Judiciales
Era policía, mató a su pareja y se suicidó: el Estado deberá indemnizar a las hijas de la víctima
El femicida utilizó la pistola reglamentaria de la fuerza rionegrina para cometer el hecho.
Un femicidio seguido del suicidio del autor dejó a dos adolescentes sin su madre en una localidad del Alto Valle. El autor del femicidio era un cabo de la Policía de Río Negro y para cometer el asesinato utilizó la pistola reglamentaria que le había proporcionado la institución.
La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó esta semana la sentencia de primera instancia, ordenando que las hijas sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el “estado policial” al autor del crimen de género.
El femicidio ocurrió en 2008, pero la demanda civil recién pudo ser iniciada después de cerrada la causa penal y cuando una de las hijas de la víctima ya era mayor de edad. Su hermana menor, en tanto, ingresó al proceso civil representada por su padre. Durante la tramitación del proceso se analizaron otras causas del fuero Penal y de Familia vinculadas con el hecho y finalmente se dictó la primera sentencia favorable a las hijas, que ahora fue confirmada prácticamente en su totalidad por la Cámara Civil.
En su apelación, la Provincia intentó excluir su responsabilidad afirmando que el femicida “no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada”. Contra esa argumentación, las hijas respondieron “que el estado policial que poseía el agente, que le implicaba la portación permanente del arma de fuego provista por la Institución policial, hacía que la Provincia por añadidura resultara responsable de los actos del agente, de cualquier índole, producidos por el citado arma. Que además, es responsabilidad del Estado provincial la selección de personas con los componentes psíquicos aptos como para esa portación, atento el riesgo que genera hacia terceros; por lo cual, habida cuenta del resultado producido en el caso, debe considerarse e la demandada responsable del hecho”.
En otro punto de la apelación, el Estado Provincial pidió que se reduzca la indemnización de un millón de pesos a cada hija en concepto de daño moral, por considerar la suma “exorbitante”.
Ninguno de los planteos encontró eco en la Cámara Civil, que confirmó la sentencia inicial en casi todos sus alcances. La única modificación admitida fue en torno al modo de calcular la indemnización por “pérdida de chance”, es decir, por la repercusión económica que tuvo el homicidio de la madre en la vida de las hijas.
“Cuando se ocasionan perjuicios a una persona como consecuencia del indebido uso de las armas de fuego, de titularidad de agentes de las fuerzas armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado, se hallan en situación particular. Dicha particularidad deriva de su obligación principal de prevenir el delito y de procurar la seguridad de todos los gobernados, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún a riesgo de su vida o integridad personal, resultando ella indivisible de la personalidad del policía. Es en virtud de ello que no puede resultar eximente de la responsabilidad de la entidad oficial -que los ha preparado de manera técnica y psíquica adecuada a tales fines- la circunstancia de que el agente, al momento de suceder el hecho dañino, se encuentre de franco”, fundamentó la Cámara sobre la responsabilidad estatal.
En cuanto al daño moral, la Cámara rechazó cualquier reducción, considerando que las hermanas fueron “testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el inconmensurable impacto en los sentimientos” que padecieron.
Judiciales
La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.
Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
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Reconoció haber acosado por WhatsApp a una adolescente de 14 años y fue condenado
El acusado afirmó que durante casi 15 días de septiembre de 2023 mantuvo conversaciones de contenido sexual con la joven. Recibió 6 meses de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante 2 años.
Un hombre de 43 años fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de grooming, luego de reconocer que durante casi 15 días de septiembre de 2023 le envió mensajes de contenido sexual por WhatsApp a una adolescente de 14 años.
La fiscal del caso, Natalia Pascual, explicó que las conversaciones tenían una clara intención de avanzar contra la integridad sexual de la joven. Según expuso durante la audiencia, la intervención de la madre y de una hermana mayor permitió que la conducta cesara y dio lugar al inicio de la investigación.
La fiscalía sustentó la acusación en la denuncia presentada por la madre de la adolescente, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la declaración de la joven en Cámara Gesell. A esos elementos se sumó una extracción forense del teléfono celular de la víctima, realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente del Ministerio Público.
El imputado reconoció su responsabilidad en el marco de un acuerdo pleno y aceptó la pena requerida. La víctima fue informada sobre los términos del acuerdo y manifestó expresamente su conformidad. Por su parte, el defensor penal público, Gustavo Viecens, no formuló objeciones.
Al dictar la sentencia definitiva, el juez Emilio Stadler consideró que la Fiscalía había presentado respaldo probatorio suficiente y que el acuerdo cumplía con los requisitos legales. En consecuencia, condenó al hombre a seis meses de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y estableció reglas de conducta obligatorias durante dos años.
Entre las pautas fijadas se encuentran mantener actualizado el domicilio, no ausentarse por períodos prolongados sin autorización previa, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos. También deberá presentarse cada tres meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).
Además, se dispuso una prohibición estricta de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y de establecer cualquier tipo de contacto con ella.
Judiciales
Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 12 años.
Una prueba genética confirmó con un 99,99% de probabilidad la paternidad del hijo nacido como consecuencia del abuso.
Un Tribunal Colegiado declaró penalmente responsable a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en una causa por hechos ocurridos en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía apenas 12 años y el acusado 18. La denuncia fue realizada por la joven mucho tiempo después de lo sucedido.
La resolución fue adoptada este miércoles (11/11) al mediodía, en consonancia con el pedido formulado por la Fiscalía durante los alegatos de clausura. La próxima instancia será la audiencia de cesura, en la que tanto la acusación como la defensa ofrecerán pruebas y solicitarán los montos de pena correspondientes.
Durante su exposición, la fiscal del caso, Celeste Benatti, les pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni realizar un ejercicio de empatía para comprender el contexto en el que vivía la víctima en 2015, cuando era una niña de 12 años y sus decisiones cotidianas estaban atravesadas por las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la menor nunca había elegido mantener una relación con el acusado ni quedar embarazada sin comprender siquiera el significado de esa situación. También remarcó que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente a través de un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti cuestionó además las fallas del sistema de protección de aquella época y sostuvo que la niña quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida.
Entre las pruebas presentadas durante el debate, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche, que confirmó la paternidad del imputado respecto del hijo de la víctima con un 99,99% de probabilidad. También se incorporó un informe médico forense que permitió establecer la fecha de concepción.
La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyeron un ataque no consentido, que derivó en un embarazo y se produjo en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar. En ese marco, solicitó que el caso fuera analizado con perspectiva de género, contemplando el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Durante los alegatos también se recordó la Ley N° 27.206, conocida como de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el juicio y solicitó que su asistido fuera declarado responsable por la figura de estupro.
Finalmente, el Tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía y declaró al hombre responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ahora deberá fijarse la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán las pruebas y formularán sus pedidos para determinar el monto de la pena.
