Judiciales
Cirugía estética sobre una cicatriz la dejó peor que antes: el cirujano y su aseguradora deberán indemnizarla
Con más de dos millones de pesos, más los intereses acumulados.
Una mujer del Alto Valle tuvo cuatro hijos por cesárea. Después de cumplir los 35 años quiso corregir la gran cicatriz que le había quedado en el abdomen, pero tras la cirugía estética la lesión quedó peor que antes, con hernias y protuberancias. Ahora el médico y su aseguradora deberán indemnizarla con más de dos millones de pesos, más los intereses acumulados. Quedó probado que el cirujano debió tener en cuenta las patologías previas de la paciente y desaconsejar la intervención.
En el juicio civil por los daños y perjuicios el cirujano aseguró que “la intervención quirúrgica fue exitosa” y que “la propia patología base de la actora y sus descuidos generaron las complicaciones”. El argumento central del médico fue que la cicatrización fue mala porque la mujer era “fumadora crónica” y había desoído su pedido de bajar el consumo de cigarrillos.
En el proceso hubo dos pericias médicas con conclusiones opuestas y la jueza a cargo del Juzgado Civil 1 de Roca priorizó la que tenía “mayor rigor científico”.
Según detalló la mujer en su demanda, consultó al cirujano y éste le propuso realizar “una dermolipectomia, una lipoescultura y un tratamiento estético de la cicatriz”. Le dijo “que la operación era simple y que iba a quedar divina”, según afirmó.
Dos días después de recibir el alta la mujer comenzó a notar problemas en la sutura. De acuerdo con la demanda, el médico le dijo que siga con las curaciones y que “eventualmente podría necesitar algunos puntos, pero no por el momento”.
Un mes después la herida estaba abierta a lo largo de 5 centímetros y estaba infectada. El cirujano le aplicó más puntos en el mismo sector, pero hubo más complicaciones. Entonces le programó una nueva cirugía para la semana siguiente. Tras eso, la mujer pasó tres días fajada y cuando volvió al consultorio a revisar la herida descubrió que “era un desastre, con signos de infección evidente y con varios agujeros abiertos”, dijo. Una semana después la mujer terminó internada en el hospital de su ciudad, con un cuadro de sepsis (una grave reacción del organismo ante la infección), por lo que la sometieron a un tratamiento de urgencia para estabilizarla.
En el hospital pudieron cerrar la herida pero la cicatriz final resultó mucho peor que la causada por las cesáreas. Otras complicaciones posteriores la obligaron a someterse, dos años más tarde, a nuevas intervenciones por aberturas musculares (diastasis de rectos), hernias y costuras “tórpidas” de los tejidos, músculos y ombligo.
Pericias opuestas
La primera pericia médica afirmó que la actuación del cirujano estuvo “dentro de la práctica médica habitual”. La segunda confirmó que el tabaquismo era un factor de riesgo clave para la cicatrización y que el cirujano nunca debió operar a la mujer en esas condiciones.
“Debió desaconsejar la intervención quirúrgica” porque la mujer presentaba “dos criterios absolutos de exclusión que no permiten que una persona opte por este tipo de intervención, a saber: obesidad con IMC mayor a 30 y tabaquismo activo menor a 120 días”. Según el perito, la paciente debió haber suspendido el tabaquismo con “al menos cuatro meses de anticipación de la cirugía”.
“Sus antecedentes de obesidad y fumadora presagiaban una mala cicatrización, y dicha decisión correspondía al médico”, afirmó la jueza para fundamentar la responsabilidad del profesional.
“Se ha demostrado la negligencia del profesional demandado, quien no tomó en la eventualidad las medidas de comprobación y verificación que el cuadro merecía, por lo tanto existe un nexo de causalidad entre la conducta negligente del médico y los perjuicios causados a la paciente”, sostuvo el fallo. La aseguradora del médico, por su parte, fue condenada hasta el límite de la póliza contratada por el profesional.
La indemnización incluyó el daño físico y principalmente el daño moral. Se valoró que la mujer vio “en riesgo su vida” por la sepsis, que sufrió un perjuicio estético “que ha influido muy negativamente sobre su autoimagen corporal y en su afectividad”, y que todo afectó su vida conyugal, familiar y social.
Cabe señalar que la sentencia no está firme porque las partes pueden apelar.
Judiciales
Condenan parcialmente a un hombre que defendió a su pareja de una agresión de su ex
La sentencia atribuyó un 30% de responsabilidad civil al sujeto que intervino para defender a su novia y lo condenó a pagar una indemnización parcial por incapacidad y daño extrapatrimonial.
Un hombre fue hasta la casa de su ex pareja. Entre ambos existía una larga historia de conflictos y medidas de protección. La mujer había denunciado hechos de violencia y contaba con restricciones de acercamiento. En ese momento intervino la pareja actual de la mujer. Lo hizo para frenar la agresión y protegerla. El hecho terminó con lesiones para el hombre que había llegado al lugar. Años después, ese episodio llegó al fuero civil de Roca.
El hombre lesionado inició una demanda por daños y perjuicios contra su expareja y contra la pareja de ella. Reclamó una indemnización por las lesiones físicas y psicológicas que sufrió.
Un fallo rechazó la demanda contra la mujer y la admitió de manera parcial contra el otro demandado. La sentencia entendió que actuó en defensa de un tercero, aunque excedió los límites de una respuesta proporcional.
La jueza analizó el caso con perspectiva de género. El fallo valoró el contexto de violencia previo y sostuvo que ese antecedente resultó indispensable para comprender lo ocurrido. La resolución recordó que los jueces tienen la obligación de incorporar esa perspectiva cuando existen indicios de violencia contra las mujeres.
