Sociedad
CAME pide protocolos unificados para el turismo en todo el territorio
Estiman que el turismo regional perdió casi 80.000 millones de pesos entre marzo y agosto.
Teniendo en cuenta que el turismo es una de las actividades más golpeadas por el Covid-19, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a los gobernadores de todas las provincias un documento desarrollado por el sector Turismo de la entidad, titulado «Reflexiones y propuestas para apoyar la recuperación del turismo nacional en el marco de la pandemia», donde, entre otras cuestiones, solicitó la implementación de protocolos unificados en todo el país para dar previsión a la actividad. El documento contiene las conclusiones a las que se llegó tras una serie de entrevistas llevadas a cabo a reconocidos actores, referentes de la actividad de variados espacios políticos, tanto del ámbito público como privado.
«En lo que va de la pandemia, el turismo regional perdió ingresos por $77.890 millones, entre marzo y agosto, como promedio estimativo por los seis fines de semana largos y las vacaciones de invierno, que repercuten no sólo en forma directa en el sector, sino también en las economías regionales. A diferencia de otras actividades, esto ya no se recupera», señaló el titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.
Agregó que «entendemos que la recuperación de la actividad turística será desigual en el país, puesto que las ciudades más corporativas y con mayor conectividad o mejor situadas y en cercanía de capitales de países vecinos tendrán una suerte distinta a las otras. Es por ello que ratificamos la visión estratégica de que el turismo debe ser una política de Estado».
Por ello, considerando que el 95% de la actividad del sistema turístico lo representa el sector pyme, CAME presentó en el documento diversas propuestas como la creación de una Mesa de enlace Público y Privado, con un cuerpo consultivo ad honorem amplio; elaborar un plan de acción en tres etapas: lo inmediato, la temporada estival próxima y pos Semana Santa, tratando de dar previsibilidades a cada etapa; estimular y facilitar la conectividad como uno de los ejes de desarrollo turístico; elaborar un plan para sostener la economía que generaba la industria, pensando en mantener la participación en el PBI y el empleo de cada lugar; prolongación del ATP, tomando como base la facturación 2019 actualizada hasta el año 2023 para todos los actores de la cadena que mantengan una baja facturación; apoyo económico para los pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos, inscriptos como pymes; moratorias impositivas y de servicios de largo plazo a abonar de forma gradual desde 2022 en adelante con el pago mayor de capital sobre el final de estas; y evaluar la reducción del 50% de los alquileres a espacios que se destinan específicamente a la actividad, generando un bono para el pago de Impuesto a las Ganancias para el propietario del inmueble por el mismo monto por los años 2020 y 2021.
Asimismo, plantean generar una nueva relación de abastecimiento para los años 2020 y 2021 de los servicios de agua, luz y gas; reducción en los plazos de acreditación de tarjetas de crédito durante el 2020 y 2021, sin quitas; consensuar en la mesa de enlace los protocolos a implementar en turismo nacional e internacional, visados por el Consejo Federal de Turismo y estos, a la vez, por los consejos municipales, a los efectos de tener protocolos homologados en todo el país; estimular con las estructuras organizativas argentinas, como ANSES y PAMI, al consumo del turismo interno; acordar con los bancos internacionales, que tienen sede en Argentina, un programa similar al «Ahora 12» en el exterior para estimular los pasajes en cuotas desde diferentes puntos del mundo a Argentina, preferentemente con Aerolíneas Argentinas; deducción especial durante el 2021 y 2022 de los gastos de turismo y gastronomía del Impuesto a las Ganancias, a los efectos de estimular la demanda; generación de un fondo nacional transitorio de incentivo al turismo distribuido según la cantidad de camas declaradas por ciudad, surgido de un 40% de los fondos del IMPROTUR del año 2021; sostener el «Ahora 12» con 3 meses de gracia para el sector turístico para el año 2021; el paso hacia la formalidad. La informalidad en el sector nos coloca un límite al desarrollo, a la capacidad de negociación, al peso político de la actividad, nos debilita en la calidad de servicios de un destino, pone en riesgo la responsabilidad fiscal y es tan o más nociva que la presión tributaria.
Además, plantean la creación de un fondo fiduciario con garantías reales empresarias para la suspensión de trabajadores con resguardo de su lugar de trabajo por un máximo de 24 meses; y planes de Crédito para el 2021 para la adecuación de la estructura no utilizada y deteriorada por haber estado cerrada, con tasas subsidiadas y de 60 cuotas.
Este documento es el resultado de los aportes del equipo de asesores y dirigentes del sector de CAME Turismo, y de distintos referentes del sector como Maurice Closs, senador nacional y ex gobernador de la provincia de Misiones; Hernán Lombardi, exministro de Turismo de la Nación; Marco Palacios, expresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT); Gabriela Testa, senadora provincial de Mendoza y expresidenta del Ente Mendoza Turismo; Bernardo Alejandro Racedo Aragón, ex secretario de Turismo de Salta y Tucumán; Fabián Lombardo, director comercial de Planeamiento y Gestión de Rutas (CCO Chief Commercial Officer) en Aerolíneas Argentinas; y Aldo Elías, actual presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).
«Esperamos que estas propuestas sean tenidas en cuenta a fin de llevar certezas a esta industria, que es la más federal, democrática y transversal actividad económica, ya que representa el cuarto complejo exportador, nuclea a 5 mil agencias y da trabajo a más de un millón de personas», concluyó Díaz Beltrán.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
