Gremios
UnTER le respondió a Carreras: «Los trabajadores de la educación damos clase de solidaridad tanto dentro como fuera de las aulas»
El gremio docente está muy molesto con las declaraciones de la gobernadora que pidió que los estatales sean más solidarios con el resto de los trabajadores.
«Si hay algo de lo que sabemos los trabajadores de la educación es de solidaridad, que (Arabela) Carreras no se confunda ni trate de confundir a la comunidad», reclamó Sandra Schieroni, secretaria general de UnTER en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3). Es que ayer la mandataria provincial sostuvo que “cuando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país está recibiendo la mitad de su salario, o están pidiendo ayuda a Nación o incluso miles de personas se quedan sin trabajo, si en Río Negro se percibe el sueldo del 1 al 10 de cada mes hay que tener un poquito de solidaridad con el resto de los trabajadores. Lo mismo con quienes nos reclamaron el pago de internet porque trabajan desde sus casas, pero siguen cobrando la movilidad sin salir de su hogar”.
«Desde que comenzó el aislamiento fuimos nosotros quienes hemos sostenido con nuestro trabajo incansable el sistema educativo rionegrino. No sólo ocupándonos de mantener el vínculo con nuestras comunidades educativas desde la casa, lo hicimos aun exponiéndonos cada vez que detectamos estudiantes sin conectividad, imprimiendo cuadernillos con dinero de nuestro bolsillo para garantizar el derecho social a la educación; solidarizándonos con esas familias a las que les falta el plato de comida, haciendo incluso colectas en esos lugares donde los famosos módulos alimentarios nunca llegaron o fueron insuficientes», indicó Schieroni.
«No pueden ni deben tratarnos de poco solidarios cuando se han modificado nuestras condiciones laborales, cuando estamos disponibles para nuestros estudiantes no solo y no siempre solo desde la virtualidad», agregó.
Sostuvo asimismo que «hoy los trabajadores de la educación, aún sin ser un servicio esencial estamos sosteniendo la escuela pública en muchos aspectos en los que el propio Ministerio de Educación y Derechos Humanos no quiere o no sabe actuar».
«A la vista queda, lamentablemente, que quien debe velar por la educación y la salud, alimenta un enfrentamiento que de ninguna manera llevamos ni llevaremos adelante entre trabajadores; muy por el contrario, desde la UnTER no solo reivindicamos sino que nos enorgullecemos de los compañeros trabajadores de la salud pública, porque sabemos que al igual que nosotros aun en paupérrimas condiciones no dudan en dar la batalla cada día frente a este virus», añadió Schieroni.
«Se equivoca y mucho la señora gobernadora. Estamos en nuestra casa porque así lo disponen responsablemente las autoridades de salud, pero nunca dejamos de trabajar; por lo tanto exigimos cobrar en tiempo y forma, y es este gobierno quien define empezar a pagar a sus trabajadores a partir del 05 de junio, cuando todos y todas sabemos que debieran hacerlo desde el primer día de cada mes», indicó.
«Repudiamos firmemente sus dichos. Consideramos un grave error de su parte confundir a la comunidad hablando de cobro de movilidad, que está totalmente desfasada (lo que pagan por un mes no nos alcanza para una semana) y es un reclamo histórico; más allá del bajo porcentaje de docentes que la cobra», manifestó la titular del gremio docente.
«Desde la UnTER, aún en época de cuarentena, seguiremos reclamando cada vez que lo consideremos necesario; tenemos autoridad para hacerlo ya que siempre hemos puesto el cuerpo en defensa de la escuela pública más allá de gobiernos y gobernantes que han pretendido enfrentarnos con la comunidad educativa», concluyó Schieroni.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
