Judiciales
Trabajaba en dos organismos estatales y sufrió un accidente: ¿para la indemnización debe tomarse un ingreso o ambos?
La Justicia le reconoció una incapacidad y ordenó una indemnización, pero tomando como base solo el sueldo de uno de los organismos.
Un hombre trabajaba para la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y además era profesor de Educación Física en escuelas públicas. En una jornada recreativa en El Cóndor sufrió una fractura en el “dedo gordo” (hallux) del pié. Se le reconoció una incapacidad y se ordenó una indemnización, pero tomando como base solo el sueldo de uno de los organismos. Un fallo judicial admitió que se trata de una situación de pluriempleo, con una única aseguradora de riesgos del trabajo, por lo que corresponde basarse en ambos salarios, y por lo tanto incrementar el monto del resarcimiento.
En su presentación el profesor explicó que “como consecuencia del siniestro fue asistido por la ART demandada y que sin brindarle ninguna prestación se le otorgó el alta”. Luego, inició un trámite administrativo ante la Comisión Médica, que finalmente le reconoció una incapacidad laboral.
Sin embargo, en su demanda judicial sostuvo que la ART “desconoció la situación de pluriempleo y ofreció abonarle una liquidación notoriamente inferior a la que le correspondía”, teniendo en cuenta que tenía dos trabajos con el mismo empleador. Oportunamente el apoderado de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. desconoció el accidente de trabajo denunciado.
La Cámara Laboral inició el trámite y llamó a una instancia de conciliación, pero no se llegó a un acuerdo. Como tanto el accidente de trabajo como el porcentaje de incapacidad fueron aceptados por las partes, el punto a dirimir por los jueces era como debía calcularse el Ingreso Mensual Base, que es uno de los sustentos a la hora de fijar la indemnización.
En definitiva, correspondía establecer si se toma solo el salario en la SENAF, o se debe adicionar también el de profesor de educación física, ambos prestados para el Ejecutivo provincial.
Al analizar la prueba, la Cámara expresó que el trabajador “acreditó que al momento del siniestro laboral desempeñaba sus tareas en la administración provincial tanto para la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia como también para el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, configurándose una típica situación de pluriempleo, bajo la cobertura de la misma ART demandada”.
En este marco, citó el decreto presidencial 491/97, complementario de la Ley de accidentes de trabajo, que dice que si un empleado está en situación de pluriempleo, el monto indemnizatorio tendrá que ver “con los ingresos base del trabajador respecto de los empleos para los cuales se hubiera encontrado trabajando en el momento de producirse el accidente”.
De esta manera, hizo lugar a la demanda y ordenó a la ART a abonarle al trabajador en concepto de indemnización por la incapacidad laboral una cifra cercana a los $600.000.
Judiciales
Crimen en la zona norte de Roca: Identificaron a la víctima
Se trata de un joven de 32 años que era intensamente buscado hace 15 días.
En horas de la tarde de este jueves (01/05), se confirmó que el cuerpo encontrado en la zona norte de Roca era el de Tomás Dobra de La Canal, el joven de 32 años que era intensamente buscado hace 15 días.
La Agencia de Noticias Roca (ANR) dio a conocer la información. Sin dudas, la confirmación de la identidad de la víctima causó conmoción en toda la comunidad, y especialmente en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, que despidió en redes sociales a Dobra de la Canal, hijo de una integrante de esa casa de altos estudios.
Esta mañana se realizó la autopsia y los médicos forenses constataron que el cuerpo presentaba múltiples heridas y hasta un disparo en el cráneo.
El cuerpo fue encontrado ayer (29/04) poco después de las 16 horas en la zona de la Defensa aluvional Catini. Tras el hallazgo, se montó un enorme operativo policial y judicial. La fiscal Celeste Benati dispuso los procedimientos a realizar y se está buscando a los responsables del crimen. También se trabaja en la búsqueda de posibles testigos.
Junto a la víctima se encontraba su teléfono celular, aunque aun no hay rastros de su auto, en el cual había sido visto por última vez hace unos 15 días. Es un Suzuki Fun dominio HLB-433.
Judiciales
Conflicto entre adolescentes en una escuela: Medida del Juzgado de Paz acentúa responsabilidad de los adultos
Ordenó a los padres de ambos estudiantes que «cesen los actos de violencia, en cualquiera de sus formas».
