Judiciales
Caso Videla: Piden 24 años de prisión para Colicheo
La sentencia se conocerá el próximo martes 5 de julio a las 12 horas.
«Hoy tenemos una silla vacía en su trabajo, junto a su familia, sus amigos, en las clases de ajedrez. Durante 9 meses se realizó una búsqueda agónica ya que pese a los más de 40 rastrillajes y allanamientos, se desconocía donde estaba Javier. El dolo con el que actuó el imputado se encuentra en que pese a todos los esfuerzos y durante todo ese tiempo, no dijo ni una sola palabra, no dijo el paradero de Videla, y finalmente terminó reconociendo el homicidio», comenzó sus alegatos el fiscal jefe Andrés Nelli esta mañana (28/06).
Las partes acusadoras, en consonancia, solicitaron la pena de 24 años de prisión efectiva para Antonio Colicheo, quien el pasado 3 de mayo en el marco de un procedimiento abreviado por la responsabilidad penal, reconoció los hechos y ser el autor de los delitos de ‘homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, todo en concurso real con la portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal’, según los Artículos 79, 41 bis, 189 bis inc. 2do., 55, y ‘abuso de armas en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal’, según los Art. 104, 189 bis inc. 2, 55, todos del Código Penal.
«Todas las actitudes dolosas que se evidenciaron durante este proceso, y que también quedaron reforzadas por lo que acreditamos a través de los testigos, produjo un desgaste enorme», continuó el fiscal jefe Andrés Nelli, quien llevó adelante este juicio junto a la fiscal del caso Verónica Villarruel.
«Como escuchamos aquí, finalmente por azar se logró encontrar el cuerpo de Javier. Sólo cuando fue hallado su cuerpo, y se pudo acreditar su identidad a través de pruebas ADN y las evidencias criminológicas, es que recién ahí el imputado reconoció los hechos», describió la fiscalía.
«El hombre ocultó el cuerpo, no sólo lo mató, sino que produce un disparo, lo hiere, estando la víctima herida y siendo personas conocidas, le negó la atención médica. Además lo trasladó en ese auto desangrándose, condujo el vehículo en la ruta, carga el cuerpo y lo esconde entre las matas», enfatizó el representante fiscal.
La querella adhirió a lo expuesto por la Fiscalía, y al monto de pena solicitado oportunamente. Subrayó que el actual responsable penal «quiso lograr la impunidad, ocultar el cadáver de modo que no fuera hallado, utilizó el teléfono de la víctima para comunicarse con su pareja para que ella no dijera donde estaba».
«Nos consta en el legajo que este hombre está detenido en la ciudad de Viedma ya que manifestó tener temor de las venganzas de otros detenidos en la Unidad Penal 2. No fue por la paz social que causó este hecho, sino que buscaba asegurar su integridad», agregó la querella.
Por su parte, el defensor penal público que asiste al imputado dijo que «discrepo con la parte acusadora el monto de pena ya que parece ser más una retribución que buscar lograr el objetivo de la resocialización de mi asistido».
«No debemos olvidar que todos los casos deben ser tratados por igual, y vengo a pedirle al Tribunal que simplemente se aplique la ley, teniendo presente que las penas no son para generar un castigo o aplicar dolor. El enfoque que pido que tenga la sentencia es que sea jurídico», continuó el defensor público Juan Pablo Piombo.
«No podemos dejar de lado el suicidio de su pareja el día de su cumpleaños, cómo también que fue criado sin madre, y su historia de vida triste. Por todo ello es que solicitó la pena de 11 años de prisión y costas del proceso», concluyó el defensor.
El Tribunal dará a conocer la sentencia sobre este juicio el próximo martes 5 de julio a las 12.
Por otra parte, mañana a partir de las 9 en los Tribunales roquenses comienzan las audiencias de Control de Acusación en el caso donde fue víctima Claudia Alejandra Casmuz, contra quien hoy se solicitó la pena de 24 años por ser el autor de la muerte de Javier Videla.
El hecho reconocido por el imputado
Según el acuerdo del procedimiento abreviado parcial celebrado en mayo, los hechos sucedieron el 4 de marzo de 2021. El primero fue aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, en calles Piedrabuena y Las Heras, «cuando el imputado arribó al lugar, a bordo de un vehículo Chevrolet Vectra, azul propiedad de la víctima fatal. Lo hacía portando sin la debida autorización legal un arma de fuego calibre 9 milímetros, así estacionó el vehículo en la puerta del inmueble y al ver que la pareja de Videla se encontraba mirando por la ventana, le tocó bocina para que saliera de la casa», mencionó el fiscal jefe interviniente.
