Sociedad
Imputaron a seis personas por la ocupación de tierras del Polígono de Tiro
La Fiscalía insiste en que los vecinos dejen de manera voluntaria el lugar, sino solicitará el desalojo.

El Ministerio Público Fiscal comenzó esta mañana con las audiencias de formulación de cargos a las personas identificadas de estar ocupando tierras del Polígono de Tiro, en la ciudad de General Roca.
De esta manera, y tal lo dispuesto por el Protocolo Sanitario, hoy seis personas fueron imputadas, de manera presencial, de los delitos de “usurpación, violación de las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación de la pandemia, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad”, y deberán responder como co autores de dichos delitos.
Según la acusación fiscal, el hecho se concretó “el pasado 15 de junio, cuando un grupo de aproximadamente 30 personas, ingresaron de forma clandestina, durante la noche, al predio perteneciente a la Asociación Patriótica Tiro Federal, ubicado entre las calles Jamaica, Jujuy y Chingolo”.
“La acción la llevaron con claros fines de despojar una propiedad privada, ya que comenzaron a construir casas precarias, y lo hicieron en el contexto actual de pandemia, cuando en el predio no había actividad deportiva”, explicó el fiscal del caso.
“A partir de esa fecha, ha ido variando la cantidad e identidad de los ocupantes, y tanto personal de la Comisaría 31 como los representantes del Ministerio Público Fiscal han intentado identificar a las personas que se han negado sistemáticamente a brindar sus datos”, dijo el representante fiscal.
El Ministerio Público Fiscal relató además que antes de llegar a la instancia de imputación, y “a los fines de procurar una salida pacífica de este conflicto, se gestionaron dos audiencias con autoridades municipales, una de ella presidida por la intendenta local. Además se dio intervención a la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC)”.
Entre la evidencia mencionada por el Ministerio Público Fiscal figura el acta de denuncia del Presidente de la Asociación del Polígono de Tiro presentada el 15 de junio, la escritura de los terrenos usurpados, el acta de constatación por parte de la policía.
Se suma el acta de la reunión convocada por el Municipio local a la que el Ministerio Público asistió, como el encuentro con el Consejo Deliberante, el recurso de amparo presentado por las personas involucradas en el Juzgado de Familia N° 11, fotografías del lugar del hecho, entre otros.
La Fiscalía explicó que las medidas cautelares, es decir la posible solicitud de un desalojo en caso de que las personas no dejen de manera voluntaria el lugar, serán expuestas una vez que la totalidad de las audiencias de formulación de cargos sean concretadas y que todas las personas notificadas sean escuchadas en ese marco.
En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal solicitó a la Oficina Judicial que la programación de las audiencias de imputación pendientes sean fijadas con la mayor celeridad posible.
Por su parte, la defensa particular de los seis imputados de hoy se opuso a la imputación, sin embargo el juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos tal lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Judiciales
Le vaciaron la cuenta con los ahorros de toda su vida con un cambio de chip en otra ciudad: Condenan a banco y telefónica
La víctima descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000.

Una jubilada de Viedma perdió varios millones de pesos en menos de una hora después de que delincuentes tomaran el control de su línea telefónica mediante un cambio fraudulento de chip. Con ese acceso ingresaron a su cuenta bancaria y realizaron ocho transferencias que vaciaron prácticamente todos sus ahorros. La Cámara de Apelaciones de la capital provincial concluyó que el fraude fue posible por fallas concurrentes en los sistemas de seguridad de dos prestadores de servicios.
La mujer tenía constituido un plazo fijo y el 13 de octubre de 2022 advirtió que su celular solo permitía realizar llamadas de emergencia. Horas más tarde, cuando intentó renovar esa inversión, descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000. El dinero había sido transferido mediante seis débitos inmediatos (DEBIN) y dos transferencias a personas desconocidas.
Frente a esa situación promovió una demanda por daños y perjuicios. Sostuvo que el cambio de la tarjeta SIM se había concretado sin verificar correctamente la identidad de quien lo solicitó y que, además, nadie advirtió una serie de operaciones bancarias completamente ajenas a su comportamiento habitual como clienta.
En primera instancia, el fuero Civil de Viedma responsabilizó únicamente a la empresa de telefonía. Entendió que el cambio fraudulento del chip había sido la causa adecuada del perjuicio y liberó de responsabilidad a la entidad financiera.
La Cámara confirmó que existió una falla en el procedimiento que permitió reemplazar la tarjeta SIM. Valoró que el cambio se autorizó desde una antena ubicada en Neuquén cuando apenas una hora y media antes la línea funcionaba normalmente en Viedma. También destacó que no existían registros que permitieran comprobar cómo se había validado la identidad de quien realizó esa gestión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la entidad financiera también incumplió su deber de seguridad. Señaló que las operaciones reunían numerosos indicadores de riesgo: la generación de un nuevo token, el alta de varios destinatarios desconocidos, ocho transferencias consecutivas en apenas 36 minutos, el vaciamiento casi total de la cuenta y montos incompatibles con el historial de la clienta. Pese a ello, no se activó ningún mecanismo de alerta, bloqueo o verificación.
La sentencia recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar sistemas de monitoreo basados en el perfil transaccional de cada cliente y destacó que ese control existe precisamente para detectar operaciones que, aunque se realicen con credenciales válidas, resulten completamente atípicas.
Con ese criterio, la Cámara concluyó que el fraude solo pudo concretarse por la concurrencia de dos incumplimientos. Por un lado, la autorización irregular del cambio de chip. Por otro, la ausencia de controles frente a movimientos claramente inusuales en la cuenta bancaria. En consecuencia, modificó el fallo de primera instancia, dejó sin efecto la obligación de la mujer de devolver el dinero recibido por la medida cautelar y extendió la condena en forma solidaria a Banco Patagonia y Telefónica Móviles Argentina.
También confirmó las indemnizaciones por daño emergente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo.
Río Negro
Con aumento incluido, la Provincia abonó sueldos y aguinaldo a estatales
Significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina.