La sentencia señaló que la legítima defensa no puede evaluarse como un hecho aislado. Explicó que, en situaciones de violencia de género, la agresión forma parte de un proceso que suele extenderse en el tiempo. Por ese motivo, el análisis debe incluir los antecedentes, las denuncias y las medidas de protección vigentes.
Con ese criterio, el fallo concluyó que la intervención de la pareja de la mujer tuvo como finalidad protegerla frente a una agresión. Sin embargo, también determinó que algunos golpes superaron lo necesario para neutralizar el ataque. Por esa razón le atribuyó un 30% de responsabilidad civil. La demanda contra la mujer quedó rechazada.
La resolución destacó que la valoración de los hechos debía evitar estereotipos y ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
omo consecuencia de la decisión, la sentencia condenó a la pareja actual a pagar una indemnización parcial por incapacidad, daño extrapatrimonial, tratamiento psicológico y gastos médicos, con más los intereses correspondientes.
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Un perro suelto y amenazas de matarlo delante de la familia: Deberán cumplir con la tenencia responsable de mascotas
El conflicto terminó en un Juzgado de Paz.
Un conflicto entre dos vecinos de Sierra Grande, que tuvo como eje la tenencia responsable de un perro, terminó en el Juzgado de Paz luego de que las diferencias escalaran a discusiones, denuncias de amenazas y situaciones de hostigamiento.
Todo comenzó por la preocupación de un vecino, quien sostuvo que el animal permanecía suelto de manera habitual. Según relató, intentó hablar en varias oportunidades con sus propietarios para que modificaran esa situación, pero el desacuerdo derivó en un enfrentamiento entre ambas partes.
El vecino promovió una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro. Expuso que había sufrido actos de hostigamiento, intimidación y amenazas vinculados con el conflicto por la mascota.
Durante la audiencia, la pareja de la persona denunciada concurrió en su representación y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba. Negó los hechos denunciados y afirmó, en cambio, que el denunciante había amenazado con matar al perro delante de la familia. También explicó que el animal siempre había permanecido suelto sin haber mordido a nadie y que Zoonosis municipal ya había intervenido para notificar sobre la tenencia responsable.
La jueza de Paz advirtió que, más allá de las versiones contrapuestas, existía un conflicto vecinal que había derivado en episodios de confrontación verbal y que podía afectar la convivencia entre las partes.
Por ese motivo, hizo lugar al pedido de suspensión del proceso contravencional a prueba por el plazo de seis meses. Como condición, impuso reglas de conducta para evitar nuevos enfrentamientos.
Entre esas reglas, ordenó que la persona beneficiaria se abstenga de realizar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas o agresiones verbales. También dispuso que cualquier futura controversia relacionada con la tenencia responsable de la mascota se canalice exclusivamente por las vías legales, evitando toda confrontación directa.
Además, dio intervención a la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande para que controle el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales, adopte las medidas preventivas que correspondan e informe al Juzgado sobre cualquier actuación relevante para prevenir nuevos conflictos. También se notificó a la Comisaría 13° para que informe únicamente si se registran nuevos episodios de conflicto o incumplimientos de las reglas impuestas.
Judiciales
Era tractorista, lo registraban como peón y lo apartaron tras ser elegido dirigente sindical
Un fallo judicial determinó que la empresa modificó las condiciones laborales del trabajador luego de que asumiera un cargo en la UATRE.
Durante más de tres años un hombre trabajó en una empresa frutícola del Alto Valle. La mayor parte del tiempo condujo un tractor para realizar tareas de poda, pulverización, cosecha y mantenimiento de las chacras. Sin embargo, en los recibos de sueldo figuraba con otra categoría laboral.
La situación cambió después de que notificó a la empresa que había sido elegido con un cargo en la Seccional Roca de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El hombre dejó de conducir el tractor y pasó a realizar tareas de peón general. También sufrió una reducción salarial y comenzó un conflicto que terminó con su alejamiento del trabajo.
El trabajador promovió una demanda laboral contra la empresa. Reclamó las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales, el reconocimiento de su verdadera categoría profesional y la indemnización prevista por la tutela sindical.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora a pagar una indemnización.
Durante el juicio declararon compañeros de trabajo, representantes sindicales y otros testigos. Coincidieron en que el trabajador desempeñó durante casi toda la relación laboral tareas propias de tractorista, aunque la empresa lo registraba como peón general o trabajador temporario. También señalaron que, después de asumir el cargo gremial, fue apartado del tractor y destinado a otras tareas.
El fuero laboral concluyó que la empresa no reflejó correctamente la realidad de la prestación laboral. Consideró acreditado que el trabajador desarrolló funciones de tractorista y que, por esa razón, correspondía reconocer esa categoría y liquidar las diferencias salariales conforme a las escalas aplicables al régimen agrario.
Los jueces también entendieron probado que el hombre mantenía una relación laboral permanente y continua, pese a que la empresa lo registró como trabajador discontinuo o temporario. Para llegar a esa conclusión valoraron la documentación incorporada al expediente y comprobaron que percibió remuneraciones durante todos los meses de la relación laboral.
La sentencia destacó además que el hombre había comunicado en forma fehaciente su candidatura y posterior elección en el gremio. La empresa recibió esas notificaciones y nunca cuestionó esa representación sindical. Por ese motivo, la Cámara concluyó que gozaba de la tutela prevista por la Ley de Asociaciones Sindicales.
El fallo sostuvo que la modificación de las tareas y de las condiciones laborales se produjo sin que existiera una autorización judicial para excluir al trabajador de esa protección especial. Consideró que el despido indirecto dispuesto por el empleado resultó legítimo y que tenía derecho, además de las indemnizaciones comunes, a percibir la reparación prevista para quienes cuentan con tutela sindical.
