Política
La legislatura aprobó el presupuesto 2022
Fue aprobada por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra del bloque del Frente de Todos.

La Legislatura rionegrina sancionó esta tarde (17/12) la ley del Presupuesto para el año 2022. Luego de cuatro horas de debate, la iniciativa fue aprobada por mayoría, con 31 votos a favor y 14 en contra del bloque del Frente de Todos.
Marcela Ávila fue la miembro informante del oficialismo. Fundamentó que “es un presupuesto posible, diseñado en base a la transparencia que caracteriza a nuestra gestión de gobierno para administrar los recursos públicos, que prioriza y optimiza esos recursos públicos para que se transformen en políticas públicas de bienestar, con salud, educación, seguridad, obras.
“Ante los recursos limitados y las necesidades ilimitadas que existen en una provincia, este Presupuesto prioriza el gasto para lograr la integración provincial, el federalismo, para brindar igualdad de oportunidades y para tener a cada comisión, a cada municipio, a cada paraje”, continuó.
Remarcó que son 17.800 millones de pesos lo presupuestado para políticas públicas en perspectiva de género, una medida de avanzada para la Provincia.
En cuanto a los recursos, ingresos totales por 196 mil millones de pesos, conformados en un 96% por ingresos corrientes y en un 4% por ingresos de capital. Los corrientes tienen como principal fuente de ingresos los recursos tributarios nacionales, lo que recibe la Provincia por coparticipación, 122 mil millones de pesos, que representan un 65% de los ingresos corrientes totales.
El segundo recurso importante proviene de los impuestos provinciales que aportan un 23%, se estima un crecimiento del 45% respecto de este año, que se explica fundamentalmente por el crecimiento esperado en el impuesto sobre los ingresos brutos, vinculado a la recuperación de la actividad económica.
Los ingresos por regalías crecerán por 4 mil millones de pesos, un 31% más, y los ingresos de capital ascenderían a 9 mil millones, con un incremento del 70%.
Con respecto a los gastos, están estipulados en 199 mil millones de pesos. El 90% son gastos corrientes y el 10 serán gastos de capital. Se contempla un crecimiento en los gastos corrientes del orden del 36%. La participación más importante de estos gastos la tiene la partida del personal, que representa el 60% del total y asciende a 107 mil millones de pesos, con un crecimiento del 33% respecto del ejecutado este año.
Se detuvo en los gastos de capital, para los que se prevé un incremento del 66A%, que representan 20 mil millones de pesos. Lo ejecutado este año son 12 mil millones y comprenden 465 obras, culminadas y en ejecución. Se espera continuar el próximo año con esta política, con 20 obras para salud pública, 60 para educación, 10 obras viales, 18 obras de gas, 50 de agua y saneamiento, obras de energía, de turismo, refacciones de edificios públicos, obras relacionadas a la seguridad y otras de conectividad.
Detalló que aumentó 149% en los últimos cuatro años la partida de gasto de capital. “Todos sabemos los beneficios que tiene la obra pública en el territorio, el multiplicador del empleo que genera y la mejora sustancial en la calidad de vida, en la infraestructura y el acompañamiento a los sectores productivos con obras necesarias y emblemáticas”.
La deuda pública representa un 4% de los gastos totales. El stock de deuda pública que tiene la provincia, comparado con el nivel de los ingresos corrientes netiados de la coparticipación a municipios, es decir si evaluamos cuánto nos lleva poder afrontarla en cuanto a ingresos corrientes, en el año 2020 necesitábamos el 67%, en 2021 será del 45%, y el previsto para 2022, del 37%. “Esto marca claramente una tendencia de decrecimiento del stock de la deuda de la provincia especificado en el Presupuesto”.
El Presupuesto 2022 prevé un resultado económico de ahorro, por 7.614 millones de pesos. El de este año finaliza con un ahorro de 2 mil millones y el 2020 fue negativo, con un desahorro por 2.400 millones.
El resultado financiero previsto para 2022, la diferencia entre ingresos y gastos, arroja un resultado deficitario de 3.222 millones de pesos. Para este año fue de 4.400 millones y para 2020 fue de casi 6.000 millones.
Consideró necesario contrastar “estos fríos números” con la situación de doble crisis, la económica y la sanitaria, que llevó en el 2020 a una estrepitosa merma de la recaudación, con la necesidad de un enorme gasto para afrontar y fortalecer los sistemas sanitarios y acompañar a los distintos sectores económicos afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El debate
Ignacio Casamiquela expresó el rechazo del bloque del FdT al proyecto. Habló de un Presupuesto “mezquino, poco participativo, que genera más dudas que certezas, inflado en obra pública, que deja en claro que el Gobierno nacional aporta más la mitad, con una sub-ejecución importante de la obra pública, y lo peor de todo es el Plan Castello”. Reivindicó solo una obra del plan: el gasoducto de la Línea Sur. Criticó el reparto de obras, la discriminación a algunos municipios, y el aumento de la deuda en dólares.
Daniela Salzotto (FdT) hizo hincapié en críticas a lo ejecutado este año en cuanto a partidas para niñez y adolescencia, a lo previsto para el ejercicio 2022 y cuestionó el funcionamiento del Conyar. Consideró que se deben asignar mayores recursos para los programas preventivos promocionales, además del acompañamiento en la asistencia en políticas públicas de niñez y adolescencia. Pidió avanzar en la ejecución presupuestaria real, basada en el interés superior del niño.
