Sociedad
La Legislatura aprobó el Presupuesto 2021
Asciende a $139.857.755.621. Un 28,32% más respecto del de este año. El FdT votó en contra y el PRO acompañó pero con críticas.
La Legislatura de Río Negro aprobó ayer (04/12) por la tarde el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública provincial, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. La ley fue sancionada por mayoría, con la oposición del Frente de Todos.
El Presupuesto 2021 asciende a $139.857.755.621. Un 28,32% más respecto del Presupuesto 2020. Representa un incremento del 45% respecto del ejecutado que se espera para este año.
La legisladora Marcela Ávila, del bloque Juntos Somos Río Negro, fue la informante del oficialismo. Definió al Presupuesto del próximo año como “realista, de recuperación, que muestra la continuidad del desarrollo de las políticas sociales, de integración y de innovación”.
“Es un Presupuesto que muestra fuertemente el rol que va a tener la obra pública en nuestra provincia, como lo ha tenido a lo largo de todos estos años”, sostuvo.
Ávila destacó la perspectiva de transversalidad e integralidad que le dio la gobernadora Arabela Carreras al proyecto. Mencionó los siete ejes en los que fue estructurado: la nutrición de las infancias y la soberanía alimentaria; el cuidado de los y las rionegrinas; el desarrollo económico y el crecimiento sustentable; infraestructura y servicios; el trabajo y los trabajadores; la innovación tecnológica; y la gestión con perspectiva de género.
Señaló que el incremento del 45% respecto de lo ejecutado este año “tiene que ver con la crisis económica y sanitaria que atravesó nuestro país, que claramente impactó en el Presupuesto que se había preparado para el 2020”, advirtió.
Por otro lado, indicó que se espera un incremento en los recursos corrientes de un 41%, que representan la sumatoria de los recursos tributarios nacionales, provinciales y de las regalías.
Explicó que esa mayor recaudación esperada tiene que ver la expectativa de reactivación de la actividad económica, ya que no se prevén incrementos en las alícuotas de ingresos brutos ni quitas de beneficios para los contribuyentes, sino que va a haber ampliación de beneficios.
Con respecto a los gastos, indicó que se espera un incremento del 29% para los corrientes, y del 49% para los de capital, que ascienden a $12.954.000.000, con una inversión real directa de 4.313 mil millones más que lo ejecutado en 2020, lo que marca una tendencia de crecimiento importante de la obra pública en los últimos años.
Destacó que la obra pública resistió la pandemia, ya que desde fines de abril la Provincia continuó con la ejecución de una treintena de obras de gran envergadura e importancia, lo que posicionó a Río Negro como una de las pocas que en plena crisis económica pudo realizar obras. En este sentido resaltó el rol preponderante del Plan Castello.
Con respecto al endeudamiento en dólares que implicó el Plan Castello, explicó que existe una propuesta de enmienda a las clausulas que estipula el plan, con una adhesión del más del 50% de los acreedores (hay que llegar al 75%), con la que se espera lograr una reducción de la tasa de interés y una prórroga en los plazos de amortización de la deuda, que aliviará las finanzas provinciales.
Por la oposición, el miembro informante del Frente de Todos, José Luis Berros, adelantó el rechazo del bloque al proyecto: “No es un presupuesto que un gobernador peronista impulsaría. Nosotros reconoceríamos el esfuerzo de aquellos que pusieron todo en esta pandemia, que arriesgaron sus vidas y las de sus seres queridos”.
Cuestionó el endeudamiento, gastos, y sostuvo que se trata de un Presupuesto deficitario, “de puro maquillaje, con las mismas líneas estructurales de hace muchos años, sin los cambios necesarios para que esta provincia crezca”.
Habló de una “enorme desidia y subejecución en la gestión” y cuestionó la falta de diálogo en la elaboración del nuevo Presupuesto: “Ni siquiera tiene una búsqueda de consenso. No han demostrado ser federales en la distribución de obras”, criticó.
Inmediatamente, Lucas Pica (JSRN) pidió mesura y responsabilidad política a la hora de analizar este Presupuesto. Aseguró sorprendido: “Estamos ante un hecho histórico: no aprobar un Presupuesto a quien gobierna es una verdadera zancadilla institucional”.
“No hay espacio para la politiquería, para la mezquindad, para el tribunero que quiere salvarse solo. Tenemos que mirar a los ojos a los rionegrinos y decirles que en las difíciles gobierno y oposición estamos juntos”, expresó.
