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Opinión

Ley 26160, el Radicalismo y el voto por aclamación en los derechos indígenas

Nota de opinión por Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

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Luego de finalizada la dictadura militar, y desde 1983 en adelante, la lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue dando paso a la confección de un marco normativo, alentados también por los diversos y contundentes pronunciamientos internacionales que avanzaban hacia el reconocimiento de derechos humanos para esos pueblos y comunidades.

La sanción de la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985), durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, fue un paso trascendental en este camino. Esta normativa declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra…”. Sin dudas, una decisión política preclara y un aspecto distintivo de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos su bandera.

Dos años antes de la Reforma Constitucional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- fue aprobado por la Ley Nº 24.071 en 1992, incorporando al Derecho Interno una normativa de avanzada que -entre otros derechos- reconoce el de la CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA hacia las comunidades indígenas cuando haya normativas o emprendimientos productivos que afecten sus derechos.

Ya en 1994, con la Reforma Constitucional, el Estado reconoció “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando la participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.

Vale la pena recordar muchos de los discursos pronunciados durante la Convención Constituyente celebrada en Santa Fe aquella noche del 11 de octubre de 1994, bajo el orden día N°10, cuando más de trescientas hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas, viajaron desde todos los puntos del país con la esperanza del volver a sus territorios con el reconocimiento constitucional de sus derechos bajo el brazo. Para ello habían trabajado mucho desde hacía mucho tiempo. Es que estos derechos también fueron concebidos por la lucha de sus ancestros y ancestras. Volver a su tierra con ellos, significaba que el sacrificio y los años de lucha no habían sido en vano. Significaba también tener la certeza de que el Estado y sus representantes no les daban la espalda, como sucedió durante las matanzas en la mal llamada Campaña al Desierto de finales de siglo XIX, o la masacre producida en Napalpí (Chaco) en 1924 o en Rincón Bomba en 1947, en territorio de lo que hoy es la provincia de Formosa.

Fue Carlos “Chacho” Álvarez quien esa noche en Santa Fe pidió que se concrete por fin la votación: -“Sr. Presidente: Nosotros creemos que ha sido un hecho muy importante, que todos los bloques nos hayamos puesto de acuerdo en un tema tan trascendente y que tiene que ver con la reivindicación de derechos muy postergados en nuestro país. Por eso, porque producimos un hecho político fuerte, importante, se retiraron los despachos de minoría, hay una voluntad política muy fuerte de esta Convención, votemos este despacho, leamos el despacho único y votemos por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieren estas poblaciones postergadas argentinas”.

En ese momento, el Presidente de la Convención constituyente, el Dr. Eduardo Menem, llamó a votación a todos los bloques ante la expectativa de los hermanos y hermanas indígenas que seguían el debate desde los palcos que ocuparon tan unidos como esperanzados.

Así, uno por uno, los distintos bloques fueron apoyando la propuesta de que el Art. 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, sea votado por aclamación.

Al finalizar los discursos emocionados de cada legislador y legisladora, la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la radical Elva Roulet, visiblemente sensibilizada, comenzó la lectura del texto consensuado entre legisladores y los pueblos indígenas. Entre los centenares de hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas, se destacaba la presencia del recordado abogado Kolla, defensor de los Derechos Indígenas, el Dr. Eulogio Frites.

Decía finalmente Elva Roulet: “Sr. Presidente, Sres. Convencionales: considero un honor poder trasmitir este consenso, esta unanimidad en la aprobación de este texto que trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación del art. 67 – inciso 15”, y continuó leyendo uno a uno los derechos consagrados de allí en más en nuestra Carta Magna.

Han pasado muchos años desde aquel momento histórico. Y si bien celebramos los pasos adelante que se fueron dando, ciertamente muchas cuestiones han quedado en el plano del deseo, muy distantes del día a día que viven las comunidades indígenas. La famosa frase del Dr. Alfonsín “tenemos la libertad, nos falta la igualdad”, debe hacernos reflexionar a todos acerca de las limitaciones que hemos tenido para avanzar en este plano. Pero también, es la gran oportunidad que tenemos para modificar la realidad.

