Judiciales
Último momento: Cuatro meses de prisión en suspenso para el joven que mató de una patada al perro Byron
Además, la Justicia le impuso dos años de reglas de conducta.
Aplicando la Ley Nacional N°14.346 y reconociendo al perro Byron como un sujeto no humano de derechos y como una víctima de un acto de crueldad, un juez penal de Roca impuso la pena de cuatro meses de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta al joven que mató al can de una patada, en la zona céntrica de Roca.
Este tipo de situaciones históricamente no eran materia de intervención para el sistema judicial en general y para el sistema penal en particular. Pero desde hace algunos años el Poder Judicial de Río Negro viene adecuando sus procesos, perspectivas y abordajes para tutelar los derechos de los animales, a tono con un nuevo paradigma que se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, a la que adhirió la provincia por una ley especial.
“Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre”, dice esa Declaración. También señala que “el desconocimiento y desprecio” de esos derechos “han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales”.
En sintonía, la Procuración General del Poder Judicial ha instruido a los y las fiscales de la provincia a impulsar la investigación, el efectivo juzgamiento y la imposición de condenas penales por los delitos cometidos contra los animales. La aplicación de penas en este tipo de casos “debe analizarse en miras a obtener sanciones ejemplificadoras y socioeducativas que permitan no sólo mantener la vigencia y respeto por las normas penales sino, fundamentalmente, el respeto de vivir en armonía y equilibrio con los demás seres vivientes”, dice la Instrucción General N° 04/20.
El caso
En el caso de Byron, la defensa pública había solicitado para el imputado la aplicación de la pena mínima, que es de 15 días de prisión en suspenso. El juez Maximiliano Camarda no hizo lugar al pedido y afirmó: “el contenido de antijuridicidad material de lo desmedido, violento y dañino de su accionar es lo que me lleva a apartarme del mínimo legal solicitado por la defensa del imputado”.
El juez, por otra parte, tampoco valoró como suficientes los fundamentos de la fiscalía para solicitar una pena de siete meses de prisión en suspenso ni de la parte querellante para requerir la pena máxima legal de un año de prisión y que, además, la misma sea de cumplimiento efectivo.
“Teniendo presente los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena, como así también el fin resocializador de la misma, entiendo ajustado a los hechos y al derecho imponer al imputado la pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso”, definió el fallo.
En el juicio se acreditó que Byron, un perro de raza Terranova que era negro y de gran tamaño, falleció a causa de un desgarro en el hígado provocado por una patada que le dio el imputado -un joven de 20 años- la noche del 21 de septiembre de 2020 en la zona céntrica de Roca.
De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el imputado caminaba con su novia y una amiga por la plaza de calle Mitre casi Avenida Roca. Una de las jóvenes llevaba con una correa a su cachorro de pequeño porte cuando Byron, que había escapado de su casa ubicada a aproximadamente 8 cuadras del lugar, se les apareció “desde atrás”.
Judiciales
Fallo autorizó a una mujer a suprimir su apellido paterno porque sufrió violencia económica y psicológica en la infancia
La Defensoría de Pobres y Ausentes N° 10 presentó informes psiquiátricos y psicológicos sobre las profundas implicancias que tiene el apellido paterno para la joven.
Un fallo de la Cámara Civil de Roca admitió la demanda de una mujer de 26 años que pidió suprimir su apellido paterno y reemplazarlo por el materno.
La joven relató en primera persona la violencia psicológica y económica que sufrió durante la niñez y la adolescencia. Explicó que en aquellos años su padre la cargó con reclamos y reproches, siempre ligados a la decisión de su madre de poner fin a la pareja y a la obligación de pagar una cuota alimentaria. Habló de los sentimientos de angustia, miedo e inseguridad que, a pesar de los años, persisten en ella asociados a la figura de su progenitor. Y recalcó la ausencia histórica del hombre en los momentos significativos de su vida.
Para la Cámara, la presentación de la mujer, realizada a través de la Defensa Pública de Roca, logró acreditar un «justo motivo» para habilitar el cambio de apellido.
El Tribunal recordó que el Código Civil y Comercial, en su artículo 69, establece que «el cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez». La misma norma reconoce que hay un justo motivo cuando el nombre o el apellido generan una «afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada».
La sentencia valoró que no hubo ninguna oposición al pedido, ni del progenitor ni de terceras personas, y que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Registro Civil y de Capacidad de las Personas, que es la autoridad de aplicación de la norma, prestaron su conformidad.
La demanda había sido rechazada en primera instancia. En la etapa de apelación, la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 10 presentó informes psiquiátricos y psicológicos sobre las profundas implicancias que tiene el apellido paterno para la joven.
«Cuando conocemos a alguien, lo primero que hacemos es preguntar ¿cómo te llamas?. Y en la respuesta estará seguramente mucho de lo que son sus padres y familia, gustos, creencias, así como también de lo que la persona ha ido construyendo, haciéndola única, inconfundible e insustituible. El nombre cobra entonces suma importancia en la construcción de la identidad personal», reflexionó la Cámara entre los fundamentos de su fallo.
