El cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales dejó definidas las candidaturas en Río Negro, donde siete fuerzas políticas presentaron sus propuestas para el próximo domingo 26 de octubre. Ese día, la provincia elegirá tres senadores y dos diputados nacionales, en reemplazo de los actuales representantes Silvina García Larraburu -senadora- y Martín Doñate -senador- (Unión por la Patria), Mónica Silva -senadora- y Agustín Domingo -diputado- (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortoriello -diputado- (PRO). Este último buscará renovar su banca en la Cámara baja, pero ahora bajo el sello de La Libertad Avanza.

Movimientos, alianzas y rupturas

La última semana estuvo marcada por definiciones diarias, negociaciones de último momento y también rupturas. La Libertad Avanza se quedó sin el PRO, que decidió apartarse y presentar su propia lista, con fuertes críticas del legislador rionegrino Juan Martín contra Lorena Villaverde y otros referentes de Milei en la Provincia. Algo similar ocurrió en Fuerza Patria, donde el Frente Renovador quedó afuera de los lugares expectantes en Diputados, aunque sin romper formalmente la alianza.

Los principales espacios y sus candidatos

Fuerza Patria, con el PJ como columna vertebral, llevará a Martín Soria y Ana Marks como aspirantes al Senado. En la nómina de Diputados figuran la científica Adriana Serquis y el concejal Leandro Costa Brutten, referente del espacio de Silvia Horne. Silvina García Larraburu, actual senadora, no participará de las listas nacionales luego de 12 años en el Congreso.

Primero Río Negro, liderado por Ariel Rivero, oficializó su lista con el propio Rivero como primer candidato a senador, acompañado por la legisladora Yolanda Mansilla. En Diputados encabeza el concejal barilochense Facundo Villalba, junto a la viedmense Gabriela Fernández.

Juntos Defendemos Río Negro, el armado oficialista provincial, postula a los dirigentes cercanos al gobernador Alberto Weretilneck: el legislador Facundo López y la secretaria de Energía y Ambiente Andrea Confini, para el Senado. Para la Cámara baja, la lista está encabezada por el ministro Juan Pablo Muena y la reginense María Eugenia Paillapi, quien se sumó en los últimos días.

La Libertad Avanza confirmó a Lorena Villaverde y Enzo Fullone (director de Vialidad Nacional en Río Negro) en el tramo del Senado, y a Aníbal Tortoriello junto a Ailén Costa para Diputados, tras varios días de indefiniciones.

El PRO, tras alejarse de la alianza libertaria, presentó como candidatos a senadores al legislador Juan Martín y Claudia Bértora, mientras que en Diputados irán Martina Lacour y Gastón Varela.

En cuanto al Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad será representado por Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua para el Senado, mientras que Paula Gramajo y Gabriel Musa competirán en la categoría de Diputados.

Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) definió competir en soledad, sin sumarse al FIT-U. La lista está encabezada por Mónica Martín y Aurelio Vázquez para el Senado, y por Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández en Diputados.

Camino a las urnas

Con este panorama, Río Negro se prepara para una elección en la que competirán dirigentes de trayectoria, actuales legisladores, concejales y referentes sociales, en un escenario donde las alianzas y fracturas marcarán el pulso de la campaña rumbo a octubre.

En una serie de intervenciones llevadas a cabo entre el 8 y el 13 de agosto pasados, personal policial de distintas dependencias de la Unidad Regional 2° logró impedir que varios episodios de violencia de género e intrafamiliar escalaran, deteniendo a 7 personas en las ciudades de Allen, Villa Regina y Mainqué.

El primer procedimiento ocurrió en Allen el viernes (8/08), cuando efectivos de la Comisaría 33° detuvieron a un hombre que, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente, fue sorprendido merodeando la vivienda de su ex pareja.

