El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, expresó su fuerte preocupación por la reciente decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Calificó esta política como un «acto de abandono» y una señal clara de «falta de mirada federal».

«Cerrar Vialidad Nacional es un acto de desidia y de abandono», expresó Gatti, en el marco de un contexto donde Río Negro ya había presentado una acción de amparo colectivo por el estado de abandono de la Ruta Nacional N° 151.

Respecto al enfoque actual del Gobierno Nacional en torno a la obra pública, el ministro reconoció que existe una postura crítica ligada a antecedentes judiciales, pero remarcó que «aunque se planteó que la obra puede ser llevada adelante con inversión privada, hoy no se ejecuta ni con fondos públicos ni privados». En este sentido, advirtió que «abandonar obras implica pagar el doble después. El mantenimiento de un kilómetro de ruta ronda los 300.000 a 400.000 dólares, mientras que su reconstrucción cuesta alrededor de 700.000″.

«Lo que pedimos es que se haga una cosa o la otra: inversión estatal o privada. Lo que no se puede aceptar es que no se haga ninguna. Y si la Nación no va a hacerse cargo, que transfiera la jurisdicción a la Provincia junto con los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles», agregó.

El funcionario también recordó que todos los gobernadores del país reclamaron la transferencia de esos recursos, destinados por ley a infraestructura vial. «En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos», sostuvo.

En relación a la importancia de Vaca Muerta, Gatti subrayó la necesidad de contar con rutas clave en condiciones. «Con un 55% de pobreza, poner en valor este polo productivo requiere infraestructura vial como la Ruta N° 151 y la Ruta Nacional N° 22, que hoy no están a la altura de su potencial».

Sobre los cambios en organismos técnicos como el INTA y el INTI, destacó que su debilitamiento impactará directamente en actividades productivas fundamentales para la provincia: fruticultura en el Alto Valle, ganadería en la región Sur, fruta fina en la Comarca Andina y turismo en toda la región cordillerana y atlántica. «Si el gobierno busca optimizar estructuras, está bien. Pero no puede hacerlo desconociendo la realidad productiva de cada territorio», expresó.

Para finalizar, Gatti fue tajante. «Cerrar organismos sin consultar, sin diálogo, es gobernar con una mirada centralista. No se está respetando el federalismo ni se escucha a las provincias. Eso nos deja completamente solos ante el abandono», concluyó.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.

Al respecto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que «actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional N° 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado».

«Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad» afirmó Echarren y agregó que «pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa», ejemplificó.

Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.

Luego del anuncio del vocero Manuel Adorni de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se ponen en riesgo millones de vidas» y pidió la intervención de los gobernadores.

«El cierre de Vialidad Nacional implica un desinterés total de este Gobierno insensible al que no le importan las vidas que se puedan perder por el estado de las rutas. En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor», auguró el dirigente estatal.

En este marco, Aguiar pidió a los gobernadores que «tomen partido en favor de la gente. Deben dejar el letargo en el que se encuentran. Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos. Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo, mutila el desarrollo de todas las regiones del país. Con el cierre de Vialidad, se ponen en riesgo la vida de millones de argentinos», agregó.

«Este decreto da nacimiento a mega negociados. Buscan privatizar tareas estratégicas como la del mantenimiento vial. Estamos ante el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional. La creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones es la habilitación de una gran caja negra para la política», agregó el secretario general de ATE Nacional.

A partir de esta decisión, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. «Es una ilegalidad manifiesta que a partir de ahora sea la Gendarmería la que aborde la prevención y el control de tránsito en las Rutas Nacionales y otros espacios públicos. Es una militarización de las rutas», concluyó Aguiar.

De esta forma, el sindicato profundizará las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional.

Son alrededor de 40.000 los kilómetros de Rutas Nacionales que quedarán abandonadas a partir de esta decisión que afectará, además, a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras.

La Dirección Nacional de Vialidad fue creada a partir de la Ley N° 11.658 en 1932 como respuesta a la necesidad de construir caminos que se ajustaran a las nuevas demandas del transporte automotor.