El bloque del Frente de Todos coincidió en críticas al gasto, al endeudamiento, a la asignación de obras y a la falta de consenso y diálogo político, con exposiciones de los legisladores Marcelo Mango, Pablo Barreno, Luis Noale, Ignacio Casamiquela y Daniela Salzotto.
Cerró la posición del FdT su presidenta, María Eugenia Martini, sumando críticas al endeudamiento, a la “falta de diálogo político” y a la “discriminación” en la distribución de recursos entre municipios. Advirtió que según el presupuesto, “hay un evidente fuerte peso de la deuda pública en el déficit presupuestario provincial y una urgencia por instrumentos para seguir emitiendo”.
“Río Negro está en default, ya no se puede hacer frente a los vencimientos de esta deuda, y lo que vemos reflejado en este Presupuesto es que la estrategia es emitir más deuda”, señaló.
Como respuesta a las crítica del FdT, los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Adriana del Agua, Graciela Valdebenito Gerardo Blanes Helena Herrero José María Apud y Mónica Silva, defendieron la gestión del gobierno de Arabela Carreras.
Por Juntos por el Cambio, Juan Martín votó a favor, aunque también cuestionó “falta de diálogo y discrecionalidad”: “Se nota que el Presupuesto no está hablado con los intendentes, la distribución de fondos y obras se relacionan más a los deseos y a las simpatías de quienes hoy detentan el Poder Ejecutivo, que a las necesidades reales por localidad”.
Advirtió sobre un escenario de debilidad de Río Negro en cuanto al déficit fiscal, al endeudamiento y a problemas de financiamiento, y lamentó que al al Presupuesto “le faltan programas específicos de asistencia a las Pymes”.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López. Fundamentó que “más allá de las consecuencias adversas que atravesamos por la pandemia, y de un contexto macroeconómico difícil, el proyecto refleja la continuidad de las políticas sociales, de desarrollo económico, infraestructura, con una impronta transversal reflejada en los ejes de gestión priorizados”.
“Es un Presupuesto que busca poder empezar a poner nuevamente en movimiento la economía de la provincia, sin descuidar los efectos nocivos de la pandemia”, expresó.
Desestimó las críticas por el endeudamiento y la falta de diálogo. Aclaró que el Plan Castello no representa una deuda sino una inversión para el gobierno de Juntos Somos Río Negro.
Explicó que como las obras del Plan se van terminando, y el volumen de actividad va decayendo, para seguir manteniendo el nivel de obra pública, el Presupuesto prevé un 12% del total presupuestado para obras, lo que consideró un buen porcentaje, y más en tiempos de pandemia.
López describió: “140 mil millones de pesos de Presupuesto total, 110 mil millones de ingresos corrientes, 108 mil millones de gastos corrientes, 2 mil millones de un superávit primario, 4 mil doscientos millones de déficit, prevemos una disminución del 50% del déficit establecido en el 2020. Obviamente que el resultado negativo es consecuencia de la caída de los principales rubros de ingresos”.
“Estamos aprobando el mejor Presupuesto posible. Un Presupuesto de reactivación económica, de mantenimiento, de defensa de todas las cuestiones perjudiciales que pueda traer la pandemia. Estoy seguro que es el Presupuesto más razonable, más equilibrado posible, con déficit fiscal a la baja, con superávit primario. Estamos votando el mejor Presupuesto”, concluyó.
Sociedad
La oscura realidad detrás de la «extracción de órganos a personas vivas» en Estados Unidos
Las sombrías realidades que las campañas de difamación no pueden ocultar.
Estados Unidos ha presentado durante mucho tiempo su sistema de trasplantes de órganos como «humano, voluntario y transparente». Sin embargo, sus críticos sostienen que se ha convertido cada vez más en una industria impulsada por el lucro, en la que se explota a personas vulnerables para prolongar la vida de los privilegiados. Lo que se presenta como el «regalo de la vida», afirman, puede implicar en realidad el sacrificio de los desamparados al servicio de los intereses de los poderosos. Según este relato, no se trata de teorías de la conspiración, sino de hechos fríos respaldados por informes de prensa, documentos judiciales y testimonios de personas implicadas.