María Inés Grandoso (FdT) se refirió a las políticas de género. Coincidió en críticas a subejecuciones del Presupuesto 2021 y la forma en que se presentaron los ejes transversales, por la dificultad para poder evaluarlos. Consideró que el aumento del 44% en la asignación para políticas de género “no es tan significativo” teniendo en cuenta la inflación acumulada a octubre de 41,8, además que representa solo un 7,63% del gasto público, cuando en el ejercicio anterior representaba el 8,53. Aunque reconoció un avance con el aumento de organismos etiquetados que prevé el Presupuesto 2022, consideró que se necesita más información desagregada sobre objetivos específicos medibles para cada una de las acciones que se llevan adelante para poder evaluar el Presupuesto con relación a la perspectiva de género.
Alejandra Más (FdT) cuestionó una falta de federalismo en la distribución de la obra pública. Hizo hincapié en la falta de ejecución de obras: “Estamos ante un dibujo, ante un Presupuesto que pretende contemplar a todos los municipios, pero que no se da en la práctica”. Ejemplificó con obras no ejecutadas en General Conesa.
Por el oficialismo, Lucas Pica defendió la gestión en obras públicas del Gobierno provincial y pidió responsabilidad política a la oposición para que acompañé el Presupuesto.
Pablo Barreno (FdT) intervino para cuestionar el endeudamiento: “No solo se termina un Presupuesto más con un resultado económico negativo, sino que es un Presupuesto de ajuste, y no solo es un Presupuesto de ajuste, sino que es un salvavidas de plomo, que no solo nos deja a merced de los fondos buitres, sino que nos deja una deuda de 72 mil pesos para cada rionegrino y rionegrina”.
Alejandro Marinao (FdT) advirtió sobre la baja de asignación de partidas en distintas áreas en el Presupuesto 2022; entre otros ejemplos, señaló la baja del 66% en la asignación para asistencia a población con vulneración alimentaria, con respecto al 2021.
Marcelo Mango (FdT) sostuvo que “es imposible” votar un Presupuesto que “desconoce a los municipios y a la representación electa democráticamente por el Pueblo, que lo sentó en ese lugar del municipio para gestionar, y no acompaña igualitariamente a los municipios”. Además, criticó el endeudamiento en dólares para el Plan Castello y la reestructuración de la deuda, aunque reconoció que los fondos “fueron a obras” y esas obras “se pueden ver”.
María Eugenia Martini cerró la posición del Frente de Todos. Expresó una “profunda frustración” por el Presupuesto: “Creemos que es una oportunidad perdida”. Reiteró la crítica de la asignación de obras a los municipios. Además, entre otras críticas, consideró que “los sectores vulnerables y los que más padecen deben ser los más priorizados y no lo encontramos en este Presupuesto”.
Por Juntos por el Cambio, Juan Martín adelantó su acompañamiento al proyecto en general, aunque votó algunos artículos en contra. Manifestó su “solidaridad” con el Ministro de Economía, Luis Vaisberg, por haber tenido que basarse en el marco macro fiscal presentado por el Gobierno nacional. Entre otras críticas, cuestionó el aumento del déficit fiscal de la Provincia, el aumento de la deuda, de la cantidad de empleados públicos y de la masa salarial. Finalmente, se manifestó “atravesado por la ética de la responsabilidad” y adelantó su aval: “No somos una oposición destructiva o destituyente”, aseguró.
Nicolás Rochás expresó el apoyo del Frente Renovador. Hizo referencia a las incidencias de la Pandemia que generaron una mutación total de las prioridades. “Tengo la certeza de que este Presupuesto no le gusta a nadie, creo que tampoco le gusta al oficialismo, es un presupuesto que no deseamos ninguno de nosotros, pero es el Presupuesto que nos toca en función de la realidad que vivimos, donde se impone ese certero apotegma que dice que lo ideal es enemigo de lo posible. Y hoy estamos ante números posibles”, sostuvo.
Cerró el debate el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien aseguró que “es un Presupuesto equilibrado, es el proyecto del Gobierno, que viene a reducir déficit, a reducir deuda, a generar empleo, a generar más obras”.
“Es el mejor Presupuesto posible para todos los rionegrinos y estoy seguro que no va a haber ningún problema para cumplir todos los compromisos asumidos”, expresó.
López defendió el Plan Castello: “Es el proyecto de gobierno más importante de los últimos tiempos”. Habló de un “terrible desconocimiento” por parte de la oposición sobre las obras del Plan y desestimó las críticas sobre la delegación de obras.
“Estoy seguro de que nuestro Presupuesto no es un ajuste, nunca Juntos Somos Río Negro hizo política en base al ajuste. Si ajuste significa aumentar recurso para obra pública, si ajuste significa seguir atendiendo la salud de los rionegrinos, seguir realizando hospitales, escuelas, seguir acompañando a todas las entidades deportivas, pagar salarios al día, pagar aguinaldo al día, no tener conflicto social, que haya mayor desarrollo en turismo, mayor acompañamiento al sector privado, entonces lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.
Política
Río Negro lanzó capacitación para promover el buen trato a personas mayores
Nueva iniciativa que apunta a fortalecer la atención de adultos mayores.