En la víspera del tratamiento de la media sanción de la nueva prórroga de la ley 26160 en la Cámara de Diputados de la Nación, pedimos que esta vez la historia se repita y quizás podamos ser testigos de un nuevo voto “por aclamación y unanimidad de todos los bloques legislativos”.

Los abrazos y lágrimas entre hermanos y hermanas indígenas con sus representantes, de todos y cada uno de los partidos políticos, consagraron esa noche fría de 1994 en Santa Fe, la clara presencia del Estado consciente de la necesaria reparación histórica por tanto despojo, por tanta muerte, por tantos siglos de vulneración de derechos.

Quizá esas lágrimas y esos abrazos puedan replicarse hoy, cuando todos los partidos políticos dejen sus diferencias de lado y los legisladores comprendan que somos un país intercultural, y protejan de desalojos violentos a las 1.760 comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y en ese momento, quizás, asumamos juntos el compromiso de una gesta colectiva, el objetivo irrenunciable de saldar una deuda que ya cumple 27 años: sancionar la ley que otorgue títulos comunitarios a todas las comunidades aborígenes sobre sus territorios.

Dra. María Magdalena Odarda
Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Opinión

Las Universidades, para qué?

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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En estos días es habitual oír los problemas que enfrenta el sistema educativo, por el desfinanciamiento que está sufriendo. 

Y rápidamente podemos preguntarnos cuál sería el problema y por extensión, por el rol clave que deberían cumplir, en especial las universidades. 

En primera medida servir de espacio de contención socio cultural para quienes pretendan formarse y contar con nuevas herramientas para avanzar en la vida, y segunda y quizá tenida menos en cuenta, generar conocimientos valiosos para la comunidad en su conjunto. 

Si hay algo que uno espera de la educación superior, (de las universidades) ese lugar donde se produce el conocimiento, es que corran los límites, que vayan más allá, que incomoden todo aquello que sea necesario para poder avanzar. 

En este sentido, las ciencias sociales, esas con las que convivimos, ya que nos revisan en eso que nos define como sociedad, como individuos y como humanos, tendrán mucho para aportar. 

Claramente el estado, pero no únicamente el nacional, decide qué financiar y por ende qué no. Pensemos por un momento un gobierno provincial e inclusive algunos gobiernos locales (municipio y comunas), financiando proyectos de investigación en la creencia y seguridad de que eso que se investigue, aportará nuevas ideas, conocimientos y herramientas para su gestión. 

Pero claro, hoy pareciera que las cosas son distintas. Quienes ocupan cargos de gestión, con su trabajo cotidiano nos responden a la preguntá ¿qué se hace?, ya que es su cotidiano. Mientras que quienes investigan en políticas públicas, ciencias de la administración y todo lo referido a la administración pública, nos responderían a ¿qué se podría hacer? 

Hay algo hasta increíble en la separación que tiene hoy la academia con la gestión gubernamental, los investigadores en lo estatal por un lado y los cargos electivos y funcionarios por otros. Si bien son dos conocimientos diferentes, el que se consigue estudiando y el que se consigue haciendo, en algún momento deberían encontrarse. 

Pero claro, quién financiaría aquello que lo incomode, que lo exhiba, que revele sus falencias, inclusive aparece cierta complicidad por parte del sistema ya que esos avances pueden a las claras incomodar la capacidad de gestión de quienes ocupan cargos en las propias instituciones educativas. 

Complicidad de dos lados, dos caras de una moneda que lógicamente no se encuentra, más que en un borde que investiga y aporta sobre cosas cómodas, relatos de una historia sabida y que recopila los datos ya conocidos. 

En esa misma rueda, los trabajadores de la investigación atrapados, ya que se les reconoce y se los obliga a investigar y se les financia aquellas cosas que no molesten. 

Existen problemas de financiamiento, claro, pero ojo no son los únicos. 

Si queremos salir de los problemas que presenta el sistema, sin salir del sistema, deberemos cambiar lo que se deba, corregir lo que se necesite y abrir las administraciones. 

Conseguir que política y conocimiento se amiguen, caso contrario el pozo será cada vez más hondo y la falta de dinero, pasará a ser, el menor de los problemas. 

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

Del otro lado, nosotros

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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En estos tiempos tan veloces de vivir, son pocos los momentos en que nos detenemos a tratar de comprender qué nos pasa, más allá del bolsillo.

Ahora es fácil confundir el síntoma con la causa, la consecuencia con la fuente del problema. Seguir discutiendo en circularidad de lo obvio: el dinero no alcanza. Cuando, en realidad no somos capaces de repensar qué es lo que genera la situación.

Entonces traigo tres dicotomías tan vigentes y actuales (y pasadas, si lo son), como necesarias para incorporar, quizá mate mediante en un momento de reflexión:

La primera responde a la pregunta, ¿dónde estamos?

Rápidamente comprender que estamos inmersos en un sistema democrático, que es abonado por todas y todos, ejercido por las instituciones del estado, pero que muchas veces quien gobierna, impone, crea y establece las condiciones de gobernabilidad, traza las políticas e inclusive el plan de gobierno, es el poder económico privado. Nacional e internacional.

Lo que quiero aportar aquí es esta dicotomía de los “jugadores” de adentro y de afuera del sistema. Vecinas y vecinos serán de afuera, pudiendo aportar con sus participaciones a quienes sí están adentro, la clase dirigencial, políticos y funcionarios públicos. Pero ojo, no seamos tampoco ingenuos, porque quizá hasta ellos mismos, están afuera del sistema de decisión, del poder real. Su único diferencial es conocer el sistema, ser conscientes de su lugar y cumplir con su papel, hacer como que deciden, emular que pueden, abonar alguno de los dos lados de una grieta que no existe como tal.

Para la segunda pregunta, debemos pensar, ¿qué nos ofrecen?

Es que claro, si ellos que son quienes ocupan los cargos públicos, que los elegimos para que gobiernen, no pueden hacerlo porque a su vez son condicionados por los poderes económicos concentrados nacionales, qué nos queda esperar a los demás?

Por lo pronto comenzar a comprender esta segunda dicotomía en la que usualmente nos empantanamos al momento de relacionarnos con ellas/os, y que comprenderla nos dará la libertad de saber qué se nos dice. Esta dicotomía es doble, ya que confundimos los productos del accionar del estado con resultados de la política pública desarrollada y a la vez, el diagnóstico de la situación, con la posibilidad real de avanzar y construir propuestas.

Daré un breve ejemplo: una campaña de vacunación que alcance las 50 personas diarias evidentemente da cuentas de un trabajo (producto – personas vacunadas), pero no de un resultado ya que desconocemos el punto de partida, la situación problemática que se pretendía abordar y acaso el nivel de esfuerzo institucional comprometido y previsto (¿qué tasa pretendíamos mejorar con la vacunación? ¿Queríamos vacunar 50 o quizá el doble y no pudimos?). En este mismo sentido el diagnostico es necesario para saber dónde estamos, qué nos falta, cuál podría ser un punto de partida. Pero solo es eso, un estado de situación. Se requiere entonces avanzar, trascender, comprender que eso es la base a considerar para planificar propuestas que mejoren ese punto de partida. El diagnóstico lo podemos compartir casi todos, pero el plan de acción seguramente tenga lógicas y necesarias resistencias.

Para la tercera pregunta y la más complicada, debemos enfrentar un, ¿qué necesitamos?

Claramente es mi opinión, y parte de considerar que la mejor manera de cambiar las cosas, es participando activamente, conociendo las reglas y teniendo las herramientas y recursos contextuales para ser parte de una construcción que permita dar discusiones, debates e incidir en el diseño y ejecución de lo público.

Por ello, la tercera dicotomía propone que no necesitamos mártires, sino líderes. Esa idea remanente de los héroes en la historia que lo han dado todo por la liberación de los pueblos, de alguna manera invita a pensar en luchas colosales y sobresalientes de pocas/os iluminados y claramente la historia argentina de los últimos 200 años da cuenta que, si a esos proyectos no se los nutre de ideología de compromiso, se los oxigena con carne y participación, mueren antes de iniciar, o se extinguen con su fundador.

Aquí aportar otra dicotomía que se desprende del sistema y es actual en términos de no aportar más que nombres sin proyecto, y es que, no es lo mismo ganar una elección que gobernar. Esas alianzas que dicen lo que se quiere escuchar, o que apelan a lo que el otro ha hecho mal, por sobre proponer hacia dónde, ganan es cierto, pero rápidamente quedan expuestas al momento de tener que avanzar y resolver cómo y qué hacer dentro y desde el estado. Discursos biensonantes sobran, quizá lo que falta es conocimiento sobre el funcionamiento de la cosa pública, para tratar de comprender si eso que han planteado, es posible, probable, realismo mágico o acaso legal.

