Política
Así votaron los senadores en la histórica sanción del aborto legal
Al igual que lo que pasó en Diputados, los tres representantes rionegrinos en la Cámara Alta votaron a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Los 38 votos afirmativos que en el Senado determinaron la histórica sanción de la legalización del aborto de la Argentina fueron aportados en su mayoría por legisladores y legisladoras del Frente de Todos, con 26 respaldos, en tanto otros 10 fueron aportados por Juntos por el Cambio y los restantes 2 por partidos provinciales.
Tras largas horas de debate, por la negativa se pronunciaron 29 senadores y senadoras, y a esos votos se sumó una abstención, lo que mostró un resultado mucho más contundente del esperado.
Semanas de negociaciones y el compromiso de modificar un aspecto de la ley cuando llegue el momento de la reglamentación permitieron construir una holgada mayoría a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los 38 votos a favor de la interrupción legal del embarazo se conformaron con 26 senadores del Frente de Todos y del peronismo, 10 de Juntos por el Cambio y 2 de partidos provinciales.
Los senadores Jorge Taiana (Buenos Aires), Alfredo Luenzo (Chubut), Nora Giménez (Salta), Oscar Parrilli (Neuquén), Roberto Mirabella (Santa Fe), Silvia Sapag (Neuquén), Mariano Recalde (CABA), Norma Durango (La Pampa) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego) votaron por la aprobación del proyecto.
En la misma lista, de votos provenientes del peronismo que se volcaron por la legalización del aborto, se anotaron Nancy González (Chubut), María Pilatti (Chaco), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Eugenia Catalfamo (San Luis), Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Beatriz Mirkin (Tucumán), Ana Almirón (Corrientes), Carlos Caserio (Córdoba), Mario Pais (Chubut), Martín Doñate (Río Negro), Ana María Ianni (Santa Cruz), Daniel Lovera (La Pampa) y Silvia Larraburu (Río Negro).
Entre las filas de Juntos por el Cambio, los senadores que apoyaron la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo fueron Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Ernesto Martínez (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones), Guadalupe Tagliaferri (CABA), Luis Naidenoff (Formosa), Martín Lousteau (CABA), Eduardo Costa (Santa ruz), Pamela Verasay (Mendoza), Gladys González (Buenos Aires), Stella Olalla (Entre Ríos) y Oscar Castillo (Catamarca).
A esos 33 votos se sumaron para llegar al contundente número final de 38 el aporte de legisladores que cambiaron su voto respecto del que habían expresado en el debate de 2018, como el caso de Lucila Crexell (Neuquén), quien giró de abstención hace dos años a voto positivo.
También se sumó a la aprobación del aborto el senador Sergio Leavy (Salta), quien dos años atrás y como diputado había votado en contra.
También emitieron un voto favorable a la legalización del aborto los senadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Edgardo Kueider (Entre Ríos). Con esta sumatoria, los votos positivos para el proyecto de legalizar la IVE llegaron al número -impensado hace semanas- de 38 positivos.
Los ausentes fueron Carlos Menem (La Rioja), en grave estado de salud; Jorge Alperovich (Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Clara Vega (La Rioja).
La lista de 29 senadores que rechazó el proyecto que llegaba de Diputados incluía representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Estuvo integrada , para arrancar, por Pedro Braillard (Corrientes), Juan Carlos Marino (La Pampa), Magdalena Solari (Misiones), José Mayans (Formosa), María Belén Tapia (Santa Cruz), Silvia Giacopo (Jujuy), Juan Carlos Romero (Salta) y Claudio Poggi (San Luis).
En la misma nómina se ubicaron Esteban Bullrich (Buenos Aires), José Uñac (San Juan), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Inés Blas (Catamarca), Jorge Blanco (Tierra del Fuego), Roberto Basualdo (San Juan), Carlos Reutemann (Santa Fe), Dalmacio Mera (Catamarca), Antonio Rodas (Chaco), Maurice Closs (Misiones) y Julio Cobos (Mendoza).
