Política
La oposición pide que convoquen al diálogo y Juntos aclara que «siempre es dialoguista»
El Frente de Todos le exige a Carreras que «imite al presidente llamando a los diferentes bloques a intercambiar ideas sobre la actual situación epidemiológica de la provincia».
El titular del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, se mostró sorprendido frente a reclamos de sus pares del Frente de Todos y señaló que «el gobierno de la Provincia de Río Negro no se pasea por la oferta mediática haciendo marketing, el gobierno rionegrino es evidentemente dialoguista».
La respuesta de López llegó luego de que la presidenta del bloque del FdT María Eugenia Martini y su compañero de bancada José Luis Berros, exigieron a la gobernadora que «imite al gobierno nacional llamando a los diferentes bloques a intercambiar ideas sobre la actual situación epidemiológica de la provincia».
Por eso el legislador oficialista indicó que «como muestra alcanza con revisar la cobertura mediática del pasado 8 de abril en la previa a la reunión de Comité de Crisis integrada por los tres poderes, el Ejecutivo provincial se reunió con todos los intendentes».
«Le sobran pruebas a la gestión provincial en la proporción en que le falta fundamento a acusaciones livianas y enhebradas al calor de la búsqueda de votos. El gobierno provincial consulta e intercambia opiniones antes de tomar decisiones, habla con todos los intendentes, los oficialistas y los de la oposición y en todo caso, es fácil contraponer fotos», agregó. Finalmente recomendó a sus pares del Frente de Todos que revisen «las fotos recientes, que muestran al Ejecutivo con todos los intendentes, frente a aquella otra foto en Casa Rosada en donde solo aparecían los intendentes del Frente de Todos, o bien la reunión con los sectores económicos que también se realizó ese día».
Martini había manifestado en este sentido que «en momentos difíciles como los que atravesamos, cuánto debería aprender e imitar el gobierno de Arabela Carreras de nuestro gobierno nacional». La legisladora felicitó al presidente Alberto Fernández y a sus funcionarios por la convocatoria a la oposición a constituir una comisión de seguimiento de la pandemia. Por indicación del mandatario, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro invitaron a referentes opositores para establecer ese órgano que analizará pasos a seguir ante la segunda ola de contagios.
Martini insistió con que en la Provincia se lleve a cabo un proceso de apertura similar, llamando al diálogo a la oposición, «algo que hasta el momento la gobernadora no ha impulsado en estos tiempos tan duros, cuando se necesitan las más diversas miradas para enfrentar una pandemia inédita en el país y en el mundo. Nos ponemos a disposición del gobierno provincial para aportar nuestra opinión y acompañar la gestión de acciones que permitan a los rionegrinos y rionegrinas superar esta crisis».
La legisladora reiteró su reclamo al Ejecutivo provincial para que convoque a todos los bloques a debatir en la búsqueda de medidas para enfrentar esta emergencia «que parece recrudecer con una nueva ola de contagios que ya golpea duramente a buena parte del país y que empieza a notarse también en Río Negro».
«Por eso consideramos que la convocatoria del gobierno nacional a la oposición es una actitud que también debería adoptar la gobernadora Arabela Carreras. Así se fortalece a las instituciones representativas de la democracia y es un mensaje de unidad que toda la sociedad necesita y espera en circunstancias como las que estamos viviendo», afirmó por su parte el vicepresidente del bloque del FdT, José Luis Berros.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
