Judiciales
Trabajó 3 años, reclamó que lo registren pero la empresa dijo que solo “iba a tomar mate” con los empleados
La Justicia comprobó que cumplía tareas por ocho horas diarias y tendrá que ser indemnizado.
Un hombre trabajó más de tres años sin ser registrado para una empresa transportista con sede en Viedma. Tras reclamar e iniciar una demanda, desde la firma negaron el vínculo laboral, dijeron que solo iba “a tomar mates” por amistad con otros empleados. Quedó probado que cumplía tareas ocho horas diarias y tendrá que ser indemnizado.
El trabajador explicó que fue contratado en 2015 “para cumplir tareas de carga y descarga de camiones, reparto, entrega de mensajería y cobro del servicio a distintos comerciantes de la zona”.
Señaló que fue una contratación sin ningún tipo de registración, pese a lo cual cumplió con todas las obligaciones de cualquier empleado de la actividad.
Según expresó, cumplía con una jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes y de 5 horas los sábados. Agregó que dos o tres días a la semana se le exigía trabajar un total de 10 horas, debido a que muchos comerciantes de la zona recibían sus mercancías fuera del horario comercial. Esto lo obligaba a realizar el reparto pasadas las 20:00 o 21:00, sin que por ello recibiera ningún tipo de retribución extra.
Asimismo, sostuvo que, debido a que la patronal condicionó el pago de la remuneración a la efectiva prestación de tareas, nunca gozó de licencia por vacaciones pagas ni de licencia por enfermedad, a la vez que tampoco percibió los SAC correspondientes.
A los 3 años de estar en esa situación comenzó a reclamar por “sus derechos laborales y el blanqueo de la relación laboral”, sin que por entonces recibiera “más que respuestas evasivas, tendientes a que cesara en su reclamo y continuara prestando su débito laboral o renunciara a su puesto de trabajo”.
“Iba a charlar”
Cuando envió una carta documento, le remitieron otra donde negaban la relación laboral. Luego, en el expediente, la transportista afirmó que el denunciante “jamás prestó tareas en beneficio de la empresa ni cumplió órdenes de sus encargados”.
Manifestaron que el hombre frecuentaba el depósito de la empresa una vez por semana o cada dos semanas “por afinidad y amistad con algunos empleados, y solía permanecer allí mientras tomaba mate y mantenía charlas con el personal”.
Agregaron que, “en contra de la expresa prohibición de la gerencia”, pudo haber asistido excepcionalmente a los empleados a bajar alguna carga pesada o haberlos acompañado en algún trayecto, en total desconocimiento de la empresa y sin otra explicación que la afinidad o el acompañamiento del chofer de turno.
Se celebró una audiencia de conciliación entre las partes, que no llegó a ningún acuerdo. Entones, el proceso se abrió a prueba.
En primera instancia los jueces laborales quisieron establecer si existía o no la relación laboral. Dos trabajadores de la empresa que dijeron que el hombre hacía carga y descarga del «camioncito» y reparto en la calle. Dieron cuenta que habían sido compañeros de labores y detallaron sus tareas.
También los magistrados tuvieron en cuenta que le habían entregado ropa de trabajo, con una constancia firmada por el titular de la empresa.
Incluso el hombre “aparece incluido en la nómina del personal relevado por la Secretaría de Trabajo con motivo de la inspección efectuada en la sede de la empresa”. También “aparece en las actas de constatación de la Obra Social de Camioneros de Río Negro”.
De esta manera, concluyeron que “habrán de prosperar los rubros indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC sobre preaviso, SAC de los años 2016 y 2017, SAC y vacaciones proporcionales del año 2018 y diferencias salariales. Asimismo, también deberán acogerse las indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la Ley 25323 y 80 de la LCT”.
El monto final de la condena a Expreso 2 Ciudades “estará a cargo del perito contador que designe el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia”.
Judiciales
Confirmaron la condena de 6 años de prisión a Emiliano Gatti
No obstante, el periodista continuará libre, bajo medidas cautelares que lo mantienen a disposición de la Justicia, porque la sentencia no está firme.
El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó punto por punto la condena de 6 años de prisión que había dictado un Tribunal de Roca contra el ex conductor de televisión Emiliano Gatti por la tenencia y facilitación de 50 videos de abuso sexual de niños y niñas. El periodista continuará bajo medidas cautelares que lo mantienen a disposición de la Justicia porque la sentencia no está firme.
