Judiciales
Femicidio de Casmuz: Finalizaron los testimonios y mañana será la deliberación
Ahora el jurado popular podrá declarar a Colicheo culpable o no culpable.
Con la declaración de los últimos cuatro peritos ofrecidos por la defensa terminó este lunes (19/09) la etapa de producción de las pruebas en el juicio oral y público contra un Antonio Colicheo, acusado como presunto autor del delito de femicidio con alevosía, del que resultó víctima la joven roquense Claudia Alejandra Casmuz.
El juicio finaliza este martes con los alegatos finales de cada una de las partes. Allí los abogados de la Fiscalía, de la parte querellante y finalmente la defensa expondrán ante el jurado popular sus conclusiones particulares y le formularán sus peticiones finales.
La audiencia del martes (20/09) se completará con las instrucciones para la deliberación que el juez profesional Emilio Stadler dará a los y las integrantes del jurado. Esas instrucciones contienen las pautas de análisis de la prueba, los principios legales aplicables y el abanico final de posibles delitos por los que el jurado podrá declarar al imputado culpable o no culpable. En la misma instancia se reiterarán al jurado las «convenciones probatorias» alcanzadas por las partes. Se trata de todos aquellos hechos y circunstancias que no será necesario probar por otros medios en el juicio porque ya fueron admitidos como ciertos por todas las partes.
Inmediatamente después de recibir las instrucciones finales, el jurado pasará a una sala privada para deliberar de manera secreta. En esa sala está prohibido el ingreso de cualquier persona ajena al jurado mientras se produce la discusión. Cabe recordar que la deliberación secreta del jurado puede durar hasta un máximo de dos días, según establece el artículo 201 del Código Procesal Penal de Río Negro.
Los alegatos finales de las partes y el veredicto serán transmitidos mañana, a partir de las 8.30, por el canal de YouTube de la Dirección de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro.
El juicio
El juicio ante el jurado popular comenzó el martes 13 de septiembre con los alegatos de apertura de cada parte y las instrucciones iniciales que brindó el juez profesional. A partir de entonces, en las audiencias sucesivas, declararon alrededor de 60 testigos y peritos ofrecidos por las partes acusadoras y por la defensa.
El martes declararon nueve testigos, en su mayoría efectivos policiales. También declaró el hombre que denunció el robo de un arma de fuego de su domicilio, hecho que también se está juzgando en este proceso.
El miércoles declaró el dueño del campo La Perseverancia, ubicado al norte de Roca, donde fue encontrado el cadáver de Casmuz el 4 de marzo de 2021.
Luego declararon efectivos policiales que participaron de las primeras diligencias de la investigación, el Director General de Investigaciones Judiciales de la Policía, dos médicos forenses del Poder Judicial, una doctora en Biología que realizó una pericia entomológica, dos expertos en balística de la Policía de Criminalística de Río Negro y otro de Criminalística de la Policía Federal con asiento en Neuquén, más otros tres expertos ofrecidos por la acusación.
El jueves declararon en total 14 personas, entre peritos de la investigación penal, operadoras de salud mental y profesionales que habían intervenido en tratamientos y procesos judiciales anteriores referidos a la víctima fatal, y personas particulares que conocían a la víctima o al imputado. Ese mismo día declaró el acusado, contraponiendo su versión a lo que había declarado una de las testigos.
El viernes prestaron declaración testigos relacionados con el robo del arma de fuego, hecho que fue denunciado en enero de 2021, además de testigos de actuación de distintas diligencias de la investigación. El mismo día declararon familiares y personas cercanas al imputado.
Finalmente este lunes declararon los últimos cuatro peritos ofrecidos por la defensa, entre ellos una psiquiatra forense, un experto en balística y una licenciada en trabajo social forense.
Participación ciudadana
Desde la incorporación del juicio por jurados al proceso penal en Río Negro -a través de una ley sancionada por la Legislatura provincial-, la ciudadanía rionegrina comenzó a participar personalmente en la administración de la Justicia Penal para los delitos más graves que prevén las normas. Los y las integrantes del jurado popular son los jueces y juezas que deben resolver sobre la inocencia o la culpabilidad de otros ciudadanos y ciudadanas, a través de los juicios orales y públicos.
El primer juicio por jurados se realizó en marzo de 2020 en Bariloche, pocos días antes del inicio de la pandemia. Desde mayo de 2021, cuando la situación sanitaria y la legislación vigente lo permitieron, se realizaron seis juicios por jurados más: uno en Roca, uno en Cipolletti, dos en Viedma y dos en Bariloche. El juicio que finaliza mañana en Roca será el octavo de la historia provincial y el primero con presencialidad plena de partes, testigos y público desde la pandemia.