El Gobierno de Río Negro realizó hoy (03/07) el pago unificado de salarios y del medio aguinaldo a todo el personal estatal de la provincia, con un 4,28% de aumento incluido.
Esta decisión, significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina e incluyó el 4,28% de aumento en los sueldos, impactando también en el aguinaldo. Se consolida así una evolución salarial por encima de la inflación acumulada en el semestre.
Durante la primera parte del año, los incrementos escalonados que sostuvo Río Negro alcanzaron un 16% de aumento, por encima de la inflación del 14,7% de acuerdo a datos del INDEC para los primeros cinco meses de 2026.
De esta manera, hoy percibieron sus haberes y el medio aguinaldo el personal de Salud Pública (guardias y horas extras); Policía de Río Negro; Servicio Penitenciario Provincial; docentes; porteros; personal comprendido en la Ley N° 1.844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; Poder Legislativo; Poder Judicial y Órganos de Control.
«Con el pago de salarios y aguinaldo de manera conjunta, Río Negro sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales de la provincia», indicaron desde la Provincia.
Río Negro
Río Negro avanza con la fiscalización ambiental del proyecto de GNL
El objetivo es que el proyecto avance con una presencia activa del Estado.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático fiscaliza en territorio, durante la ejecución del proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías, el cumplimiento ambiental asumido por la empresa.
Mientras Río Negro consolida una nueva etapa productiva vinculada al desarrollo energético, la Provincia mantiene una presencia técnica permanente para acompañar, controlar y verificar que cada avance del proyecto se realice bajo la normativa ambiental vigente.
El seguimiento alcanza las distintas etapas de ejecución, tanto en las obras terrestres como en la infraestructura marítima asociada al desarrollo de Gas Natural Licuado Flotante en el Golfo San Matías. El objetivo es claro: que el crecimiento energético avance con planificación, responsabilidad ambiental y control del Estado.

Control técnico en cada etapa
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación, lleva adelante inspecciones y controles en territorio para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos durante el proceso de evaluación del proyecto.
Las autorizaciones ambientales contemplan obligaciones específicas vinculadas al monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos y el seguimiento de las tareas que se desarrollan en las áreas intervenidas.
Además de las inspecciones en obra, la Provincia supervisa los procesos de recomposición ambiental en los sectores afectados por la construcción de infraestructura terrestre, con el fin de asegurar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los compromisos asumidos.

Desarrollo energético con responsabilidad ambiental
El proyecto contempla infraestructura clave para que Río Negro se consolide como punto estratégico de salida del GNL argentino al mundo, incluyendo obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro de soporte logístico en Puerto San Antonio Este.
En ese marco, el Gobierno Provincial sostiene una política que combina nuevas inversiones, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y protección de los recursos naturales que distinguen al Golfo San Matías y a toda la costa rionegrina.

El esquema de fiscalización se apoya en tres pilares: control integral durante todo el ciclo del proyecto, participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y capacidad del Estado para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Un Estado presente para cuidar el rumbo
La decisión del Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, es que las inversiones estratégicas avancen con reglas claras, planificación y presencia activa del Estado en cada etapa.
De esta manera, la Provincia reafirma que el desarrollo energético no es un hecho aislado, sino parte de un rumbo que busca transformar oportunidades en trabajo, infraestructura y futuro para los rionegrinos, sin resignar el cuidado ambiental ni la protección de los ecosistemas provinciales.








