Judiciales
Muerte en una obra en construcción: Indemnizarán con casi 3 millones a la familia del albañil
La víctima recibió una descarga y murió electrocutado.
La familia del hombre que murió electrocutado en una obra en construcción en Cipolletti será resarcida por una suma cercana a los tres millones. En el fuero Civil se probó que la empresa encargada de transportar el hormigón fue responsable del episodio ya que se produjo una descarga por el contacto o la cercanía entre la grúa y una línea de media tensión. La compañía de seguros apeló, pero un nuevo tribunal desestimó los argumentos y confirmó el fallo.
La víctima, de 45 años, estaba construyendo la platea junto a otros albañiles. El propietario contrató a una empresa para que descargara el hormigón, maniobra que se realiza con un camión con grúa y un manguerón por donde sale el cemento.
Los testigos afirmaron que otro obrero le dio esa manguera y que cuando el damnificado la manipuló, recibió una descarga y murió electrocutado.
Los informes del gabinete de Criminalística y los de Edersa, la compañía que distribuye la energía, indicaron que la pluma del camión pasaba por sobre el cable de tensión eléctrica. Y que la “salida del servicio” se produjo porque una hidrogrúa “elevó en demasía el brazo o dispositivo que soporta la manga de descarga de material y tocó o rozó con el mismo una fase de la Línea de Media Tensión provocando el corte de dicho apéndice”.
En cuanto a los riesgos eléctricos concluyeron que no es necesario tocar un elemento de tensión para electrocutarse. Simplemente con acercarse lo suficiente a una instalación eléctrica energizada y sin protección, puede provocar un arco eléctrico y paso de corriente.
En el caso algunos testimonios aseguraron que la grúa había tocado los cables y que vieron chispas, sin embargo, otros negaron esa situación.
El manual de buenas prácticas de la industria eléctrica indica que al trabajar en el manejo de grúas en las proximidades de las líneas eléctricas aéreas deben tenerse presente las distancias de seguridad, que va desde los 0,80 metros hasta los 3,60 metros de distancia dependiendo de la línea de tensión que se trate.
Sobre la base de esas conclusiones, el fallo del Juzgado Civil N°1 de Cipolletti consideró que la empresa del hormigón fue responsable por no respetar esa distancia mínima al operar con la grúa. Por ello la compañía y su aseguradora fueron condenadas a resarcir a la esposa del trabajador fallecido por la suma de $2.840.915,16. Eso incluye los rubros del valor vida o pérdida de chance, el daño moral, tratamiento psicológico y gastos de sepelio.
La aseguradora interpuso un recurso de apelación. Planteó que el incidente había sido por culpa de la víctima y cuestionó la valoración de las pruebas. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil desestimó esos argumentos. Entre otras cuestiones sostuvo que el fallo de primera instancia realizó un serio análisis en atención a la complejidad probatoria de la causa.
Judiciales
Nuevos elementos del celular de la víctima reconfiguran la investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal
El juez de Garantías declaró la causa como compleja y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. La medida se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación, principalmente el análisis del celular de la víctima, que permitió precisar detalles sobre el hecho y las responsabilidades de cada imputado.
Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19.48 y las 20.23, en una zona ubicada detrás de la defensa aluvional. En ese lapso, cuatro hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan previamente ideado por una quinta persona.
Dobra fue arrastrado y abandonado detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones en el cráneo. Posteriormente, los agresores se apoderaron de su automóvil y lo utilizaron para ingresar a su departamento, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.
Además, se acreditó que un sexto implicado omitió brindar información sobre el paradero de la víctima pese a conocer lo ocurrido, mientras que un séptimo hombre ocultó el vehículo sustraído en una vivienda de calle Urquiza.
El análisis del celular, clave para el avance de la causa
El avance de la investigación se fortaleció a partir del trabajo técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que logró acceder al contenido del celular de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior.
Del dispositivo se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan directamente a los imputados entre sí y con la víctima.
La información fue cotejada con testimonios, informes del 911 y pericias previas, confirmando la hipótesis del Ministerio Público.
También se hallaron mensajes entre los acusados donde coordinaban acciones posteriores al homicidio, como ocultar el vehículo e incluso intentar incendiarlo.
7 imputados y causa declarada compleja
Dos de los implicados fueron acusados de homicidio triplemente agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores). A uno de ellos se le sumó el cargo de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.
Tres personas menores de edad fueron imputadas por los mismos delitos en concurso real con hurto calificado, y un cuarto adolescente también fue acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los dos restantes fueron imputados por encubrimiento agravado.
Durante la audiencia, las partes debatieron sobre la complejidad del caso. Finalmente, el juez de Garantías admitió la reformulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.
El magistrado también resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, y mantener las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Judiciales
Fue liberado al mediodía y volvió a ser detenido horas después
Un hombre con antecedentes por violencia y daños fue arrestado nuevamente tras violar una orden judicial y causar destrozos en una vivienda de la zona rural.
Personal de la Comisaría 22º de Cervantes detuvo nuevamente a un hombre por desobediencia judicial y daños, pocas horas después de haber recuperado la libertad por una causa de similares características.
El hecho ocurrió durante la tarde del martes (04/11), cuando la unidad policial recibió un llamado alertando sobre disturbios en una chacra ubicada en la zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba causando daños en una vivienda, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia ese domicilio.
El hombre había forzado y dañado la puerta de ingreso, por lo que fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.
De acuerdo con la información oficial, el mismo sujeto había sido liberado horas antes, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías de General Roca, tras haber estado detenido por otro hecho de similares características.
Intervino en el caso la Fiscalía N° 7, que dispuso que el hombre permanezca nuevamente detenido mientras avanza la investigación.
Judiciales
Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado
El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.
El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.
El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.
La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.