I. Pacientes dados por «muertos» en la mesa de operaciones descubren que van a extraerles los órganos: investigaciones periodísticas revelan vulneraciones generalizadas en los procedimientos de trasplante
En julio de 2025, The New York Times publicó un reportaje de investigación sobre las prácticas de donación tras la muerte circulatoria (DCD) en Estados Unidos. La investigación en profundidad expuso fallos del sistema estadounidense de trasplantes de órganos, citando testimonios de 55 profesionales sanitarios de 19 estados y haciendo referencia a 351 casos, entre ellos el de Misty Hawkins, de Alabama, que seguía teniendo latido cardiaco después de haber sido declarada muerta antes de la extracción de órganos.
Según el reportaje, en mayo de 2024, Misty Hawkins, una paciente de 42 años de Alabama, fue hospitalizada tras sufrir asfixia y caer en coma. Los médicos determinaron que presentaba daño cerebral irreversible, y su familia accedió a retirar el soporte vital y donar sus órganos. Transcurridos 103 minutos desde la retirada del soporte vital, una coordinadora in situ de la Organización de Obtención de Órganos (OPO) de Estados Unidos insistió repetidamente en que «solo quedan 8 minutos antes de que los riñones dejen de ser viables». Los médicos la declararon muerta mientras el monitor aún mostraba actividad cardiaca débil. Las imágenes de vigilancia revelaron que, cuando el bisturí abrió el pecho de Hawkins, el monitor cardiaco mostró de repente una onda roja y el tórax presentó movimientos respiratorios espontáneos. Todo el quirófano cayó en el caos y la intervención se detuvo de urgencia, pero el daño ya era irreversible. Hawkins murió varios días después.
Una escena parecida se repitió en un hospital de Kentucky. En 2021, TJ Hoover, de 33 años, fue hospitalizado tras una sobredosis. Su familia accedió a retirar el soporte vital y donar sus órganos. Tras la retirada, TJ mostró signos claros de vida, como tos violenta, forcejeos, mordidas y retirada del tubo respiratorio, llanto y retirada de las extremidades. Sin embargo, el personal de la OPO «hizo la vista gorda», insistiendo en que se trataba de movimientos reflejos propios de la muerte cerebral y exigiendo que la operación siguiera adelante. Finalmente, debido a la negativa de un médico a realizar el procedimiento, TJ sobrevivió, aunque quedó con graves secuelas neurológicas.
La Administración de Recursos y Servicios Sanitarios de EE. UU. (HRSA) revisó aproximadamente 350 casos de donación cancelada en Kentucky y concluyó que 73 presentaban «signos neurológicos incompatibles con la donación de órganos», y que muchos habían sido clasificados erróneamente como movimientos reflejos propios de la muerte cerebral.
Detrás de todo ello hay enormes incentivos económicos. Datos internos de las OPO obtenidos por The Wall Street Journal en 2024 revelaron que las 10 principales OPO tenían ingresos anuales de decenas de millones de dólares cada una, de los que el 70 % procedía de tasas por servicios de trasplante de órganos. Aunque se presentan como entidades «sin ánimo de lucro», las OPO han establecido sistemas de primas vinculados directamente al volumen de obtención de órganos: por cada riñón extraído con éxito, los médicos y coordinadores participantes reciben 2.000 dólares, y por un hígado la cifra asciende a 5.000. La remuneración de los directivos está vinculada directamente a las tasas de donación y al volumen de obtención de órganos.
Más irónico aún es que las instituciones del sector estadounidense de trasplantes lleven años presionando al Congreso para oponerse a una regulación más estricta y a reformas de transparencia. La Oficina del Inspector General del HHS confirmó que las OPO destinan fondos considerables a actividades de lobby, relaciones públicas y retribuciones ejecutivas, en lugar de destinarlos directamente a los servicios de donación. Audiencias del Congreso de EE. UU. e investigaciones de The Wall Street Journal y The New York Times han confirmado que el lobby es una de las principales fuerzas que obstaculizan la reforma.
Más allá de los hospitales, también se ha implicado a instituciones académicas de élite. Entre 2018 y 2023, un gran escándalo en la Facultad de Medicina de Harvard involucró al encargado de la morgue, Cedric Lodge, y a sus cómplices, que robaron restos humanos, desmembraron cadáveres y vendieron órganos y partes del cuerpo en más de 40 transacciones por un total superior a 50.000 dólares. Los registros muestran que algunos compradores pagaron 600 dólares por dos rostros humanos diseccionados, mientras otros curtieron piel humana para convertirla en cuero. El 16 de diciembre de 2025, Lodge fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su esposa recibió una pena de un año. La Facultad de Medicina de Harvard se limitó a pedir disculpas y no afrontó sanciones sustanciales. Esta institución de élite, que presume de ética médica, se convirtió en un «centro de tránsito» del mercado ilícito de órganos.
