Judiciales
En el ataque al ex policía Navarrete se produjeron 10 disparos de fuego
La autopsia realizada el sereno arrojó que presentaba más de 15 lesiones contusas, además de una herida de bala.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este mediodía (17/12) a uno de los autores por el homicidio de Sergio Navarrete ocurrido el pasado 4 de diciembre alrededor de las 4.30 de la madrugada.
Según la acusación fiscal, “todo ocurrió en una obra en construcción ubicada en el barrio ‘Entre Aguas 3’, cuando el imputado y otro sujeto, que ya se encuentra identificado gracias a la investigación, arribaron al lugar con la intención de robar, con una cadena y un hacha”, describió a través de la Plataforma Zoom el fiscal Luciano Garrido.
“Mediante mucha violencia intentaron reducir al sereno, que según el informe de la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, presentaba más de 15 lesiones contusas, todas indicadoras de lucha y defensa. En el lugar se produjeron 10 disparos del arma reglamentaria 9 mm de la víctima fatal, que era policía retirado, uno de ellos dio en Navarrete, y otro en el sujeto que hoy estamos imputando estos hechos”, explicó el fiscal.
“Posteriormente los dos agresores se dieron a la fuga llevándose el arma de fuego que pertenecía a la víctima, que falleció de una hemorragia con daño vascular”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.
La calificación legal por la cual la fiscalía formuló cargos es la de “homicidio en ocasión de robo en calidad de coautor”, según los Artículos 45 y 165 del Código Penal.
Como sustento probatorio, se mencionó entre otros, el acta de procedimiento de la Comisaría de J.J. Gomez, testimonios de quien era su empleador, la intervención en el lugar del hecho del Gabinete de Criminalística, que secuestró alrededor de 10 vainas servidas, como también proyectiles.
En el exterior del inmueble se encontraba el vehículo de la victima fatal, donde se pudo levantar un rastro palmar, que se verificó pertenecía a quien hoy está imputado, ubicándolo en el lugar del hecho.
“Existen además dos testimonios que permitieron dar cuenta de que el imputado estaba herido y dónde se encontraba, tras lo cual se realizó un allanamiento, y en dicha vivienda se concretó el procedimiento BluStar y se dio con manchas de sangre que habían sido lavadas”, mencionó Garrido.
En relación a la medida cautelar, el fiscal solicitó 4 meses de prisión preventiva, teniendo en cuenta que “existe suficiente evidencia de que ocurrió un hecho delictivo grave, con un hombre fallecido, y que el imputado estuvo prófugo de la justicia”.
“Para dar con él la Policía de Río Negro realizó una investigación, se concretó un allanamiento con resultado negativo, y lo cierto es que el imputado se acercó al Poder Judicial para realizar una consulta, cuando ya se le habían agotado las posibilidades de eludir el accionar de la justicia”, explicó Garrido.
“Por todo ello es que la contundente prueba que ya pesa en su contra sumado a haberse fugado, es que lleva a este Ministerio Público Fiscal a sospechar que seguirá sustrayéndose de la justicia”.
El defensor público oficial Miguel Salomón no tuvo objeciones a la imputación y asistiendo a su defendido, el sujeto no prestó declaración. Sin embargo, si solicitó medidas cautelares menos gravosas.
Sin embargo, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal y resolvió que el sujeto cumpla con 4 meses de prisión preventiva.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
