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Política

La Legislatura aprobó la emisión de Letras y el Consenso Fiscal

Fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.

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La Legislatura rionegrina ratificó el Consenso Fiscal 2021 y la ampliación de la emisión de Letras de Tesorería para el Ejercicio Fiscal 2022. También autorizó la emisión de Letras para el Ejercicio Fiscal 2023 y el sobregiro sobre los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el F.U.C.O durante el 2023.

El proyecto fue aprobado por mayoría en general, con la oposición de Juntos por el Cambio; y en particular también por mayoría, con el rechazo de JxC y el Frente de Todos.

Marcela Ávila fue la informante del oficialismo del proyecto del Ejecutivo, tratado en única vuelta, con acuerdo de ministros. La legisladora expresó “la tenaz convicción (del gobierno provincial) de acordar políticas con el gobierno nacional cuando se trata de beneficiar en materia tributaria a los contribuyentes, a los rionegrinos y rionegrinas, independientemente del partido político que gobierne a nivel nacional”.

Indicó que con la ratificación del acuerdo se continúa con el intercambio de la información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes para potenciar el cumplimiento tributario.

Señaló que también se dará continuidad al programa integral para simplificar y coordinar procedimientos, registros, declaraciones juradas, pagos de obligaciones, regímenes de retención, de percepción, los especiales para pequeños contribuyentes, el domicilio fiscal electrónico unificado.

En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, informó que hay un acuerdo de mantener desgravados los ingresos que provengan de la exportación de bienes y servicios, con el fin de dar mayor competitividad a los productos rionegrinos.

Detalló que una de las modificación que propone este consenso fiscal tiene que ver con las alícuotas para cada una de las actividades en el impuesto sobre los ingresos brutos. Propone alícuotas máximas superiores a la de los consensos fiscales anteriores. Aclaró que esto no obliga a las provincias a llevar sus alícuotas a esas máximas, y que el tope es un resguardo para los contribuyentes que saben que las jurisdicciones provinciales no van poder avanzar más allá de ese límite.

Aseguró que no es intención del Gobierno de Río Negro incrementar las alícuotas actuales vigentes aunque haya suscrito un Consenso Fiscal que permite alícuotas máximas mayores.

Remarcó que en Río Negro, desde 2018, se viene llevando a cabo un plan de reducción de las alícuotas de ingresos brutos y de sellos. A esto se le suma un “importante esquema de bonificaciones de cumplimiento que no lo tiene ninguna otra jurisdicción”. Consecuencia de estas dos medidas, Río Negro está posicionada como una de las provincias con menor carga tributaria a nivel nacional.

Con respecto al impuesto automotor, explicó que se fija una base imponible mínima del 95 por ciento de las valuaciones de los vehículos que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, con una alícuota mínima del 2 por ciento.

En cuanto al impuesto inmobiliario, adopta para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías planteados por el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles), que todavía no están establecidos.

Aclaró que Río Negro no avanzará en un nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia, legado, donaciones) previsto en el consenso.

Por otro lado, Ávila argumentó sobre el pedido de emisión de Letras de Tesorería. Fundamentó que a raíz del proceso inflacionario, el Poder Ejecutivo solicita una ampliación de 3 mil millones de pesos al autorizado para el presente año, que fue de 5 mil millones.

Aclaró que el stock máximo autorizado de Letras no significa necesariamente que se vaya a utilizar en su totalidad ya que su uso es eventual. “Más vale prevenir que lamentar”, justificó la informante.

Respecto del sobregiro en descubierto sobre la cuenta corriente general, la legisladora explicó que tiene como destino solventar el pago parcial de los haberes de la Administración Pública y de otros gastos esencial de funcionamiento para la Provincia.

El monto solicitado se incrementa en 71% con respecto al que está vigente, ascendiendo a 12 mil millones de pesos: “Una solicitud más que razonable teniendo en cuenta la inflación acumulada del 66 por ciento”, consideró la legisladora.

Por la oposición, Ignacio Casamiquela manifestó el apoyo en general del bloque del Frente de Todos al Consenso Fiscal, aunque rechazó en particular la ampliación de la emisión de Letras y el sobregiro sobre la cuenta corriente. Criticó la toma de deuda y su aumento, habló de “falta de previsibilidad y certidumbre en materia financiera y de la irresponsabilidad constante con la que están llevando adelante a una Provincia que se endeuda año tras año y que no tiene salida”.

María Eugenia Martini reforzó los dichos de Casamiquela. Se refirió a una “inmensa deuda pública que se acrecienta como una bola de nieve”.

Juntos por el Cambio votó en contra del proyecto. Juan Martín observó que aunque se quiera presentar de otra manera, se trata de “más endeudamiento y un mayor descubierto bancario”. Sostuvo que detrás de este proyecto está “la evolución del déficit fiscal, que parece responder a factores estructurales que se amplifican ante la actual coyuntura financiera”.

Advirtió que en el Consenso Fiscal no hay un solo gesto hacia el esfuerzo del contribuyente, y que no se contempla ningún alivio sobre alícuotas. Definió al Consenso Fiscal como “un gran acuerdo entre dos malos administradores, para cobrar más impuestos, ya sea con nuevos tributos o aumentando los existentes”.

Por Unidad Ciudadana, Gabriela Abraham expresó el acompañamiento del bloque “teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando”. Con respecto a la emisión de Letras dijo: “Entendemos que éstas son las únicas herramientas financieras que tienen los Ejecutivos provinciales y nacionales para poder hacer frente a sus obligaciones”.

Nicolás Rochas, del Frente Renovador, apoyó la ratificación del Consenso. “Está en la responsabilidad de quienes llevan adelante las riendas del Estado hacerse de las herramientas y tomar las medidas suficientes para afrontar los escenarios, sobre todos cuando son complejos”.

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien justificó la ampliación en la emisión de Letras en la situación inflacionaria que atraviesa el país. “Venimos a comprometernos a que no vamos a generar aumento de impuestos provinciales y a decir que nunca van a encontrar a Río Negro del lado del ajuste, del lado del achique del Estado, de echar trabajadores, de cerrar escuela; al contrario, Río Negro va a estar al lado de los trabajadores, de las Pymes, de los empresarios, de los enfermeros, de los maestros, y de todos y cada uno de los rionegrinos”, concluyó.

Política

Subsidio al transporte: Río Negro denuncia que Nación retiene fondos que deben llegar a la provincia

Días atrás, Weretilneck, junto a otros 22 gobernadores, acordó un proyecto de ley para reclamar al Gobierno el reparto equitativo a las provincias de los fondos del impuesto al combustible.

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En 2024, el Gobierno Nacional decidió no subsidiar más el transporte de pasajeros de las provincias, excepto el del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la Ley N° 23.966, que regula la distribución de lo generado por los Impuestos a los Combustibles Líquidos (un impuesto que cada rionegrino paga cuando carga nafta), lo recaudado por ese tributo debe ser distribuido a las provincias para construir rutas y subsidiar el transporte público de pasajeros, entre otros destinos. Sin embargo, ese reparto no ocurre.

«En 2024, Nación debió haber enviado a las provincias un total de $55.000 millones solo en concepto de subsidio al transporte, y tampoco ha repartido los $29.000 millones que lleva recaudados este año. Nada de lo recaudado llega a Río Negro ni a otras provincias, salvo al AMBA», reclamó el gobernador Alberto Weretilneck.

Actualmente, los únicos usuarios de transporte público que cuentan con el beneficio del subsidio nacional al transporte son los del AMBA, región que recibe $74.000 millones mensuales para sostener el servicio. Esto hace posible que un usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pague un pasaje de $546 para recorrer entre 12 y 27 kilómetros, frente a lo que paga un usuario de colectivo en Río Negro: alrededor de $2.000 (incluso con subsidio provincial) para distancias menores.

En 2024, Río Negro destinó más de $3.581 millones para sostener el servicio. Este año tiene comprometido destinar $4.115 millones para mitigar el costo de las tarifas, que se elevan por las distancias y el costo de los insumos. «A diferencia de Nación, Río Negro nunca dejó de asistir con fondos al transporte público, superando incluso los aportes que hasta 2023 realizaba Nación. Desde ese año, a Río Negro no llegó nada», destacó Weretilneck.

Actualmente, Río Negro subsidia a empresas de corta y larga distancia que realizan recorridos provinciales por más de $2.535 millones anuales, priorizando las de mayor demanda en las zonas Andina y Alto Valle. Y, pese a que no es competencia de la Provincia, también subsidia el transporte urbano en Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón por un total de $1.580 millones anuales.

Río Negro lleva adelante toda la infraestructura vial que se ejecuta en la provincia y sostiene con sus propios recursos el servicio de transporte público. Por esta razón, días atrás Weretilneck, junto a otros 22 gobernadores, acordó un proyecto de ley para reclamar al Gobierno Nacional el reparto equitativo a las provincias de los fondos del impuesto al combustible.

La iniciativa propone derogar el Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte, que actualmente se financia con el impuesto al combustible, y establecer un nuevo esquema de distribución: el 43% de lo recaudado quedaría para Nación y el 57% sería distribuido entre las provincias.

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Agro

Banacloy cuestionó la decisión de Nación de permitir el ingreso de asado con hueso a la Patagonia

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro advirtió sobre el impacto sanitario y económico que puede generar, y reclamó al Gobierno diálogo y planificación federal.

