La fiscal de la Unidad Temática Especializada de la Segunda Circunscripción Judicial, Belén Calarco, quien forma parte de la investigación que desbarató la red de distribución de imágenes de explotación sexual infantil, dialogó con la radio multiplataforma UnicaContenidos.tv de Viedma, con la periodista Carolina Fernández y se refirió a algunos puntos del proceso. 

Explicó que «se determinaron los IP para establecer los domicilios» y desde Buenos Aires se solicita un pedido de colaboración para que las Fiscalías de las distintas ciudades hagan un trabajo de campo. Tuvieron que saber «si existen esos domicilios y si existen esas personas asociadas a las cuentas». Y luego agregó que los allanamientos se hicieron en simultáneo para «no perder la sorpresa y que la evidencia no desaparezca, o que pueda modificarla o avisar en caso de que sea una red».

Específicamente sobre la participación del periodista Emiliano Gatti, quien fue detenido y liberado en Roca, la fiscal indicó que se confirmó que desde la dirección IP de su vivienda de calles Islas Malvinas y Tres Arroyos se produjo el tráfico de «más de 360 videos con contenido de abuso sexual infantil de menores de 13 años. Ahora resta que los peritos determinen si actuaban solos o formaban parte de una red. Hay algunos indicios, pero restan las comprobaciones».

Agregó «para nosotros que tenemos que analizar en la Fiscalía, se nos hace imposible humanamente sostener la visualización de estos videos. No podemos creer. Es terrible, hay nenes de 2 o 3 años, bebés…no sabemos qué pasó con esos nenes después. Un acceso carnal anal de un bebé, es la muerte segura y eso está grabado en videos. ¡Es un horror!. Me hace perder la fe en la humanidad».

«Pudimos ver algunos, porque muchos no lo soportamos. No es que no podamos trabajar, pero es muy doloroso. Pudimos contabilizarlos, ver algunos y otros muy poquito. No sabemos qué fue de esos niños que vemos en los videos», continuó Calarco.

Luego aclaró que «hay distintos tipos de delitos en este marco, existe la tenencia, el tráfico y distribución, y la producción de este material. Lo que tratamos de evitar en todo el mundo es que se sigan produciendo, porque para hacerlos utilizan niños. ¿Por qué es tan grave? Porque fomenta la producción de los videos. Hay un sufrimiento sexual infantil, es abuso sexual».

Con respecto a los seis meses que el juez de Garantías le otorgó al Ministerio Público para realizar la investigación, y ante la falta de acusación formal, la fiscal detalló que «lo que resta probar es la tenencia, la producción y el respaldo del tráfico que tiene que ver con las cuentas y las plataformas utilizadas. Y determinar si el material que se pudiera encontrar es el mismo u otro. Ojalá descartemos la producción».

Sobre la liberación del periodista investigado por pedofilia, la fiscal fue clara que no tiene que ver con que sea inocente, sino que la prisión preventiva es algo muy excepcional que vienen fundada por el riesgo de fuga o de entorpecer con la investigación. «Emiliano Gatti colaboró. Pero el riesgo de fuga existía porque tenía pasajes de avión para salir de la provincia y tiene pasaporte al día, por eso se pidió medidas menos gravosas».

En cuanto a la pena, detalló que en caso de que el alerta hubiese sido por uno o dos videos, se trata de una pena mínima en suspenso. Pero en el caso particular de Gatti «hay más hechos que se suman. Son 360 hechos», aseguró y calculó que en caso de llegar a una condena «puede oscilar entre 1 y 10 años, en una etapa posterior. Es un delito gravísimo».