Política
En plenario de comisiones, se trataron las modificaciones al Código Electoral
Fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trató esta mañana la modificación de la ley que regula el Código Electoral y Partidos Políticos. El proyecto fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Según las modificaciones que el proyecto contempla, las elecciones provinciales deberán llevarse adelante entre los meses de abril y octubre del año del vencimiento de los mandatos y no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios.
También propone incorporar el derecho de afiliación a los partidos políticos a partir de los 16 años de edad, con el fin de incentivar a una mayor participación de los jóvenes en la vida política partidaria
Además, otra de las reformas tiene que ver con la confección de las boletas. Se propone que sean en colores utilizando la codificación “Pantone” para permitir que la identificación sea precisa y pueda funcionar como una pista informativa para guiar al votante en su decisión.
Por último, otra modificación busca que los partidos, confederaciones y alianzas puedan identificar sus cuentas oficiales en las diversas plataformas digitales ante el Juzgado Electoral para su publicación en un registro web de la Justicia Electoral Provincial.
Durante la exposición del proyecto, Lucas Pica (JSRN) consideró que “en el marco de un proceso electoral en marcha no es saludable hacer modificaciones sustanciales a los cambios de reglas de los sistemas electorales, es por eso que en años no electorales es cuando hay que discutir y trabajar este tipo de cuestiones”.
“Hoy, en un año no electoral, estamos recogiendo muchas de las cuestiones que era necesario cambiar. No estamos cambiando las reglas de juego que van a establecer el marco normativo para las elecciones venideras, no estamos tomando atajos, estamos dando recepción normativa a muchas cuestiones de hecho, que jurisprudencialmente han sido consolidadas”, señaló.
“Estamos dando previsibilidad, certeza y claridad para que los procesos electorales no terminen en una judicialización, como otras veces ha sucedido”, indicó.
Los fundamentos de Pica fueron reforzados por Facundo López, además de Nicolás Rochás, quien también manifestó el respaldo del Frente Renovador. Por Juntos por el Cambio, Juan Martín expresó su rechazo al proyecto. Consideró que se busca manipular las reglas electorales frente a un escenario electoral y se pierde una oportunidad para implementar la boleta única de papel. Desde el Frente de Todos, María Eugenia Martini manifestó también su rechazo al proyecto y coincidió en críticas a la “manipulación de las reglas electorales”. Por su parte, el bloque de Unión Ciudadana decidió tomarse las 48 hs para decidir su posición.
Por otra parte, en la reunión se trató el proyecto para ratificar el “Consenso Fiscal 2021” y autorizar al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022 y la emisión a partir del 1º de enero 2023 para el Ejercicio Fiscal 2023, y también para sobregirar en forma continua o alternada por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el “F.U.C.O” durante el año 2023.
Para explicar los alcances de la iniciativa estuvieron en la reunión Hernán Santori, Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Adrián Chebeir, secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, e Ivana Fontana, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Recaudación Tributaria.
El proyecto también tuvo dictamen de mayoría, dividido, con el rechazo de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, Unión Ciudadana y el Frente Renovador se tomaron las 48 horas para decidir su postura.
En otro orden, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, junto con Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, mantuvo una comunicación vía teleconferencia con funcionarios de la Secretaría de Energía para el análisis del proyecto mediante el cual se busca establecer el marco regulatorio y de fomento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes a la red de distribución eléctrica provincial.
María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía, junto a Gustavo Villanueva, consultor técnico de la Secretaría, expusieron los alcances de la iniciativa. Rubio explicó los modelos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y la generación distribuida. Habló de la necesidad de acelerar la transición hacia un esquema de producción y consumo sostenible.
La funcionaria indicó que el objetivo de la iniciativa es complementar el marco regulatorio y de fomento de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, y la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución provincial.
El proyecto tuvo despacho favorable de la mayoría, salvo Juan Martín (JxC), quien se tomó las 48 hs para decidir.
Además, durante la reunión se trataron otros dos proyectos de ley. Uno para autorizar la donación al Poder Judicial del edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 650 de la ciudad de Viedma, que obtuvo despacho favorable. El otro para prorrogar la duración de un Fondo del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda por el plazo de tres años, que fue rechazado por JxC. Para la fundamentación de ambas iniciativas estuvo Guillermo Ceballos, Secretario Legal y Técnico de la Provincia. Los dos proyectos obtuvieron despacho favorable.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
Policiales
Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca
Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.
Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.
La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.
Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».
Un modelo de gestión coordinada
Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.
Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».
