Judiciales
Aseguradora deberá pagar daños del granizo más una multa por el “desprecio” a su clienta
El problema entre la chacarera roquense y la aseguradora comenzó con una fuerte caída de granizo en diciembre de 2016.
Una compañía aseguradora deberá pagar el daño que causó el granizo en la chacra de su clienta, pero además abonar una multa de daños punitivos que prevé la Ley de Defensa del Consumidor por haber actuado “con absoluto desprecio por los bienes y derechos de la asegurada” ante sus reclamos.
La Cámara Civil de Apelaciones de Roca hizo lugar a la demanda de la señora, fijó la indemnización y declaró aplicable a su favor el régimen de Defensa del Consumidor.
El fallo definió que ser una “empresaria de la fruta” no la dejaba fuera del concepto de “consumidora” protegido por la ley. Precisó que más allá de que la finalidad de contratar el seguro era proteger la producción de la chacra, la relación entre la mujer y la aseguradora es una típica “relación de consumo” por dos razones centrales: que la clienta está en condición de franca desigualdad de negociación ante la empresa y que ha contratado el seguro como “destinataria final” y no como un insumo que pueda revender en el mercado a través de sus peras y manzanas.
Los jueces ratificaron así que la contratación de un seguro “para aplicarlo a su gestión empresarial” no quita a la persona asegurada su carácter de consumidora y, en consecuencia, corresponde aplicarle la protección especial de las leyes.
El problema entre la chacarera y la aseguradora comenzó con una fuerte caída de granizo en diciembre de 2016. Tal como decía la póliza, después de la tormenta la mujer hizo la denuncia ante la aseguradora. El contrato daba a la empresa un plazo de 15 días para ir a la chacra a verificar los daños, pero los peritos de la aseguradora no acudieron a tiempo. Después, para certificar las pérdidas, la mujer contrató una verificación particular -algo que estaba permitido en el contrato- y sobre la base de ese informe dio nuevo impulso al reclamo contra la aseguradora.
La empresa cuestionó que al realizar su verificación particular, la mujer no respetó el mecanismo previsto en el contrato. Y a partir de allí pretendió desconocer la cobertura invocando una “caducidad por incumplimiento de las obligaciones impuestas al asegurado”. Sin embargo, la Cámara recalcó que “la obligación de verificar la ocurrencia del siniestro y magnitud del daño es siempre del asegurador”. En consecuencia, la chacarera no estaba obligada a realizar ninguna constatación ni mucho menos a seguir un procedimiento estricto, porque esa verificación particular que realizó, fue en ejercicio de un derecho que le daba el contrato y no en cumplimiento de una obligación impuesta en la póliza.
“Claramente quien no ha cumplido -ni ha tenido voluntad alguna de cumplir- es la aseguradora, que hasta guardó silencio al implementar la actora el trámite de mediación prejudicial”, destacó la Cámara, que condenó a la empresa a pagar $930.000, más los intereses acumulados desde la granizada, por la fruta dañada.
Sobre esa suma, la Cámara fijó un 25% más en concepto de “daño punitivo”, la multa prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, por haberse acreditado “un desprecio por los intereses y derechos de la parte débil de la relación que evidentemente no puede ser permitido”.
“La inestabilidad económica y los negocios financieros que son posibles, vemos que vienen alentando a las aseguradoras y otras grandes empresas a no honrar sus deudas y resistir los pagos especulando con que las eventuales condenas judiciales, aún con sus costas, no llegan al importe de las utilidades que le reporta la mora y los negocios financieros realizados durante ésta”, sostuvo el fallo.
Judiciales
Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 12 años.
Una prueba genética confirmó con un 99,99% de probabilidad la paternidad del hijo nacido como consecuencia del abuso.
Un Tribunal Colegiado declaró penalmente responsable a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en una causa por hechos ocurridos en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía apenas 12 años y el acusado 18. La denuncia fue realizada por la joven mucho tiempo después de lo sucedido.
La resolución fue adoptada este miércoles (11/11) al mediodía, en consonancia con el pedido formulado por la Fiscalía durante los alegatos de clausura. La próxima instancia será la audiencia de cesura, en la que tanto la acusación como la defensa ofrecerán pruebas y solicitarán los montos de pena correspondientes.
