Judiciales
Femicidio de Casmuz: Finalizaron los testimonios y mañana será la deliberación
Ahora el jurado popular podrá declarar a Colicheo culpable o no culpable.

Con la declaración de los últimos cuatro peritos ofrecidos por la defensa terminó este lunes (19/09) la etapa de producción de las pruebas en el juicio oral y público contra un Antonio Colicheo, acusado como presunto autor del delito de femicidio con alevosía, del que resultó víctima la joven roquense Claudia Alejandra Casmuz.
El juicio finaliza este martes con los alegatos finales de cada una de las partes. Allí los abogados de la Fiscalía, de la parte querellante y finalmente la defensa expondrán ante el jurado popular sus conclusiones particulares y le formularán sus peticiones finales.
La audiencia del martes (20/09) se completará con las instrucciones para la deliberación que el juez profesional Emilio Stadler dará a los y las integrantes del jurado. Esas instrucciones contienen las pautas de análisis de la prueba, los principios legales aplicables y el abanico final de posibles delitos por los que el jurado podrá declarar al imputado culpable o no culpable. En la misma instancia se reiterarán al jurado las «convenciones probatorias» alcanzadas por las partes. Se trata de todos aquellos hechos y circunstancias que no será necesario probar por otros medios en el juicio porque ya fueron admitidos como ciertos por todas las partes.
Inmediatamente después de recibir las instrucciones finales, el jurado pasará a una sala privada para deliberar de manera secreta. En esa sala está prohibido el ingreso de cualquier persona ajena al jurado mientras se produce la discusión. Cabe recordar que la deliberación secreta del jurado puede durar hasta un máximo de dos días, según establece el artículo 201 del Código Procesal Penal de Río Negro.
Los alegatos finales de las partes y el veredicto serán transmitidos mañana, a partir de las 8.30, por el canal de YouTube de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro.
El juicio
El juicio ante el jurado popular comenzó el martes 13 de septiembre con los alegatos de apertura de cada parte y las instrucciones iniciales que brindó el juez profesional. A partir de entonces, en las audiencias sucesivas, declararon alrededor de 60 testigos y peritos ofrecidos por las partes acusadoras y por la defensa.
El martes declararon nueve testigos, en su mayoría efectivos policiales. También declaró el hombre que denunció el robo de un arma de fuego de su domicilio, hecho que también se está juzgando en este proceso.
El miércoles declaró el dueño del campo La Perseverancia, ubicado al norte de Roca, donde fue encontrado el cadáver de Casmuz el 4 de marzo de 2021.
Luego declararon efectivos policiales que participaron de las primeras diligencias de la investigación, el Director General de Investigaciones Judiciales de la Policía, dos médicos forenses del Poder Judicial, una doctora en Biología que realizó una pericia entomológica, dos expertos en balística de la Policía de Criminalística de Río Negro y otro de Criminalística de la Policía Federal con asiento en Neuquén, más otros tres expertos ofrecidos por la acusación.
El jueves declararon en total 14 personas, entre peritos de la investigación penal, operadoras de salud mental y profesionales que habían intervenido en tratamientos y procesos judiciales anteriores referidos a la víctima fatal, y personas particulares que conocían a la víctima o al imputado. Ese mismo día declaró el acusado, contraponiendo su versión a lo que había declarado una de las testigos.
El viernes prestaron declaración testigos relacionados con el robo del arma de fuego, hecho que fue denunciado en enero de 2021, además de testigos de actuación de distintas diligencias de la investigación. El mismo día declararon familiares y personas cercanas al imputado.
Finalmente este lunes declararon los últimos cuatro peritos ofrecidos por la defensa, entre ellos una psiquiatra forense, un experto en balística y una licenciada en trabajo social forense.
Participación ciudadana
Desde la incorporación del juicio por jurados al proceso penal en Río Negro -a través de una ley sancionada por la Legislatura provincial-, la ciudadanía rionegrina comenzó a participar personalmente en la administración de la Justicia Penal para los delitos más graves que prevén las normas. Los y las integrantes del jurado popular son los jueces y juezas que deben resolver sobre la inocencia o la culpabilidad de otros ciudadanos y ciudadanas, a través de los juicios orales y públicos.
El primer juicio por jurados se realizó en marzo de 2020 en Bariloche, pocos días antes del inicio de la pandemia. Desde mayo de 2021, cuando la situación sanitaria y la legislación vigente lo permitieron, se realizaron seis juicios por jurados más: uno en Roca, uno en Cipolletti, dos en Viedma y dos en Bariloche. El juicio que finaliza mañana en Roca será el octavo de la historia provincial y el primero con presencialidad plena de partes, testigos y público desde la pandemia.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.

Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Judiciales
Imputaron al conductor de la camioneta por la muerte de Jairo Lavacara en Guerrico
El Ministerio Público Fiscal atribuyó al joven de 22 años una maniobra negligente al girar en U sobre una calle rural de Guerrico.

La Justicia imputó este martes (07/07) a un joven de 22 años por el choque ocurrido el domingo (05/07) por la tarde en una calle rural de Guerrico, que terminó con la muerte de Jairo Agustín Lavacara, el motociclista de 19 años oriundo de General Roca.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado conducía una Volkswagen Tiguan y que, alrededor de las 18.15, se encontraba detenido sobre la banquina en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi. Según la acusación, inició una maniobra de giro en U «sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria», interponiéndose en la trayectoria de varias motocicletas que circulaban por el lugar.
Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una Honda CRV 250 conducida por Lavacara no logró evitar la colisión contra el lateral izquierdo de la camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.
El fiscal Ricardo Romero atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, calificación que fue aceptada por la jueza de Garantías María Gadano, quien tuvo por formulados los cargos e inició formalmente la investigación penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran el acta de procedimiento confeccionada por la Comisaría 54° de Allen, testimonios de personas que viajaban en la Tiguan, la documentación del vehículo, la póliza de seguro, la licencia de conducir del imputado, el resultado negativo del test de alcoholemia, el informe técnico del Gabinete de Criminalística y las fotografías obtenidas durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro.
Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos y destacó que su asistido permaneció en el lugar del hecho, dio aviso a la Policía e intentó asistir a la víctima tras el choque.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que el imputado deba presentarse periódicamente en una comisaría, mantener el domicilio informado ante la Justicia, conservar su número telefónico, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y no mantener contacto con familiares o allegados de la víctima.
La jueza hizo lugar al pedido fiscal, impuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Judiciales
Deberán indemnizar a un automovilista tras el desprendimiento de una rueda de auxilio en Ruta N° 22
El fallo rechazó la defensa del conductor, quien había negado manejar la camioneta al momento del hecho, y también responsabilizó al titular del vehículo.

Un hombre circulaba por la Ruta Nacional N° 22 y a la altura de Roca, una situación inesperada cambió su recorrido. La rueda de auxilio de una camioneta que ingresaba a la ruta se desprendió de la caja del vehículo, salió despedida y golpeó de frente su automóvil.
El impacto provocó importantes daños en el auto Ford Fiesta. Además de las reparaciones, el conductor perdió la posibilidad de utilizar el vehículo durante un tiempo y afrontó una disminución en su valor de reventa como consecuencia del siniestro.
Ante esa situación, el propietario del automóvil inició una demanda por daños y perjuicios contra el conductor de la camioneta y contra su titular registral. El fuero civil de Roca declaró responsables a ambos demandados y ordenó la indemnización por los daños materiales, la privación de uso y la desvalorización del vehículo.
La sentencia señaló que el desprendimiento de la rueda de auxilio configuró un supuesto de responsabilidad objetiva. En ese marco, consideró acreditado que la rueda provenía de la camioneta involucrada y que fue la causa del daño sufrido por el automóvil.
La jueza explicó que el caso se resolvió con base en la teoría del riesgo creado. Esa regla establece que quien utiliza un vehículo debe responder por los daños que ese vehículo cause, aun cuando no se pruebe una conducta negligente. En este caso, el riesgo se concretó cuando la rueda de auxilio se desprendió de la camioneta e impactó contra otro automóvil.
El fallo también descartó el planteo del conductor, quien afirmó que no manejaba la camioneta al momento del accidente. La magistrada valoró la denuncia presentada ante la aseguradora, la prueba incorporada al expediente y la falta de elementos que respaldaran esa versión.
Respecto del titular registral, la resolución recordó que la normativa vigente establece su responsabilidad por los daños ocasionados por el vehículo, salvo que demuestre una causa de eximición. Como no compareció al proceso ni acreditó ninguna circunstancia que lo liberara de responder, la jueza confirmó también su responsabilidad.
Al fijar la indemnización, la sentencia reconoció el costo actualizado de la reparación del automóvil. Además contempló una compensación por los días en que el hombre no pudo utilizarlo y otro monto por la pérdida de valor comercial.