«Una vez que estaba fuera del lugar, el victimario le pidió que se subiera al auto, y a la vez escuchó la voz de Videla desde el interior del vehículo que le grita: ‘No subas, corré'», continuó relatando el representante fiscal.
«Luego el imputado efectuó dos disparos con el arma de fuego que portaba, proyectiles que impactaron en la puerta de la casa, y se alejó del lugar en el Vectra», concluyó.
En relación al segundo hecho, que sucedió luego del otro, mientras que el victimario estaba con la víctima fatal dentro del auto mencionado, y «con la intención de darle muerte, efectuó disparos, y al menos uno impactó en la zona de la pared posterior del hemitorax izquierdo de Videla, provocándole su muerte», detalló el fiscal jefe.
«Luego se dirigió hacia el kilómetro 62 de la Ruta provincial Nº 6 y ocultó el cuerpo del fallecido, y de allí se fue hacia el puesto La Perseverancia, ubicado a 75 kilómetros al norte de la zona urbana de Roca, lugar donde fue detenido por personal policial», explicó la fiscalía.
En ese procedimiento se le encontró una riñonera de Videla con su documentación personal, un celular, y zapatillas, todo de la víctima fatal. Además estaba el arma Taurus PT 917C, calibre 9 mm, con número de serie suprimido, el automóvil marca Chevrolet Agile, propiedad de una hermana de Javier Videla, y dentro del mismo las llaves del Vectra.
Judiciales
Compró por Instagram, pagó y nunca le enviaron el producto: Condenaron a comercio
Deberán devolverle el dinero actualizado, más el daño moral.
Las ilusiones de una rionegrina de perfeccionarse en la práctica de las acrobacias con tela se vio trunca cuando compró a través de Instagram un trípode de hierro para la actividad, pero nunca lo recibió. Más adelante, comprobó que muchas otras personas habían sido engañadas por la empresa.
Visitó en la red social «Estructuras El Mágico Circo Argentino». Abonó $300.000 en dos pagos. Le informaron que el producto sería enviado al mes siguiente, lo que nunca ocurrió. Ante sus reclamos por la falta de entrega, le respondían con evasivas y excusas insólitas. Investigó por internet y descubrió que la misma cuenta había estafado a muchas personas mediante la red social Facebook. Por esta razón, decidió presentar una denuncia de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Viedma.
El juez de paz consideró como prueba capturas de chats de Instagram y WhatsApp, así como los comprobantes de pago por importes de $100.000 y $200.000 efectuados a la cuenta del responsable de la empresa.
En el fallo se determinó que de acuerdo a las conversaciones aportadas por la clienta las partes mantuvieron una comunicación intermitente durante más de dos meses. Se pudo comprobar que desde el perfil de Instagram «Estructuras El Mágico Circo Argentino» le informaron sobre las características del producto y las condiciones de pago.
Sin embargo, se observó «un claro desinterés y maltrato» hacia los derechos reclamados por la clienta, evidenciando un modus operandi contrario al régimen de protección al consumidor vigente.
El magistrado afirmó que «la demandada violó el régimen consumeril y que su proceder desinteresado respecto a los derechos de la actora contribuyó a su desgaste emocional, no solo por los malos tratos y la falta de respuesta, sino también por forzarla a acudir a esta instancia para hacer valer sus derechos como consumidora».
Finalmente, el juez de paz condenó al titular del comercio «Estructuras El Mágico Circo Argentino» a devolver el dinero actualizado, más el daño moral.
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Detenidos por robar una inmobiliaria en Roca: Uno es menor de edad y quedó libre
El otro sujeto, de 28 años, fue imputado y le dictaron prisión preventiva.
Este mediodía, la Fiscalía imputó a un hombre de 28 años y a un menor punible un robo ocurrido el pasado domingo (08/12) en una céntrica inmobiliaria de General Roca. Asimismo, el mayor de edad deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.
Según la acusación fiscal, «fue antes de las 22.50 del 8 de diciembre, en calle Belgrano al 1500, cuando el imputado mayor acompañado por el menor punible, previo a escalar un techo lindante y e irrumpir en el lugar, se habrían apoderado de una suma de dinero».
Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia se encuentra el acta de de procedimiento policial de la Comisaría 3°, el croquis ilustrativo del lugar de los hechos y de las respectivas detenciones, la denuncia penal del damnificado, entrevistas varias, la copia del certificado de nacimiento del menor punible, el informe preliminar del Gabinete de Criminalística, entre otra evidencia.
