Política
En plenario de comisiones, se trataron las modificaciones al Código Electoral
Fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda trató esta mañana la modificación de la ley que regula el Código Electoral y Partidos Políticos. El proyecto fue avalado por mayoría, con dictamen dividido, por el rechazo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Según las modificaciones que el proyecto contempla, las elecciones provinciales deberán llevarse adelante entre los meses de abril y octubre del año del vencimiento de los mandatos y no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios.
También propone incorporar el derecho de afiliación a los partidos políticos a partir de los 16 años de edad, con el fin de incentivar a una mayor participación de los jóvenes en la vida política partidaria
Además, otra de las reformas tiene que ver con la confección de las boletas. Se propone que sean en colores utilizando la codificación “Pantone” para permitir que la identificación sea precisa y pueda funcionar como una pista informativa para guiar al votante en su decisión.
Por último, otra modificación busca que los partidos, confederaciones y alianzas puedan identificar sus cuentas oficiales en las diversas plataformas digitales ante el Juzgado Electoral para su publicación en un registro web de la Justicia Electoral Provincial.
Durante la exposición del proyecto, Lucas Pica (JSRN) consideró que “en el marco de un proceso electoral en marcha no es saludable hacer modificaciones sustanciales a los cambios de reglas de los sistemas electorales, es por eso que en años no electorales es cuando hay que discutir y trabajar este tipo de cuestiones”.
“Hoy, en un año no electoral, estamos recogiendo muchas de las cuestiones que era necesario cambiar. No estamos cambiando las reglas de juego que van a establecer el marco normativo para las elecciones venideras, no estamos tomando atajos, estamos dando recepción normativa a muchas cuestiones de hecho, que jurisprudencialmente han sido consolidadas”, señaló.
“Estamos dando previsibilidad, certeza y claridad para que los procesos electorales no terminen en una judicialización, como otras veces ha sucedido”, indicó.
Los fundamentos de Pica fueron reforzados por Facundo López, además de Nicolás Rochás, quien también manifestó el respaldo del Frente Renovador. Por Juntos por el Cambio, Juan Martín expresó su rechazo al proyecto. Consideró que se busca manipular las reglas electorales frente a un escenario electoral y se pierde una oportunidad para implementar la boleta única de papel. Desde el Frente de Todos, María Eugenia Martini manifestó también su rechazo al proyecto y coincidió en críticas a la “manipulación de las reglas electorales”. Por su parte, el bloque de Unión Ciudadana decidió tomarse las 48 hs para decidir su posición.
Por otra parte, en la reunión se trató el proyecto para ratificar el “Consenso Fiscal 2021” y autorizar al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022 y la emisión a partir del 1º de enero 2023 para el Ejercicio Fiscal 2023, y también para sobregirar en forma continua o alternada por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el “F.U.C.O” durante el año 2023.
Para explicar los alcances de la iniciativa estuvieron en la reunión Hernán Santori, Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Adrián Chebeir, secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, e Ivana Fontana, subdirectora ejecutiva de la Agencia de Recaudación Tributaria.
El proyecto también tuvo dictamen de mayoría, dividido, con el rechazo de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, Unión Ciudadana y el Frente Renovador se tomaron las 48 horas para decidir su postura.
En otro orden, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, junto con Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, mantuvo una comunicación vía teleconferencia con funcionarios de la Secretaría de Energía para el análisis del proyecto mediante el cual se busca establecer el marco regulatorio y de fomento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes a la red de distribución eléctrica provincial.
María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía, junto a Gustavo Villanueva, consultor técnico de la Secretaría, expusieron los alcances de la iniciativa. Rubio explicó los modelos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y la generación distribuida. Habló de la necesidad de acelerar la transición hacia un esquema de producción y consumo sostenible.
La funcionaria indicó que el objetivo de la iniciativa es complementar el marco regulatorio y de fomento de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, y la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución provincial.
El proyecto tuvo despacho favorable de la mayoría, salvo Juan Martín (JxC), quien se tomó las 48 hs para decidir.
Además, durante la reunión se trataron otros dos proyectos de ley. Uno para autorizar la donación al Poder Judicial del edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 650 de la ciudad de Viedma, que obtuvo despacho favorable. El otro para prorrogar la duración de un Fondo del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda por el plazo de tres años, que fue rechazado por JxC. Para la fundamentación de ambas iniciativas estuvo Guillermo Ceballos, Secretario Legal y Técnico de la Provincia. Los dos proyectos obtuvieron despacho favorable.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
