Judiciales
Trabajó sin estar registrada, reclamó y su empleadora respondió que nunca la vio: Ahora recibirá triple indemnización
La Cámara condenó a la dueña de una Residencia a pagar una indemnización de más de 2,4 millones de pesos.
Una mujer trabajó cinco años sin estar debidamente registrada en un geriátrico, cobrando por debajo de la escala salarial y haciendo horas extras sin compensación. Según relató en su demanda, cada vez que reclamaba por sus derechos laborales, la dueña de la residencia amenazaba con despedirla, hasta que finalmente lo hizo.
Tras analizar la documentación y testimonios presentados por la trabajadora, la Cámara Laboral Segunda de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora no sólo por el despido sin justa causa y los salarios liquidados por debajo de la escala, sino que triplicó la indemnización porque la relación laboral no estaba registrada, porque la mujer fue despedida durante la vigencia de un decreto nacional de emergencia ocupacional y porque fue forzada a hacer un juicio para hacer valer sus derechos.
En el juicio se tuvo por probado que la mujer llevaba cinco años trabajando como “asistente geriátrica”, tarea que incluía limpiar las habitaciones y demás dependencias del asilo y servir alimentos, cuidar, vestir, higienizar, suministrar medicamentos y efectuar curaciones a los ancianos y las ancianas allí alojados. Trabajaba 6 horas, de lunes a lunes, con un franco semanal. A veces hacía horario nocturno y horas extras, pero no se lo pagaban correctamente. Como su contrato no estaba registrado, no percibía aportes, aguinaldos ni los beneficios de la seguridad social.
“La desidia y el comportamiento desaprensivo de la empleadora no sólo privó a su trabajadora de tener una adecuada respuesta frente a los reclamos efectuados, sino que además le vedó la posibilidad gozar de vacaciones pagas, licencias adecuadas, de los correspondientes SAC, obra social, jubilación, entre muchos otros beneficios”, advirtió la Cámara en su sentencia. “Quedó demostrado que la demandada menospreció el trabajo, la integridad psicofísica y la salud de su dependiente”, señaló el fallo.
De la demanda surge que, tras ser despedida verbalmente, la mujer le envió una carta documento a la dueña del asilo. Le reclamó que blanquee la relación laboral y que le pague todos los rubros adeudados “bajo apercibimiento de considerarse despedida”. Ese mismo día recibió como respuesta otra carta documento donde la empleadora desconoció el trabajo realizado por la asistente geriátrica y además dijo “no haberla visto nunca”.
Como no prosperó la audiencia de conciliación llevada adelante ante la Delegación de Trabajo, la mujer tuvo que iniciar el expediente judicial. Tras evaluar las pruebas que presentó la afectada, y ante el absoluto silencio de la demandada, quien no contestó la demanda dentro del plazo legal, la Cámara condenó a la dueña del asilo a pagar una indemnización de más de 2,4 millones de pesos.
Esa suma incluye la indemnización básica por el despido sin causa, la falta de preaviso, los salarios y aguinaldos no percibidos, los reajustes de haberes que había cobrado por debajo de la escala salarial los últimos dos años y los intereses acumulados.
Pero además se sumaron tres agravantes previstos por las leyes laborales: una duplicación de la indemnización básica por la falta de registración del empleo, un 50% más por haber obligado a la trabajadora a reclamar por la vía judicial y otra duplicación por haberla despedido durante la vigencia del decreto de emergencia pública en materia ocupacional, que fue dictado en 2019 por el Ejecutivo Nacional y ha sido prorrogado sucesivamente hasta la actualidad.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Judiciales
Negó ser el padre, murió durante el juicio y una prueba de ADN confirmó la paternidad
Antes de su fallecimiento, los progenitores habían firmado un acuerdo sobre distintos aspectos, entre ellos el nombre con el que quedaría inscripta la niña.
La búsqueda de una madre por la identidad de su hija comenzó con una respuesta negativa. Cuando la niña tenía cuatro meses, la mujer le comunicó al hombre con quien había mantenido una relación que era el padre. Él rechazó esa posibilidad. Le dijo que tenía un problema orgánico que le impedía tener hijos. Con ese argumento, no asumió la paternidad.
Frente a esa negativa, la mujer inició un recorrido para que su hija tuviera reconocida su identidad y su vínculo paterno. Recurrió al Poder Judicial y, en representación de la niña, promovió una acción de filiación. De esta manera, el fuero de Familia de Villa Regina ordenó una prueba genética para determinar si existía el vínculo biológico.
Antes de que el proceso llegara a una sentencia, el hombre falleció. La mujer informó su muerte en y presentó el acta de defunción. También acompañó un acuerdo que ambos habían firmado unos meses antes. Allí habían establecido, entre otras cuestiones, el nombre con el cual quedaría inscripta la niña.
Durante el trámite judicial se ordenó una extracción de muestras y el análisis molecular de ADN. La pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro determinó una probabilidad de vínculo biológico de paternidad superior al 99,99998 por ciento. El resultado no recibió objeciones de las partes.
El fallecimiento del hombre no impidió que el expediente continuara. Se suspendió la tramitación y se citó a sus herederos. Luego se ordenó la publicación de edictos y, ante la eventual existencia de sucesores, se designó un Defensor de Ausentes. La Defensoría Oficial asumió esa representación. Antes de la sentencia, el Defensor de Menores e Incapaces dictaminó que correspondía hacer lugar a la acción de filiación.
Con la prueba genética como elemento central, el fuero de Familia tuvo por acreditado que el hombre era el progenitor biológico de la niña. La sentencia destacó el valor de este tipo de estudios para establecer la denominada verdad biológica y señaló que el resultado obtenido aportaba una certeza casi absoluta sobre la paternidad.
El fallo también hizo lugar a la incorporación del apellido paterno. De acuerdo con lo que los progenitores habían pactado antes del fallecimiento del hombre, la niña llevará un apellido compuesto, primero el materno y luego el paterno.
La jueza ordenó librar oficio y testimonio al Registro Civil para que se modifique la inscripción correspondiente y dispuso que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado.
