Judiciales
Aserradero 1° de Mayo: La Justicia confirmó que no hay fecha definida de desalojo
Aunque si ordenó el procedimiento la resolución no está firme, ya que la Cooperativa cuenta con un plazo legal para interponer eventuales recursos.
Agotadas las cuatro instancias formales de diálogo que el Poder Judicial habilitó desde 2019, y vencido el plazo final de 90 días que el Juzgado había otorgado a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo de Roca para restituir voluntariamente el predio donde funciona el aserradero de la asociación, el pasado lunes (9/05) la titular del Juzgado Civil N° 1, Dra. María del Carmen Villalba, ordenó el desalojo del predio ubicado en la calle Alsina al 2900.
La fecha de desalojo no está definida porque la resolución no está firme, ya que la Cooperativa cuenta con un plazo legal para interponer eventuales recursos. Además, previo a desalojar, el demandante -a quien se restituirá el predio- deberá desocuparlo, trasladando la maquinaria, materias primas y demás elementos de la Cooperativa a un lugar de depósito hasta tanto la asociación posea un nuevo lugar para radicarse. Cumplido ese paso, el Ministerio de Seguridad de la Provincia deberá presentar un plan de seguridad para concretar el desalojo con auxilio policial, en caso de que para entonces no se hubiese desocupado voluntariamente el predio.
Plazos agotados
En noviembre de 2021 el Juzgado había otorgado un plazo de 90 días para que la Cooperativa “desocupe de manera pacífica el predio y poder hacer entrega del bien inmueble al actor”, evitando así un desalojo con auxilio de la fuerza pública. La concesión del plazo tuvo en cuenta “que se trata de una Cooperativa de Trabajo conformada por aproximadamente 40 socios, que implica 40 grupos familiares; que deben transportar maquinarias de cierto peso y envergadura, maderas de gran porte y materiales varios” y “el impacto social que puede provocar esta decisión”.
En 2020 quedó firme de manera irreversible la sentencia original de la Cámara Civil de Roca que ordenó el desalojo de las tierras, por lo que las instancias de diálogo posteriores no fueron para volver a discutir algún derecho de permanencia de la Cooperativa en el predio, sino para tratar de consensuar cuándo y cómo se concretaría la restitución.
“Luego de dos años y cuatro meses, aún la demandada continúa con su letargo, parálisis e insensibilidad para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, escudándose en derechos que le han sido adversos. Este período ha sido desaprovechado y malgastado en gestiones inútiles que no han aportado resultados positivos para la Cooperativa”, explica la última resolución de la jueza María del Carmen Villalba.
En noviembre se había definido que el plazo para la entrega vencía “indefectiblemente” el 11 de febrero de 2022, “bajo apercibimiento de ordenar de manera inmediata el desahucio”. Agotado ese plazo, el 16 de febrero la parte que impulsa el desalojo solicitó que se efectivice el desahucio. Entonces la Cooperativa solicitó la apertura de una nueva instancia de espera –puntualmente pidió “que se convoque a una mesa de diálogo con el Estado Provincial, Municipal y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma”- y pidió una nueva prórroga, que esta semana fue denegada.
La jueza desarrolló en su resolución el principio de “buena fe” que debe regir la conducta de todas las partes en un proceso judicial y recordó que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”. En ese marco dispuso: “Como argumento jurídico para rechazar este nuevo pedido de prórroga, con fundamentos en utopías de imposible cumplimiento, se puede señalar el ejercicio abusivo del derecho que ha hecho la parte demandada, autojustificándose en derechos no reconocidos para mantenerse en la ocupación”.
“La Cooperativa 1° de Mayo reiteradamente ha incumplido con la sentencia dictada en autos y, como ya se expresara en la sentencia del 11 de noviembre, la paciencia tiene un límite y este ha sido superado”, concluyó.
La historia del proceso
La demanda de desalojo se presentó en 2014 y finalizó con un fallo de la Cámara Civil a favor de Mario Leonardo López. Esa sentencia quedó firme en 2020 y no fue cumplida voluntariamente. A raíz de esa situación se inició el actual proceso sumarísimo de Ejecución de Sentencia, para poder hacer cumplir el fallo original.
El pasado 8 de noviembre la parte actora solicitó el “inmediato desalojo”, alegando que “su parte ha procurado por distintas vías lograr una solución pacífica al conflicto, con participación de distintos organismos públicos” y “pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado aún un acuerdo consensuado para la entrega del bien”.
El 11 de noviembre se dictó la Resolución que puso fecha límite (11 de febrero de 2022) para la entrega de las tierras. Allí se realizó, además, una cronología del expediente y de las múltiples instancias conciliatorias que se habilitaron. Entre las más relevantes se enumeraron:
– El 7 de mayo de 2019, la jueza Civil Villalba, en primera instancia, rechazó la demanda de desalojo promovida por López contra la Cooperativa. López apeló.
– El 9 de diciembre de 2019, la Cámara Civil de Roca hizo lugar a la apelación de López, revocó la sentencia de primera instancia y dio curso al desalojo. Previendo “el impacto social” de la decisión, la Cámara abrió una instancia de diálogo. Ordenó que la Provincia y el Municipio participen para “establecer las modalidades en que se efectivizará el desalojo” y previó que “en caso de no arribarse a un acuerdo sobre las modalidades de la ejecución”, la jueza Villalba debía poner un plazo para concretar el desalojo. Esa sentencia quedó firme a mediados de 2020.
