Judiciales
Femicidio de Casmuz: Finalizaron los testimonios y mañana será la deliberación
Ahora el jurado popular podrá declarar a Colicheo culpable o no culpable.
Con la declaración de los últimos cuatro peritos ofrecidos por la defensa terminó este lunes (19/09) la etapa de producción de las pruebas en el juicio oral y público contra un Antonio Colicheo, acusado como presunto autor del delito de femicidio con alevosía, del que resultó víctima la joven roquense Claudia Alejandra Casmuz.
El juicio finaliza este martes con los alegatos finales de cada una de las partes. Allí los abogados de la Fiscalía, de la parte querellante y finalmente la defensa expondrán ante el jurado popular sus conclusiones particulares y le formularán sus peticiones finales.
La audiencia del martes (20/09) se completará con las instrucciones para la deliberación que el juez profesional Emilio Stadler dará a los y las integrantes del jurado. Esas instrucciones contienen las pautas de análisis de la prueba, los principios legales aplicables y el abanico final de posibles delitos por los que el jurado podrá declarar al imputado culpable o no culpable. En la misma instancia se reiterarán al jurado las «convenciones probatorias» alcanzadas por las partes. Se trata de todos aquellos hechos y circunstancias que no será necesario probar por otros medios en el juicio porque ya fueron admitidos como ciertos por todas las partes.
Inmediatamente después de recibir las instrucciones finales, el jurado pasará a una sala privada para deliberar de manera secreta. En esa sala está prohibido el ingreso de cualquier persona ajena al jurado mientras se produce la discusión. Cabe recordar que la deliberación secreta del jurado puede durar hasta un máximo de dos días, según establece el artículo 201 del Código Procesal Penal de Río Negro.
Los alegatos finales de las partes y el veredicto serán transmitidos mañana, a partir de las 8.30, por el canal de YouTube de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro.
El juicio
El juicio ante el jurado popular comenzó el martes 13 de septiembre con los alegatos de apertura de cada parte y las instrucciones iniciales que brindó el juez profesional. A partir de entonces, en las audiencias sucesivas, declararon alrededor de 60 testigos y peritos ofrecidos por las partes acusadoras y por la defensa.
El martes declararon nueve testigos, en su mayoría efectivos policiales. También declaró el hombre que denunció el robo de un arma de fuego de su domicilio, hecho que también se está juzgando en este proceso.
El miércoles declaró el dueño del campo La Perseverancia, ubicado al norte de Roca, donde fue encontrado el cadáver de Casmuz el 4 de marzo de 2021.
Luego declararon efectivos policiales que participaron de las primeras diligencias de la investigación, el Director General de Investigaciones Judiciales de la Policía, dos médicos forenses del Poder Judicial, una doctora en Biología que realizó una pericia entomológica, dos expertos en balística de la Policía de Criminalística de Río Negro y otro de Criminalística de la Policía Federal con asiento en Neuquén, más otros tres expertos ofrecidos por la acusación.
El jueves declararon en total 14 personas, entre peritos de la investigación penal, operadoras de salud mental y profesionales que habían intervenido en tratamientos y procesos judiciales anteriores referidos a la víctima fatal, y personas particulares que conocían a la víctima o al imputado. Ese mismo día declaró el acusado, contraponiendo su versión a lo que había declarado una de las testigos.
El viernes prestaron declaración testigos relacionados con el robo del arma de fuego, hecho que fue denunciado en enero de 2021, además de testigos de actuación de distintas diligencias de la investigación. El mismo día declararon familiares y personas cercanas al imputado.
Finalmente este lunes declararon los últimos cuatro peritos ofrecidos por la defensa, entre ellos una psiquiatra forense, un experto en balística y una licenciada en trabajo social forense.
Participación ciudadana
Desde la incorporación del juicio por jurados al proceso penal en Río Negro -a través de una ley sancionada por la Legislatura provincial-, la ciudadanía rionegrina comenzó a participar personalmente en la administración de la Justicia Penal para los delitos más graves que prevén las normas. Los y las integrantes del jurado popular son los jueces y juezas que deben resolver sobre la inocencia o la culpabilidad de otros ciudadanos y ciudadanas, a través de los juicios orales y públicos.
El primer juicio por jurados se realizó en marzo de 2020 en Bariloche, pocos días antes del inicio de la pandemia. Desde mayo de 2021, cuando la situación sanitaria y la legislación vigente lo permitieron, se realizaron seis juicios por jurados más: uno en Roca, uno en Cipolletti, dos en Viedma y dos en Bariloche. El juicio que finaliza mañana en Roca será el octavo de la historia provincial y el primero con presencialidad plena de partes, testigos y público desde la pandemia.
Judiciales
Comenzó el juicio contra cuatro policías acusados de torturar a dos adolescentes en Alta Barda
El juicio se extenderá durante cinco jornadas más y contará con la declaración de más de 30 testigos.
Comenzó el debate oral por el hecho que investiga una serie de acciones que cuatro policías habrían cometido contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda de General Roca.
El Tribunal Colegiado comenzó a escuchar a los primeros testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la pretensión punitiva supera los 3 años de prisión.
Durante la primera jornada declararon la madre de uno de los jóvenes, la hermana de ella y dos enfermeras del servicio de emergencias.
El debate continuará durante cinco jornadas más. Para este miércoles (19/08) está prevista, entre otras medidas probatorias, la reproducción de las Cámaras Gesell.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30, cuando los cuatro imputados, que se movilizaban en un móvil policial tipo pick up y prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda.
La acusación sostiene que uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a quienes se encontraban en el lugar y que, posteriormente, tras identificar a los dos adolescentes, los habría hecho subir al móvil frente a sus tres compañeros.
De acuerdo con el relato fiscal, una de las policías conducía, otra se encontraba en la cajuela y el restante ocupaba el asiento trasero junto a los adolescentes.
La acusación plantea que los jóvenes fueron trasladados a un descampado y que allí uno de los policías habría golpeado a ambos. Según la Fiscalía, las dos mujeres policías le pedían que detuviera su accionar, mientras el otro hombre observaba.
Siempre según la acusación, posteriormente el mismo efectivo les habría ordenado correr y efectuado nuevas detonaciones hacia los pies de los adolescentes. Uno de ellos habría sufrido una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón.
La Fiscalía también sostuvo que el policía habría amenazado a los jóvenes mientras tenía un arma cargada y que finalmente ambos lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.
La calificación legal es torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Uno de los policías respondería como autor, mientras que los otros tres lo harían en carácter de partícipes necesarios.
Las defensas, en tanto, cuestionaron tanto la teoría de la fiscalía como la calificación legal. El defensor penal público Juan Pablo Chirinos sostuvo que su asistido reconoció el hecho, aunque no en el grado ni con la participación que plantea la acusación, y afirmó que para esa parte no existió tortura.
Por su parte, Flavia Rojas planteó que la defensa discutirá la teoría fiscal a partir de la desigualdad existente en la fuerza policial entre hombres y mujeres y su impacto en la labor de su asistida.
El juicio está previsto durante toda esta semana, desde las 8.30, en los Tribunales de General Roca.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