El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a una nueva capacitación orientada a fortalecer el trato digno y respetuoso hacia las personas mayores, especialmente en instituciones de cuidado.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra y la presidenta del IPAP, Juana Benítez.
La propuesta, titulada Promoción del buen trato hacia las personas mayores en instituciones de cuidado, se enmarca en la implementación de la Ley Provincial N° 5798 y forma parte de una estrategia integral que articula distintas áreas del Estado, a través de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
La capacitación será de caracter obligatoria y está dirigida principalmente a personal de residencias de larga estadía, tanto públicas como privadas, y se dictará en modalidad virtual, lo que permitirá su alcance en todo el territorio provincial.
La capacitación comenzará de forma virtual el día 15 de junio, y ya se encuentra abierta para inscripción a través del siguiente enlace https://ipap.rionegro.gov.ar/programa/702/adultos-mayores?n=OTQyOzkxNDsxMjEw.
Durante la presentación, las autoridades destacaron la relevancia de esta política pública orientada a mejorar la calidad de atención de un sector prioritario. En ese sentido, el Secretario Henríquez señaló que «en cumplimiento de la ley 5798 ya empezamos la reglamentación de la ley, y hoy en esta primera instancia, que es la presentación de la inscripción para las capacitaciones». Además, subrayó que «se busca, se trabaja fuertemente para poder justamente un mejor trato hacia los adultos mayores».

Por su parte, la presidenta del IPAP, Juana Benítez, celebró la puesta en marcha de la iniciativa y convocó a la participación. «Hoy abrimos una capacitación para adultos mayores que ya está habilitada en nuestra página del IPAP, donde hemos articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, Políticas Públicas de Adultos Mayores y Función Pública». Asimismo, destacó que «esta capacitación es tan importante, ya que vamos a fomentar el trato digno y respetuoso de los adultos mayores», agregó.
Benítez también remarcó el carácter inclusivo de la propuesta. «Esta es modalidad virtual, dirigida a todo el personal de las residencias de la provincia y también al público privado», indicó.
En la misma línea, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, remarcó que la capacitación será obligatoria para agentes del sector público e invitó al sector privado a adherirse.
A su turno, el Ministro Juan Pablo Muena enmarcó la iniciativa dentro de una política pública más amplia. «Esto está enmarcado dentro de una política pública que lleva adelante el gobernador Alberto Weretilneck, en donde a través de esta ley tenemos que llevar adelante estas capacitaciones para el cuidado de nuestros adultos mayores». Además, destacó que la modalidad virtual permitirá que cada participante realice el curso según su disponibilidad.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que impulsa el Gobierno provincial para garantizar derechos, promover el respeto y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo Río Negro.
Política
La Provincia resolvió trámites a más de 600 familias roquenses en el marco del Programa Cerca
La jornada se desarrolló en la Escuela 350 de Chacramonte.

El programa provincial Cerca reunió a una gran cantidad de vecinos y vecinas en el barrio Chacramonte de General Roca, donde más de 600 familias pudieron resolver trámites y acceder a servicios en una misma jornada.
La actividad -impulsada por la Secretaría General del Gobierno Provincial- se desarrolló en la Escuela Primaria N° 350, con un movimiento constante durante todo el día y una alta demanda en gestiones vinculadas a documentación, trámites de DNI, consultas sobre vivienda, servicios y programas provinciales.

El operativo integró a organismos como el Registro Civil, IPPV, Aguas Rionegrinas, el Ministerio de Salud, SENAF, el área de Discapacidad, IPAP, IUPA y equipos de SIARME, que brindaron atención directa, asesoramiento y capacitaciones. Se realizaron controles de salud, vacunación, acciones de prevención, acompañamiento en trámites sociales y espacios de formación como cursos de primeros auxilios y RCP.

El secretario General, Nelson Cides, destacó que la llegada del programa respondió a una demanda concreta de la comunidad. «Volvimos porque la gente lo pide. Tiene que ver con poder resolver trámites en el momento, sin intermediarios y cerca de la casa», dijo.

Gremios
714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.

En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.








