Judiciales
Caso Videla: Piden 24 años de prisión para Colicheo
La sentencia se conocerá el próximo martes 5 de julio a las 12 horas.
«Hoy tenemos una silla vacía en su trabajo, junto a su familia, sus amigos, en las clases de ajedrez. Durante 9 meses se realizó una búsqueda agónica ya que pese a los más de 40 rastrillajes y allanamientos, se desconocía donde estaba Javier. El dolo con el que actuó el imputado se encuentra en que pese a todos los esfuerzos y durante todo ese tiempo, no dijo ni una sola palabra, no dijo el paradero de Videla, y finalmente terminó reconociendo el homicidio», comenzó sus alegatos el fiscal jefe Andrés Nelli esta mañana (28/06).
Las partes acusadoras, en consonancia, solicitaron la pena de 24 años de prisión efectiva para Antonio Colicheo, quien el pasado 3 de mayo en el marco de un procedimiento abreviado por la responsabilidad penal, reconoció los hechos y ser el autor de los delitos de ‘homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, todo en concurso real con la portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal’, según los Artículos 79, 41 bis, 189 bis inc. 2do., 55, y ‘abuso de armas en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal’, según los Art. 104, 189 bis inc. 2, 55, todos del Código Penal.
«Todas las actitudes dolosas que se evidenciaron durante este proceso, y que también quedaron reforzadas por lo que acreditamos a través de los testigos, produjo un desgaste enorme», continuó el fiscal jefe Andrés Nelli, quien llevó adelante este juicio junto a la fiscal del caso Verónica Villarruel.
«Como escuchamos aquí, finalmente por azar se logró encontrar el cuerpo de Javier. Sólo cuando fue hallado su cuerpo, y se pudo acreditar su identidad a través de pruebas ADN y las evidencias criminológicas, es que recién ahí el imputado reconoció los hechos», describió la fiscalía.
«El hombre ocultó el cuerpo, no sólo lo mató, sino que produce un disparo, lo hiere, estando la víctima herida y siendo personas conocidas, le negó la atención médica. Además lo trasladó en ese auto desangrándose, condujo el vehículo en la ruta, carga el cuerpo y lo esconde entre las matas», enfatizó el representante fiscal.
La querella adhirió a lo expuesto por la Fiscalía, y al monto de pena solicitado oportunamente. Subrayó que el actual responsable penal «quiso lograr la impunidad, ocultar el cadáver de modo que no fuera hallado, utilizó el teléfono de la víctima para comunicarse con su pareja para que ella no dijera donde estaba».
«Nos consta en el legajo que este hombre está detenido en la ciudad de Viedma ya que manifestó tener temor de las venganzas de otros detenidos en la Unidad Penal 2. No fue por la paz social que causó este hecho, sino que buscaba asegurar su integridad», agregó la querella.
Por su parte, el defensor penal público que asiste al imputado dijo que «discrepo con la parte acusadora el monto de pena ya que parece ser más una retribución que buscar lograr el objetivo de la resocialización de mi asistido».
«No debemos olvidar que todos los casos deben ser tratados por igual, y vengo a pedirle al Tribunal que simplemente se aplique la ley, teniendo presente que las penas no son para generar un castigo o aplicar dolor. El enfoque que pido que tenga la sentencia es que sea jurídico», continuó el defensor público Juan Pablo Piombo.
«No podemos dejar de lado el suicidio de su pareja el día de su cumpleaños, cómo también que fue criado sin madre, y su historia de vida triste. Por todo ello es que solicitó la pena de 11 años de prisión y costas del proceso», concluyó el defensor.
El Tribunal dará a conocer la sentencia sobre este juicio el próximo martes 5 de julio a las 12.
Por otra parte, mañana a partir de las 9 en los Tribunales roquenses comienzan las audiencias de Control de Acusación en el caso donde fue víctima Claudia Alejandra Casmuz, contra quien hoy se solicitó la pena de 24 años por ser el autor de la muerte de Javier Videla.
El hecho reconocido por el imputado
Según el acuerdo del procedimiento abreviado parcial celebrado en mayo, los hechos sucedieron el 4 de marzo de 2021. El primero fue aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, en calles Piedrabuena y Las Heras, «cuando el imputado arribó al lugar, a bordo de un vehículo Chevrolet Vectra, azul propiedad de la víctima fatal. Lo hacía portando sin la debida autorización legal un arma de fuego calibre 9 milímetros, así estacionó el vehículo en la puerta del inmueble y al ver que la pareja de Videla se encontraba mirando por la ventana, le tocó bocina para que saliera de la casa», mencionó el fiscal jefe interviniente.
«Una vez que estaba fuera del lugar, el victimario le pidió que se subiera al auto, y a la vez escuchó la voz de Videla desde el interior del vehículo que le grita: ‘No subas, corré'», continuó relatando el representante fiscal.
«Luego el imputado efectuó dos disparos con el arma de fuego que portaba, proyectiles que impactaron en la puerta de la casa, y se alejó del lugar en el Vectra», concluyó.
En relación al segundo hecho, que sucedió luego del otro, mientras que el victimario estaba con la víctima fatal dentro del auto mencionado, y «con la intención de darle muerte, efectuó disparos, y al menos uno impactó en la zona de la pared posterior del hemitorax izquierdo de Videla, provocándole su muerte», detalló el fiscal jefe.
«Luego se dirigió hacia el kilómetro 62 de la Ruta provincial Nº 6 y ocultó el cuerpo del fallecido, y de allí se fue hacia el puesto La Perseverancia, ubicado a 75 kilómetros al norte de la zona urbana de Roca, lugar donde fue detenido por personal policial», explicó la fiscalía.
En ese procedimiento se le encontró una riñonera de Videla con su documentación personal, un celular, y zapatillas, todo de la víctima fatal. Además estaba el arma Taurus PT 917C, calibre 9 mm, con número de serie suprimido, el automóvil marca Chevrolet Agile, propiedad de una hermana de Javier Videla, y dentro del mismo las llaves del Vectra.
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Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
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Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
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Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
