Política
En plenario de comisiones, se trataron las modificaciones al Código Electoral
Fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trató esta mañana la modificación de la ley que regula el Código Electoral y Partidos Políticos. El proyecto fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Según las modificaciones que el proyecto contempla, las elecciones provinciales deberán llevarse adelante entre los meses de abril y octubre del año del vencimiento de los mandatos y no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios.
También propone incorporar el derecho de afiliación a los partidos políticos a partir de los 16 años de edad, con el fin de incentivar a una mayor participación de los jóvenes en la vida política partidaria
Además, otra de las reformas tiene que ver con la confección de las boletas. Se propone que sean en colores utilizando la codificación “Pantone” para permitir que la identificación sea precisa y pueda funcionar como una pista informativa para guiar al votante en su decisión.
Por último, otra modificación busca que los partidos, confederaciones y alianzas puedan identificar sus cuentas oficiales en las diversas plataformas digitales ante el Juzgado Electoral para su publicación en un registro web de la Justicia Electoral Provincial.
Durante la exposición del proyecto, Lucas Pica (JSRN) consideró que “en el marco de un proceso electoral en marcha no es saludable hacer modificaciones sustanciales a los cambios de reglas de los sistemas electorales, es por eso que en años no electorales es cuando hay que discutir y trabajar este tipo de cuestiones”.
“Hoy, en un año no electoral, estamos recogiendo muchas de las cuestiones que era necesario cambiar. No estamos cambiando las reglas de juego que van a establecer el marco normativo para las elecciones venideras, no estamos tomando atajos, estamos dando recepción normativa a muchas cuestiones de hecho, que jurisprudencialmente han sido consolidadas”, señaló.
“Estamos dando previsibilidad, certeza y claridad para que los procesos electorales no terminen en una judicialización, como otras veces ha sucedido”, indicó.
Los fundamentos de Pica fueron reforzados por Facundo López, además de Nicolás Rochás, quien también manifestó el respaldo del Frente Renovador. Por Juntos por el Cambio, Juan Martín expresó su rechazo al proyecto. Consideró que se busca manipular las reglas electorales frente a un escenario electoral y se pierde una oportunidad para implementar la boleta única de papel. Desde el Frente de Todos, María Eugenia Martini manifestó también su rechazo al proyecto y coincidió en críticas a la “manipulación de las reglas electorales”. Por su parte, el bloque de Unión Ciudadana decidió tomarse las 48 hs para decidir su posición.
Por otra parte, en la reunión se trató el proyecto para ratificar el “Consenso Fiscal 2021” y autorizar al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022 y la emisión a partir del 1º de enero 2023 para el Ejercicio Fiscal 2023, y también para sobregirar en forma continua o alternada por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el “F.U.C.O” durante el año 2023.
Para explicar los alcances de la iniciativa estuvieron en la reunión Hernán Santori, Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Adrián Chebeir, secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, e Ivana Fontana, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Recaudación Tributaria.
El proyecto también tuvo dictamen de mayoría, dividido, con el rechazo de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, Unión Ciudadana y el Frente Renovador se tomaron las 48 horas para decidir su postura.
En otro orden, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, junto con Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, mantuvo una comunicación vía teleconferencia con funcionarios de la Secretaría de Energía para el análisis del proyecto mediante el cual se busca establecer el marco regulatorio y de fomento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes a la red de distribución eléctrica provincial.
María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía, junto a Gustavo Villanueva, consultor técnico de la Secretaría, expusieron los alcances de la iniciativa. Rubio explicó los modelos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y la generación distribuida. Habló de la necesidad de acelerar la transición hacia un esquema de producción y consumo sostenible.
La funcionaria indicó que el objetivo de la iniciativa es complementar el marco regulatorio y de fomento de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, y la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución provincial.
El proyecto tuvo despacho favorable de la mayoría, salvo Juan Martín (JxC), quien se tomó las 48 hs para decidir.
Además, durante la reunión se trataron otros dos proyectos de ley. Uno para autorizar la donación al Poder Judicial del edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 650 de la ciudad de Viedma, que obtuvo despacho favorable. El otro para prorrogar la duración de un Fondo del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda por el plazo de tres años, que fue rechazado por JxC. Para la fundamentación de ambas iniciativas estuvo Guillermo Ceballos, Secretario Legal y Técnico de la Provincia. Los dos proyectos obtuvieron despacho favorable.
Política
Tras más de 20 años en funciones, Miguel Jaramillo dejó la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio
La intendenta María Emilia Soria aceptó la renuncia del histórico funcionario, quien se aleja por motivos personales.
La intendenta María Emilia Soria aceptó en las últimas horas la renuncia presentada por Miguel Jaramillo al cargo de secretario de Servicios Públicos del Municipio de Roca. Según se informó oficialmente, la decisión responde a «motivos personales».
Tras su dimisión, el área quedará provisoriamente bajo la conducción de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Pablo Rolo, hasta que se designe un reemplazo definitivo.
Soria destacó el rol de Jaramillo, quien durante más de dos décadas tuvo a su cargo la coordinación de servicios esenciales para la ciudad, tales como barrido, limpieza, mantenimiento de espacios públicos y operativos viales en una Roca que continúa en expansión.
Paralelamente, la intendenta anunció que se pondrá en marcha un proceso de modernización dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de «optimizar la organización interna y mejorar la eficiencia de las prestaciones municipales de cara a los vecinos y vecinas».
Judiciales
Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.
Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.
Política
Thalasselis: «Cada peso recuperado vuelve a estar disponible para la salud»
Se trata del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.
El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».
Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.
El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».
La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.
Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».
Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.
El círculo virtuoso del recupero
El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».
Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.
En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».
La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.
