Judiciales
Un golpe de tensión le fundió el kiosco y ahora EdERSA deberá pagarle millonaria indemnización
Un comerciante roquense perdió gran parte de sus artefactos eléctricos y poco después terminó cerrando sus puertas. Gracias a la Ley de Defensa del Consumidor, ahora tendrá su resarcimiento.
Una sobrecarga de tensión le quemó todos los artefactos eléctricos a un comerciante de Roca y ahora la empresa distribuidora de energía deberá indemnizarlo con más de $2.600.000, además de los intereses acumulados. Se tuvo en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor.
Iniciando la primavera de 2018, una carga de 380 voltios ingresó a la red eléctrica del kiosco y agencia de quiniela que el comerciante tenía en la zona céntrica de Roca. La sobrecarga fulminó una heladera, una computadora, un equipo de música y varios artefactos eléctricos, y terminó poniendo en jaque al emprendimiento comercial, que poco después cerró sus puertas definitivamente.
Según la explicación que dio un electricista, el problema fue que “se aflojó la mordaza de uno de los cables de tensión de la calle” e ingresó al local un voltaje que casi duplicó la tensión máxima para la que estaban preparadas las instalaciones.
Enseguida el hombre realizó los reclamos ante EdERSA, la empresa distribuidora de energía, pero no pudo por esa vía obtener el resarcimiento. Tiempo después el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), reconoció en un expediente administrativo que el problema había sido por una “falta de neutro de calle” y ordenó a EdERSA devolver al usuario el valor de las pérdidas y arreglos. Pero tampoco así pudo obtener su indemnización.
Instancia judicial
El mismo resultado negativo tuvo la instancia de mediación prejudicial y la conciliación intentada al comienzo del juicio civil por los daños y perjuicios. Finalmente, el caso derivó en un fallo condenatorio dictado por la titular del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de Roca, el cual no está firme porque fue apelado.
La sentencia responsabilizó a la empresa en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, que alcanza a los prestadores y usuarios de servicios públicos. Tuvo por acreditada una “deficiente prestación del servicio” y condenó a EdERSA a resarcir mucho más que los daños materiales.
El fallo reconoció alrededor de $50.000 por los equipos quemados y $1.137.000 por el lucro cesante, es decir, por la pérdida de las ganancias que razonablemente iba a percibir el comerciante con el kiosco, calculadas sobre la base de una pericia contable.
Otros $500.000 se asignaron por “daño moral”, a causa de “las lesiones de índole espiritual (…), a su dignidad, la afectación a su derecho de propiedad, la incertidumbre, falta de seguridad, de confianza, de ejercer libremente el comercio, de respuesta concreta, de angustias y molestias” que padeció el comerciante.
A los rubros anteriores se sumó $1.000.000 por “daño punitivo”, una sanción especialmente prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. En ese punto la jueza valoró el largo camino de reclamos que debió transitar el hombre, “lo que demuestra la reticencia de EdERSA a cumplir con las obligaciones impuestas” por la ley. Esa sanción, según explicó el fallo, “persigue no sólo castigar un grave proceder (de la empresa) sino también prevenir la reiteración de hechos similares en un futuro, restablecer el equilibrio emocional de las víctimas, reflejar la desaprobación social frente a las graves inconductas y proteger el equilibrio del mercado, con el objeto de brindar real operatividad al Derecho del Consumidor”.
“Edersa asumió una postura pasiva, omisiva, ajena a los principios rectores y constitucionales que tutelan al consumidor”, sostuvo el fallo. “La negligente prestación del servicio ocasionó no sólo los daños materiales -que el comerciante reclamó por todas las vías disponibles para lograr la satisfacción de sus derechos-, sino también la agravación de tales daños, generando el cierre del local comercial ante la falta de recupero de los gastos por él afrontados, cuando correspondía que lo fueran por EdERSA”, concluyó.
Judiciales
Una caída en un cumpleaños terminó en juicio: Condenan a un salón de fiestas de Roca por daños y perjuicios
La mujer sufrió fractura de cadera y fémur tras resbalar en el lugar. La Justicia ratificó la responsabilidad del salón y de su aseguradora.
Lo que debía ser un día de celebración familiar terminó en una larga recuperación y un reclamo judicial. Una mujer de General Roca sufrió una grave caída mientras festejaba el cumpleaños de su nieta en un salón de eventos de la ciudad. Pisó una zona mojada del piso, perdió el equilibrio y cayó al suelo, sin poder reincorporarse.
Fue asistida por personal médico y trasladada a un sanatorio, donde se le diagnosticó fractura de cadera y fémur. Debió ser sometida a una cirugía de reemplazo total de cadera y atravesar meses de rehabilitación.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por la víctima, condenando al salón de fiestas y a su aseguradora por incapacidad sobreviniente y daño moral. Ambas apelaron, pero la Cámara Civil solo hizo lugar parcialmente al recurso: mantuvo la indemnización por incapacidad y redujo el monto por daño moral.
