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Política

En plenario de comisiones, se trataron las modificaciones al Código Electoral

Fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

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El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trató esta mañana la modificación de la ley que regula el Código Electoral y Partidos Políticos. El proyecto fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Según las modificaciones que el proyecto contempla, las elecciones provinciales deberán llevarse adelante entre los meses de abril y octubre del año del vencimiento de los mandatos y no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios.

También propone incorporar el derecho de afiliación a los partidos políticos a partir de los 16 años de edad, con el fin de incentivar a una mayor participación de los jóvenes en la vida política partidaria

Además, otra de las reformas tiene que ver con la confección de las boletas. Se propone que sean en colores utilizando la codificación “Pantone” para permitir que la identificación sea precisa y pueda funcionar como una pista informativa para guiar al votante en su decisión.

Por último, otra modificación busca que los partidos, confederaciones y alianzas puedan identificar sus cuentas oficiales en las diversas plataformas digitales ante el Juzgado Electoral para su publicación en un registro web de la Justicia Electoral Provincial.

Durante la exposición del proyecto, Lucas Pica (JSRN) consideró que “en el marco de un proceso electoral en marcha no es saludable hacer modificaciones sustanciales a los cambios de reglas de los sistemas electorales, es por eso que en años no electorales es cuando hay que discutir y trabajar este tipo de cuestiones”.

“Hoy, en un año no electoral, estamos recogiendo muchas de las cuestiones que era necesario cambiar. No estamos cambiando las reglas de juego que van a establecer el marco normativo para las elecciones venideras, no estamos tomando atajos, estamos dando recepción normativa a muchas cuestiones de hecho, que jurisprudencialmente han sido consolidadas”, señaló.

“Estamos dando previsibilidad, certeza y claridad para que los procesos electorales no terminen en una judicialización, como otras veces ha sucedido”, indicó.

Los fundamentos de Pica fueron reforzados por Facundo López, además de Nicolás Rochás, quien también manifestó el respaldo del Frente Renovador. Por Juntos por el Cambio, Juan Martín expresó su rechazo al proyecto. Consideró que se busca manipular las reglas electorales frente a un escenario electoral y se pierde una oportunidad para implementar la boleta única de papel. Desde el Frente de Todos, María Eugenia Martini manifestó también su rechazo al proyecto y coincidió en críticas a la “manipulación de las reglas electorales”. Por su parte, el bloque de Unión Ciudadana decidió tomarse las 48 hs para decidir su posición.

Por otra parte, en la reunión se trató el proyecto para ratificar el “Consenso Fiscal 2021” y autorizar al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022 y la emisión a partir del 1º de enero 2023 para el Ejercicio Fiscal 2023, y también para sobregirar en forma continua o alternada por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el “F.U.C.O” durante el año 2023.

Para explicar los alcances de la iniciativa estuvieron en la reunión Hernán Santori, Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Adrián Chebeir, secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, e Ivana Fontana, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Recaudación Tributaria.

El proyecto también tuvo dictamen de mayoría, dividido, con el rechazo de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, Unión Ciudadana y el Frente Renovador se tomaron las 48 horas para decidir su postura.

En otro orden, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, junto con Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, mantuvo una comunicación vía teleconferencia con funcionarios de la Secretaría de Energía para el análisis del proyecto mediante el cual se busca establecer el marco regulatorio y de fomento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes a la red de distribución eléctrica provincial.

María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía, junto a Gustavo Villanueva, consultor técnico de la Secretaría, expusieron los alcances de la iniciativa. Rubio explicó los modelos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y la generación distribuida. Habló de la necesidad de acelerar la transición hacia un esquema de producción y consumo sostenible.

La funcionaria indicó que el objetivo de la iniciativa es complementar el marco regulatorio y de fomento de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, y la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución provincial.

El proyecto tuvo despacho favorable de la mayoría, salvo Juan Martín (JxC), quien se tomó las 48 hs para decidir.