Al día siguiente (9/08), en la misma ciudad, personal de la Comisaría 6° arrestó a un sujeto que había provocado destrozos en la casa de sus padres y que, al ser identificado, intentó agredir a los uniformados con un objeto metálico en forma de T. El domingo (10/08), nuevamente en Allen, otro hombre fue detenido horas después de recibir la notificación de una medida de alejamiento, al presentarse en el domicilio de la víctima.

Ese mismo día, en Villa Regina, efectivos de la Comisaría 5° aprehendieron a dos mujeres que se encontraban en una vivienda sobre la que pesaba una restricción judicial.

En Mainqué, la Subcomisaría 66° detuvo a un hombre denunciado por desobediencia reiterada, tras ser sorprendido siguiendo a una mujer con medida cautelar vigente.

Finalmente, el miércoles (13/08), la Comisaría 6° de Allen arrestó a un joven acusado de amenazar con un arma blanca a su madre y agredir a su hermano. Todas las actuaciones fueron informadas de inmediato a las Fiscalías correspondientes, que dispusieron la continuidad de las medidas procesales.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó formalmente una acción de habeas corpus que denunció un agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 5 de Cipolletti, en particular por las requisas a visitantes. No obstante, ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que elabore en un plazo de 15 días nuevos protocolos de actuación con base en estándares internacionales.

El STJ evaluó la situación y concluyó que no existía un motivo suficiente para cambiar la regla que ya tenía establecida: que los casos individuales deben ser atendidos por el juez de Ejecución.

La acción fue promovida por el Observatorio de Derechos Humanos a raíz de múltiples denuncias sobre el trato recibido por familiares de personas detenidas. Las personas accionantes reclamaron el cese inmediato de las requisas a las visitas de los internos.

El STJ valoró un informe presentado por el Comisario Lucas Matamala, responsable de la Unidad Penal, quien explicó que durante julio y agosto de 2025 se incrementaron los casos de hallazgos de elementos ocultos durante las visitas, en su mayoría estupefacientes. Señaló que tales situaciones activaron una investigación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia y que, ante esos indicios, se intensificaron las requisas.

En ese contexto, la Unidad Penal implementó escáneres corporales como recurso adicional de control. Según el informe, las requisas más minuciosas se aplicaron únicamente cuando existieron indicios concretos, siempre bajo intervención de personal capacitado y respetando parámetros legales. Se sostuvo que no se realizaron inspecciones invasivas a niños y que en casos de personas mayores o con problemas de salud se priorizó un trato diferenciado.

La respuesta oficial también afirmó que el personal de requisas recibió formación en técnicas de registro y principios de derechos humanos, que las inspecciones se efectuaron por personal del mismo sexo y en espacios higiénicos, y que no hubo contacto físico entre los agentes y las personas que visitaron a los internos.

La Procuración General dictaminó que el habeas corpus colectivo no encuadró en los supuestos previstos por el Código Procesal Constitucional y que las situaciones descriptas no lograron acreditar un carácter general que habilitara esta vía procesal. Consideró que cada hecho debe tratarse ante el juez natural de la causa, quien detenta el control jurisdiccional sobre la ejecución de la pena. Sobre la base de esos argumentos se expidió por el rechazo del habeas corpus.

El STJ sostuvo esa misma línea. Señaló que en casos anteriores ya se había establecido que esta vía excepcional no puede desplazar sin justificación a los magistrados que tienen a su cargo la ejecución de las penas. Recordó que los jueces provinciales deben velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, condenadas o con prisión preventiva.

En los fundamentos del fallo, el STJ subrayó que no se presentó ningún elemento que justificara un apartamiento de esa doctrina. Afirmó que existe un cauce judicial idóneo para atender las situaciones denunciadas, sin que se acredite la necesidad de recurrir al habeas corpus.

No obstante, el tribunal decidió instar a las autoridades penitenciarias a que en un plazo de 15 días elaboren y formalicen los protocolos de actuación, en línea con los instrumentos internacionales mencionados en la presentación.