Judiciales
Inició el primer juicio por jurados en contexto de pandemia en Río Negro
Comenzó a juzgarse el femicidio de Agustina Atencio que ocurrió el año pasado en Catriel.
Con una serie de planteos previos de las partes y tras resolverse positivamente un imprevisto personal que comprometía la participación de una de las integrantes del jurado, comenzó esta mañana en Cipolletti el primer juicio por jurado popular realizado en contexto de pandemia en Río Negro. El debate oral y público cuya definición estará a cargo de un grupo de ciudadanos y ciudadanas del Alto Valle, es el segundo de la historia provincial y el primero de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Además, se trató del primer cuyas partes públicas -alegatos- se transmitió en directo a través del canal de Youtube del Poder Judicial.
El primer acto del jurado fue prestar juramento de resolver con imparcialidad, respondiendo a la fórmula que define el Código Procesal Penal: “¿Juráis en vuestra calidad de jurados, en nombre del Pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida en el juicio, observando la Constitución de la Nación y de la Provincia de Río Negro y las leyes vigentes?”.
El jurado escuchó al inicio de la audiencia las instrucciones del juez Marcelo Gómez, quien les explicó las funciones que cumple cada parte del proceso, las reglas básicas sobre la dinámica de la litigación y la forma en la que podrán ver, escuchar y analizar las declaraciones de los 56 testigos y peritos que serán interrogados durante el proceso. El juicio comenzó este lunes y se prevé su finalización para el viernes 6 de agosto, con el veredicto del jurado popular.
Tras las instrucciones, el jurado escuchó los alegatos de apertura. Esos alegatos son la presentación de la teoría del caso de cada parte y un anuncio de la prueba que cada una pretenderá producir durante el debate.
Cada integrante del jurado ingresó con barbijo y máscara de protección facial provistos por el Poder Judicial. El juez, además, tomó juramento y designó a dos agentes de la Oficina Judicial Penal como las únicas personas autorizadas a interactuar con los jurados para asistirlos ante cualquier necesidad a lo largo del juicio.
Un aspecto fundamental que les recalcó el juez a los y las integrantes del jurado es su deber de imparcialidad y la garantía que los protege ante cualquier intento de influencia externa para emitir su veredicto.
Por primera vez, el inicio de la audiencia y los alegatos de apertura fueron transmitidos en vivo a través del canal de Youtube del área de Comunicación Judicial para garantizar la publicidad, ante la imposibilidad del ingreso de público por razones sanitarias. La misma difusión pública se dará a los alegatos de clausura y al veredicto del jurado, el próximo viernes.
Alegatos
Tanto el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna como el abogado por la parte querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, sostuvieron en sus respectivos alegatos de apertura la teoría de que Rebolledo fue el autor del femicidio de Agustina Atencio, en una agresión desencadenada por la negativa de la joven a mantener relaciones sexuales con el imputado. En tanto que los defensores Juan Coto y María Guadalupe Inaudi adelantaron al jurado su teoría de que fue “una tragedia”, deslizando la hipótesis de un suicidio y negando la existencia de alguna agresión previa por parte del acusado.
Declaración del imputado
Finalizados los alegatos de apertura, el acusado hizo uso de su derecho de declarar y respondió preguntas de sus defensores. “Estoy sufriendo una injusticia. Llevo un año y medio preso. Esto ha sido muy difícil para mí, de todo lo que me acusan, no es cierto”, dijo el joven. Luego dio su versión de lo ocurrido el día del hecho, de cómo llegaron juntos a la zona del río y de lo que pasó allí.
Testimonios y pericias
La etapa de producción de prueba en el juicio comenzó con la declaración testimonial de la querellante y madre de la víctima. Para el resto de la primera jornada del juicio están previstas otras 11 declaraciones de testigos y peritos, entre ellos familiares, docentes y policías. El resto de los testimonios se recibirán entre el martes y el jueves, en tanto que los alegatos de clausura y el veredicto del jurado popular están programados para el próximo viernes. De todos modos, como es habitual en los juicios, la planificación está sujeta a posibles modificaciones por desistimientos de testigos y reprogramaciones que puedan solicitar las partes.
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
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Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
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Condenado a 4 años de prisión por distribuir material de abuso infantil
El hombre de 36 años reconoció haber compartido imágenes de abuso sexual infantil a través de redes sociales.
Un hombre de 36 años fue condenado a 4 años de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Penal Pública.
Durante la audiencia, el imputado reconoció haber cometido los hechos investigados: 5 episodios ocurridos entre 2023 y 2024, todos en la localidad de Cervantes.
Según la Fiscalía, el hombre poseía y distribuía imágenes y videos de contenido sexual infantil a través de medios electrónicos y redes sociales. La denuncia se originó a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización internacional que trabaja en la detección de este tipo de delitos y mantiene convenios de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y, a su vez, con el de Río Negro.
Durante la investigación, se realizaron allanamientos en el domicilio del acusado, donde se secuestró material informático. También se incorporaron al expediente los informes periciales de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y de la Delegación de Criminalística de Cervantes.
El Tribunal Colegiado consideró acreditada la responsabilidad penal del hombre por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por ser menores de 13 años, de acuerdo a lo previsto en los artículos 128, 1°, 3° y último párrafo del Código Penal.
El condenado no posee antecedentes penales ni causas en trámite, y deberá cumplir la pena de prisión efectiva, además de afrontar las costas del proceso judicial.
