Seguinos

Gremios

Casi dos mil empleados podrán ingresar a planta permanente

Del ese total, 1238 trabajan en Salud Pública, 161 en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, 130 son del personal del Servicio de Apoyo del Ministerio de Educación, y 1 de la Agencia Provincial de Adicciones, entre otras reparticiones.

el

Con el único voto negativo del bloque unipersonal de Juntos por el Cambio -Juan Martín-, se aprobó la Ley que permite el pase a la planta permanente en el Estado rionegrino de 1969 empleados que revistaban como contratados hasta el 31 de diciembre de 2020.

Del ese total, 1238 trabajan en Salud Pública, 161 en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, 130 son del personal del Servicio de Apoyo del Ministerio de Educación, y 1 de la Agencia Provincial de Adicciones, entre otras reparticiones.

El legislador Lucas Pica, miembro informante del oficialismo, resaltó la decisión política de Juntos Somos Río Negro para restituir derechos a los trabajadores: “Hoy podemos decir que en el concierto de provincias argentinas, Río Negro tiene autoridad moral para decir que en nuestra provincia hay precarización laboral cero. Esto es decisión política, es reconocimiento a la lucha de los empleados públicos, es no quedarnos solo en la proclama, para transformar en verbo los reclamos legítimos de nuestros trabajadores”.

Según el legislador, el proyecto “tiene que ver con restituir y ampliar derechos, con cumplir mandas constitucionales y otorgar previsibilidad a nuestros empleados públicos”.

Aseguró que la decisión política tomada no tiene costo fiscal: “No estamos incrementando ni siquiera en un solo peso el Presupuesto, ya que los agentes que pasan ya están cumpliendo funciones en el Estado”.

Remarcó que de los agentes transitorios que están en condiciones de acceder al pase a planta, el 60% pertenece a Salud Pública y fue contrato en el marco de la Pandemia “para dar batalla al Coronavirus”.

Por la oposición, Pablo Barreno (FdT) reivindicó la lucha de los trabajadores y sus organizaciones: “El pase a planta permanente significa la estabilidad en el empleo. Estamos orgullosos de ser trabajadores estatales, servidores públicos; nuestras familias también viven en su mayoría del empleo público”, expresó.

Describió una serie de situaciones para hablar de la fragilidad del empleado contratado y explicó que esto empieza a revertirse con el ingreso a la planta permanente: “Ahí es donde radica la importancia de poder tener estabilidad en en el empleo “, sostuvo.

El proyecto también contó con el voto favorable del Frente Renovador, que se expresó a través de Nicolás Rochas, quien reconoció que con el pase se está saldando una deuda con gran parte del personal de Salud: “Mejor que aplaudir, es reconocer derechos. Y eso es lo que estamos haciendo”, opinó.

Por el bloque de Juntos por el Cambio, el Legislador Juan Martín no acompañó el proyecto. Consideró que se trata de “una verdadera estafa a los intereses de todos los rionegrinos”. Advirtió que hay “un círculo vicioso de la ‘empleomanía’”, y cuestionó la evolución de la masa salarial en los últimos nueve años, advirtiendo que existe “un fenomenal aumento”.

El legislador vinculó el pase a planta al tiempo electoral y aseguró que “responde a una forma de hacer política más vinculada a la demagogia, usando el Estado como si fuera propio, para hacer favores, usando al empleado como una dádiva cuasi feudal”.

Cerró el debate el presidente del bloque JSRN, Facundo López, quien enumeró distintas acciones de gobierno llevadas a cabo en los últimos años para concluir: “Nosotros no hablamos de ‘empleomanía’, sino de ‘derechomanía’, por eso reivindicamos los derechos de los trabajadores”.

Gremios

ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.

el

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.

«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.

En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».

«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.

El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.

Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.

Continuar leyendo

Gremios

Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores

El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.

el

El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.

La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.

Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».

Continuar leyendo

Gremios

Ante la amenaza de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, ATE evalúa adelantar el Paro Nacional

«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes», indicó Aguiar.

el

Luego de que el Gobierno diera a conocer un nuevo plan de recorte para intentar despedir al 10% de la planta la Administración Pública Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado informó que evalúa adelantar la medida de fuerza, definida en primera instancia para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso nacional.

«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó que «el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%».

«A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país. Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La medida de fuerza había sido definida en el Confederal del sindicato realizado el pasado jueves (27/11), con la participación de las 24 provincias y las 191 seccionales de ATE en todo el país. Pero ante el intento del Ejecutivo de llevar a cabo una nueva ola de despidos, el sindicato convocará a sus instancias orgánicas para adelantar el paro.

La información que dio a conocer el Gobierno es de reducir en un 10% la planta de trabajadores, que representaría aproximadamente 28.000 despidos.

Las cesantías apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado, entre los cuales aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

Continuar leyendo
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement