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Política

La Legislatura aprobó la emisión de Letras y el Consenso Fiscal

Fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.

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La Legislatura rionegrina ratificó el Consenso Fiscal 2021 y la ampliación de la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022. También autorizó la emisión de Letras para el Ejercicio Fiscal 2023 y el sobregiro sobre los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el F.U.C.O durante el 2023.

El proyecto fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.

Marcela Ávila fue la informante del oficialismo del proyecto del Ejecutivo, tratado en única vuelta, con acuerdo de ministros. La legisladora expresó “la tenaz convicción (del gobierno provincial) de acordar políticas con el gobierno nacional cuando se trata de beneficiar en materia tributaria a los contribuyentes, a los rionegrinos y rionegrinas, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional”.

Indicó que con la ratificación del acuerdo se continúa con el intercambio de la información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes para potenciar el cumplimiento tributario.

Señaló que también se dará continuidad al programa integral para simplificar y coordinar procedimientos, registros, declaraciones juradas, pagos de obligaciones, regímenes de retención, de percepción, los especiales para pequeños contribuyentes, el domicilio fiscal electrónico unificado.

En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, informó que hay un acuerdo de mantener desgravados los ingresos que provengan de la exportación de bienes y servicios, con el fin de dar mayor competitividad a los productos rionegrinos.

Detalló que una de las modificación que propone este consenso fiscal tiene que ver con las alícuotas para cada una de las actividades en el impuesto sobre los ingresos brutos. Propone alícuotas máximas superiores a la de los consensos fiscales anteriores. Aclaró que esto no obliga a las provincias a llevar sus alícuotas a esas máximas, y que el tope es un resguardo para los contribuyentes que saben que las jurisdicciones provinciales no van poder avanzar más allá de ese límite.

Aseguró que no es intención del Gobierno de Río Negro incrementar las alícuotas actuales vigentes aunque haya suscrito un Consenso Fiscal que permite alícuotas máximas mayores.

Remarcó que en Río Negro, desde 2018, se viene llevando a cabo un plan de reducción de las alícuotas de ingresos brutos y de sellos. A esto se le suma un “importante esquema de bonificaciones de cumplimiento que no lo tiene ninguna otra jurisdicción”. Consecuencia de estas dos medidas, Río Negro está posicionada como una de las provincias con menor carga tributaria a nivel nacional.

Con respecto al impuesto automotor, explicó que se fija una base imponible mínima del 95 por ciento de las valuaciones de los vehículos que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, con una alícuota mínima del 2 por ciento.

En cuanto al impuesto inmobiliario, adopta para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías planteados por el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles), que todavía no están establecidos.

Aclaró que Río Negro no avanzará en un nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia, legado, donaciones) previsto en el consenso.

Por otro lado, Ávila argumentó sobre el pedido de emisión de Letras de Tesorería. Fundamentó que a raíz del proceso inflacionario, el Poder Ejecutivo solicita una ampliación de 3 mil millones de pesos al autorizado para el presente año, que fue de 5 mil millones.

Aclaró que el stock máximo autorizado de Letras no significa necesariamente que se vaya a utilizar en su totalidad ya que su uso es eventual. “Más vale prevenir que lamentar”, justificó la informante.

Respecto del sobregiro en descubierto sobre la cuenta corriente general, la legisladora explicó que tiene como destino solventar el pago parcial de los haberes de la Administración Pública y de otros gastos esencial de funcionamiento para la Provincia.

El monto solicitado se incrementa en 71% con respecto al que está vigente, ascendiendo a 12 mil millones de pesos: “Una solicitud más que razonable teniendo en cuenta la inflación acumulada del 66 por ciento”, consideró la legisladora.