También, Alfredo De Angeli (EntreRíos), Carlos Espínola (Corrientes), Mario Fiad (Jujuy), Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Cristina López Valverde (San Juan), Julio Martínez (La Rioja), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), Víctor Zimmerman (Chaco) y María Teresa González (Formosa).
La única abstención correspondió a Carlos Snopek (Jujuy).
Agencia Télam.
Gremios
ATE definió un paro nacional con movilización para el 21 de abril por la reapertura de las paritarias
«Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de las paritarias y para rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios».
«Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más», completó Aguiar.
La medida de fuerza fue resuelta en la reunión mantenida en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en 1469 (CABA). En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal. Además, se definió realizar el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE el día jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527.
Otra de las resoluciones del encuentro fue acompañar la movilización de FATE a Plaza de Mayo el día martes 14 de abril por la puesta en marcha inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura de importaciones indiscriminada.
En esta línea, Aguiar sentenció que «hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo».
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Política
Ley de Farmacias: Punto por punto, los cambios que impulsa Río Negro
A través de un proyecto de ley, se busca modernizar la normativa vigente, eliminar restricciones y ampliar el acceso a los medicamentos.
El Gobierno de Río Negro avanza con una reforma integral del sistema de farmacias a través de un proyecto de ley que moderniza la normativa vigente, elimina restricciones y amplía el acceso a los medicamentos. La iniciativa se inscribe en un proceso de actualización que ordena el sistema, incorpora tecnología y genera mejores condiciones para la inversión y la cobertura.
En términos generales, la reforma avanza en tres ejes centrales: más tecnología para simplificar el acceso y mejorar la seguridad, más libertad para invertir y ampliar la oferta, y un esquema más flexible que permite llegar con el servicio a cada rincón de la provincia. El resultado proyectado es un sistema más abierto, con mayor competencia, mejores herramientas y más oportunidades.
A continuación, los principales cambios propuestos:
Receta electrónica y nuevos servicios
Antes: La ley prohibía la dispensa de medicamentos a través de medios informáticos y no contemplaba herramientas digitales.
Ahora: Se establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, se habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio con trazabilidad. Además, se incorporan recetas digitales diferidas de hasta 6 meses para tratamientos crónicos.
Envío de medicamentos
Antes: El envío solo estaba permitido entre establecimientos habilitados.
Ahora: Se amplía el esquema y se permite el envío a otras farmacias, centros de salud y directamente al domicilio del paciente.
Propiedad de las farmacias
Antes: La titularidad estaba limitada a farmacéuticos, mutuales, obras sociales o entidades específicas.
Ahora: Cualquier persona física o jurídica habilitada puede ser titular, manteniendo la exigencia de un Director Técnico farmacéutico responsable.
Dirección técnica y recursos profesionales
Antes: Un farmacéutico no podía estar a cargo de más de una farmacia, sin excepciones.
Ahora: Se mantiene la regla general, pero se incorpora una excepción para localidades con un único profesional, permitiendo ampliar la cobertura.
Distribución territorial
Antes: Existían restricciones de distancia mínima entre farmacias (200 o 400 metros según población).
Ahora: La instalación, traslado y distribución es libre en todo el territorio provincial, sin limitaciones de ubicación.
Radicación en zonas con menor cobertura
Antes: No había herramientas específicas para fomentar la instalación en localidades alejadas.
Ahora: Se incorporan incentivos para promover nuevas farmacias en zonas donde el servicio es insuficiente.
Traslados y habilitaciones
Antes: El régimen contemplaba permisos específicos para el traslado de farmacias.
Ahora: Se esquema se elimina, simplificando el sistema y dando mayor flexibilidad.
Adecuación al nuevo régimen
Antes: Las farmacias ya habilitadas podían continuar bajo las condiciones originales.
Ahora: Todas las farmacias deberán adecuarse al nuevo marco normativo.
Provisión de medicamentos
Antes: No estaba contemplada la posibilidad de que PROFARSE provea directamente a farmacias o mediante droguerías.
Ahora: Se habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de forma directa o a través de convenios con droguerías, tanto para la población hospitalaria como en general, fortaleciendo el abastecimiento y el acceso.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