Además, durante la reunión se trataron otros dos proyectos de ley. Uno para autorizar la donación al Poder Judicial del edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 650 de la ciudad de Viedma, que obtuvo despacho favorable. El otro para prorrogar la duración de un Fondo del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda por el plazo de tres años, que fue rechazado por JxC. Para la fundamentación de ambas iniciativas estuvo Guillermo Ceballos, Secretario Legal y Técnico de la Provincia. Los dos proyectos obtuvieron despacho favorable.

Política

«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»

Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.

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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.

El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.

En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».

En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.

Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.

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Política

Bono Plan Castello: La Provincia afrontó el pago con recursos propios

El Gobierno desembolsó USD 42.917.448.

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Ayer (10/09), el Gobierno de Río Negro pagó la cuarta cuota de capital de los títulos de deuda en dólares correspondientes al Plan Castello y avanza en su proceso de desendeudamiento y sostenibilidad de las cuentas públicas provinciales.

La Provincia afrontó el pago de USD 42.917.448, que equivalen a $61.279 millones, con recursos propios. «Esto es posible gracias a una gestión financiera responsable y una planificación exhaustiva y coordinada entre todas las jurisdicciones de la administración pública provincial, con el liderazgo del equipo del Ministerio de Hacienda», destacaron desde el Ejecutivo.

Este pago reduce sensiblemente la deuda correspondiente al Plan Castello en Río Negro. Desde el inicio de la actual gestión de gobierno en diciembre de 2023, el saldo del Bono Plan Castello que era de USD 320.213.087 se redujo en un 44,44%, ubicándose en USD 177.896.159 al día de hoy.

A su vez, la Provincia logró disminuir su deuda pública total en moneda extranjera en un 39,41% desde diciembre de 2023.

Con respecto a la participación del Stock de la Deuda Pública sobre los ingresos provinciales, se observa una drástica caída del 63,1% en diciembre de 2023 al 14,87% al día de hoy. Es decir que, durante esta gestión, se avanzó en el proceso de desendeudamiento pero también logrando una mayor sostenibilidad de la deuda rionegrina.

«Al priorizar la reducción de la deuda en dólares, Río Negro busca no solo mantener su equilibrio financiero, sino también fortalecer su economía a largo plazo, sentando las bases para un crecimiento que le permita consolidar su base impositiva y su sostenibilidad», concluyeron desde la Provincia.

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Gremios

Por el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, ATE lanza un paro nacional con movilización

«Este Gobierno ha provocado una crisis terminal en el sistema sanitario público. El veto afecta el acceso a la salud de toda la población», indicó Aguiar.

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Luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Emergencia Pediátrica que contemplaba un financiamiento de emergencia para el Hospital Garrahan, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, anunció un paro nacional con movilización. «Este Gobierno ha provocado una crisis terminal en el sistema sanitario público. El veto afecta el acceso a la salud de toda la población», indicó el referente estatal. En las próximas horas el sindicato definirá la fecha y la modalidad de las protestas.

En este marco, Aguiar evaluó que «el equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo. Tenemos que evitar que se termine de destruir el sistema de salud, se cierren los hospitales y los trabajadores y pacientes queden en la calle».

«Se han recortado todas las partidas presupuestarias de los hospitales. Tenemos que ir a una huelga nacional para rechazar los salarios de hambre de los trabajadores hospitalarios y denunciar la situación límite que se vive a partir de la falta de insumos y medicamentos», apuntó Aguiar.

«El Gobierno se empecina en negar el mensaje de las urnas. Los argentinos están votando para frenar el ajuste, para exigir que se apague la motosierra en el Estado. El presidente Milei asegura que no cambiará el rumbo y que va a acelerar, pero en realidad encabeza un gobierno que agoniza, y nosotros lo tenemos que seguir confrontando en las calles», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La norma, aprobada por ambas cámaras del Congreso, declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años y ordena al Estado nacional la inmediata asignación de recursos, incluyendo una recomposición salarial del personal público que trabaja en esta área.

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