Por la oposición, Ignacio Casamiquela manifestó el apoyo en general del bloque del Frente de Todos al Consenso Fiscal, aunque rechazó en particular la ampliación de la emisión de Letras y el sobregiro sobre la cuenta corriente. Criticó la toma de deuda y su aumento, habló de “falta de previsibilidad y certidumbre en materia financiera y de la irresponsabilidad constante con la que están llevando adelante a una Provincia que se endeuda año tras año y que no tiene salida”.

María Eugenia Martini reforzó los dichos de Casamiquela. Se refirió a una “inmensa deuda pública que se acrecienta como una bola de nieve”.

Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto. Juan Martín observó que aunque se quiera presentar de otra manera, se trata de “más endeudamiento y un mayor descubierto bancario”. Sostuvo que detrás de este proyecto está “la evolución del déficit fiscal, que parece responder a factores estructurales que se amplifican ante la actual coyuntura financiera”.

Advirtió que en el Consenso Fiscal no hay un solo gesto hacia el esfuerzo del contribuyente, y que no se contempla ningún alivio sobre alícuotas. Definió al Consenso Fiscal como “un gran acuerdo entre dos malos administradores, para cobrar más impuestos, ya sea con nuevos tributos o aumentando los existentes”.

Por Unidad Ciudadana, Gabriela Abraham expresó el acompañamiento del bloque “teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando”. Con respecto a la emisión de Letras dijo: “Entendemos que éstas son las únicas herramientas financieras que tienen los Ejecutivos provinciales y nacionales para poder hacer frente a sus obligaciones”.

Nicolás Rochas, del Frente Renovador, apoyó la ratificación del Consenso. “Está en la responsabilidad de quienes llevan adelante las riendas del Estado hacerse de las herramientas y tomar las medidas suficientes para afrontar los escenarios, sobre todos cuando son complejos”.

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien justificó la ampliación en la emisión de Letras en la situación inflacionaria que atraviesa el país. “Venimos a comprometernos a que no vamos a generar aumento de impuestos provinciales y a decir que nunca van a encontrar a Río Negro del lado del ajuste, del lado del achique del Estado, de echar trabajadores, de cerrar escuela; al contrario, Río Negro va a estar al lado de los trabajadores, de las Pymes, de los empresarios, de los enfermeros, de los maestros, y de todos y cada uno de los rionegrinos”, concluyó.

Política

Los gobernadores patagónicos ratificaron su amenaza de cortar la provisión de petróleo desde el miércoles

Tras una reunión mantenida a través de la plataforma Zoom, los mandatarios provinciales del sur ratificaron el contenido de un comunicado conjunto emitido previamente.

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha recibido un apoyo significativo por parte de sus pares de todo el país, sin importar afiliación política, luego de su advertencia de interrumpir el suministro de petróleo y gas debido a la disminución de la coparticipación. Este respaldo se fortaleció tras una reunión virtual mantenida a través de la plataforma Zoom con los mandatarios patagónicos, donde se ratificó un comunicado conjunto emitido previamente.

Durante este encuentro virtual, los seis gobernadores patagónicos, incluyendo a Torres y a sus pares de Río Negro (Alberto Weretilneck), Neuquén (Rolando Figueroa), La Pampa (Sergio Ziliotto), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella), reafirmaron el documento conjunto y optaron por esperar cualquier respuesta del Gobierno Nacional antes de tomar nuevas medidas. Según fuentes de la reunión, se indicó que «recién empieza» este proceso y se evaluarán próximos pasos en base a las acciones del presidente Javier Milei.

Torres lideró la reafirmación de la postura patagónica y anunció la presentación de una demanda ante la Justicia el próximo lunes (26/02), además de considerar acciones legislativas en el Congreso en caso de que el mandatario nacional intervenga en la coparticipación.

El respaldo a Torres se extiende más allá de la región patagónica, siendo expresado también por varios vicegobernadores opositores. Estos vicegobernadores manifestaron solidaridad con Chubut y alertaron sobre las repercusiones de las medidas del Gobierno Nacional en la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia.