Durante su exposición, la fiscal del caso, Celeste Benatti, les pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni realizar un ejercicio de empatía para comprender el contexto en el que vivía la víctima en 2015, cuando era una niña de 12 años y sus decisiones cotidianas estaban atravesadas por las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la menor nunca había elegido mantener una relación con el acusado ni quedar embarazada sin comprender siquiera el significado de esa situación. También remarcó que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente a través de un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti cuestionó además las fallas del sistema de protección de aquella época y sostuvo que la niña quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida.
Entre las pruebas presentadas durante el debate, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche, que confirmó la paternidad del imputado respecto del hijo de la víctima con un 99,99% de probabilidad. También se incorporó un informe médico forense que permitió establecer la fecha de concepción.
La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyeron un ataque no consentido, que derivó en un embarazo y se produjo en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar. En ese marco, solicitó que el caso fuera analizado con perspectiva de género, contemplando el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Durante los alegatos también se recordó la Ley N° 27.206, conocida como de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el juicio y solicitó que su asistido fuera declarado responsable por la figura de estupro.
Finalmente, el Tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía y declaró al hombre responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ahora deberá fijarse la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán las pruebas y formularán sus pedidos para determinar el monto de la pena.
Judiciales
Certificados médicos truchos: La Justicia resolvió trasladar la investigación a Roca y Cipolletti
La causa investiga a policías, penitenciarios y docentes que habrían presentado documentación médica falsa para justificar ausencias laborales y cobrar sus salarios sin descuentos.
La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales de agentes públicos continuará en las circunscripciones judiciales de General Roca y Cipolletti. Así lo resolvió un juez de Garantías de Viedma, quien dispuso remitir las actuaciones a los foros de jueces correspondientes a las localidades donde se habrían presentado los documentos.
La causa investiga una presunta maniobra mediante la cual agentes policiales, penitenciarios y docentes habrían utilizado certificados médicos falsos para justificar ausencias en sus puestos de trabajo y percibir sus salarios sin los descuentos correspondientes. La acusación considera que esas conductas podrían constituir los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.
La investigación incluyó allanamientos en Roca, secuestro de teléfonos celulares y computadoras, análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación relacionada con licencias médicas. También se incorporaron informes de organismos públicos y estudios realizados por áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.
Durante las audiencias, las defensas solicitaron que el expediente dejara de tramitar en Viedma. Argumentaron que los hechos ocurrieron principalmente en Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde residen gran parte de las personas investigadas. También señalaron que la distancia dificultaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias defensivas y la producción de pruebas.
El Ministerio Público Fiscal y la querella, ejercida por la Fiscalía de Estado, se opusieron al planteo. Sostuvieron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, cuya sede se encuentra en Viedma. Además, indicaron que gran parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad y que un traslado podía generar demoras y dificultades organizativas.
Al resolver, el juez de Garantías Adrián Dvorzak distinguió entre la competencia territorial de los magistrados y la organización del trabajo judicial dentro de la provincia. Explicó que los jueces penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial, por lo que rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial presentado por las defensas.
Sin embargo, consideró que existían razones suficientes para que la investigación continuara en las circunscripciones donde se habrían desarrollado los hechos. Destacó que allí se presentaron los certificados, se realizaron medidas investigativas y se encuentran gran parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.
El magistrado también hizo hincapié en las dificultades que la distancia puede generar para el ejercicio del derecho de defensa. Señaló que la comunicación virtual no siempre resulta suficiente para mantener entrevistas personales, preparar estrategias defensivas y desarrollar las medidas probatorias necesarias.
La resolución aclaró que el traslado no implica comenzar nuevamente la investigación, ya que las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas conservarán su validez. Además, ordenó que los elementos secuestrados durante los allanamientos queden a disposición de las autoridades judiciales que intervengan en adelante, respetando las reglas de preservación y cadena de custodia.
La remisión de las actuaciones se hará efectiva una vez que la decisión quede firme. La medida no resuelve la responsabilidad penal de las personas investigadas ni modifica los hechos atribuidos por la acusación, sino que determina dónde continuará el proceso y qué autoridades judiciales intervendrán en las próximas etapas.
