Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accediera a información que confirma la intención de despidos en organismos públicos, se iniciará un paro de 3 días en Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a desarrollarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre inclusive, afectando a las exportaciones y comercio interprovincial.

«Se están poniendo en serio riesgo la continuidad de todo el personal ingresado en el año 2023, como así también de los 550 contratados bajo la modalidad FUNVET, quienes están en una situación de extrema precarización, dado que firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios», indicó el Secretario General, Rodolfo Aguiar.

«La medida que vamos a iniciar mañana tendrá un fuerte impacto y no se nos podrá responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias de la misma. Hace años demandamos que se garantice la estabilidad de todos los trabajadores del organismo. No hay ningún motivo para que alguien pretenda aplicar un ajuste en el SENASA, ya que el mismo se autofinancia y además le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos en el 2022», agregó.

«Este es el inicio de un plan de acción que va a tener continuidad por otros organismos y no descartamos llegar a la huelga general si como se anticipa, la primera variable de ajuste vamos a ser los estatales», apuntó el dirigente nacional.

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

«Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el status sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de fruta con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón)», destacó Aguiar.

«No sólo existe un perjuicio económico al frenar esta actividad, ya que el alimento que se come en el país podría dejar de ser seguro para la salud humana. Incluso pueden entrar nuevas plagas y enfermedades. Ya se confirmaron casos de Alphavirus (encefalomielitis equina) en Corrientes y Santa Fe, un peligroso virus transmitido por mosquitos infectados que infecta a los caballos, pero también puede afectar a humanos», añadió.

En esta línea, el Coordinador General de ATE SENASA, Jorge Ravetti, explicó que «los trabajadores contratados bajo la modalidad FUNVET están ultra precarizados» y que son quienes llegaron para «recrear las barreras sanitarias ante la llegada de la influenza aviar a la Argentina. Esta enfermedad no se erradicó del país. Hace pocos días surgió un foco en Catamarca. El control del SENASA es indispensable para evitar que este tipo de enfermedades hagan un daño mayor», completó.

El Consejo Directivo Central de UnTER exigió al Ministerio de Educación de Educación y Derechos Humanos de Río Negro que garantice el transporte escolar y el servicio de comedores y refrigerio para los estudiantes de todas las escuelas de Río Negro, en sus diferentes niveles y modalidades, hasta la finalización del ciclo lectivo.

«En los últimos días, diferentes Consejos Escolares están enviando a las instituciones educativas notas en las que informan sobre un adelantamiento en el corte de la prestación del servicio de comedor/refrigerio y de transporte, dos semanas antes del cierre del ciclo lectivo, estipulado para el 22 de diciembre en el Calendario Escolar», indicaron desde el sindicato docente.

«A esto se suman las notas remitidas por las Direcciones de Nivel a las supervisiones y equipos directivos habilitando la realización de actos escolares a partir del 14 de diciembre. Estas definiciones del Ministerio de Educación implican la pérdida efectiva de días de clases para los estudiantes. El cese encubierto de las actividades antes del cierre oficial del ciclo lectivo demuestra el poco interés del gobierno por garantizar los 190 días de clase», agregaron.

«Una constante de este 2023, y que se ha profundizado en el último mes, son los reclamos que UnTER ha canalizado de las comunidades educativas de distintos puntos de la provincia, ante las faltas reiteradas de insumos, productos alimenticios en comedores y las dificultades con el transporte escolar que han sido una constante», añadieron.

«Claramente el gobierno de Río Negro profundiza aún más el recorte en Educación, y con el incumplimiento de sus obligaciones aumenta el ajuste en la misma medida que socava el derecho social a la educación de miles de estudiantes», concluyeron desde el gremio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó, a partir de datos precisos brindados por quienes participan en las reuniones de transición que se están realizando en distintas áreas del Poder Ejecutivo, que «la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos Ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos».

El sindicato alentó a los Consejos Directivos de la Capital Federal y todas las provincias a que realicen plenarios y asambleas de organismos nacionales a los efectos de empezar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones tendientes a resguardar todos los puestos de empleo y evitar la desjerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los sectores.

«La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro», apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

«Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión», señaló el dirigente.

La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando en las próximas horas un paro de 72 horas en el SENASA. Cabe destacar que una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas. También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la Patagonia y otras regiones del país. Esto último, pone en riesgo el status sanitario argentino.

La información surgió luego de que la conducción de ATE mantenga reuniones con trabajadores que formaron parte de los intercambios entre las gestiones saliente y entrante, y pudo conocer que quienes representan en esta tarea al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre realizan una búsqueda exhaustiva de todos los trabajadores no sólo que ingresaron en el último año, sino también de todos aquellos que se encuentran sin estabilidad, no importando la antigüedad que tengan. «Son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos», resaltó Aguiar.

Cabe recordar que el Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021.

«Este mismo lunes estaremos informando un paro de 72 horas en el SENASA. La medida podría afectar a todas las exportaciones y no vamos a ser responsables nosotros», advirtió el dirigente estatal.

En este sentido, Aguiar concluyó con que «está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos».