Judiciales
Por el interés superior de dos hermanitos, su abuela conservará la guarda ‘sin límite de tiempo’
Los niños tienen 9 y 10 años.
Una abuela que desde hace años está a cargo de la crianza de dos nietos ya no tendrá que pedir anualmente la prórroga de la guarda judicial en el Juzgado de Familia. La jueza del caso le otorgó esa guarda sin límite de tiempo, siempre que se mantengan las actuales condiciones en las que “ha contenido y cuidado” a los niños en un entorno familiar donde “están cubiertas sus necesidades”.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece que “en supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual”. También dice que vencido ese plazo, se debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras figuras legales, como el retorno a la convivencia con los progenitores, la adopción o la tutela. Sin embargo, tras analizar el caso particular, la Defensora de Menores que representa a los dos niños propuso que no se apliquen esos plazos y que se mantenga la guarda a cargo de la abuela, porque esa es la mejor opción para salvaguardar el interés superior de los dos hermanitos, quienes tienen 9 y 10 años.
La persona encargada de la guarda debe ocuparse del cuidado personal de los niños y niñas y tiene facultades para tomar decisiones sobre las actividades de la vida cotidiana, aunque la responsabilidad parental -lo que antes se denominaba patria potestad- se mantiene en cabeza del o los progenitores, con todos los derechos y responsabilidades que ello implica.
Para resolver el caso la jueza de Familia de Roca Andrea Tormena consideró que “la medida que mejor garantiza, en este momento, el interés superior de ambos niños, es conceder la guarda peticionada sin límite máximo de tiempo -y siempre que no se modifique la situación fáctica actual-, ya que permitirá que los mismos continúen conviviendo con el grupo familiar alternativo que los ha contenido y cuidado, al que se encuentran integrados y en el que están cubiertas sus necesidades”. Consideró que otorgar la guarda por períodos de un año obligaría a la abuela “a solicitar anualmente su prórroga, recargándola con un trámite burocrático que se sumaría a los que ya tiene y ejerce como abuela y responsable de sus nietos, habiendo demostrado amplia capacidad para hacerlo. El derecho, el sistema y los operadores debemos acompañar las situaciones en sus individualidades y encontrar soluciones acordes a ellas”, concluyó la jueza.
Los dos niños ejercieron su derecho a ser oídos en el Juzgado. Ambos afirmaron que “quieren seguir viviendo con la abuela”, que “están muy bien con ella, que cocina rico y que los ayuda con las cosas del colegio”. Además, confirmaron que a su papá lo ven con cierta regularidad y que a su mamá no la ven.
Según surgió de las intervenciones judiciales, es “evidente” que “no están dadas las condiciones como para que retomen la convivencia con sus progenitores, quienes no se han manifestado ni expresado oposición ni reclamo alguno en relación a sus hijos, depositando y delegando la responsabilidad de su cuidado en la señora”. Además, la Defensora de Menores recalcó que “no resulta atinado en el caso” resolver la situación de los dos niños a través de las figuras de la adopción o la tutela “porque precisamente la guarda constituye una institución intermedia que viene a dar respuesta adecuada a modalidades de familia alternativas muy habituales en nuestro país, donde los niños permanecen bajo el cuidado de un pariente por lapsos de tiempo que resulta imposible predecir, como ocurre en autos, y sin que ello implique la privación de la responsabilidad parental ni el alejamiento permanente de los progenitores”.
En el análisis jurídico, la jueza valoró que, en este caso concreto, “la aplicación lisa y llana, y de manera estricta del plazo” que establece el Código Civil y Comercial (art. 657) “implicaría vulnerar los derechos humanos esenciales de los niños”, por lo que “debe ceder” a la luz de las normas superiores como la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos que ordenan la “protección integral de la familia”, “el derecho a la vida y al desarrollo” de niños, niñas y adolescentes y el “principio rector del interés superior del niño”. Definió, finalmente, declarar la “inaplicabilidad” al caso específico del plazo que prevé la ley, por no considerar necesario declarar su inconstitucionalidad.
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Buscó recuperar el vínculo con su hermano menor y logró un acuerdo para volver a verlo
El joven, mayor de edad, solicitó una mediación para retomar el vínculo con su hermano, que vive con su madre. Acordaron encuentros presenciales dos veces por semana y llamadas telefónicas.
Un joven mayor de edad que vive con su padre recurrió a una mediación para retomar el vínculo con su hermano menor, que reside con su madre en el Alto Valle. La iniciativa permitió alcanzar un acuerdo para establecer encuentros y sostener el contacto entre ambos. A diferencia de los regímenes de comunicación más habituales, que organizan la relación entre progenitores e hijos, en este caso el pedido partió del propio joven y tuvo como eje el vínculo fraterno.