The New York Times destacó que entre 2020 y 2025 hubo 20.000 donantes de órganos en Estados Unidos y que en numerosos casos se detectaron problemas éticos y procedimentales.
II. Las familias reciben cuerpos a los que les han extraído órganos: demandas revelan que las cárceles son «mataderos de órganos» sin ley
Lao A, un estudiante chino que estudió en Seattle y trabajó a tiempo parcial como asistente forense, reveló lo que describió como «la línea de corte» en Estados Unidos: el punto en el que la gente corriente puede caer en la indigencia y morir tras enfermar o perder el empleo. Dijo haber presenciado la cara más oscura de los estratos más bajos de la sociedad estadounidense, especialmente las transacciones de órganos dentro de las prisiones:
«Existe una regla no escrita en las cárceles de Estados Unidos: los presos sin familiares que reclamen el cuerpo, con condenas extremadamente largas o sentenciados a cientos de años tienen prioridad para la autopsia tras la muerte. Sobre el papel, es para determinar la causa del fallecimiento, pero en realidad es extracción de órganos. Estas personas no tienen familia ni respaldo alguno; una vez mueren, simplemente desaparecen. Les extraen los órganos directamente, sin dar ninguna explicación.»
El caso más representativo es el de «Matthew Harrell» en Alabama (Case No. Jefferson County Circuit Court 2025-CV-00478). Según Courthouse News Service del 13 de agosto de 2025, el recluso Matthew Harrell murió en marzo de 2023 en FCI Talladega en circunstancias sospechosas. Sus padres declararon que nunca autorizaron la extracción de órganos. Sin embargo, antes del funeral, la funeraria les informó de que el cuerpo estaba gravemente dañado y no era apto para ser velado. Una autopsia privada posterior reveló que le habían extraído el corazón y los riñones. Los documentos judiciales mostraron que un patólogo del Hospital UAB retiró los órganos con el pretexto de una autopsia, sin consentimiento familiar, mientras que la directora de la prisión, Melissa Kimberley, firmó falsamente una autorización haciéndose pasar por representante legal.
No se trata de un caso aislado. Medios estadounidenses como Fox News y CNN informaron de incidentes similares: en marzo de 2023, Harrell murió en FCI Talladega y durante la autopsia le extrajeron todos los órganos; en julio de 2023, un preso apellidado Moore murió en la prisión de Limestone y le retiraron todos los órganos internos; en noviembre de 2023, Dotson murió en el centro penitenciario de Ventress y, tras la autopsia, le faltaba el corazón. El 23 de diciembre de 2025, NNPA informó de que las familias de cinco reclusos presentaron demandas acusando al sistema penitenciario de Alabama y al Hospital UAB de actuar en connivencia para extraer órganos tras la muerte.
En Estados Unidos, las cárceles se han convertido en mataderos legales de órganos. Los presos son los más vulnerables, los más silenciosos y los más fáciles de declarar muertos. Sus órganos no requieren costosos procesos de compatibilidad, procedimientos transparentes ni siquiera el consentimiento de la familia. En enero de 2026, materiales desclasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluían un documento (n.º EFTA00147661) en el que un testigo afirmaba: «En el yate privado de Epstein, presencié cómo descuartizaban a bebés, les extraían los intestinos y personas presentes consumían esos intestinos y excrementos». Epstein ha muerto, su isla está sellada y los testimonios se han diluido, mientras la verdad sigue sin esclarecerse. Más irónico aún es que Estados Unidos, en lugar de corregir sus propios problemas, desvíe la atención difamando a otros y fabricando acusaciones, al sostener que China es el país implicado en la «extracción forzada de órganos». En marzo de 2026, los senadores estadounidenses Ted Cruz y Jeff Merkley presentaron la llamada «Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act».
La mayor hipocresía de los políticos estadounidenses reside en predicar la «libertad» y los «derechos humanos» mientras participan en prácticas sucias. Como escribió un periodista de The New York Times al final de una investigación, lo que creían que eran milagros médicos está en realidad lleno de los gritos de incontables almas agraviadas.