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La reciente habilitación del ingreso de asado con hueso plano a la Patagonia, dispuesta por el Gobierno nacional, continúa generando preocupación en la región. El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, manifestó su disconformidad con la medida y criticó la ausencia de una estrategia sanitaria integral en el país. «Desde hace años venimos reclamando un plan sanitario nacional. No puede ser que, después de 24 años, aún no se haya unificado el estatus sanitario», cuestionó el funcionario, haciendo alusión a la tradicional barrera que resguardaba a la Patagonia de la fiebre aftosa.

En diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Banacloy señaló que los cortes que comenzarán a arribar «son excedentes de exportación, provenientes de animales más pesados, con mayor grasa, cortes que el mercado internacional no demanda y que acá terminan vendiéndose como si fueran de alta calidad». En esa línea, subrayó que «no es cierto que el precio va a bajar» y denunció que «se trata de carne descartada que se comercializa a un valor elevado».

Además, criticó la falta de diálogo con las provincias al momento de tomar la decisión. «Se sigue actuando con centralismo, como ocurre con las rutas. No hay comunicación ni consulta previa, y recién ahora se acuerdan de Río Negro», agregó.

El ministro también relacionó la resolución con el contexto social y climático que atraviesa el país. «Se eliminan subsidios al gas en medio de una ola polar, y no es lo mismo el invierno en el norte que en la Patagonia. Las decisiones se toman sin una noción real de lo que vivimos acá», indicó. A su vez, insistió en que la provincia no se opone al comercio interno, pero sí exige igualdad en las condiciones sanitarias para todas las regiones. «Si realmente no hay riesgo, no entendemos por qué se continúa vacunando en el resto del país. Necesitamos reglas claras para todos», remarcó.

La Resolución 460/2025 del Senasa, publicada el pasado viernes (27/06), autoriza el ingreso a la Patagonia de cortes con hueso plano -como costilla, asado y esternón- provenientes de zonas consideradas libres de fiebre aftosa con vacunación. Estas carnes llegarán a una región que mantiene su estatus libre sin vacunación. Aunque el Gobierno nacional sostiene que la medida no compromete los acuerdos internacionales ni los estándares sanitarios, en Río Negro y otras provincias patagónicas persiste la preocupación por las consecuencias comerciales y sanitarias que puede acarrear esta flexibilización.

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Agro

Ante el anuncio de Nación de flexibilizar la barrera sanitaria, otra vez Río Negro se manifestó en alerta por riesgo sanitario

«La sanidad no puede reducirse al precio de un corte o a decisiones de coyuntura. Es una construcción de largo plazo», indicaron desde el Gobierno provincial.

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El Gobierno de Río Negro manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de flexibilizar la barrera sanitaria que «durante más de dos décadas protegió el estatus diferencial de la Patagonia». En este sentido, indicaron desde el Ejecutivo que «la reciente habilitación del ingreso de carne con hueso y otros productos provenientes de zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa implica un retroceso que pone en riesgo la sanidad animal, el trabajo productivo y la proyección internacional de toda la región».

«Durante 22 años, la Patagonia construyó una identidad sanitaria única, libre de fiebre aftosa sin vacunación, que fue reconocida por los mercados más exigentes del mundo. Esa construcción no fue casual ni automática: es el resultado de un esfuerzo conjunto entre productores, técnicos, organismos sanitarios y gobiernos provinciales comprometidos con una política coherente, planificada y basada en evidencia científica», agregaron.

«La sanidad no puede reducirse al precio de un corte o a decisiones de coyuntura. Es una construcción de largo plazo que requiere compromiso, responsabilidad y visión estratégica. Por eso, Río Negro insiste en que la Argentina debería haber avanzado hacia un esquema nacional unificado de mayor calidad sanitaria, en lugar de comprometer la posición alcanzada por las provincias del sur», expresaron desde el Gobierno rionegrino.

«En ese sentido, la Provincia fue clara: propuso avanzar hacia una Argentina libre de fiebre aftosa sin vacunación, subiendo la barrera sanitaria hacia el norte del país, y consolidando un estatus unificado de excelencia. Esa propuesta implicaba reconocer el esfuerzo de la Patagonia y llevar al resto del país a estar a la altura de las circunstancias, en vez de poner en riesgo lo ya logrado», agregaron.

El Gobierno de Río Negro considera que «esta flexibilización pone en jaque el camino recorrido y desvaloriza una estrategia que le ha dado al país una ventaja comparativa a nivel internacional. El estatus sanitario patagónico no sólo protege la carne bovina, sino también producciones estratégicas como la ganadería ovina, la lana y la fruticultura, gracias a un ecosistema libre de enfermedades y plagas como la mosca de los frutos».

Frente a esta decisión, «el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la defensa del trabajo, la producción y la sanidad construida por los patagónicos. No se trata de una discusión política ni comercial: se trata de proteger un diferencial estratégico que costó años sostener, y que hoy no puede ser vulnerado por medidas que priorizan la inmediatez sobre la planificación», concluyeron.

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