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Judiciales

Aseguradora deberá pagar daños del granizo más una multa por el “desprecio” a su clienta

El problema entre la chacarera roquense y la aseguradora comenzó con una fuerte caída de granizo en diciembre de 2016.

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Una compañía aseguradora deberá pagar el daño que causó el granizo en la chacra de su clienta, pero además abonar una multa de daños punitivos que prevé la Ley de Defensa del Consumidor por haber actuado “con absoluto desprecio por los bienes y derechos de la asegurada” ante sus reclamos.

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca hizo lugar a la demanda de la señora, fijó la indemnización y declaró aplicable a su favor el régimen de Defensa del Consumidor.

El fallo definió que ser una “empresaria de la fruta” no la dejaba fuera del concepto de “consumidora” protegido por la ley. Precisó que más allá de que la finalidad de contratar el seguro era proteger la producción de la chacra, la relación entre la mujer y la aseguradora es una típica “relación de consumo” por dos razones centrales: que la clienta está en condición de franca desigualdad de negociación ante la empresa y que ha contratado el seguro como “destinataria final” y no como un insumo que pueda revender en el mercado a través de sus peras y manzanas.

Los jueces ratificaron así que la contratación de un seguro “para aplicarlo a su gestión empresarial” no quita a la persona asegurada su carácter de consumidora y, en consecuencia, corresponde aplicarle la protección especial de las leyes.

El problema entre la chacarera y la aseguradora comenzó con una fuerte caída de granizo en diciembre de 2016. Tal como decía la póliza, después de la tormenta la mujer hizo la denuncia ante la aseguradora. El contrato daba a la empresa un plazo de 15 días para ir a la chacra a verificar los daños, pero los peritos de la aseguradora no acudieron a tiempo. Después, para certificar las pérdidas, la mujer contrató una verificación particular -algo que estaba permitido en el contrato- y sobre la base de ese informe dio nuevo impulso al reclamo contra la aseguradora.

La empresa cuestionó que al realizar su verificación particular, la mujer no respetó el mecanismo previsto en el contrato. Y a partir de allí pretendió desconocer la cobertura invocando una “caducidad por incumplimiento de las obligaciones impuestas al asegurado”. Sin embargo, la Cámara recalcó que “la obligación de verificar la ocurrencia del siniestro y magnitud del daño es siempre del asegurador”. En consecuencia, la chacarera no estaba obligada a realizar ninguna constatación ni mucho menos a seguir un procedimiento estricto, porque esa verificación particular que realizó, fue en ejercicio de un derecho que le daba el contrato y no en cumplimiento de una obligación impuesta en la póliza.

“Claramente quien no ha cumplido -ni ha tenido voluntad alguna de cumplir- es la aseguradora, que hasta guardó silencio al implementar la actora el trámite de mediación prejudicial”, destacó la Cámara, que condenó a la empresa a pagar $930.000, más los intereses acumulados desde la granizada, por la fruta dañada.

Sobre esa suma, la Cámara fijó un 25% más en concepto de “daño punitivo”, la multa prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, por haberse acreditado “un desprecio por los intereses y derechos de la parte débil de la relación que evidentemente no puede ser permitido”.

“La inestabilidad económica y los negocios financieros que son posibles, vemos que vienen alentando a las aseguradoras y otras grandes empresas a no honrar sus deudas y resistir los pagos especulando con que las eventuales condenas judiciales, aún con sus costas, no llegan al importe de las utilidades que le reporta la mora y los negocios financieros realizados durante ésta”, sostuvo el fallo.

Judiciales

La Fiscalía pidió declarar responsable a un hombre por el abuso sexual de su suegra

El hecho ocurrió en agosto de 2025 en el domicilio de la mujer. La Fiscalía sostuvo su acusación con testimonios familiares y pericias psicológicas.

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En el marco de los alegatos de clausura del debate oral, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare responsable penal a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su suegra, una mujer de 79 años, en un hecho ocurrido en agosto de 2025 en el domicilio de la víctima.

La fiscal Julieta Villa sostuvo durante su exposición que el imputado ingresó a la vivienda simulando intenciones familiares y que, según la acusación, aprovechándose de la confianza y de la situación de vulnerabilidad de la mujer, la agredió.

Para fundamentar el pedido de responsabilidad penal, la Fiscalía presentó durante el debate el testimonio de la propia víctima y las declaraciones de su nieta, su hija, su hijo y una amiga.

Según expuso la acusación, estos testimonios permitieron acreditar las revelaciones inmediatas realizadas por la mujer, su estado de shock inicial y la posterior admisión de los hechos que habría realizado el acusado ante integrantes de su entorno familiar.

También declaró la psicóloga Virginia Ansola, integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien expuso sobre el impacto emocional sufrido por la mujer.

A su vez, intervino una especialista del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), quien ratificó en audiencia la veracidad del relato, descartó fabulaciones y confirmó la presencia de un cuadro de trauma psíquico severo.

La Fiscalía encuadró la conducta atribuida al imputado como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Por su parte, el defensor particular solicitó la absolución de su asistido.

Concluidos los alegatos de las partes, el Tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti dará a conocer su veredicto el próximo martes (13/10) a las 12.00.

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Formularon cargos a un conductor de 71 años por la muerte de un motociclista en Roca

Según la acusación, el imputado realizó un giro a la izquierda de manera antirreglamentaria e interrumpió la trayectoria de la motocicleta que conducía la víctima.

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La Fiscalía formuló cargos este miércoles (07/10) contra un conductor de 71 años por un siniestro vial ocurrido en junio pasado en la intersección de las calles Félix Heredia y 9 de Julio de General Roca, en el que murió Ezequiel Alfredo Giles.

