Política
Ni la pandemia cierra la grieta: Juntos cargó contra Soria por ganar 15 millones por mes «en la timba financiera»
Los legisladores del Frente de Todos no se quedaron atrás y respondieron con duras críticas al oficialismo.
El oficialismo provincial salió con los tapones de punta a criticar a la intendenta de General Roca por el manejo de los recursos en el Municipio, a lo que rápidamente legisladores del Frente de Todos respondieron defendiendo la gestión de la intendenta María Emilia Soria. Todo esto mientras los casos de Covid-19 en la ciudad crecen de manera exponencial y ya suman 40.
Un comunicado de Facundo López, presidente del bloque de legisladores de Juntos, y una carta abierta del concejal Gabriel Arto, surgieron en forma casi simultánea ayer, confirmando que la relación con Soria volvió a tensarse.
La mandataria había pedido explicaciones el fin de semana al gobierno provincial por la inseguridad en Roca y exigió una reunión con el ministro de Salud, Fabián Zgaib, por el caso de una supuesta muerte por Covid-19 que derivó en el cierre del municipio para una desinfección general.
Las respuestas de Juntos llegaron luego de poner las finanzas locales bajo la lupa y concluir que “Roca gana 15 millones de pesos por mes de la timba financiera” y “en vez de ayudar con un subsidio, o aportar a la producción local, prefiere apostar al mercado especulativo”.
Esos conceptos fueron transmitidos por López, destacando que el Municipio mantiene un plazo fijo por 430 millones de pesos, que le otorgan ese rédito económico.
El presidente de la bancada legislativa provincial cuestionó que el gobierno de Soria no destine recursos propios para reactivar el sistema de transporte público, paralizado en la ciudad desde el 12 de mayo.
“La Provincia, igual que la Nación, viene cumpliendo con todos los desembolsos en tiempo y forma de los subsidios correspondientes para garantizar el servicio urbano y provincial”, puntualizó López, quien explicó que en los próximos días se realizará otro envió de 14.800.000 pesos.
Y sobre el anuncio de una contratación directa luego de la salida de la empresa 18 de Mayo, advirtió: “No sea cosa que se beneficie a una empresa de afuera de Río Negro”.
Por su parte, el concejal Arto recordó que presentaron días atrás un proyecto para hacer un fondo solidario de ayuda a los comercios de Roca, “y en el Concejo Deliberante, como somos minoría, lo mandaron a la municipalidad para ver si Hacienda tenía plata”.
Destacando también los fondos que el municipio tiene en plazos fijos, el edil sostuvo que “hay un montón de plata y me parece que el momento de usarla es en una crisis como esta”.
“Pedir que 20.000.000 de pesos lo destinemos al fondo que propusimos no es descabellado. Me parece que tenemos que apuntalar al comercio de Roca, para mantener miles de fuentes de trabajo y para que nos recuperaremos todos más rápido de la crisis”, agregó.
Arto insistió en que “es un momento de tomar una decisión importante y no decir que tenemos superávit para pagar la Fiesta la Manzana, o para financiar proyectos con fines políticos o para hacer clientelismo, como hemos visto en el Deliberante, cuando tenemos que ser realmente efectivos”.
El concejal cerró su carta abordando también la situación de los 82 empleados de 18 de Mayo, considerando que una parte de los recursos guardados en el sistema bancario también deberían utilizarse para contener a los trabajadores.
La respuesta del peronismo no se hizo esperar. «Hoy escuché a un legislador del oficialismo provincial hablar livianamente de Roca. La verdad que me dio vergüenza ajena con el desastre que estamos viviendo en la provincia producto de la inoperancia y desidia de los funcionarios de turno venga a hablar livianamente de nuestra ciudad», dijo el legislador del Frente de Todos, José Luis Berros.
“El gobierno que conduce Arabela Carreras no estuvo a la altura de las circunstancias, por causas heredadas, una enorme e irresponsable deuda que dejó Weretilneck y que si no refinanciábamos no iban a poder pagar los sueldos, o por inoperancia de su equipo de gobierno, lo que muestran los números, la cantidad de contagios, los fallecidos, la realidad, es que nuestra provincia no está manejando bien el tema”, agregó.
“En Roca, por ejemplo, los tres focos de contagios se dieron en reparticiones públicas, en Comisarias o en el Hospital, y esto es por falta de protocolos concretos, protocolos que los trabajadores, trabajadoras, que son los que más expuestos están, internalicen y puedan aplicar. Pero si no les dieron los materiales necesarios, como vamos a pedir por un protocolo”, señaló el legislador Berros.
“A lo ancho y largo de toda la provincia vecinos y vecinas solidarias realizaron campañas de donación para los Hospitales Públicos ante la falta de barbijos, camisolines, alcohol en gel, cosas básicas que no habían en los Hospitales. Las necesidades en el Hospital López Lima son muchísimas y de larga data y encima cuando la gobernadora viene no escucha los reclamos, inaugura un laboratorio de prestado, con instrumentos que compraron los privados y reactivos que envía Nación y se va”, indicó.
“Y ojala la provincia tuviera superávit con crecimiento como Roca, a pesar de las criticas del legislador viedmense, ojala el modelo de Roca se replique en toda la provincia, es para lo que trabajo, para tener una provincia que crezca, con orden en sus cuentas públicas, con más inclusión y presencia”, finalizó Berros.
Mientras tanto el compañero de bancada de Berros, Ignacio Casamiquela también se sumó a la polémica. «Parece ser que a Juntos le interesa más la administración financiera de un municipio que la de ellos mismos en la provincia. Increíble que hablen de prioridades cuando no supieron tenerlas a la hora de endeudar una provincia. Se olvidan muy rápido parece que ya en varias oportunidades tuvieron que recurrir a poderes financieros que les permitieran sobrellevar las deudas que adquieren para pagar más deudas, por las constantes irresponsabilidades a la hora de tomar decisiones».
«Hablan de los trabajadores cuando hoy ya el cronograma de pago se postergo 2 días y hoy no saben si van a poder pagar los sueldos en un corto plazo, debido a la gran deuda que adquirieron y de la cual todavía todos los rionegrinos y rionegrinas estamos pagando los intereses. Una deuda que se adquirió en dólares embargando el futuro de todos en pos de obras sin ningún tipo de planificación y de las cuales muchas hoy se encuentran sin finalizar o mal ejecutadas».
«Al parecer el legislador López no está al tanto de los 5.000.000 de pesos destinados a la empresa de transporte por parte del Municipio de General Roca desde diciembre del año 2019 a mayo del presente año. Le recomiendo al legislador que antes de salir en medios de comunicación a hacer falsas acusaciones revea la situación en la que su partido de JSRN está dejando a la provincia de Río Negro, recordándole de los más de $1.000.000.000 que recibieron en lo que va del año por parte del gobierno Nacional que según el Decreto 21/2020 fueron destinados a ‘atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deuda'», concluyó Casamiquela.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