Un conflicto entre dos adolescentes que compartían escuela requirió la intervención del Juzgado de Paz de Sierra Grande, que ordenó a los padres de ambos estudiantes que «cesen los actos de violencia, en cualquiera de sus formas». Además, se dispuso que la totalidad de las familias «deberán abstenerse de mantener comunicación personal, telefónica o por redes sociales, así como a familiares o amigos».
La prohibición del Juzgado de Paz incluye a las redes sociales Facebook, Instragram, Twiter. Ordenó que también deben abstenerse de efectuar comentarios o publicaciones referidas a esta situación y a los adolescentes involucrados.
El fallo pone el acento en la responsabilidad de los adultos. Así, ordenó también que «los responsables parentales o referentes de los adolescentes involucrados arbitren las medidas necesarias para que se mantenga una distancia determinada razonablemente, de cualquier lugar en el que se encuentren circunstancialmente las partes afectados. Si ello ocurriera de forma casual deben retirarse o alejarse del lugar».
Finalmente, dio intervención a la dirección del establecimiento escolar para que dispongan las medidas de pacificación necesarias, «evitar la discriminación, fomentar la paz y la convivencia» y «promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes para prevenir e intervenir en situaciones de violencia».
La presentación la realizó el padre uno de los adolescentes contra la mamá del otro joven. Sin embargo, tras analizar el caso, las responsabilidades recayeron sobre ambas familias.
En la audiencia privada llevada a cabo entre las partes, los adultos reconocieron los hechos y afirmaron que el tema ya había sido abordado en el ámbito escolar, donde habían llegado a algunos acuerdos.
Judiciales
Pidió la supresión del apellido de un hombre que la reconoció pero nunca ejerció la paternidad ni tenía lazo sanguíneo
El fallo judicial tuvo en cuenta los trastornos que esta situación le generó a la joven.
Una joven logró suprimir del DNI el apellido que una ex pareja de su mamá, que la había reconocido a los 5 años a pesar de no ser su padre biológico ni haber ejercido las obligaciones que implica la paternidad. Un fallo judicial tuvo en cuenta los trastornos que esta situación le generó a la joven.
Cuando nació, fue inscripta con el apellido materno. Sin embargo, cinco años después la pareja de su madre decidió reconocerla legalmente como hija, pese a no ser su padre biológico. La intención de los adultos era asumir responsabilidades parentales y otorgarle cobertura social.
La pareja se separó rápidamente y el hombre nunca más asumió las responsabilidades parentales. La niña transcurrió su infancia y su adolescencia con su madre como única referencia.
Cuando fue a renovar su documento, a los 18 años, se sorprendió de llevar el apellido de un hombre al que nunca reconoció como su papá.
En su demanda, explicó que el uso del apellido del varón que la reconoció le provocó diversas complicaciones. Entre ellas, mencionó la imposibilidad de acceder a ayudas sociales por inconsistencias en los registros de la ANSES y problemas con su cobertura médica en IPROSS.
Los registros oficiales la identifican con el apellido materno, mientras que su DNI refleja otro, dificultándole la adquisición de la medicación necesaria para tratar una enfermedad crónica.
La jueza multifueros de San Antonio destacó que la situación encuadra en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que permite la supresión de un apellido cuando afecta la personalidad de la persona interesada y cause un agravio moral. «Estaríamos frente al supuesto de supresión del apellido paterno por causar un agravio moral y lesionar el equilibrio psicoemocional de la actora», sostuvo en su fallo.
La decisión judicial se apoyó, además, en una pericia psicológica elaborada por el Cuerpo de Investigación Forense. Concluyó que la joven manifiesta una fuerte identificación con su apellido materno y un rechazo al apellido impuesto.
El expediente reflejó también que la utilización del apellido paterno afectó su vida cotidiana en distintos aspectos: desde la validación de logros académicos y artísticos alcanzados con el apellido materno, hasta problemas para acceder a derechos derivados de su Certificado Único de Discapacidad.
Considerando todas estas pruebas, la magistrada ordenó suprimir el apellido del hombre que no era su padre biológico ni ejerció su paternidad. De esta manera, volvió a tener solo el apellido de la mamá, como cuando nació.
