Río Negro
Avanza proyecto para un nuevo régimen para las negociaciones sindicales en el sector público
El nuevo gremio de trabajadores de la salud está enfadadísimo porque con si la iniciativa se convierte en el ley, por ahora se quedarían sin negociación salarial.
En reunión plenaria, las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trataron este mediodía el proyecto para regular las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración Pública provincial y sus empleados. Hay muchísimo enojo en el nuevo gremio de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), porque con la aprobación de esta iniciativa quedarían fuera de las discusiones salariales por lo menos hasta que la Provincia les otorgue la personería gremial.
La propuesta impulsada por Lucas Pica (JSRN) busca fomentar y establecer reglas de aplicación para la conformación de unidades negociales para los distintos ámbitos del sector público provincial. Según la iniciativa, para cada negociación, general o sectorial, se integrará una mesa negociadora con los representantes del Estado empleador y los representantes de los empleados públicos, coordinada por la autoridad administrativa del trabajo.
En el caso de negociaciones en el ámbito sectorial, intervendrán necesariamente las asociaciones gremiales legalmente reconocidas del sector que correspondan a dichos ámbitos de actuación. La negociación colectiva contemplará todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, con excepción de las expresamente contempladas en el proyecto.
A partir de la conformación de la mesa de negociación, serán las partes las que deben instar y llevar adelante las negociaciones tendientes a la conformación de los Convenios Colectivos de Trabajo adaptados a las realidades de las estructuras estatales, de los propios trabajadores.
Lucas Pica expresó en la reunión que «hoy estamos culminando una etapa iniciada en el año 2018 para democratizar el esquema de discusión de las relaciones colectivas de trabajo en el sector público de la provincia de Río Negro».
Aclaró que el requisito de la personería gremial lo impone la normativa nacional, de la cual no es posible apartarse. «Hoy estamos dando un paso importantísimo para poner a Río Negro y a sus trabajadores públicos en el tren de la normativa OIT: coexistencia, pluralidad sindical en términos de igualdad», aseguró.
El secretario de Estado de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello, participó de la reunión. Habló de la necesidad de contar con un cuerpo normativo sobre el tema, defendió los principios de la iniciativa relacionados a fomentar la negociación colectiva de trabajo, buscar el consenso y democratizar las relaciones laborales. «La ley nos lleva a ese camino. Estamos poniendo en un pie de igualdad a los actores que cumplen con el requisito de la ley 23.551, de la cual la Provincia no puede apartarse, que demanda tener personería gremial», indicó.
Por la oposición, Luis Noale, Pablo Barreno y Marcelo Mango (FdT) reclamaron por la participación de los trabajadores en el debate.
El proyecto, con modificaciones, contó con el voto del oficialismo, y los tres bloques de la oposición, el FdT, JxC y FR, se tomaron las 48 horas para decidir su posición con respecto al proyecto.
Por otra parte, el plenario avaló la propuesta para que sea obligatoria la publicación de información de líneas de atención, canales de información, recursos, leyendas o frases con el objeto de informar, promover, difundir y concientizar sobre las violencias por razones de género, en boletas de servicios, facturas y recibos impresos u online que emitan con una periodicidad mínima mensual, las empresas de servicios públicos, sean públicas o privadas y aquellas adjudicatarias de concesiones de servicios públicos, como así también, en sitios web y redes sociales oficiales de la provincia, ministerios, agencias, empresas y entes estatales.
Por último, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trataron el proyecto del Ejecutivo que propicia la adhesión a lo establecido en el artículo 20 de la ley de Presupuesto nacional para el 2021, a través del cual se suspende la aplicación de determinados artículos de la ley nacional que establece y regula el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Nicolás Martín, secretario de Hacienda de la Provincia, expuso los alcances la iniciativa en la reunión. La iniciativa tiene que ver con la necesidad del Estado provincial de contar con la posibilidad de incrementar el gasto público, especialmente en el contexto actual de emergencia, ya que dicha eventualidad le permitiría a la Provincia destinar de forma inmediata y de manera eficiente los recursos a las áreas que requieran mayor atención.
Según se plantea en el proyecto, en el contexto mencionado, resulta beneficioso contar con una mayor amplitud en cuanto a la política tributaria provincial, de acuerdo a la suspensión de los artículos 17 y 18 de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En este contexto, se busca atender prioritariamente las consecuencias económicas y sociales que se manifiestan en este contexto de emergencia, considerando asimismo el agravamiento de la situación fiscal de la Provincia, resulta preciso adoptar medidas de carácter urgente para superar dicho estado, a efectos de asegurar el normal funcionamiento del resto de los servicios que presta el Estado provincial.
El proyecto fue aprobado por mayoría. El FR, el FdT y JxC decidieron tomarse las 48 horas para decidir su dictamen.
Judiciales
Sancionan a empresa de medicina privada por omitir acompañante terapéutico durante meses
La decisión se adoptó en el contexto de una causa iniciada por la madre en representación de su hijo, quien cuenta con certificado de discapacidad.