– Una segunda instancia de diálogo se abrió el 16 de octubre de 2020 en una audiencia de la que participaron ambas partes, más representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Allí se pactaron 60 días más para dialogar, pero no se alcanzó ningún acuerdo.
– Vencido aquel plazo, se abrió una tercera instancia de diálogo a partir de junio de 2021, que tampoco tuvo éxito.
– En noviembre de 2021 se otorgaron los últimos 90 días para desalojar voluntariamente.
“Surge claro del derrotero procesal del presente desalojo que se han arbitrado todos los medios posibles para lograr una solución consensuada para evitar males mayores”, señaló la jueza en aquella resolución de noviembre. “Se ha procurado una solución pacifica y consensuada (…) todo hasta ahora con resultado negativo”, indicó.
“Las soluciones políticas que intentaron obtener los demandados no han dado resultado positivo; no hubo acuerdo con ninguno de los organismos de los tres poderes Ejecutivos, como mencionan, Provincial, Nacional o Municipal, ni tampoco un plan que pudieran cumplir o fijar un plazo para la solución del problema, ello pese a las concesiones dadas desde el Tribunal y la parte actora, pues a casi dos años, no han logrado un lugar a donde trasladar la sede laboral”, explicaba la resolución de noviembre.
La jueza finalizó aquella decisión recalcando que la parte demandada debe “asumir que el trámite de ejecución ha sido respetuoso con sus pretensiones, fundamentalmente la parte actora ha demostrado una tolerancia, temple y mansedumbre que ya ha sido agotada”.
Judiciales
La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.
Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
Judiciales
Reconoció haber acosado por WhatsApp a una adolescente de 14 años y fue condenado
El acusado afirmó que durante casi 15 días de septiembre de 2023 mantuvo conversaciones de contenido sexual con la joven. Recibió 6 meses de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante 2 años.
Un hombre de 43 años fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de grooming, luego de reconocer que durante casi 15 días de septiembre de 2023 le envió mensajes de contenido sexual por WhatsApp a una adolescente de 14 años.
La fiscal del caso, Natalia Pascual, explicó que las conversaciones tenían una clara intención de avanzar contra la integridad sexual de la joven. Según expuso durante la audiencia, la intervención de la madre y de una hermana mayor permitió que la conducta cesara y dio lugar al inicio de la investigación.
La fiscalía sustentó la acusación en la denuncia presentada por la madre de la adolescente, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la declaración de la joven en Cámara Gesell. A esos elementos se sumó una extracción forense del teléfono celular de la víctima, realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente del Ministerio Público.
El imputado reconoció su responsabilidad en el marco de un acuerdo pleno y aceptó la pena requerida. La víctima fue informada sobre los términos del acuerdo y manifestó expresamente su conformidad. Por su parte, el defensor penal público, Gustavo Viecens, no formuló objeciones.
Al dictar la sentencia definitiva, el juez Emilio Stadler consideró que la Fiscalía había presentado respaldo probatorio suficiente y que el acuerdo cumplía con los requisitos legales. En consecuencia, condenó al hombre a seis meses de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y estableció reglas de conducta obligatorias durante dos años.
Entre las pautas fijadas se encuentran mantener actualizado el domicilio, no ausentarse por períodos prolongados sin autorización previa, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos. También deberá presentarse cada tres meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).
Además, se dispuso una prohibición estricta de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y de establecer cualquier tipo de contacto con ella.
Judiciales
Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 12 años.
Una prueba genética confirmó con un 99,99% de probabilidad la paternidad del hijo nacido como consecuencia del abuso.
Un Tribunal Colegiado declaró penalmente responsable a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en una causa por hechos ocurridos en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía apenas 12 años y el acusado 18. La denuncia fue realizada por la joven mucho tiempo después de lo sucedido.
La resolución fue adoptada este miércoles (11/11) al mediodía, en consonancia con el pedido formulado por la Fiscalía durante los alegatos de clausura. La próxima instancia será la audiencia de cesura, en la que tanto la acusación como la defensa ofrecerán pruebas y solicitarán los montos de pena correspondientes.
Durante su exposición, la fiscal del caso, Celeste Benatti, les pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni realizar un ejercicio de empatía para comprender el contexto en el que vivía la víctima en 2015, cuando era una niña de 12 años y sus decisiones cotidianas estaban atravesadas por las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la menor nunca había elegido mantener una relación con el acusado ni quedar embarazada sin comprender siquiera el significado de esa situación. También remarcó que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente a través de un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti cuestionó además las fallas del sistema de protección de aquella época y sostuvo que la niña quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida.
Entre las pruebas presentadas durante el debate, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche, que confirmó la paternidad del imputado respecto del hijo de la víctima con un 99,99% de probabilidad. También se incorporó un informe médico forense que permitió establecer la fecha de concepción.
La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyeron un ataque no consentido, que derivó en un embarazo y se produjo en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar. En ese marco, solicitó que el caso fuera analizado con perspectiva de género, contemplando el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Durante los alegatos también se recordó la Ley N° 27.206, conocida como de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el juicio y solicitó que su asistido fuera declarado responsable por la figura de estupro.
Finalmente, el Tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía y declaró al hombre responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ahora deberá fijarse la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán las pruebas y formularán sus pedidos para determinar el monto de la pena.