El Tribunal tuvo por acreditado que el apellido paterno impacta en «la salud psíquica de la persona que se está viendo afectada por su portación”, así como en “el desarrollo pleno de su personalidad».
«No se trata en el caso de simplemente dar preponderancia a la libertad de elección de las personas, sino por sobre todo, de proteger su salud y asegurar el desarrollo de su personalidad que necesariamente ha de ser libre», fundamentó la sentencia.
La decisión del Tribunal finalmente hizo lugar a la demanda y dispuso «la supresión del apellido paterno en el nombre de la actora» y su nueva identificación con el apellido materno en todos los documentos y registros oficiales.
Por lo demás, agregó la Cámara, «no es posible inferir que el cambio de nombre pudiere generar algún perjuicio y mucho menos que tuviere motivaciones reprochables, como podría ser el eludir el cumplimiento de deberes u obligaciones o sustraerse a la acción de acreedores o autoridades», concluyó la Cámara en su sentencia.
Judiciales
El colectivero pretendía llegar a horario y no hizo nada para asistir a una pasajera quemada con café
La Justicia ratificó el fallo y la empresa de transporte deberá abonar la indemnización.
Una pasajera que viajaba a Cipolletti impulsó un reclamo judicial después de que el auxiliar que servía el desayuno la quemara con el café. El chofer pretendía llegar a horario y por eso no derivó a la mujer a ningún centro de salud cercano. Incluso cuando arribó a la Terminal de Ómnibus la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a una clínica. Confirman indemnización a su favor.
El caso tuvo un fallo de primera instancia que hizo lugar al reclamo de la pasajera y después la empresa y la aseguradora interpusieron una apelación. El Tribunal que analizó las actuaciones, desestimó los argumentos y confirmó la sentencia.
La condena alcanza a la empresa de transporte Transportes Don Otto S.A. por su responsabilidad en el incidente y a la compañía de seguros. El monto de la indemnización incluye el tratamiento psicológico al que debe someterse la pasajera para superar el episodio, el daño moral y los gastos de farmacia y tratamiento médico. La transportista también recibió una multa civil por su comportamiento respecto a la clienta en el contexto de una relación de consumo.
La pasajera se encontraba en un viaje desde la provincia de Chubut hacia Cipolletti y en esas circunstancias sufrió serias quemaduras durante un control de tránsito en la Ruta Nacional N° 22. El incidente tuvo lugar cuando el personal a bordo del micro estaba sirviendo el desayuno y el vehículo se detuvo abruptamente en la localidad de Guerrico. Como resultado de esta parada brusca, una taza de café se derramó sobre las piernas de la joven, causándole graves quemaduras.
El fallo sostuvo que la empresa cometió transgresiones tanto legales como contractuales. Estas infracciones no solo se refieren a la maniobra imprudente del conductor que resultó en el derrame del café por parte del auxiliar de la empresa, sino también a la falta de medidas de seguridad adecuadas para prevenir tales accidentes y una actitud posterior que mostró un completo desprecio por la integridad de la joven que viajaba en el micro.
También se señaló que, a pesar de conocer la gravedad de las quemaduras y el dolor extremo que experimentaba la pasajera, el personal a bordo del vehículo no la llevó a un centro de salud cercano después del incidente. En cambio, la empresa demoró más de dos horas en trasladarla a un centro médico asistencial una vez que llegaron a la Terminal de Ómnibus de Cipolletti.
Judiciales
Por maltrato animal, allanaron una vivienda en un barrio privado de Roca
Había 10 perros que no estaban alimentados correctamente ni contaban con asistencia veterinaria.
El Área de Bienestar Animal del Municipio de Roca solicitó una orden de allanamiento por maltrato animal a 10 perros en una vivienda de Barrio Pino Azul.
El Juzgado de Faltas municipal había emitido sentencia en el mes de junio. La misma no fue cumplimentada por los tutores de los animales que «se reproducían entre sí, permanecían en la vía pública causando molestias al vecindario, no eran alimentados correctamente ni contaban con asistencia veterinaria (presentando lastimaduras, patologías y ectoparásitos)», detallaron desde la Municipalidad roquense.
La sentencia ordenaba el retiro de los canes de la vivienda, además de la sanción pecuniaria.
En todas las inspecciones y visitas que realizó el Área de Bienestar Animal, nunca se permitió el ingreso a la vivienda. Por ello, se solicitó la orden de allanamiento, tramitada en Fiscalía N° 8 y emitida en horas de la mañana de hoy (20/09).
Acompañaron el allanamiento las proteccionistas de animales Lucrecia Portella Galard y Mayra Bichara en representación de Huellas Callejeras. Estas últimas quienes consiguieron tránsito para los 10 animales capturados y retirados de la vivienda allanada.
