Judiciales
Confirmaron condenas de 12 años de prisión para los asesinos del policía retirado Navarrete
La víctima trabajaba como sereno en una obra en construcción del barrio Entre Aguas 3 de Roca cuando fue atacado por los homicidas.
El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de 12 años de prisión contra los dos hombres condenados por el homicidio en ocasión de robo del que resultó víctima el policía retirado Sergio Navarrete, quien fue atacado mientras trabajaba como sereno en una obra en construcción en la zona oeste de Roca.
Según se acreditó, la madrugada del 4 de diciembre de 2020 los imputados Andrés Estrada y Maximiliano Espinoza arribaron a la obra ubicada en el barrio Entre Aguas 3 con el objetivo de “apoderarse de bienes ajenos, munidos de una cadena y un hacha”. Allí intentaron reducir al sereno, quien intentó defenderse con una pistola calibre 9 mm. que portaba por su condición de policía jubilado. En el forcejeo, el arma fue disparada un total de 10 veces. Navarrete sufrió al menos 19 lesiones causadas por golpes y varios disparos. Uno de ellos, en una pierna, le causó la hemorragia que desencadenó su muerte. En tanto que Estrada sufrió una lesión en la cabeza y un disparo en el muslo izquierdo. “Ambos agresores se dieron a la fuga del lugar, llevándose consigo el arma de fuego del sereno”, indica la sentencia.
La defensa particular de Espinoza cuestionó en su impugnación que el Tribunal de Juicio de Roca “aceptara como prueba de cargo la declaración de Estrada como un elemento de juicio que corrobora la participación de Espinoza”, afirmando que la declaración del coimputado “no es creíble ni se sustenta sobre prueba independiente que avale su veracidad”. También cuestionó una pericia sobre una huella de pisada en el lugar del hecho, que se atribuyó a una zapatilla secuestrada en la casa de su cliente, y el modo en que se incorporó como prueba en su contra un audio de Whatsapp extraído del teléfono de su madre. En suma, pidió la absolución de Espinoza o una drástica reducción en la calificación legal.
La defensa particular de Estrada, por su parte, cuestionó que se lo haya condenado como coautor del homicidio. Afirmó que el acusado reconoció que tenían intenciones de robar, pero que se fue del lugar tras recibir un disparo, “desconociendo lo que ocurrió después” y sin ser “consciente de que estaba dejando desangrar a Navarrete”. Solicitó inicialmente la absolución de su cliente por el beneficio de la duda y, de modo subsidiario, la aplicación de la pena mínima.
El Tribunal de Impugnación analizó y descartó cada uno de los agravios. Concluyó que la sentencia que habían dictado en Roca los tres jueces de juicio “resulta una derivación razonada del derecho vigente en el marco de las pruebas rendidas en el juicio”.
Además, confirmó que toda la prueba “fue producida y realizada sin violación a garantías constitucionales” y que “no existe en la causa ninguna razón atendible para sospechar que Estrada quisiera involucrar falsamente a Espinoza en haber intervenido juntos en este robo”.
“Es la suma de indicios precisos, convergentes y concordantes lo que lleva a afirmar que esta sentencia cumple con el principio de razón suficiente para determinar la coautoría” de ambos acusados, dijo el TI, destacando que “el razonamiento de la sentencia se presenta sin fisura alguna”.
Judiciales
Confirmaron la prisión preventiva del policía acusado de estar involucrado en un violento robo ocurrido en Cipolletti
El efectivo fue detenido en una Comisaría de Roca donde prestaba funciones.
El policía acusado por el delito de robo agravado que tuvo como víctimas a dos adultos mayores de Cipolletti continuará en prisión preventiva. Ayer (16/04) se revisó la medida cautelar y el juez que condujo la audiencia confirmó la misma. También levantó la reserva dispuesta inicialmente respecto de la imagen y los datos personales del imputado.
Inicialmente, el juez de garantías admitió los cargos contra Enzo García, un policía acusado de participar en un violento robo ocurrido en Cipolletti el 20 de marzo. El hecho, que involucró el uso de un arma de fuego y una supuesta simulación de ser personal de ANSES, terminó con lesiones graves en una de las víctimas, quien permanece internada con pronóstico reservado.
Según la acusación de la Fiscalía, «el agente policial coordinó el accionar delictivo junto a otras dos personas aún no identificadas». El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el centro de Cipolletti donde los tres hombres arribaron a bordo de una camioneta.
Dos de ellos descendieron y, valiéndose de un engaño relacionado con una falsa denuncia en ANSES, ingresaron por la fuerza al domicilio. Uno vestía un uniforme policial. Mientras uno de los intrusos amenazaba con un arma a la persona residente, otro inmovilizó a la propietaria mediante agresiones físicas para llevarla a la habitación donde guardaba dinero. Posteriormente, accedieron a una caja fuerte en el primer piso, de donde también sustrajeron objetos de valor.
La Fiscalía sostuvo que el imputado permaneció en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia y habría facilitado el uniforme utilizado por uno de los autores materiales del robo. Luego de consumado el hecho, todos abandonaron el lugar con los bienes sustraídos.
