pagar el costo de esta crisis”, concluyó.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
