Judiciales
Cirugía estética sobre una cicatriz la dejó peor que antes: el cirujano y su aseguradora deberán indemnizarla
Con más de dos millones de pesos, más los intereses acumulados.
Una mujer del Alto Valle tuvo cuatro hijos por cesárea. Después de cumplir los 35 años quiso corregir la gran cicatriz que le había quedado en el abdomen, pero tras la cirugía estética la lesión quedó peor que antes, con hernias y protuberancias. Ahora el médico y su aseguradora deberán indemnizarla con más de dos millones de pesos, más los intereses acumulados. Quedó probado que el cirujano debió tener en cuenta las patologías previas de la paciente y desaconsejar la intervención.
En el juicio civil por los daños y perjuicios el cirujano aseguró que “la intervención quirúrgica fue exitosa” y que “la propia patología base de la actora y sus descuidos generaron las complicaciones”. El argumento central del médico fue que la cicatrización fue mala porque la mujer era “fumadora crónica” y había desoído su pedido de bajar el consumo de cigarrillos.
En el proceso hubo dos pericias médicas con conclusiones opuestas y la jueza a cargo del Juzgado Civil 1 de Roca priorizó la que tenía “mayor rigor científico”.
Según detalló la mujer en su demanda, consultó al cirujano y éste le propuso realizar “una dermolipectomia, una lipoescultura y un tratamiento estético de la cicatriz”. Le dijo “que la operación era simple y que iba a quedar divina”, según afirmó.
Dos días después de recibir el alta la mujer comenzó a notar problemas en la sutura. De acuerdo con la demanda, el médico le dijo que siga con las curaciones y que “eventualmente podría necesitar algunos puntos, pero no por el momento”.
Un mes después la herida estaba abierta a lo largo de 5 centímetros y estaba infectada. El cirujano le aplicó más puntos en el mismo sector, pero hubo más complicaciones. Entonces le programó una nueva cirugía para la semana siguiente. Tras eso, la mujer pasó tres días fajada y cuando volvió al consultorio a revisar la herida descubrió que “era un desastre, con signos de infección evidente y con varios agujeros abiertos”, dijo. Una semana después la mujer terminó internada en el hospital de su ciudad, con un cuadro de sepsis (una grave reacción del organismo ante la infección), por lo que la sometieron a un tratamiento de urgencia para estabilizarla.
En el hospital pudieron cerrar la herida pero la cicatriz final resultó mucho peor que la causada por las cesáreas. Otras complicaciones posteriores la obligaron a someterse, dos años más tarde, a nuevas intervenciones por aberturas musculares (diastasis de rectos), hernias y costuras “tórpidas” de los tejidos, músculos y ombligo.
Pericias opuestas
La primera pericia médica afirmó que la actuación del cirujano estuvo “dentro de la práctica médica habitual”. La segunda confirmó que el tabaquismo era un factor de riesgo clave para la cicatrización y que el cirujano nunca debió operar a la mujer en esas condiciones.
“Debió desaconsejar la intervención quirúrgica” porque la mujer presentaba “dos criterios absolutos de exclusión que no permiten que una persona opte por este tipo de intervención, a saber: obesidad con IMC mayor a 30 y tabaquismo activo menor a 120 días”. Según el perito, la paciente debió haber suspendido el tabaquismo con “al menos cuatro meses de anticipación de la cirugía”.
“Sus antecedentes de obesidad y fumadora presagiaban una mala cicatrización, y dicha decisión correspondía al médico”, afirmó la jueza para fundamentar la responsabilidad del profesional.
“Se ha demostrado la negligencia del profesional demandado, quien no tomó en la eventualidad las medidas de comprobación y verificación que el cuadro merecía, por lo tanto existe un nexo de causalidad entre la conducta negligente del médico y los perjuicios causados a la paciente”, sostuvo el fallo. La aseguradora del médico, por su parte, fue condenada hasta el límite de la póliza contratada por el profesional.
La indemnización incluyó el daño físico y principalmente el daño moral. Se valoró que la mujer vio “en riesgo su vida” por la sepsis, que sufrió un perjuicio estético “que ha influido muy negativamente sobre su autoimagen corporal y en su afectividad”, y que todo afectó su vida conyugal, familiar y social.
Cabe señalar que la sentencia no está firme porque las partes pueden apelar.
Judiciales
Fueron halladas la mujer embarazada de siete meses y a su hija de 2 años
Habían sido vistas por última vez el domingo alrededor de las 15 horas.
La búsqueda de una mujer de 37 años, embarazada de siete meses, y de su hija de apenas 2 años quedó formalmente desactivada luego de que fueran halladas en buen estado de salud.
La mujer había sido visto por última vez el domingo (13/09) alrededor de las 15 horas junto a su hija, cuando se dirigían a la plaza La Esperanza. Desde entonces, el último contacto registrado había sido a través de WhatsApp a las 19.21, dato que generó preocupación entre sus familiares.
A partir de la denuncia comenzó la reconstrucción del posible recorrido realizado por madre e hija y se activaron los recursos destinados a establecer dónde se encuentran. En las tareas participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal especializado con perros adiestrados.
Finalmente, pasado el mediodía de hoy (15/09) fueron halladas en buen estado de salud, se las trasladó a la Subcomisaría 69° y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debido a que hay una menor involucrada.
Judiciales
Se divorciaron en España y 17 años después lograron inscribir la sentencia en Río Negro
La sentencia había sido dictada por un juzgado español en diciembre de 2009. Para que tuviera efectos en Argentina, fue necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial.
Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.
La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.
Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.
El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.
Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.
Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.
Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.
La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.
Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.
Judiciales
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio de Mauricio Molinez
Según la Fiscalía, dos personas habrían pasado en moto frente al domicilio donde estaba la víctima y efectuado disparos. Un hombre mayor de edad también tiene pedido de captura.
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, ocurrido durante la noche del 9 de septiembre en General Roca.
La Fiscalía había solicitado un allanamiento con orden de detención del adolescente. Durante la audiencia, el joven fue asistido por un defensor de menores penal.
El fiscal Daniel Zornitta solicitó como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, bajo responsabilidad de su padre, para evitar que abandone el domicilio hasta que se concrete la formulación de cargos. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, en el domicilio donde se encontraba la víctima fatal también había al menos dos menores. De acuerdo con la hipótesis investigada, entre las 20 y las 23 dos personas habrían pasado en una motocicleta frente a la vivienda y efectuado disparos que provocaron la muerte de Molinez. Uno de los involucrados es el adolescente y el otro, un hombre mayor de edad, tiene un pedido de captura vigente.
La Fiscalía informó además que se realizaron otros allanamientos, en los que fue posible encontrar una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Entre las evidencias reunidas se encuentra el informe de autopsia, durante la cual se extrajo un proyectil que será sometido a peritaje. También se cuenta con un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes levantaron vainas servidas en el lugar y constataron impactos de disparos en el frente de la vivienda.
La Brigada de Investigaciones trabajó en la toma de declaraciones testimoniales y en la recepción de evidencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló además que algunos testigos tendrían temor de brindar su versión de lo ocurrido, situación que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar las medidas cautelares.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera para el adolescente.
Por tratarse de un menor de edad, no se brindan nombres, domicilios, imágenes ni otros datos que permitan identificarlo, ni precisiones que puedan afectar sus derechos de intimidad y privacidad.
