Una mujer que llevaba 40 horas en labores de parto y 8 horas con contracciones aceptó someterse a una cesárea en una clínica de Roca. Estaba agotada y los controles médicos comenzaban a detectar señales de riesgo para el bebé. Ante ese panorama, resignó su deseo de un parto natural y fue ingresada al quirófano.

Allí, cuando estaba a punto de aplicarle la anestesia epidural, el anestesiólogo le recriminó que lo hubieran convocado después de la medianoche, cuando él ya había terminado su jornada laboral. La mujer le respondió que no podía elegir el horario del nacimiento de su hijo. El profesional también hizo comentarios despectivos sobre abogados y jueces cuando supo que ella era abogada, en los momentos previos al nacimiento del bebé.

La mujer inició primero un proceso en el fuero de Familia, donde se reconoció que había sufrido violencia obstétrica. Esa decisión quedó firme luego de una apelación de los demandados ante la Cámara. Después presentó una demanda civil por los daños que le ocasionó el episodio.

El fuero Civil condenó al anestesiólogo y a la clínica a pagar una indemnización. La sentencia incluyó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, entre ellas la entrega de información sobre sus derechos a las personas gestantes que ingresan a la clínica y la implementación de un procedimiento accesible para recibir y resolver reclamos.

Para resolver el caso, la magistrada aplicó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género.

También consideró la Ley Nacional de Parto Respetado y la Ley de Derechos del Paciente. Citó, además, los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la violencia durante el embarazo, el parto y el posparto constituye una violación a los derechos humanos.

La sentencia también recuperó los estándares internacionales que identifican concepciones machistas y estereotipadas detrás de estas prácticas. Entre ellas, la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable del embarazo, la supuesta inferioridad de las mujeres, la creencia de que no pueden tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos y las concepciones que reducen sus cuerpos a objetos de placer sexual masculino.

En el ámbito provincial, la jueza destacó que Río Negro fue pionera con la Ley D 3263, que reemplazó el concepto de parto médico por el de parto humanizado. Esa norma reconoce a la persona gestante como protagonista del nacimiento y protege su derecho a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos.

Otro aspecto central fue la evaluación del daño psicológico. Durante el proceso se presentaron dos pericias con conclusiones diferentes. La jueza otorgó mayor valor al informe del Cuerpo de Investigación Forense, que identificó angustia, ansiedad, sentimientos de desvalorización y otras consecuencias vinculadas con el episodio.

Estereotipos a la vista

Al analizar la conducta del anestesiólogo, la magistrada señaló que «el demandado debió conocer que se dirigía a una mujer que atravesaba el proceso de nacimiento de su hijo y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, el profesional dispensó un trato inadecuado a la paciente, cuando su especial posición de jerarquía y autoridad le imponía límites en el modo de relacionarse con su paciente, y no lo hizo, omitiendo la especial diligencia que le era exigible».

La jueza dedicó una parte de la sentencia a identificar y visibilizar los estereotipos que impactaron en el suceso.

Así, cuestionó que se atribuyera a la paciente responsabilidad por la duración del trabajo de parto y por el horario de la intervención, como si hubiera podido decidir cuándo debía nacer su hijo. También examinó el prejuicio que asocia la emocionalidad femenina con una menor capacidad para interpretar lo sucedido. Según explicó, el dolor, el cansancio o la angustia no habilitan a considerar que el relato de una mujer sea exagerado o poco confiable. Otro aspecto revelado fue la naturalización del maltrato dentro de los equipos de salud.

La sentencia también rechazó la expectativa de que una mujer deba reaccionar de una manera determinada frente a una situación de violencia. Finalmente, la magistrada examinó la desigualdad de poder propia de la relación entre profesionales de la salud y pacientes. Esa asimetría se profundiza durante el parto, cuando la persona depende de la asistencia médica para atravesar una intervención necesaria.

En sus conclusiones, la magistrada consideró que el anestesiólogo debía responder por su conducta porque vulneró el deber de brindar un trato digno y respetuoso y cometió un acto de violencia obstétrica.

También atribuyó responsabilidad a la clínica, ya que el profesional fue convocado por la institución. A su vez, la jueza consideró insuficientes las acciones de capacitación que la clínica había acreditado tras la intervención del fuero de Familia.

Garantía de no repetición

La condena no se limitó a la reparación económica. La clínica deberá elaborar y entregar a las pacientes una carta de derechos de las personas gestantes. La misma deberá ser escrita en lenguaje claro y accesible, con información sobre el trato digno, la participación en las decisiones médicas, el respeto de sus necesidades y preferencias y los canales para realizar consultas o reclamos.

También tendrá que implementar o adecuar un protocolo para recibir y responder denuncias por posibles situaciones de violencia obstétrica.

Las medidas deberán cumplirse dentro de los 60 días posteriores a que la sentencia quede firme, con acreditación documental y control judicial. La jueza sostuvo que la prevención requiere acciones institucionales efectivas y sostenidas, capaces de modificar prácticas y evitar nuevas vulneraciones de derechos.

La Fiscalía solicitó que se agrave la situación de uno de los imputados por el crimen de Julián Dobra, por ello requirió su prisión preventiva y que se mantengan las demás medidas cautelares de los otros 6 imputados, cuatro de ellos menores punibles.

Durante la audiencia de hoy (04/11), el Ministerio Público Fiscal explicó detalladamente la contundente prueba que tiene para avanzar hacia juicio contra estas siete personas. «Hemos podido analizar para hoy la evidencia que nos faltaba y por ello es que solicitamos que uno de los imputados pase de ser encubridor a participar en el homicidio», explicó el equipo fiscal conformado por la fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal del caso Marcelo Ramos.

Es así que la Fiscalía solicitó al juez interviniente, Julio Martinez Vivot, que este hombre quede imputado por ser co-autor de los delitos de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego con hurto calificado y de otros elementos por el uso de llave verdadera sustraída, agravado por la participación de menores de edad.

El Ministerio Público Fiscal incorporó diversos elementos científicos y tecnológicos determinantes para sostener esta teoría del caso. Entre las evidencias recolectadas se destacan los peritajes del Gabinete de Criminalística, que permitieron hallar correspondencia entre los rastros de calzado y las zapatillas secuestradas a uno de los imputados, cotejándolas con imágenes extraídas de teléfonos celulares. Asimismo, el Área de Investigación Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) aportaró informes de posicionamiento geosatelital, registros de llamadas, capturas de pantalla de los últimos mensajes entre la víctima y los sospechosos, y la extracción de material fílmico y fotográfico de interés hallado en el interior del vehículo Suzuki Fun perteneciente a Dobra.

Por otra parte, los análisis genéticos y forenses cumplieron un rol fundamental para esta reformulación. «El informe de autopsia elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial determinó la presencia de múltiples lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y arrastre y de un objeto contundente (secuestrado en el marco de este legajo), indicando además que la víctima presentaba signos de agonía. Estos datos se complementan con los resultados del Laboratorio Regional de Genética Forense con sede en Bariloche y perteneciente a este Ministerio Público, que arrojaron un perfil positivo de ADN de contacto en la empuñadura de un arma secuestrada en el domicilio de uno de los imputados, así como muestras positivas vinculadas a las pericias biológicas», detalló Marcelo Ramos.

Finalmente, el plexo probatorio se fortaleció con declaraciones testimoniales en sede fiscal, la entrevista realizada a la madre de la víctima sobre vínculos previos, y el relevamiento de comunicaciones borradas minutos después del hecho. La investigación también contempla datos objetivos aportados por testimonios de allegados, la acreditación de la falta de solvencia económica y la relación de consumo entre los involucrados, elementos que consolidan el avance presentado hoy por la fiscalía hacia la siguiente etapa procesal.

Medidas cautelares

Más adelante, la Fiscalía teniendo presente el avance de la causa hacia juicio y al haberse sumado los elementos de prueba mencionados, solicitó la revisión y actualización de las medidas cautelares para los distintos imputados. Para uno de los menores punibles, el Ministerio Público Fiscal explicó que su situación procesal no se modificó -continúa imputado por encubrimiento agravado-, y por ello solicitó que continúe cumpliendo presentaciones personales periódicas.

