Sociedad
La Legislatura aprobó cambios en las negociaciones colectivas entre el gobierno y los gremios
Las asociaciones sindicales deberán contar con personería gremial para sentarse en la mesa de paritarias. El nuevo sindicato de la salud, por ahora, quedaría fuera de toda negociación.
Aprueban negociaciones colectivas entre la administración pública y sus empleados
La Legislatura rionegrina trató ayer (29/04) a la mañana en primera vuelta el proyecto de ley para regular las negociaciones colectivas entre la administración pública provincial y sus empleados. La propuesta fue aprobada por mayoría, con la oposición del Frente Renovador en general, y del Frente de Todos en algunos artículos en particular.
Según la iniciativa, para cada negociación, general o sectorial, se integraría una comisión paritaria conformada con los representantes del Estado empleador y por los representantes de los trabajadores estatales, a través de las asociaciones sindicales con personería gremial por la otra parte.
La Comisión Paritaria sería presidida por el Secretario de Estado de Trabajo, que sería autoridad de aplicación. A los fines de su conformación se tendría en cuenta la misma cantidad de paritarios en representación del Estado que la sumatoria de los paritarios del sector sindical. Las partes podrían ser asistidas por asesores técnicos, con voz pero sin voto.
Lucas Pica, autor de la iniciativa, fue el informante. Señaló que “este proyecto viene a dar por finalizada una etapa de privilegios, es un verdadero acto de justicia que viene a consolidar un proceso de democratización en las relaciones colectivas en el sector público provincial”. Agregó que la ley viene a dar una cobertura y un andamiaje legal para atender un reclamo histórico para que los trabajadores públicos tengan su convenio colectivo de trabajo.
El legislador explicó que un convenio colectivo de trabajo es un catálogo de derechos y obligaciones en el marco de una relación laboral y es importante porque cuando las partes se autodeterminan su propio régimen normativo es más rico y democrático, tiene más legitimidad y fortaleza.
Fundamentó que la ley es importante ya que le da el esquema de negociación, las herramientas, la conformación de las voluntades, de las mayorías, las materias incluidas, la conducción, entre otros aspectos.
“Estamos instaurando el sistema de pluralidad, coexistencia en igualdad de los actores sindicales con personería gremial. Es el fin de los privilegios, abandonamos de una vez por todas el sindicato único, lo que representa un llamamiento muy potente para que todos los sindicatos con personería gremial negocien en condiciones de igualdad”, expresó.
Pablo Barreno (FdT) cuestionó “falta de diálogo y consenso, la doble vara y la mirada patronal” sobre el proyecto. Planteó que hay demasiados interrogantes con respecto a la iniciativa. Solicitó la incorporación de cambios en el articulado que no fueron admitidos.
Remarcó la importancia de la negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente para sus organizaciones: “Es una reivindicación importantísima poder sentarse en pie de igualdad a negociar todas las condiciones de trabajo, desde el salario y la licencia, hasta la carrera, absolutamente todas.
Entre otros puntos, criticó que en el proyecto se excluye de la negociación la cuestión salarial y pidió su inclusión. Advirtió que en el texto tiene que estar garantizado el derecho de huelga y reclamó que la convocatoria a la negociación debe ser a simple solicitud de las partes y no supeditada a la voluntad del secretario de Trabajo o del gobierno de la Provincia. Opinó que los acuerdos que surjan de la negociación colectiva deben observar y promover la inclusión de cláusulas en materia de igualdad de oportunidades de género. Finalmente, expresó que la negociación se tiene que dar con consenso y diálogo.
Luis Noale y Marcelo Mango (FdT) criticaron la falta de participación que se les dio a los trabajadores para consensuar la iniciativa y pidieron que se los convoque para la discusión entre primera y segunda vuelta. Con cuestionamientos hacia algunos puntos de la iniciativa y algunas coincidencias generales, Mango destacó que la negociación colectiva es una conquista de los trabajadores y valoró la paritaria. Coincidió con el oficialismo en que se trata de un acto de justicia para la lucha de los trabajadores tener ámbitos de concertación donde estén a la par con el Estado empleador, aunque advirtió que esta paridad hay que garantizarla siempre.
María Eugenia Martini, presidenta del bloque del FdT, cerró la posición de su bloque insistiendo en la necesidad de la participación de los trabajadores en la discusión del proyecto y en la incorporación de los puntos planteados por Barreno “para que ésta se convierta en la ley de los trabajadores”.
Juan Martín (JxC), con reservas, votó a favor del proyecto. Aunque manifestó que “siempre es bueno celebrar la materialización de los derechos de los trabajadores”, pidió que “en los hechos se traduzca en la superación de las hegemonías que estamos acostumbrados a padecer” y que esta democratización no sea solo una expresión de deseo sino más bien una realidad”. Habló de la desconfianza que le genera que en casos de conflictos la solución sea a través de la autorregulación: “sabemos de la intransigencia de algunos dirigentes gremiales que usan el sindicato como un ejército personal”.
Por el Frente Renovador, Nicolás Rochás expresó el voto negativo del bloque, “con la esperanza de poder hacerlo en segunda vuelta” con un mayor consenso. Dudó si la ley, en la forma como ha sido trabajada y abordada, traerá un elemento de pacificación social, si aportará al diálogo, a la solución de los conflictos colectivos, o en lugar de ello incrementará algún problema.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López. Ante las críticas de la oposición por la falta de debate con los trabajadores y la oposición, el legislador defendió la vocación dialoguista del gobierno provincial y enumeró la legislación sobre derechos de los trabajadores que fueron impulsadas durante la gestión. Aclaró: “Vamos a escuchar a todos los que tengamos que escuchar, siempre que tengan la personería jurídica”.
“Sigamos dialogando, no nos vamos a ir a ningún lado. El destino no es el bombo, el insulto o la prepotencia, sino ver cómo entre todos logramos superar esta situación pandémica difícil, y ojalá tengamos la grandeza y honestidad intelectual de no querer llevar agua para nuestro propio molino, utilizando la enfermedad como bandera”, cerró.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