La calificación legal propuesta por la Fiscalía fue la de robo calificado por haber sido cometido, en poblado y banda, con escalamiento y con la participación de un menor de 18 años, para el imputado de 28 años. Mientras que para el menor, robo calificado por haber sido cometido, en poblado y banda y con escalamiento en grado de co-autor.
El fiscal del caso solicitó la prisión preventiva del hombre de 28 años teniendo presente el peligro procesal de fuga. «No es de esta ciudad, tiene antecedentes penales computables por hechos cometidos en su lugar de origen», fueron algunos de los argumentos vertidos.
El defensor particular se opuso a la medida solicitada, proponiendo algunas menos gravosas, consistentes en un dispositivo electrónico y que la preventiva sea bajo la modalidad de domiciliaria.
En relación al menor punible, la Fiscalía solicitó que se presente en Tribunales para dar cuenta de que continúa sujeto al proceso, y la defensora penal de menores que lo asistió en la audiencia no tuvo objeciones al respecto.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y resolvió la prisión preventiva por un plazo de 2 meses para el sujeto de 28 años, el menor debe realizar presentaciones personales, mientras que la investigación penal preparatoria será por cuatro meses.
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No pudo viajar, no le devolvieron el dinero ni le dieron explicaciones: Confirman multa a plataforma de viajes
La empresa alegó que era una simple intermediaria y que la devolución debía hacerla la aerolínea.
Un hombre de Allen compró dos pasajes de avión en una plataforma de servicios turísticos. Los vuelos se cancelaron por la pandemia y el cliente, pese a sus reclamos ante la empresa, no pudo reprogramar su viaje ni recuperar la totalidad de su dinero. Entonces inició un trámite en la Oficina de Defensa del Consumidor de la provincia, impulsó su reclamo administrativo y el organismo le impuso a la firma Despegar una multa de $3.000.000.
Como la empresa apeló la sanción, el caso llegó al Juzgado Contencioso Administrativo de Roca. El juez confirmó la multa y definió que «en el marco del control judicial de legalidad y razonabilidad sobre el que tengo competencia, considero que la autoridad administrativa ha dictado una decisión fundada y racional».
Ante la cancelación del viaje por la pandemia, el hombre «intentó realizar el viaje de manera posterior, pero se le cobraba una multa excesiva», que era la misma que se impone cuando el cambio de fecha es voluntario del cliente. En verdad, lo que correspondía ante esta situación excepcional era la devolución total del dinero.
En su defensa, la empresa alegó que era una simple intermediaria y que la devolución debía hacerla la aerolínea. La plataforma sólo devolvió los gastos administrativos por su intervención.
«El contrato se resolvió por el incumplimiento en que incurrieron las empresas proveedoras del servicio, dada la imposibilidad derivada de las restricciones por la pandemia Covid-19, más no por culpa del denunciante», aclaró el juez.
Según definió, correspondía que Despegar devolviera el dinero al cliente y, en todo caso, luego reclamara a la aerolínea el reconocimiento de ese desembolso, porque las dos empresas «forman parte de la cadena solidaria de responsables» que define la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo «ha obligado innecesariamente al consumidor a transitar por un derrotero administrativo y judicial a los fines de atender su reclamo», sumó el juez.
La empresa demandada tampoco logró demostrar «el cumplimiento del deber de información respecto a la manera en que se debía proceder para la devolución de las sumas. Luego de la cancelación del vuelo y la imposibilidad de realizarlo en otra oportunidad, la recurrente debió extremar su diligencia y, cuanto menos, proceder a la devolución de los montos de dinero abonados por el denunciante», señaló el fallo. Pero en los hechos «no acreditó haber informado adecuadamente las condiciones para su reembolso y ello la responsabiliza aun cuando efectivamente fuera la aerolínea la que estableció las condiciones, pues fue la encargada de comercializar los tickets».
«Despegar forma parte de la cadena de proveedores de servicios, y pesa sobre sí las mismas obligaciones que le corresponde a la aerolínea del caso, específicamente respecto a la devolución de las sumas de dinero y a explicar acabadamente las políticas que poseen aquellas empresas que efectivamente van a realizar las prestaciones, de modo que el consumidor denunciante pueda decidir qué hacer con el ticket que había adquirido, contando con la información suficiente», dijo el juez.
Aclaró, finalmente, que el motivo de la multa «no fue la frustración del viaje en la fecha pactada originalmente, sino la conducta que la empresa de viajes asumió de forma posterior, con respecto a la posibilidad de reprogramación del vuelo y la devolución de las sumas erogadas por el consumidor. Es decir, la responsabilidad surge a partir de no agotar los esfuerzos para encontrar alternativas oportunas a la devolución del dinero».