Según explicó la representante fiscal Victoria Bou Abdo, el hecho ocurrió alrededor de las 18.00 horas, cuando el imputado circulaba en una camioneta en sentido norte-sur y realizó una maniobra de giro a la izquierda hacia 9 de Julio.

De acuerdo con la acusación, el giro fue realizado de manera antirreglamentaria e imprudente, interrumpiendo la trayectoria de la motocicleta que conducía Giles, quien avanzaba en sentido contrario.

«Debido a la repentina obstrucción de la calzada, Ezequiel Giles no pudo evitar la colisión e impactó contra el lateral de la camioneta», explicó la fiscal. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave que le provocó la muerte en el lugar.

Para sustentar la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó las actas del procedimiento policial, el croquis del lugar, el certificado médico de defunción y el resultado negativo del test de alcoholemia realizado al imputado.

También se incorporaron entrevistas a testigos, informes de la Dirección de Tránsito Municipal, peritajes mecánicos realizados sobre ambos vehículos, un relevamiento fotográfico y la pericia accidentológica del Gabinete de Criminalística de General Roca.

La Fiscalía atribuyó al hombre la calificación legal provisoria de “homicidio culposo cometido por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor”.

El defensor penal público Gustavo Viecens, quien asiste al imputado, no presentó objeciones a la formulación de cargos.

Luego de escuchar a la querella, que acompañó el pedido fiscal, la jueza Natalia González tuvo por formulados los cargos y estableció en cuatro meses el plazo de investigación penal preparatoria.

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Comenzó el juicio por la muerte de Horus, el perro que recibió dos disparos en Roca

La Fiscalía sostuvo que el acusado actuó deliberadamente para lastimar al animal, mientras que la defensa afirmó que no están acreditados los requisitos necesarios para considerar el hecho como delito.

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Comenzó en los Tribunales de General Roca el juicio en el que se debate la responsabilidad penal de un hombre acusado de efectuar dos disparos contra Horus, el perro de sus vecinos, en agosto de 2024. Como consecuencia de las heridas, el animal murió en una veterinaria donde intentaron salvarle la vida.

Durante la primera jornada del debate declaró, en primer término y asistido por la Defensa Penal Pública, el imputado.

Luego fue el turno de la mujer que era cuidadora y tutora de Horus. Durante su declaración identificó distintos momentos del hecho a partir de la reproducción de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Más adelante declaró el hijo de la mujer, quien junto con ella trasladó al perro hasta una veterinaria ubicada en calle Jujuy al 1900. Allí, el médico veterinario constató que Horus tenía dos heridas de arma de fuego y realizó una cirugía con el objetivo de salvarle la vida.

Después de un cuarto intermedio declaró el arquitecto Gabriel Tonón, integrante de la Unidad de Reconstrucción de los Cuerpos Especiales de Investigación del Ministerio Público.

El especialista explicó el informe elaborado a partir de distinta documentación incorporada a la causa. Entre los elementos analizados se encontraban la planimetría confeccionada por el Gabinete de Criminalística, fotografías del perro, el resultado de la pericia balística, imágenes de cámaras de seguridad particulares y el diagnóstico del médico veterinario.

Toda esa información fue incorporada por el profesional al programa 3DMax de Autodesk, una herramienta de diseño tridimensional que permitió generar objetos a escala y posicionarlos en una representación del lugar donde ocurrió el hecho.

Posteriormente declaró el hijo del denunciante, quien relató la situación atravesada por su familia y la exposición policial realizada.

También brindó su testimonio un médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, quien se refirió a la evaluación realizada sobre una lesión que presentaba uno de los testigos.

El bloque de testimonios se cerró con las declaraciones de la esposa y otro de los hijos del imputado, ofrecidos como testigos por la Defensa Penal Pública.

Los planteos de las partes

Durante los alegatos de apertura, la Fiscalía sostuvo que la utilización de un arma de fuego resultó injustificada y desproporcionada frente a un conflicto de convivencia.

El fiscal del caso, Marcelo Ramos, afirmó que el imputado «actuó de manera deliberada con ánimo de causarle daños a Horus sin causal de justificación».

Por su parte, los defensores penales públicos Miguel Salomón y Máximo Ballvé plantearon una posición diferente y cuestionaron que estén acreditados los elementos necesarios para considerar que existió un delito.

La defensa hizo referencia a un antecedente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro relacionado con la muerte del perro Byron, ocurrido en General Roca, y sostuvo que en ese caso el máximo tribunal provincial señaló la necesidad de probar la existencia de perversidad y no solamente enunciarla.

«En este caso, como en el de Byron, vamos a insistir en la inocencia de nuestro asistido pues se trata este también de un hecho atípico», señalaron los defensores.

La acusación

El hecho llevado a juicio por la Fiscalía y la querella ocurrió en agosto de 2024, aproximadamente a las 17.15, en la vereda del domicilio del imputado.

Según la acusación, el hombre salió de su vivienda con un arma de fuego semiautomática calibre .22, la amartilló y efectuó al menos dos disparos a corta distancia dirigidos hacia Horus, un perro macho de color blanco y marrón.

Para la Fiscalía, la acción fue desplegada deliberadamente con el objetivo de lastimar y causar sufrimiento al animal.

Como consecuencia de las heridas, Horus agonizó durante aproximadamente tres horas y finalmente murió en la clínica veterinaria, pese a los esfuerzos realizados por el profesional para salvarle la vida.

El debate continuará el jueves (08/10) a las 8.00, cuando se escuchen los alegatos de clausura de las partes. Luego, la jueza de juicio Verónica Rodríguez contará con los elementos del debate para resolver sobre la responsabilidad penal o no del imputado.

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