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Trabajó sin estar registrada, reclamó y su empleadora respondió que nunca la vio: Ahora recibirá triple indemnización

La Cámara condenó a la dueña de una Residencia a pagar una indemnización de más de 2,4 millones de pesos.

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Una mujer trabajó cinco años sin estar debidamente registrada en un geriátrico, cobrando por debajo de la escala salarial y haciendo horas extras sin compensación. Según relató en su demanda, cada vez que reclamaba por sus derechos laborales, la dueña de la residencia amenazaba con despedirla, hasta que finalmente lo hizo.

Tras analizar la documentación y testimonios presentados por la trabajadora, la Cámara Laboral Segunda de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora no sólo por el despido sin justa causa y los salarios liquidados por debajo de la escala, sino que triplicó la indemnización porque la relación laboral no estaba registrada, porque la mujer fue despedida durante la vigencia de un decreto nacional de emergencia ocupacional y porque fue forzada a hacer un juicio para hacer valer sus derechos.

En el juicio se tuvo por probado que la mujer llevaba cinco años trabajando como “asistente geriátrica”, tarea que incluía limpiar las habitaciones y demás dependencias del asilo y servir alimentos, cuidar, vestir, higienizar, suministrar medicamentos y efectuar curaciones a los ancianos y las ancianas allí alojados. Trabajaba 6 horas, de lunes a lunes, con un franco semanal. A veces hacía horario nocturno y horas extras, pero no se lo pagaban correctamente. Como su contrato no estaba registrado, no percibía aportes, aguinaldos ni los beneficios de la seguridad social.

“La desidia y el comportamiento desaprensivo de la empleadora no sólo privó a su trabajadora de tener una adecuada respuesta frente a los reclamos efectuados, sino que además le vedó la posibilidad gozar de vacaciones pagas, licencias adecuadas, de los correspondientes SAC, obra social, jubilación, entre muchos otros beneficios”, advirtió la Cámara en su sentencia. “Quedó demostrado que la demandada menospreció el trabajo, la integridad psicofísica y la salud de su dependiente”, señaló el fallo.

De la demanda surge que, tras ser despedida verbalmente, la mujer le envió una carta documento a la dueña del asilo. Le reclamó que blanquee la relación laboral y que le pague todos los rubros adeudados “bajo apercibimiento de considerarse despedida”. Ese mismo día recibió como respuesta otra carta documento donde la empleadora desconoció el trabajo realizado por la asistente geriátrica y además dijo “no haberla visto nunca”.

Como no prosperó la audiencia de conciliación llevada adelante ante la Delegación de Trabajo, la mujer tuvo que iniciar el expediente judicial. Tras evaluar las pruebas que presentó la afectada, y ante el absoluto silencio de la demandada, quien no contestó la demanda dentro del plazo legal, la Cámara condenó a la dueña del asilo a pagar una indemnización de más de 2,4 millones de pesos.

Esa suma incluye la indemnización básica por el despido sin causa, la falta de preaviso, los salarios y aguinaldos no percibidos, los reajustes de haberes que había cobrado por debajo de la escala salarial los últimos dos años y los intereses acumulados.

Pero además se sumaron tres agravantes previstos por las leyes laborales: una duplicación de la indemnización básica por la falta de registración del empleo, un 50% más por haber obligado a la trabajadora a reclamar por la vía judicial y otra duplicación por haberla despedido durante la vigencia del decreto de emergencia pública en materia ocupacional, que fue dictado en 2019 por el Ejecutivo Nacional y ha sido prorrogado sucesivamente hasta la actualidad.

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Chocaron en la esquina de un boulevard y una doble mano: ¿Quién tiene la culpa?

Uno de los conductores implicados deberá pagar más de 6 millones de pesos.

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Comenzaba febrero y faltaban 5 minutos para las 13 horas. Una conductora circulaba por el boulevard Contín desde la Universidad del Comahue hacia calle Caseros, en Viedma. Otro vehículo que venía por Alvear ya había atravesado la mitad del boulevard. Ningún vehículo frenó y colisionaron. Un fallo civil debió establecer quien tiene la culpa.

Por Contín circulaba un Renault Clio. Su dueña inició un litigio por daños y perjuicios. «A su entender, el demandado evidentemente ya había cruzado la primera arteria del boulevard y sin detener la marcha al intentar avanzar sobre la segunda arteria por donde se encontraba circulando la embiste», consta en el expediente.

Indicó que el conductor del Chevrolet Prisma «conducía a excesiva velocidad y no detuvo su marcha al cruzar el boulevard, sin respetar la prioridad de paso».

Describió que producto del impacto sufrió «lesiones en su antebrazo izquierdo y en múltiples partes del cuerpo por las que tuvo que recibir atenciones médicas prolongadas en el tiempo, como así también daños materiales en el rodado que imposibilitó que lo utilizara». Todo ello provocó «un cambio en su vida y la de su familia».

El otro automovilista no se presentó ante las reiteradas citaciones judiciales. Sí lo hizo la aseguradora. Afirmó que el Prisma ya había comenzado el cruce y que el Clío debía frenar.