Durante la secuencia, una de las víctimas sufrió un accidente cerebrovascular, además de lesiones en el cuello y el cráneo. El informe médico correspondiente confirmó su internación en una clínica de la ciudad.
Las evidencias presentadas incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios, elementos secuestrados en allanamientos y la identificación del imputado mediante un pago electrónico realizado en un local cercano al lugar del hecho. Entre los elementos incautados se encontraron armas, vestimenta policial, cartuchos de diferentes calibres y dispositivos de uso táctico. El policía García fue detenido por la Fiscalía en la propia Comisaría de Roca en la que prestaba funciones.
El Ministerio Público calificó los hechos como robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda. Sindicó al imputado como coautor.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías dispuso la reserva de los datos personales del imputado y de su imagen debido a que restaban medidas investigativas. Entre ellas se mencionó la realización de una rueda de reconocimiento.
Audiencia de revisión
El juez de juicio que revisó las actuaciones levantó la reserva. El fiscal invocó que ya no había medidas pendientes que impidieran la publicidad absoluta de la audiencia. En consecuencia los medios pudieron cubrir sin restricciones.
El magistrado, para resolver, consideró el principio de publicidad que impone el código procesal penal, la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia respecto del acceso a la información pública y el Código Civil, que regula el ejercicio del derecho a informar.
Judiciales
Amenazó con un arma blanca a su ex pareja y abusó de ella
El sujeto ya tenía una medida de prohibición de acercamiento a la víctima.
Ayer (16/04) al mediodía imputaron a un sujeto acusado de amenazar, golpear y abusar sexualmente de una mujer, sobre la cual tenía prohibición de acercamiento. Continuará detenido por el período de 4 meses, mientras continúa el proceso judicial
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido el viernes pasado (11/04), durante la tarde, cuando la víctima se acercó a la casa que compartía con el imputado y éste «aprovechándose de su superioridad física, la desigual relación de poder y la vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer, la golpeó provocándole lesiones de carácter grave», describió la fiscal.
Asimismo, el sujeto «amenazándola con un arma blanca, abusó de la mujer», agregó la Fiscalía.
La calificación legal propuesta y por la cual quedó imputado es la de «lesiones graves doblemente calificadas por la relación de pareja y por ser cometidas por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, coacción agravada por el uso de arma, desobediencia a una orden judicial todo en concurso real y en el marco de violencia de género», según los Artículos 45, 55, 90 en función del art. 92 y 80 inc 1 y 11, 119 3er., 4to. párrafo inc. d, 149 bis 2do párrafo, 149 ter 1er. supuesto y 239 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio presentado por la Fiscalía para sostener esta acusación se encuentra el informe victimológico de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), el legajo del Juzgado de Familia donde estaban determinadas medidas cautelares de prohibición de acercamiento que el hombre desobedeció, informe del Cuerpo de Investigación Forense de la 2° Circunscripción Judicial respecto de las lesiones que presenta la víctima.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado teniendo presente el posible entorpecimiento a la investigación y la normativa internacional, nacional y provincial que llama al Estado a proteger a las víctimas de violencia de género.
A su turno, el defensor penal público que asistió al hombre durante la audiencia se opuso a la preventiva y propuso otras medidas menos gravosas.
Por su parte, el juez interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos fiscales y determinó el plazo de preventiva en el mismo sentido que lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, por 4 meses.
Judiciales
Cesantearon a una empleada judicial por tener tres empleos en simultáneo
La situación se descubrió por controles internos luego que la mujer registrara más de 400 de días de licencia en poco más de 4 años, por cuestiones de salud y de atención familiar.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió la cesantía de una empleada judicial de la Cuarta Circunscripción, tras comprobar que registraba tres empleos en simultáneo. Además, ordenó remitir el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia para que analice si la situación generó un perjuicio económico al erario público.
La mujer durante la pandemia se mudó a otra provincia. La situación se descubrió por controles internos luego que la mujer registrara más de 400 de días de licencia en poco más de 4 años, por cuestiones de salud y de atención familiar.
En el proceso disciplinario se verificó que figuraba como trabajadora en el Poder Judicial, en una Municipalidad de la Provincia de Neuquén y en la obra social de los petroleros de esa provincia.
En 2019 registró más de 100 días de licencia. Luego, con la pandemia, se mudó a una ciudad neuquina y desde allí desarrolló tareas. En 2022 usufructuó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes. Cuando requirió una extensión, le fue denegada. Pero al inicio del año siguiente hizo uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, totalizando más de 255 días. Finalmente, usufructuó más de 150 días de licencia sin goce de haberes, con certificado médico.
La agente admitió el múltiple empleo en su declaración y dio cuenta de las situaciones de salud propias y de allegados. Dijo que desconocía que estaba violando disposiciones con los distintos trabajos registrados. Aseguró que en el último tiempo solicitó licencia sin goce de haberes.
El máximo órgano judicial determinó que hubo una incompatibilidad legal establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública.
Las investigaciones dieron cuenta de que la agente figuraba con múltiples empleadores según los registros previsionales y las bases de datos de AFIP y ANSES.
En el proceso se solicitaron informes a los organismos tributarios y de seguridad social para determinar la cantidad de empleadores, los aportes registrados y otros antecedentes vinculados.