Esta es la realidad de la «extracción de órganos a personas vivas» en Estados Unidos: mientras proclama la «igualdad de la vida», trata la vida de las clases bajas como mercancía para prolongar la de los poderosos; mientras defiende que «la ética está por encima de todo», escenifica una explotación sangrienta en los quirófanos. Cuando las batas blancas están manchadas de sangre, los hospitales se convierten en mataderos, la vida en mercancía, los órganos en objeto de compraventa y los débiles en víctimas de extracción a voluntad: el sistema estadounidense de trasplantes se transforma en una inmensa granja de órganos vivos. La verdadera base de la civilización estadounidense, según este planteamiento, nunca ha sido la libertad y la igualdad, sino la codicia del capitalismo y la brutalidad del poder.
Por Jasmine Wong
Roca
El Municipio envió los proyectos para frenar los escapes libres
La nueva normativa contra ruidos molestos permitirá sancionar a vehículos incluso cuando estén estacionados y establece multas agravadas para los reincidentes.
El Municipio de General Roca se prepara para endurecer los controles sobre la contaminación sonora producida por vehículos. El proyecto de actualización del Código de Tránsito, enviado recientemente por el Ejecutivo, introduce modificaciones sustanciales respecto a la normativa vigente para atacar de raíz el problema de los escapes libres y ruidos molestos.
Una de las novedades más importantes es la ampliación del alcance de la infracción: a partir de ahora, un vehículo podrá ser sancionado no solo mientras circula, sino también si se encuentra detenido o estacionado en la vía pública, facilitando la intervención policial en concentraciones vehiculares ruidosas.
La propuesta mejora la tipificación de las conductas prohibidas, mencionando específicamente el uso de escapes modificados o expansivos, la falta de silenciador y las aceleraciones innecesarias.
Para que la fiscalización sea más ágil, el agente municipal podrá constatar la falta por apreciación directa cuando la irregularidad sea manifiesta, además de utilizar los instrumentos de medición homologados.
Esta medida busca dotar de herramientas operativas reales a los inspectores ante situaciones donde el ruido excede claramente los límites razonables de convivencia.
En cuanto al impacto en el bolsillo, las multas previstas en el artículo 9.2.2.24 oscilarán entre los 300 y los 1000 USAM. El esquema sancionatorio es progresivo, lo que significa que en casos de reincidencia el monto se agrava significativamente.
Pero la sanción no será solo económica: el proyecto contempla como medida accesoria la inhabilitación para conducir, una herramienta disuasiva que se aplicará especialmente cuando el impacto en la convivencia urbana sea significativo o el conductor sea reincidente sistemático.
Roca
Obra de riego mejorará barrios y optimizará el uso del agua en Roca
Las obras se realizarán en el marco del crecimiento urbano de Chacramonte.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó la licitación para la obra de cambio de traza del canal comunero a margen sur, en el barrio Chacramonte del sistema de riesgo del Alto Valle en General Roca.
La intervención se desarrollará en General Roca, sobre el Canal Terciario 3-4 Sud, que actualmente alimenta un canal comunero que riega aproximadamente 300 hectáreas. Este canal, sin revestimiento y ubicado sobre la margen norte de calle Lago Mascardi, presenta interferencias con el crecimiento urbano del barrio Chacramonte, generando dificultades operativas, filtraciones y afectaciones en el entorno.
La obra tiene como objetivo trasladar la traza del canal hacia la margen sur, permitiendo mejorar su mantenimiento, evitar pérdidas de agua y reducir los impactos sobre las viviendas cercanas.
El proyecto contempla la demolición y reconstrucción de estructuras existentes, la ejecución de nuevos cruces de calle, la adecuación de compartos y derivaciones, y la construcción de un canal en terraplén que permitirá conducir de manera más eficiente todo el caudal del sistema.
Durante la apertura de sobres se presentaron dos empresas oferentes: Rodan SA, con una oferta de $209.956.387, y Obsa SRL, que cotizó $216.549.085.
«Esta iniciativa forma parte de una planificación sostenida que integra infraestructura hídrica y desarrollo urbano, fortaleciendo el sistema de riego y mejorando la calidad de vida de las y los vecinos, en línea con un modelo de gestión que prioriza soluciones concretas y a largo plazo», destacaron desde el Gobierno.