Asimismo, para los otros 3 adolescentes imputados, «cuya participación directa en el homicidio agravado -para esta parte- se encuentra consolidada, solicitamos la prórroga de las medidas cautelares vigentes, consistente en arresto domiciliario acompañado de tratamiento tutelar brindado por la SENAF», dijo la fiscal jefe.

Para quien está imputado de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, y cuyo escenario procesal cambió, la Fiscalía requirió la imposición de prisión domiciliaria con monitoreo mediante pulsera electrónica.

En el caso de otro de los adultos que deberá responder como co autor de los delitos de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego la Fiscalía argumentó que «aquí la situación procesal permanece inalterable por su participación principal en el hecho, y requerimos la continuidad de la prisión preventiva sin modificaciones», dijo Calarco.

Una situación distinta se planteó respecto a quien hoy pasó a ser considerado coautor con división funcional de tareas es así que el Ministerio Públicio Fiscal sostuvo que «este hombre planificó el contexto del hecho y utilizó a los menores para concretar el ataque en busca de dinero fácil, facilitando la ejecución de la maniobra al advertir la ausencia de obstáculos, puntualmente cuando se sacó a Julián Dobra de su casa y se lo llevó a un lugar a probar armas», expresó Calarco.

«Somos conscientes que el riesgo procesal presente aquí es el de fuga para todos ya que enfrentarán un juicio con calificaciones legales graves, es por ello que solicitamos que las medidas cautelares se extiendan hasta la realización del debate oral», concluyó la fiscal jefe.

Finalmente, se requirió que el plazo de la investigación penal preparatoria se extienda hasta el 10 de febrero de 2027.

Pedidos de las defensas

Durante la audiencia, el defensor particular de quien se agravó la situación solicitó que no se tengan por formulados los cargos y se rechacen tanto la recalificación legal como la medida cautelar.

Por su parte, desde el equipo de la Defensa Penal Juvenil, Estela Aroca y Dario Ottonello, se opusieron firmemente a la nueva calificación legal, cuestionando la existencia de un acuerdo previo entre los involucrados para cometer el hecho y descartando la configuración del agravante por criminis causa, al sostener que tales extremos no surgen de los elementos recolectados y que el faltante de objetos en la vivienda ya había sido identificado previamente.

Finalmente, en relación con la continuidad de las medidas cautelares, la defensa de los adolescentes advirtió que sus asistidos están próximos a cumplir el plazo máximo de encierro preventivo permitido por ley, destacando que durante todo este tiempo cumplieron con la modalidad domiciliaria con tobillera sin registrar ningún tipo de incumplimiento. Por este motivo, y ponderando que la libertad es la regla, que ambos cuentan con domicilio fijo en General Roca y que carecen de medios económicos para fugarse debido a su condición de menores, solicitaron el cese de dicho encierro y que las medidas se limiten al uso de la tobillera electrónica junto con presentaciones periódicas en la fiscalía.

Resolución

El juez Martinez Vivot expresó que dará a conocer su resolución el próximo viernes 6 de noviembre a las 12.30 en los Tribunales roquenses.

Cuatro empleados policiales fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un hecho ocurrido con dos adolescentes en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca. El policía considerado autor recibió una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas de entre 24 y 30 meses.

La sentencia fue dictada por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Según lo resuelto, el funcionario policial declarado autor fue quien llevó adelante las conductas agresivas contra las víctimas y les profirió amenazas con un arma.

Durante el debate, las defensas penal pública y particular solicitaron modificar la calificación legal propuesta por la Fiscalía. El planteo fue admitido por el Tribunal. Posteriormente, durante la etapa de cesura, insistieron en que las penas requeridas por la acusación eran elevadas.

La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que, en el caso de una de sus asistidas, la pretensión fiscal no contemplaba su historia personal ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. También destacó que las dos mujeres involucradas habían reclamado al policía considerado autor que cesara su accionar contra los adolescentes.

Por su parte, el defensor Juan Pablo Chirinos sostuvo que no existían elementos para justificar una pena de cumplimiento efectivo y pidió que se contemplaran la situación familiar y las responsabilidades de cuidado de su asistido.

El hecho por el que los policías llegaron a juicio ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30. Los imputados se movilizaban en una camioneta policial tipo pick up mientras prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. En ese contexto, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda, donde se produjeron las acciones investigadas contra dos adolescentes.