Judiciales
Ordenan terminar con agravios en redes sociales y derivan un conflicto vecinal a mediación
El conflicto incluyó acusaciones públicas en Facebook y reclamos vinculados a una bicicleta.
Un juzgado de Paz dictó medidas preventivas para poner fin a un conflicto vecinal que derivó en agravios públicos y publicaciones ofensivas en redes sociales. Para apaciguar la escalada de violencia digital utilizó la Ley Contravencional, que permite resoluciones más rápidas ante situaciones de menor gravedad.
La actuación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra otra vecina, a quien acusó de hostigarla en la vía pública y de publicar mensajes agraviantes en Facebook. La calificaba de «chorra». Según la denunciante, los comentarios también fueron replicados en páginas de amplia difusión local.
El origen del conflicto estaría vinculado a una bicicleta que permaneció en la chacra de la señora que inició la demanda. En una audiencia realizada posteriormente, la mujer denunciada sostuvo que le «prestó» ese rodado, pero luego alegó que «nunca me la pagó». Además, reconoció haber realizado publicaciones injuriantes en redes sociales y se comprometió a eliminarlas.
La jueza de Paz de Conesa recordó que la Ley Contravencional de Río Negro establece que, antes de continuar con una acción de instancia privada, las partes deben recurrir a mecanismos autocompositivos como la mediación o la conciliación para intentar recomponer los intereses afectados y restablecer la paz social.
Como medida cautelar y preventiva, ordenó que ambas partes se abstengan de protagonizar incidentes, proferir agravios o realizar reclamos personales, tanto en espacios públicos como privados. También dispuso que no efectúen comentarios ni publicaciones en redes sociales que puedan generar hostilidad, degradación o humillación hacia la otra parte.
Asimismo, resolvió remitir las actuaciones al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para que intervenga en la búsqueda de una solución consensuada.
La resolución advirtió que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a la aplicación de sanciones previstas por la legislación contravencional, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de concurrir a determinados lugares, trabajo comunitario, multas o arresto.
Judiciales
Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado
El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.
Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.
El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.
La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.
Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.
La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.
El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.
La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.
La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.
La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.
La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.
Judiciales
Entregó una Ranger con infracciones de tránsito y el Juzgado de Paz lo condenó a reintegrar los gastos
El fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses.
Una concesionaria recibió una Ford Ranger usada como parte de pago por la venta de una camioneta 0 km. Todo parecía encaminado hasta que la empresa intentó transferir el vehículo a su nombre. El trámite quedó trabado por deudas e infracciones anteriores a la entrega de la unidad.
La empresa automotriz reclamó al vendedor que regularizara la situación, pero no obtuvo una solución. Con la transferencia paralizada, la firma terminó por pagar una infracción de tránsito y los intereses punitorios de patente para poder avanzar con la inscripción registral. Finalmente la sociedad anónima inició una demanda de menor cuantía.
El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar a la acción por el reintegro de las sumas que la empresa debió afrontar para completar la transferencia registral del vehículo usado.
La concesionaria afirmó que, ante la negativa del hombre a regularizar la situación, tuvo que abonar una multa de tránsito para destrabar la transferencia. Además, señaló que la demora generó intereses punitorios por deuda de patente.
Previamente, realizó reclamos extrajudiciales, tanto telefónicos como mediante cartas documento. Incluso se desarrollaron instancias de mediación sin alcanzar un acuerdo. Finalmente, decidió efectuar los pagos por su cuenta y se reservó el derecho de reclamar posteriormente el reintegro de esas sumas.
Durante el trámite judicial, el hombre fue debidamente notificado, pero no se presentó a la audiencia ni contestó la demanda. En virtud de las reglas procesales aplicables a los procesos de menor cuantía, esa ausencia produjo el reconocimiento de los hechos narrados por la empresa.
El juez de Paz analizó, además, la documentación presentada y la prueba informativa incorporada al expediente.
Entre los elementos valorados se encontraron informes registrales, cartas documento intercambiadas entre las partes y la declaración del gestor que intervino en la transferencia del vehículo. Esa prueba permitió corroborar que el dominio registraba deudas que obstaculizaban la inscripción y que la firma efectivamente realizó gestiones y pagos para superar esos impedimentos.
Al evaluar los rubros reclamados, el magistrado consideró plenamente acreditado el pago de la infracción de tránsito. También entendió probado el reclamo por intereses punitorios derivados de la deuda de patente.
Como resultado, el fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses. Finalmente, se dispuso la notificación de las partes y se informó que la sentencia puede ser apelada dentro del plazo legal previsto.