Poco tiene que ver la legitimidad que otorga un cargo ganado con la capacidad de gestionar programas y proyectos, todas/os votamos a un par que quizá nos cae bien, pero el haber sido votado no garantiza ni eleva a nadie por sobre la masa. Ese será el rol y desafío que el líder deba emprender en una comunidad politizada, conocedora y sobre todo con la claridad para defender lo propio.

Al final y del otro lado, nosotros tratando de comprender para dónde va la cosa, quizá no sea mucho, pero espero que alguna de estas ideas, de estos conceptos, de estos interrogantes queden resonando y permitan idolatrar un poco menos y comprometerse a debatir un poco más.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

¿Por qué marchamos?

Nota de opinión por Nicolás Rochas, apoderado Frente Renovador Distrito Río Negro.

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Nunca nadie que haya llegado al cargo de Presidente había confesado abiertamente, que a su entender, el Estado Nación es «el problema». Porque destruir el Estado no nos hará libres, simplemente nos expondrá ante el mundo casi como bienes fungibles, una nueva especie de res nullius en un planeta organizado en torno a países soberanos.

Marchamos porque no se trata de estar «en contra», sino de advertir las consecuencias de decisiones nefastas y evitar pérdidas que serán irreparables.

Porque gobernar es asignar prioridades y no puede estar antes la ganancia de un banquero que la comida de la gente.

Porque la inflación no puede detenerse a fuerza de pulverizar el salario.

Porque la Cultura, la Ciencia, el Deporte o el Arte, nunca (jamás) son un gasto, sino la inversión a través de la que un pueblo se expresa, se identifica, se distingue y crece.

En poco más de un mes, el gobierno de Javier Milei devaluó en más del 100% la moneda, quitó subsidios, subió tarifas, frenó la obra pública, desfinanció al Estado (tanto Nacional como a las provincias) y desprotegió a todo inquilino, consumidor o usuario. El precio de los alimentos se dispara día a día, pero aún más se le adelantan los medicamentos. Hay una confesa pretensión de asignarle a la recesión la estrategia para frenar los precios (macabra convicción, la de pensar que «no hay inflación en los cementerios»).

En nuestra historia democrática jamás tuvimos un gobierno tan disociado de la realidad, tan ajeno al padecimiento, tan insensible y brutal.

Ganar el balotaje le otorgó la legitimidad para el ejercicio del Poder Ejecutivo, no la adquisición llave en mano de un país (que le avisamos: no está en venta). Ser el Presidente le da facultades para administrar los recursos del Estado, no la Suma del Poder Público, ni el cúmulo de facultades con que los constituyentes contaron en la conformación de la república. También por esto marchamos, para recordarle conceptos tan básicos que parecen habérsele olvidado; premisas tan antiguas como sus recetas económicas del siglo XIX.

Buena parte de la sociedad argentina lo votó en la esperanza de un cambio. Pero ese cambio debe serlo en la mejora del conjunto, no en la aniquilación de todo lo que a su criterio configura “un gasto”. Cuando hablamos de Patria, País o Estado, no nos referimos a cifras, variables o estadística, sino a personas, individuos, ciudadanos. Existencias reales que comen, sufren y sienten; no son likes, ni visualizaciones; son angustias de padres, pies descalzos y pancitas que chiflan si no hay pan sobre la mesa.

Marchamos por la responsabilidad histórica que importa proteger la soberanía y por la sensibilidad social de cuidar a los que menos tienen. Marchamos para advertir sobre las consecuencias que pueden ser aún más gravosas y para intentar corregir desequilibrios que se profundizarán de seguir el curso de las cosas. Marchamos porque es nuestro país el que están rifando, en un experimento en el que (como diría Serrat) «juegan con cosas que no tienen repuesto”. Por todo esto, y tantas otras cosas, el 24 de enero marchamos!

Nicolás Rochas
Apoderado Frente Renovador – Distrito Río Negro.

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