El acuerdo se alcanzó con la madre del niño. Ambas partes participaron del procedimiento con asesoramiento letrado de la defensa pública de mediación.
La particularidad del caso está en quién impulsó el trámite y con qué finalidad. No se trató de organizar la comunicación de una madre o un padre con su hijo, sino de establecer las condiciones para que dos hermanos que viven en hogares distintos pudieran compartir tiempo y mantener contacto frecuente. Esa fue la cuestión que se abordó durante la mediación prejudicial.
El acuerdo contempló encuentros presenciales dos veces por semana, los martes y domingos, en espacios públicos que las partes coordinarán con anticipación. También previó llamadas telefónicas cuatro días a la semana. De esta forma, el régimen combina momentos de encuentro personal con otras oportunidades de comunicación entre los hermanos.
Durante los tres primeros encuentros estará presente la madre. Después, el tiempo compartido se desarrollará entre ambos hermanos, sin la compañía del padre del hermano mayor, de acuerdo con lo establecido. Si por alguna circunstancia excepcional no se pudiera concretar una reunión, las partes deberán comunicarse previamente para reorganizarla.
También se contempló la voluntad del niño en las conversaciones telefónicas. La madre asumió el compromiso de atender las llamadas y, si el niño no desea hablar en alguna ocasión, deberá informárselo a su hermano y señalarle cuándo podrá volver a comunicarse.
Además de acordar encuentros y comunicaciones, el hermano mayor y la madre del niño asumieron compromisos sobre su trato. Pactaron mantener una relación cordial y respetuosa en los asuntos relacionados con el régimen, y no trasladar al niño las diferencias o los conflictos que pudieran surgir entre las personas adultas.
La mediación fijó pautas específicas para la relación entre los hermanos y las partes ratificaron lo acordado con asesoramiento legal.
El procedimiento se desarrolló en el marco del servicio de Mediación del Poder Judicial, con la intervención de una mediadora oficial de su plantel y una comediadora. Ambas partes contaron con asesoramiento letrado de dos defensoras adjuntas especializadas en mediación. La reunión tuvo lugar en Cipolletti.
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Lo acosaban con hasta cinco llamados diarios por una deuda ajena: Deberán compensarlo
Un roquense recibió llamados y mensajes reiterados por una deuda vinculada a una línea telefónica que aseguró no haber contratado. La Justicia Civil condenó a Telecom Argentina a pagar una reparación por daño moral y una sanción por daño punitivo, más intereses.
Después de más de 25 años con la misma compañía de telefonía móvil, un hombre comenzó a recibir llamados y mensajes de otra empresa por una deuda que desconocía. Le exigían que pagara por una línea que nunca había contratado y le advertían que podían cortar el servicio. Según relató, los reclamos llegaban entre cuatro y cinco veces por día, en distintos horarios.
Fue a una sucursal para averiguar qué ocurría. Allí le informaron que figuraba como titular de esa línea desde hacía más de dos años. Desconoció la contratación y firmó una declaración jurada. El domicilio y el correo electrónico asociados al servicio no le pertenecían.
En su demanda, sostuvo que una tercera persona había utilizado una simple fotocopia de su DNI para habilitar la línea. La pericia comprobó que el sistema de alta permitía a cualquier persona con un chip prepago ingresar manualmente los datos del titular, sin una verificación fehaciente de identidad. La empresa no tenía documentación que respaldara esa contratación ni constancias del método de validación aplicado.
El hombre inició una acción por daños y perjuicios ante el Poder Judicial. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a Telecom Argentina a pagar una reparación por daño moral y una sanción económica por daño punitivo, más intereses.
Para resolver, la jueza aplicó las normas de defensa del consumidor, protección de datos personales y resguardo de la intimidad. También las garantías constitucionales sobre seguridad, información y trato digno.
En su defensa, Telecom sostuvo que había existido un error puntual en la asignación de la titularidad. Afirmó que, tras conocer el reclamo, dio de baja la línea y canceló la deuda de inmediato. También aseguró que el problema se había solucionado en menos de un mes y negó que hubiera un perjuicio que justificara el reclamo.
Sin embargo, la pericia informática mostró que el área de fraude había rechazado el desconocimiento de la contratación y que el sistema de cobranzas continuó activo después de la baja. Tampoco había registros técnicos que permitieran identificar a quien había activado el servicio ni constancias sobre la conexión desde la cual una tercera persona había modificado el correo electrónico de contacto.
