El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión en Tierra del Fuego con el gobernador Gustavo Melella y coincidieron en que las políticas de Javier Milei significan un «industricidio» para la provincia.

«Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo», señaló Aguiar tras la reunión y detalló que «el encuentro ha sido positivo y el diálogo fructífero. La respuesta a un presidente que quiere cerrar todas las fábricas no solo tiene que ser política sindical, sino fundamentalmente institucional».

«Desde ATE no vamos a dejar de reclamar en la provincia por nuestros salarios y las condiciones de empleo, pero tenemos que actuar en conjunto cuando la que está en riesgo es la soberanía», completó el dirigente estatal.

Además, el referente nacional mantuvo reuniones con las conducciones provincial y de las seccionales del sindicato para elaborar un informe de situación sobre el impacto que tienen en el Sector Público las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional en relación a la apertura de las importaciones.

ATE puso el acento en las modificaciones impositivas a la compra de productos desde el extranjero. Un ejemplo de ello es el caso de los celulares, que tuvieron una reducción de los aranceles del 16% al 8%, y a partir del 15 de enero del 2026 pasará a ser de 0%, según lo dictado en el Decreto 333/25 que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.

El sindicato evaluó que se trata de un ataque directo contra el motor productivo de Tierra del Fuego, el cual afecta a toda la comunidad en general y son miles los puestos de empleo en peligro.

El Gobierno concurrió sin un ofrecimiento formal a la paritaria nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Ante esta situación, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «la negociación es un fraude» y exigió elevar el salario mínimo a $1.800.000.

«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», señaló el dirigente estatal.

«La paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos», agregó en referencia al convenio internacional que promueve la negociación colectiva.

En este marco, Aguiar concluyó que «la pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores».

A partir del estudio realizado por los trabajadores del INDEC, ATE determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debiera ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos, utilizando los datos oficiales del organismo para realizar esta medición.

Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025. A falta de conocer el dato de inflación de este último mes, los incrementos salariales durante ese periodo (20,8%) fueron la mitad que la inflación (41,4%).

De esta forma, el periodo paritario 2025-2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 queda sin aumento en su inicio.

La situación salarial acrecienta la conflictividad en el Sector Público y, de esta manera, en los próximos días definirá la continuidad del plan de acción en rechazo a las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al Gobierno Nacional por limitar el derecho a huelga mediante el Decreto N° 340/25 y exigió su declaración inmediata de inconstitucionalidad. «Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a ATE y a todos los trabajadores estatales», agregó el dirigente estatal.

El recurso de amparo recayó en el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Nº 20. En el documento se argumenta «la afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y al de libertad sindical». El sindicato además solicitó que se dicte una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto y no tenga vigencia mientras dure la medida cautelar.

«Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho más importante. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada. Este decreto se lo escribieron al Presidente las multinacionales y los grandes grupos empresarios del país. Tenemos que atacarlo en la Justicia y en la calle», concluyó Aguiar.

El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando los servicios considerados «esenciales». Aquellos que estén contemplados en esta categoría deberán garantizar un 75% de la prestación durante las huelgas, dejando así sin efecto las medidas de fuerza. Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ATE aduce que muchas de las actividades que fueron incorporadas como servicios esenciales en el decreto son llevadas adelante por el Estado y, por lo tanto, implica una restricción para el ejercicio del derecho de huelga del sindicato.