Durante el juicio, testigos confirmaron que la caída ocurrió dentro del salón. Las demandadas sostuvieron que la mujer «se resbaló sola» y que el piso no estaba mojado, pero no lograron probarlo.
El Tribunal ratificó que el hecho se dio en el marco de una relación de consumo, lo que implica una responsabilidad objetiva del proveedor del servicio. La obligación de seguridad recae sobre quien organiza el evento, y solo puede eximirse si demuestra una causa ajena», señala el fallo.
Asimismo, la Cámara rechazó el argumento de que la víctima ya tenía problemas de salud, y recordó que la incapacidad debe ser indemnizada aun cuando la persona sea jubilada, ya que afecta su integridad física, su autonomía y su vida cotidiana.
De esta forma, la Justicia confirmó la responsabilidad plena del salón de eventos y su aseguradora, marcando un nuevo precedente en materia de derechos del consumidor y seguridad en espacios recreativos.
Judiciales
La Justicia rechazó que un abuelo deba pagar los estudios terciarios de su nieto
El jubilado percibe poco más de $400.000 mensuales, monto inferior al costo estimado de vida de un adulto mayor.
Un jubilado no deberá afrontar los gastos educativos de su nieto de 20 años. Así lo resolvió el fuero de Familia de Cipolletti, al considerar que el ingreso mensual del hombre -poco más de $400.000- es insuficiente para cubrir su propio sustento, según los valores estimados por la Defensoría de la Tercera Edad.
El joven había iniciado una demanda solicitando una cuota alimentaria equivalente al 20 % de los haberes del abuelo paterno. Argumentó que su padre nunca cumplió con sus obligaciones y que su madre se hizo cargo sola de los gastos familiares. Explicó, además, que cursa una Tecnicatura y que no trabaja debido a la exigencia académica.
Durante el proceso se acreditó que el padre del joven incumplió un acuerdo de mediación y abandonó el país, mientras que el abuelo -dueño de una vivienda y jubilado- no respondió la demanda.
El Tribunal recordó que los abuelos solo pueden ser obligados a pagar alimentos de manera subsidiaria, cuando los progenitores no pueden hacerlo y siempre que esa obligación no ponga en riesgo la subsistencia del adulto mayor.
En este caso, la jueza valoró que el ingreso del jubilado está muy por debajo del costo estimado de vida de un adulto mayor, que en octubre de 2025 rondaba $1.500.000. También citó la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que protege su autonomía y seguridad económica.
Además, el fallo destacó que el nieto ya es mayor de edad, por lo que sus necesidades alimentarias no se presumen como en el caso de niñas, niños o adolescentes. El reclamo, según la resolución, no presentó pruebas suficientes sobre los gastos educativos ni sobre la imposibilidad de solventarlos.
En función de estos fundamentos, la magistrada rechazó la demanda, al entender que trasladar esa carga al abuelo implicaría comprometer su propio bienestar y dignidad.
Judiciales
Caso Julián Dobra: un nuevo detenido por el crimen del joven roquense
El Ministerio Público Fiscal imputó a un joven de 18 años, acusado de participar en el homicidio ocurrido en abril pasado. Se convirtió en el octavo implicado en la causa.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un nuevo imputado acusado de haber participado en el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. El joven, de 18 años, fue detenido durante la mañana de este viernes (07/11) y se convirtió en el octavo acusado en la causa.
Según la hipótesis fiscal, el detenido formó parte del grupo que, entre las 19.48 y las 20.23, coordinó un encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional. Allí lo habrían engañado para concretar una reunión y posteriormente lo agredieron con golpes y un arma de fuego, provocándole las lesiones que derivaron en su muerte. Todo ello en el marco de un plan ideado por otro de los imputados.
De acuerdo con la acusación, el joven participó también del robo del automóvil de Dobra y del ingreso a su domicilio, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos utilizando la llave original.
La calificación legal atribuida es la de coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, agravados por la participación de menores de edad.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen rastros levantados en el lugar del hecho, informes de cámaras del 911, pericias telefónicas y análisis biológicos, entre otros elementos.
El defensor oficial se opuso a la formulación de cargos y pidió medidas de protección para las víctimas, mientras que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado. El juez de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público, imponiendo la medida cautelar y recordando que la causa fue declarada compleja, lo que extiende el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
Con esta nueva imputación, el caso que conmocionó a General Roca ya cuenta con 8 personas acusadas, entre mayores y menores de edad, por su presunta participación en el brutal homicidio.