En septiembre pasado, un Tribunal de Juicio de Roca condenó a Gatti como autor de los delitos de facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas, en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil (50 hechos), agravada por la edad de las víctimas (menores de 13 años). Por esos delitos, los jueces Luciano Garrido y Emilio Stadler y la jueza Verónica Rodríguez le impusieron 6 años de prisión.
La defensa cuestionó la sentencia y por eso en noviembre se realizó en Roca una audiencia ante el TI. Los jueces Miguel Cardella, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann escucharon los agravios que plantearon los defensores y este jueves (05/12) emitieron su sentencia, que confirma la decisión del Tribunal de Roca. La impugnación apuntó contra varios ejes de la sentencia. Cada agravio fue analizado y rechazado por el TI.
La defensa planteó la inconstitucionalidad del artículo 128 del Código Penal. Esa norma castiga la producción, financiación, oferta, comercialización, publicación, facilitación, divulgación y distribución de imágenes de abuso sexual infantil y también la simple tenencia de esas imágenes. Cuestionaron, por un lado, que condenar la tenencia atenta contra el derecho a la intimidad de las personas. Y criticaron, además, que el artículo pone una misma escala penal a conductas de muy diferente gravedad.
El TI respondió que el castigo a la tenencia no viola la intimidad garantizada por la Constitución, porque «prevalece el derecho de protección de la dignidad y respeto de los derechos fundamentales de niñas y niños».
«El consumo de imágenes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes favorece el crecimiento de ese mercado, dado que la demanda del material incentiva la comisión de más abusos», señaló el Tribunal. Por eso resulta «esencial penalizar a todos los involucrados en la cadena de producción y distribución de pornografía infantil, desde su creación hasta su posesión, ya que esta conducta está íntimamente ligada a otros delitos graves como el abuso sexual, la trata de personas y la explotación sexual infantil», dijo el Tribunal.
Otros agravios
La defensa planteó también la nulidad de los actos iniciales de la investigación. Alegó que se violaron «comunicaciones privadas» sin autorización judicial.
«El acto inicial de investigación tuvo la debida justificación, que no afectó ninguna garantía del debido proceso», respondió el TI. Además, «todas las acciones fueron respaldadas por órdenes judiciales», incluido el allanamiento en el departamento de Gatti.
En otro apartado se rechazó la posible responsabilidad de una tercera persona. El TI definió que ese planteo «es una hipótesis que no tiene sostén probatorio, de tal modo no tiene ninguna entidad para su tratamiento».
La defensa cuestionó además que se haya condenado a Gatti por el delito de «facilitación», que es más grave que la simple tenencia. El TI rechazó el punto porque la descarga de los videos «facilitó la visualización y descarga del material a terceras personas usuarias también de la red eMule».
Los jueces señalaron que las nuevas tecnologías «inciden en la expansión del crimen organizado» en torno a la explotación sexual de menores de edad. Por eso se busca «enjuiciar a cualquier persona que contribuya a estas actividades delictivas en cualquier forma. Gatti tuvo el conocimiento de que, a la vez que descargaba, facilitaba el material» a todos los demás usuarios de la red eMule.
Por último la defensa impugnó el monto de la pena. Alegó que 6 años de prisión es «desproporcionado» y que los jueces de Roca no aplicaron «correctamente los atenuantes y agravantes». Sobre el punto el TI definió que «el monto de la sanción no resulta arbitrario» ni se demostró algún error judicial en esa valoración.
«La extensión del daño es considerable, dado que este tipo de delitos perpetúan el sufrimiento de niños, niñas y adolescentes, quienes son víctimas de abusos sexuales capturados en imágenes crueles y degradantes. Estas imágenes no solo perpetúan su revictimización, sino que provocan daños irreparables en su desarrollo emocional y psicológico», dijeron los jueces.
«Otra agravante relevante es el perfil del Gatti, quien, a través de su formación profesional y sus actividades públicas, debía comprender la gravedad de sus actos», concluyeron los magistrados.
Judiciales
Les prometió un barrio policial en Paso Córdoba y los estafó
Se trata de un empleado policial de 47 años, quien quedó imputado por el delito de estafa.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por el delito de estafa a un hombre de 47 años, tras haber reunido la prueba suficiente para esta etapa de imputación, luego de que durante este año se recibieron alrededor de 15 denuncias por el mismo hecho.