El fallo tomó en cuenta la pericia accidentológica y las actas policiales. Concluyó que la prioridad de paso era de la conductora del Clío. Así queda claro viendo las fotografías anexadas al expediente.

«Al tratarse de un boulevard en el que existe un cantero de considerable dimensión entre los dos carriles de circulación, el conductor del Chevrolet Prisma tenía una amplia posibilidad de visualizar el tránsito que venía desde su mano derecha luego de atravesar la primera vía de dicho boulevard. Por lo tanto, surge evidente la impudencia de su parte al atravesar la encrucijada sin advertir el paso del Fiat Palio que tenía prioridad de paso viniendo desde su derecha», dice la sentencia.

Posteriormente, analizó los daños a resarcir. Tuvo en cuenta informes médicos, del empleador de la señora, los daños materiales al vehículo y los gastos afrontados.

Finalmente, condenó al conductor y a la aseguradora a abonar más de 6 millones y medio de pesos por la incapacidad sobreviniente, el daño moral, gastos médicos y privación de uso del vehículo. Además, dispuso que se cuantifiquen y actualicen los daños al vehículo para sumarlos a la indemnización.

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Subieron los divorcios en Río Negro: El último año hubo 1.529 sentencias que pusieron fin a un matrimonio

En 2023 se registraron más de 300 divorcios que el 2022.

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Los 16 organismos del fuero de Familia de Río Negro dictaron 1.529 sentencias de divorcio el último año. En comparación, en 2022 hubo 1.204 fallos que pusieron fin a un matrimonio. Este tipo de trámites se canaliza en los juzgados de Familia, Unidades Procesales y juzgados Multifueros.

La disolución del matrimonio está contemplada en el Capítulo 8, artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. El divorcio, que debe ser declarado judicialmente, es una de las causas que pone fin al matrimonio. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez o jueza de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.

En 2020, que fue el año de la pandemia, se firmaron 910 divorcios. En ese momento se registró una baja en las disoluciones matrimoniales. En comparación, en 2020 se registraron 476 divorcios menos que en 2019.

Mientras que en 2021 el número volvió a subir: hubo 1.333 divorcios. En 2022, en cambio, se contabilizaron 1.204, es decir que bajaron en relación al periodo anterior. En 2023 subieron nuevamente a 1.529 sentencias.

En tanto en 2019 hubo 1.386 divorcios, en 2018 se contabilizaron 1.426, en 2017 1.395, en 2016 1.400, en 2015 903 y en 2014 1.078 disoluciones matrimoniales.

El fuero de Familia posee 16 organismos para atender la conflictividad de toda la provincia. Pero en esta temática solo se consignan los divorcios ya que los matrimonios se realizan ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas.

En Viedma funcionan tres unidades procesales, en San Antonio un Juzgado Multifueros, otras tres unidades procesales en Roca, un Juzgado de Familia en Villa Regina y otro en Luis Beltrán, tres unidades procesales en Bariloche, un juzgado Multifueros en El Bolsón y otras tres unidades procesales en Cipolletti.

La información surge del informe estadístico del Centro de Planificación Estratégica que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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Condena a empresa que le dio dos días a su empleada para mudarse de ciudad si quería mantener el trabajo

La firma médica cerró una sucursal en Bariloche y le exigió a la trabajadora que se traslade de manera urgente al Valle.

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Una empresa dedicada a brindar servicios relacionados a la salud deberá indemnizar a una profesional instrumentadora quirúrgica por despido arbitrario y sin causa. De manera intempestiva, la empresa le comunicó a la trabajadora su traslado laboral desde Bariloche a una ciudad del Alto Valle.

La profesional asistía a médicos de distintos centros asistenciales en cirugías. Previo a esta labor, también tenía la responsabilidad de realizar la logística del retiro de las cajas de instrumental que le eran enviadas desde Cipolletti, sede central de la empresa.

Más adelante, la empresa le comunicó que la sucursal de Bariloche iba a cerrar, por lo que debía presentarse a trabajar en la sede central de Cipolletti en el plazo de 48 horas. Esta situación fue considerada por la trabajadora en un acto abusivo del poder o facultad que a la empresa le asistía. Envió notificaciones al respecto.

La empresa demandada negó los hechos invocados por la instrumentadora y alegó que intimó a la trabajadora a presentarse a trabajar en la ciudad de Cipolletti en aras de continuar la relación laboral. Aludió a la situación económica para cerrar la oficina en Bariloche. Luego, la despidió por abandono de trabajo.

Fundamentos del fallo

La Cámara Segunda del Trabajo concluyó que «estamos ante un despido que se puede calificar de arbitrario y sin causa, ello en tanto no se dan los requisitos para considerar configurado y ajustado a derecho el abandono de trabajo invocado por la empresa».

El testimonio de los profesionales médicos con los que trabajó la instrumentista fue uno de los elementos valorados por el Tribunal.

Del reclamo efectuado prosperaron los rubros en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, sueldo anual complementario, días trabajados, integración mes de despido y su SAC proporcional.

Además, la multa prevista en la legislación laboral, toda vez que FM Medical obligó de manera injustificada a la trabajadora a litigar hasta esta instancia a los fines de obtener el reconocimiento de sus derechos.

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