Una mamá de una persona con discapacidad reclamó por el incumplimiento de una cobertura médica que su hijo tenía indicada por prescripción profesional. El fuero Civil de Cipolletti confirmó la condena a la prepaga responsable y además incrementó las sumas fijadas en concepto de daño moral y multa civil. El fallo consideró acreditada la falta de acompañamiento terapéutico durante varios meses y los efectos negativos que esa omisión tuvo sobre la salud del joven y su entorno familiar.
La decisión se adoptó en el contexto de una causa iniciada por la madre en representación de su hijo, quien cuenta con certificado de discapacidad. Denunció que la empresa omitió durante largos períodos la designación de acompañantes terapéuticos, pese a que las prestaciones habían sido indicadas por profesionales tratantes y ordenadas judicialmente en el marco de un proceso de amparo.
En 2024, en la primera instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó a la firma a pagar sumas en concepto de daño moral y multa civil, con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Medicina Prepaga, el Código Civil y Comercial de la Nación y la normativa sobre derechos de las personas con discapacidad.
La empresa apeló el fallo, cuestionó la valoración de la prueba, la procedencia del daño moral y de la multa civil, así como la fecha de inicio del cómputo de intereses. Por su parte, la persona que promovió la acción también apeló y cuestionó los montos fijados en la sentencia.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso de Cipolletti desestimó la totalidad de los planteos de la firma condenada. Entre sus fundamentos, el Tribunal destacó que la firma no contestó la demanda, lo cual implicó el reconocimiento de los hechos pertinentes. Además, consideró debidamente acreditada la falta de cumplimiento de las prestaciones, como la no provisión del acompañamiento terapéutico por un período de nueve meses, y valoró como relevante que estos incumplimientos se produjeron incluso después de una sentencia firme en un juicio de amparo que ordenó esa cobertura.
Respecto al daño moral, el Tribunal indicó que no se requería una pericia psicológica para acreditarlo y sostuvo que las conductas de la empresa generaron afectaciones relevantes en la vida emocional y familiar de las personas involucradas, incluyendo un cambio de domicilio y el agravamiento del estado de salud del joven.
En cuanto a la multa civil, se consideró probada una conducta reiterada y reticente por parte de la prepaga, que incumplió con sus obligaciones a pesar de múltiples intimaciones y sanciones judiciales previas. Se valoró la persistencia del incumplimiento a lo largo del tiempo, su impacto en el derecho a la salud y el trato indigno hacia el afiliado.
A pedido de la persona que promovió la acción, la Cámara decidió incrementar las sumas fijadas en concepto de daño moral para ambas personas involucradas y también aumentó el monto de la multa civil. En total, estableció una suma específica para cada uno de los rubros, a valores de la fecha de la sentencia de primera instancia, y determinó que se adicionen los intereses correspondientes conforme a las pautas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La prepaga demandada en este proceso fue Galeno Argentina S.A. La sentencia todavía no está firme porque las partes pueden solicitar la revisión a través de un recurso de casación.
Río Negro
Regularización Catastral ¿Cómo declarar construcciones no registradas?
Hay tiempo hasta el 31 de agosto para regularizar voluntariamente y evitar sanciones.
La Agencia de Recaudación de Río Negro recuerda que hasta el 31 de agosto está vigente el Plan de Regularización Catastral, y que el trámite para informar construcciones no declaradas es completamente digital. Unos 2.500 contribuyente ya regularizaron su situación de forma voluntaria desde agencia.rionegro.gov.ar sin necesidad de asistir a oficinas ni presentar documentación en papel.
¿Cómo es el paso a paso?
- Ingresar al sitio agencia.rionegro.gov.ar y seleccionar el menú Declarar mejoras – Plan de Regularización Catastral
Completar los datos del inmueble (N° de partida o nomenclatura catastral)
Adjuntar el plano de obra y una foto actual de la fachada
Enviar el formulario para su incorporación en Catastro
Desde el organismo informaron que ya se detectaron unos 1.500.000 metros cuadrados construidos sin declarar, a partir de un detallado análisis sobre 55.000 parcelas, correspondiente a zonas de alto valor inmobiliario en 28 localidades. En 9.000 de ellas se encontraron importantes mejoras no declaradas, con una superficie promedio de 163 m2.
Además del trabajo de fiscalización, se destaca el compromiso de casi 2.500 contribuyentes que ya regularizaron su situación de forma voluntaria desde agencia.rionegro.gov.ar, presentando planos de obra y foto de fachada como solicita el sistema.
Las construcciones declaradas hasta el 31 de agosto serán incorporadas sin sanciones, con impacto en el ejercicio fiscal en curso. En cambio, quienes no regularicen antes de esa fecha, verán sus construcciones cargadas de oficio y podrán perder los beneficios impositivos para 2026.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
