Política
Soria presentó una denuncia contra Macri para que se investigue si hubo presión sobre jueces y fiscales
El ex intendente de Roca asegura que durante la gestión anterior funcionarios nacionales quisieron disciplinar a dirigentes políticos opositores.

El diputado nacional del Frente de Todos Martín Soria presentó una denuncia penal para investigar un supuesto mecanismo de presión y/o extorsión sobre jueces y fiscales montado durante la presidencia de Mauricio Macri, que tuvo como objetivo disciplinar a los dirigentes políticos opositores.
La denuncia, presentada en el Juzgado Federal N° 2 de Capital Federal a cargo del juez Sebastián Ramos, se asienta en declaraciones públicas de la jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien afirmó que durante el período macrista existió “una metodología” de presiones sobre jueces y fiscales, y dio como ejemplo que un alto funcionario macrista del Ministerio de Justicia había ido a su despacho a imponer la conducta a seguir en la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán.
«Sin perjuicio de que su participación no fue confirmada por la Dra. Figueroa, las sospechas apuntan al funcionario macrista Juan Bautista Mahiques, ex integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Ejecutivo y estrecho colaborador de Germán Garavano, ex ministro de Justicia del gobierno de Cambiemos», dijo Soria al respecto.
El documento presentado por el diputado nacional por Río Negro en sede judicial pide la investigación de la posible comisión de «los gravísimos delitos tipificados en los artículos 149 bis (amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas), agravado por el artículo 149 ter (cuando tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos) y en el artículo 168 del Código Penal».
«Los hechos denunciados por la jueza Figueroa son gravísimos, no sólo porque dan cuenta de la puesta en marcha de una ingeniería corrupta y extorsiva inherente al gobierno de Mauricio Macri, sino también por la afectación al estado de derecho y de las instituciones del Estado, mediante la ilícita injerencia en el poder Judicial», sostuvo finalmente Soria.
“El 10 de diciembre pasado, en ocasión de la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández abrió la puerta hacia un nuevo tiempo histórico cuando señaló: ‘Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas’”, explicó.
“Los hechos descriptos por la jueza Figueroa ponen de manifiesto la colosal persecución política que resultó ser la Causa del Memorándum con Irán. Una causa que estuvo viciada de irregularidades e ilegalidades, y que el Gobierno de Cambiemos utilizó como herramienta de persecución a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Timerman. Por eso esta denuncia se inscribe en los parámetros jurídicos, políticos y éticos que delimitó el Presidente cuando pidió un nuevo Nunca Más que ordene la relación entre los poderes del Estado y de estos con la sociedad”, finalizó el parlamentario rionegrino.
Política
La Provincia resolvió trámites a más de 600 familias roquenses en el marco del Programa Cerca
La jornada se desarrolló en la Escuela 350 de Chacramonte.

El programa provincial Cerca reunió a una gran cantidad de vecinos y vecinas en el barrio Chacramonte de General Roca, donde más de 600 familias pudieron resolver trámites y acceder a servicios en una misma jornada.
La actividad -impulsada por la Secretaría General del Gobierno Provincial- se desarrolló en la Escuela Primaria N° 350, con un movimiento constante durante todo el día y una alta demanda en gestiones vinculadas a documentación, trámites de DNI, consultas sobre vivienda, servicios y programas provinciales.

El operativo integró a organismos como el Registro Civil, IPPV, Aguas Rionegrinas, el Ministerio de Salud, SENAF, el área de Discapacidad, IPAP, IUPA y equipos de SIARME, que brindaron atención directa, asesoramiento y capacitaciones. Se realizaron controles de salud, vacunación, acciones de prevención, acompañamiento en trámites sociales y espacios de formación como cursos de primeros auxilios y RCP.

El secretario General, Nelson Cides, destacó que la llegada del programa respondió a una demanda concreta de la comunidad. «Volvimos porque la gente lo pide. Tiene que ver con poder resolver trámites en el momento, sin intermediarios y cerca de la casa», dijo.

Gremios
714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.

En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.
Política
Avanza la ampliación de la red cloacal en Barrio Nuevo
Weretilneck encabezó la apertura de ofertas de las empresas interesadas en llevar adelante la obra.

El Gobierno de Río Negro avanza con la ampliación de la red cloacal en Barrio Nuevo de Roca, una obra que beneficiará directamente a 185 familias y que cuenta con una inversión provincial de $257 millones. El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de ofertas junto a vecinos y vecinas del sector, quienes acompañaron de cerca este nuevo paso.
La obra permitirá extender el sistema cloacal a nuevos hogares, mejorando las condiciones sanitarias, el ambiente y la calidad de vida, en un barrio que viene creciendo y que ahora suma infraestructura esencial para su desarrollo.
Se presentaron tres empresas para ejecutar los trabajos: Cotravame LTD, con una oferta de $296.833.298; OBSA SRL, con $219.004.827; e INGCO SRL, con $343.509.669.
«Resolver el saneamiento tiene que ver con la salud, el ambiente y también con la economía de cada familia. Esto les va a permitir vivir mejor y dejar atrás costos que hoy tienen con los pozos», señaló Weretilneck. «Ahora vamos a avanzar para que la obra comience lo antes posible y en los próximos meses el barrio ya tenga el servicio», agregó.
El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, fue el encargado de explicar detalles de la obra y realizó la apertura de las ofertas. Remarcó que «estamos cumpliendo un compromiso concreto con estas 185 familias» y subrayó que «la obra no tiene costo para los frentistas, porque la decisión del gobernador Weretilneck es que este tipo de infraestructura la financie la Provincia».
Escrituras para familias de Roca
En la misma jornada, más familias de la ciudad recibieron sus escrituras, tramitadas a través del IPPV junto al Colegio de Escribanos, en un momento cargado de emoción para quienes esperaron años este paso.
«Hoy cierran una etapa. Después de mucho esfuerzo, reciben la escritura y ya no tienen deudas. Es la tranquilidad de saber que la casa es definitivamente de ustedes», expresó el gobernador, acompañado por el tiutlar del IPPV, Mariano Lavin.
Acompañaron las actividades la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini y los legisladores Fabián Zgaib y Juan Elbi Cides, entre otras autoridades.