La sentencia consideró que la conducta excedió un simple error y constituyó una negligencia grave. Destacó que la empresa tenía capacidad técnica para bloquear los cobros desde el primer reclamo.
«Las llamadas de cobranzas recibidas en tal período y bajo el contexto reseñado deben ser calificadas como actos vergonzantes, intimidantes, de injerencia arbitraria en la vida privada de la persona y por ende antijurídicos», expresó la jueza.
Para fijar la reparación, valoró la angustia y la incertidumbre por el uso de la identidad del hombre. También tuvo en cuenta que se trató de una sola línea y que no fue informado como moroso. La sentencia no se encuentra firme y puede ser apelada.
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Río Negro busca prohibir las salidas nocturnas a personas con tobilleras electrónicas
La iniciativa establece una prohibición de salir del domicilio entre las 20 y las 8 para personas con monitoreo electrónico. El proyecto contempla a quienes cumplen prisión domiciliaria, tienen prisión preventiva domiciliaria o están sujetos a una medida cautelar con dispositivos de seguimiento.
La Legislatura de Río Negro avanza en el tratamiento de un proyecto que busca endurecer las condiciones de control sobre las personas que utilizan tobilleras o pulseras electrónicas, mediante la prohibición de salidas de sus domicilios entre las 20 y las 8 horas del día siguiente.
La propuesta fue modificada durante su tratamiento en comisión para ampliar expresamente el alcance de la restricción, que ahora comprenderá tres situaciones diferentes: personas que cumplen condenas bajo prisión domiciliaria, imputados con prisión preventiva domiciliaria y personas sometidas a monitoreo electrónico como medida cautelar, aunque no tengan restringida su libertad mediante una prisión domiciliaria.
El legislador Lucas Pica explicó que esta última situación fue incorporada al texto original durante el debate parlamentario, con el objetivo de evitar diferencias en la aplicación de la normativa. «La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica«, precisó.
El parlamentario detalló que la disposición alcanzará tanto a quienes se encuentran privados de su libertad en sus viviendas como a aquellos que utilizan dispositivos electrónicos de seguimiento por disposición judicial, sin estar sometidos a prisión domiciliaria.
«Para los tres casos se va a aplicar esta restricción horaria. Y los jueces no van a poder excepcionar sino en casos de emergencia médica», remarcó.
Los jueces no podrán autorizar salidas nocturnas, salvo por emergencias médicas
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la limitación de las facultades judiciales para autorizar salidas durante el horario establecido.
Pica aclaró que la restricción también se aplicará expresamente a quienes cumplen prisión domiciliaria, pese a que esas personas ya tienen la obligación de permanecer en sus viviendas.
La inclusión de estos casos responde a la intención de impedir que se concedan permisos de salida transitoria durante la noche.
«Uno podría pensar que aquellos que tienen tobillera electrónica y están en domicilio con prisión domiciliaria por cumplimiento de condena o por cautelar de prisión preventiva domiciliaria, que esta restricción no se aplicaría porque ya están en el domicilio, presos en sus domicilios», explicó.
Sin embargo, señaló que el proyecto establece expresamente la prohibición para evitar interpretaciones que permitan excepciones judiciales. «Lo que hicimos es dejar expresamente así para que los jueces no puedan excepcionar y habilitar una salida transitoria en ese rango horario, es decir, entre las 20 y las 8», sostuvo.
De esta manera, las emergencias médicas quedarán como el único supuesto de excepción previsto para ese período.
Una modificación que amplía el alcance del proyecto original
El legislador destacó que el texto fue reformulado durante la reunión de comisión para incorporar a quienes están sometidos a medidas cautelares de monitoreo electrónico sin prisión domiciliaria.
«Eso es lo que se terminó resolviendo hoy en la comisión y, por lo tanto, se modificó el proyecto original, porque le agregamos este tercer supuesto, que es para casos de monitoreo de tobillera electrónica en el marco de una cautelar dictada sin prisión domiciliaria», explicó.
Esta modificación resulta especialmente relevante porque extiende la restricción nocturna a personas que no están cumpliendo una condena ni una prisión preventiva domiciliaria, pero que deben utilizar un dispositivo de seguimiento por orden judicial.
Pica insistió en que los tres supuestos fueron analizados expresamente durante el trabajo legislativo y que la intención es establecer una regla uniforme respecto de las salidas nocturnas.
La iniciativa continúa su recorrido parlamentario y, para que las nuevas restricciones entren en vigencia, deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente.
De aprobarse, Río Negro contará con una disposición que limitará las autorizaciones judiciales de salidas entre las 20 y las 8 para las personas alcanzadas por el monitoreo electrónico, con la emergencia médica como única excepción contemplada en el proyecto.