Judiciales
Atropelló a un ciclista en Roca, escapó sin asistirlo y ahora deberá indemnizarlo
La víctima sufrió lesiones graves, permaneció internada en terapia intensiva y debió ser operada. El conductor escapó sin asistirlo y la bicicleta nunca apareció.
Un conductor que atropelló desde atrás a un ciclista en calle Viterbori de General Roca, escapó sin asistirlo y lo dejó inconsciente sobre el asfalto deberá indemnizarlo por las lesiones y las consecuencias del siniestro. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda presentada por la víctima y atribuyó la totalidad de la responsabilidad al automovilista. La condena también alcanzó a la compañía aseguradora, dentro de los límites de la cobertura contratada.
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre circulaba en bicicleta rumbo a su trabajo por el margen derecho de la calzada, entre las calles Lago Lolog y Cerro Aconquija. Llevaba un chaleco reflectante y avanzaba junto al cordón cuando un Volkswagen Gol Trend que transitaba en la misma dirección lo embistió desde atrás.
La fuerza del impacto hizo que el ciclista saliera proyectado contra el parabrisas del automóvil y luego cayera sobre el asfalto. El conductor no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el lugar, mientras la víctima permanecía herida e inconsciente.
El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Francisco López Lima y luego a un policlínico de Cipolletti, donde permaneció internado en terapia intensiva y debió ser sometido a una operación. Además, su bicicleta nunca apareció.
A partir de lo ocurrido, inició una demanda civil por daños y perjuicios contra el automovilista y la aseguradora. Reclamó una reparación por las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas, los gastos de atención y la pérdida del rodado.
Durante el juicio, las partes sostuvieron versiones opuestas. El ciclista afirmó que el conductor lo había atropellado desde atrás, guardado la bicicleta en el baúl y escapado para ocultar lo sucedido. El demandado negó esa acusación y sostuvo que la víctima había cruzado repentinamente la calzada, vestida con ropa oscura y en condiciones de escasa iluminación. También dijo que se retiró debido a una alteración emocional y rechazó haberse llevado la bicicleta. La aseguradora respaldó esa postura y atribuyó el accidente a la conducta del ciclista.
La jueza tuvo por acreditadas la fuga del automovilista y la desaparición de la bicicleta, aunque no consideró probado que el conductor la hubiera escondido o sustraído.
El informe del Gabinete de Criminalística y la pericia accidentológica fueron determinantes para reconstruir el siniestro. Ambos coincidieron en que el automóvil impactó desde atrás a la bicicleta, que circulaba aproximadamente a 45 centímetros del cordón. Los especialistas descartaron que el ciclista hubiera cruzado repentinamente la calzada y señalaron que la avenida era recta, contaba con iluminación artificial y no presentaba obstáculos para la visión.
En su análisis, la magistrada aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre el riesgo creado por la circulación de vehículos. Ese régimen establece que, una vez acreditados el accidente y el daño, quien pretende liberarse de responsabilidad debe demostrar una causa ajena, como la conducta de la propia víctima. También examinó las obligaciones de cuidado y prevención de la Ley Nacional de Tránsito, incluido el deber de detenerse y prestar asistencia después de un siniestro.
La jueza concluyó que el automovilista incumplió esas obligaciones y que ni él ni la aseguradora lograron demostrar que el ciclista hubiera provocado el choque.
La reparación reconocida comprendió la incapacidad psicofísica permanente, el daño moral, el tratamiento psicológico futuro y la pérdida de la bicicleta. Para determinar el daño moral, se consideraron la gravedad de las lesiones, las cicatrices, las consecuencias emocionales y el abandono de la víctima después del impacto. También se reconoció la necesidad de realizar un tratamiento psicológico semanal durante un año.
En cambio, se rechazó el reclamo por gastos médicos y traslados, debido a que las prestaciones habían sido cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo. Además, la sentencia dispuso verificar si el ciclista recibe una reparación laboral por incapacidad permanente, con el objetivo de evitar una doble compensación por el mismo perjuicio.
Finalmente, el fallo ordenó al conductor y a la aseguradora -esta última dentro de los límites de la cobertura contratada- pagar la reparación dentro de los 10 días, bajo apercibimiento de ejecución.