Según la acusación fiscal, «entre el 7 de octubre de 2021 y el 6 de marzo de 2024, en General Roca, el imputado mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibiendo un boleto de compraventa de una fracción de tierra ubicada en Paso Córdoba, argumentando relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago, indujo a error a un número indeterminado de policías», explicó la fiscal del caso.
«La maniobra habría consistido en que los damnificados suscribieran a un documento, cuya finalidad habría sido la compra de una fracción de tierra de 60.027 metros cuadrados con el fin de construir viviendas», relató la representante fiscal.
El Ministerio Público Fiscal señaló que «cada damnificado pagó por cada parcela reservada un total de $165.000 en 12 cuotas, provocándoles a esas personas un perjuicio patrimonial, ya que se vieron impedidos de tomar posesión de dichas parcelas, en razón de que esas tierras no se encontraban habilitadas para loteo por el Municipio local a la fecha de culminación del plazo mencionado«.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentran las 15 denuncias penales realizadas por los damnificados, copias de boleto de compra venta, de transferencias realizadas, copia de un anteproyecto que sería de este emprendimiento, recibos de pagos de los denunciantes. También las extracciones de las conversaciones de los grupos de WhatsApp creados por el imputado, donde habrían mantenido comunicación los damnificados. Se cuenta con un informe de la Jefatura de la Policía de Río Negro acerca del trabajo realizado por el imputado en la fuerza, también la información recibida por el Área de Catastro de la Municipalidad de General Roca.
La calificación legal por la que la Fiscalía solicitó se tengan por formulados los cargos es la de estafa según los Artículos 45 y 172 del Código Penal.
Por su parte, el defensor del imputado solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos, sosteniendo que «no existe ardid alguno, eventualmente puede existir un incumplimiento contractual que debe tramitarse en el fuero correspondiente. Es una cuestión atípica que no encuadra en el delito que menciona la Fiscalía». Durante la audiencia el imputado, asistido por su abogado, hizo uso de la palabra.
Por un lado, la jueza de Garantías interviniente no hizo lugar al planteo de caducidad realizado por la defensa, y por otro, tuvo por formulados los cargos en los términos establecidos por el Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa particular hizo reserva de impugnación de la resolución de la magistrada.
Judiciales
Atacó a cuchillazos a su ex pareja y ahora enfrenta un juicio por tentativa de femicidio
El hecho ocurrió en agosto del año pasado en la vía pública. La víctima caminaba con sus hijos de 8 y 2 años cuando fue atacada por el imputado, el cual está detenido desde ese día.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal para un hombre de 31 años por desobediencia a una orden judicial, tentativa de femicidio, y coacción simple, todo en concurso real, delitos cometidos contra su ex pareja. El imputado llegó a juicio cumpliendo prisión preventiva.
En sus alegatos, la fiscal interviniente explicó que el hecho «que aquí probamos, mediante los testigos y sobre todo a través de la declaración de la víctima, es que el 23 de agosto de 2023, al mediodía mientras ella caminaba con sus hijos de 8 y 2 años, fue interceptada por su ex pareja».
«El hombre sacó un cuchillo y en varias oportunidades intentó herir a la mujer en la zona del abdomen, luego en la cabeza, todas circunstancias que no logró concretar ya que la víctima ofreció resistencia -resultando igual lastimada- y también gracias a que fue auxiliada por personas que se encontraban en la zona», explicó la Fiscalía.
«Solicitamos al Tribunal que juzgue este hecho con perspectiva de género y teniendo presente la Acordada del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, solicitamos además que se tenga presente la asimetría de poder entre el imputado y la víctima, y la historicidad que quedó expuesta en esta jornada acerca de la violencia en esta relación», concluyó el Ministerio Público Fiscal.
Durante el debate se escucharon a los testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos la víctima, familiares de ella, además a las personas que la ayudaron en la vía pública cuando era atacada por su ex pareja. Prestó su declaración el asistente social del hospital local, y se presentó la pericia del Cuerpo de Investigación Forense respecto de las heridas recibidas por la mujer, como la notificación de la prohibición de acercamiento que pesaba sobre el hombre y que había sido dispuesta por la jueza de Familia en abril de 2023 en el marco de la Ley N° 3040.
El Tribunal de juicio interviniente dará a conocer su resolución el próximo viernes 10 de diciembre a las 12 horas en los Tribunales roquenses.