Un comunicado conjunto firmado por los vicegobernadores de diversas provincias, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Río Negro, Formosa, Jujuy y Tierra del Fuego, entre otras, denunció que los ciudadanos de Chubut «están siendo objeto de las políticas recesivas» de Nación.

El respaldo unánime por parte de los gobernadores y vicegobernadores destaca la solidaridad interprovincial ante la situación planteada por Torres, y pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre las diferentes jurisdicciones en momentos de crisis.

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Política

Las provincias unidas del Sur: Los gobernadores patagónicos se le volvieron a plantar a Milei

Los mandatarios respaldaron a su par de Chubut que dijo que «si el Ministerio de Economía no le entrega a la provincia sus recursos, entonces no entregaremos nuestro petróleo y gas».

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A través de un comunicado firmado por los gobernadores de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y La Pampa, las provincias de la región patagónica se unieron y expresaron su apoyo a los dichos de Ignacio Agustín Torres, mandatario de Chubut, quien manifestó la idea de avanzar en «cerrar la exportación de petróleo si no le sacan el pie de encima a la provincia».

«Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», indicaron.

«Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses», agregaron

«Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual.
No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600.000 chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo», añadieron.

«También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron», expresaron.

«Por esa razón la Justicia Federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos», puntualizó el texto que lleva la firma de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Sergio Ziliotto de La Pampa; Claudio Vidal de Santa Cruz; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; y de Torres de Chubut.

«Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», indicaron en el comunicado.

«Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen», agregaron.

«Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas», manifestaron.

«Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina», concluyeron.

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Gremios

Los gremios rechazaron la propuesta del Gobierno provincial

Desde UnTER ratificaron que de esta manera, no inicia el ciclo lectivo 2024.

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Tras el encuentro paritario en la mesa de la Función Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) definieron rechazar la propuesta salarial que hizo el Gobierno provincial. UnTER, por su parte, también anunció su desacuerdo con la oferta y ratificó el no inicio del ciclo lectivo 2024.

«Consideramos insuficiente la propuesta, que rechazamos de plano», señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro. «Mientras la crisis económica sigue arrastrando a las familias, el Gobierno parece no ser consciente de las necesidades en un contexto donde se hace imposible llegar a fin de mes. Esperamos que haya una nueva propuesta, a la altura de las circunstancias», agregaron.

«No aceptamos y rechazamos la propuesta. Es pobre, escasa, insatisfactoria, deficiente e insuficiente», expresaron mientras tanto desde UPCN.

El Ejecutivo ofreció un pago por única vez de $80.000 a $95.000 y $115.000 según categoría y agrupamiento, para los trabajadores comprendidos bajo la Ley 1844 y 1904, que se pagaría en marzo por planilla complementaria.

Por otro lado, la ayuda escolar pasa de $6.000 a $15.000 y la ayuda por hijo con Discapacidad pasa de $12.000 a $30.000, sin quedar establecidas las asignaciones familiares, situación cuestionada por los gremios.

En cuanto a la paritaria docente, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos propuso el pago de un bono por agente, para el mes de marzo y por planilla complementaria, en tres montos diferenciados: $80.000 para los docentes con hasta 11 años de antigüedad; $95.000 para los trabajadores entre 12y 22 años; y $115.000 para docentes a partir de los 23 años de antigüedad.

«El pago de bonos de ninguna manera constituye una propuesta salarial, que puede ser un paliativo cuando se trata de una situación imprevista, pero de ninguna manera puede convertirse en una constante. Por ello planteamos la necesidad de recibir una propuesta salarial real y seria para llevar a nuestros canales orgánicos de definición. Ratificamos el no inicio del ciclo lectivo sino se da respuesta a nuestras demandas. El salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste», expresaron desde el Consejo Directivo Central de UnTER.

Tanto la mesa de la Función Pública como la paritaria docente pasaron a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles (28/02) a las 10 horas.

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