Sociedad
Usaron un galpón dos años, no quisieron pagar y ahora deben poner 3,9 millones
El monto se duplicó porque la empresa no quería pagar.
Una empresa alquiló un galpón en un predio de Cipolletti y no abonó la locación por el plazo de dos años. El propietario, luego de un proceso civil, consiguió un resarcimiento que incluyó impuestos y gastos de reparación. A fines de diciembre, la sentencia quedó confirmada con el pago de intereses desde el momento en que se formuló la demanda.
El propietario del predio inició la demanda civil el 18 de mayo de 2018 pese a que el contrato había sido acordado en 2012 y la relación transcurrió con normalidad hasta junio de 2015. En ese momento dejó de percibir el dinero pactado por la locación. El hombre logró recuperar el inmueble recién en 2017 en estado de abandono, según consignó en el expediente. Reclamó no solo los alquileres devengados, sino los impuestos y los gastos de reparación. Afirmó que debió reparar el nicho de gas, el portón, el pozo ciego, los techos y pisos del depósito, entre otros arreglos.
En 2020 la sentencia de primera instancia receptó todos los rubros reclamados y condenó a la empresa Transporte Moblia S.R.L a indemnizar al propietario por la suma de 1.055.923 de pesos. Sin embargo hubo una apelación en la que se discutió el alcance de los intereses.
A fines del año pasado, la sentencia de segunda instancia confirmó la primera resolución. Allí se determinó que los intereses se aplicarían desde la fecha de promoción de la demanda sobre la base de la tasa de intereses que rige en la jurisdicción y que consta en la página web del Poder Judicial. El resultado de ese cálculo arroja una indemnización de 3.992.040,12 pesos.
¿Cómo se calculan intereses?
En la página institucional del Poder Judicial existen varios modelos en línea que facilitan la realización de operaciones que muchas veces resultan complejas o controvertidas. Cada aplicación cuenta con un manual de instrucciones de fácil comprensión y con un soporte técnico para su constante actualización y optimización.
La determinación de los intereses que deben abonarse en los procesos judiciales, especialmente en los Civiles y Comerciales, Laborales o de Familia suele resultar materia de confrontación entre los involucrados en un litigio. Las tasas varían según el tipo de juicio, el tiempo de mora, los pactos que puedan hacer las partes y las modificaciones que puedan establecer el Banco Central a través de sus resoluciones, el Poder Judicial (Corte Suprema de la Nación o Superior Tribunal Provincial) a través de su jurisprudencia, entre otras variables. Es por eso que muchas veces, aun existiendo una sentencia aceptada por los involucrados, se genera una nueva controversia a la hora de traducir en cifras los intereses fijados por el juez en su fallo.
Tras evaluar esa complejidad como un fenómeno repetido en toda la provincia, el Superior Tribunal de Justicia, por medio del Área de Informatización, desarrolló varias aplicaciones sencillas y de uso gratuito que están disponibles en el sitio web oficial www.jusrionegro.gov.ar. Además de la calculadora de intereses se puede acceder a las calculadoras de indemnización y de plazos legales.
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
Roca
Avanza la obra del conector vial de calle Güemes entre Jujuy y Mendoza
Los trabajos se desarrollan actualmente sobre el carril este, mientras que la próxima semana se prevé avanzar con el restante.
El Municipio de General Roca continúa con la ejecución de la obra Conector Vial calle Gral. M. M. Güemes, entre Jujuy y Mendoza, una intervención incluida en el Plan de Conectividad e Infraestructura Vial.
Actualmente, desde Mendoza hacia Jujuy se avanza con la ejecución de un paño de hormigón de aproximadamente 25 metros de longitud. En esta primera etapa, los trabajos se desarrollan sobre el carril este.
Para la próxima semana está prevista la ejecución del carril restante, dando continuidad a las tareas de pavimentación en el sector. Paralelamente, continúan los trabajos correspondientes a los sectores de estacionamiento sobre calle Güemes, en ambos lados de la calzada.
La obra contempla la ejecución de carpeta asfáltica, cordón cuneta, cordón central y badenes, además de sectores de estacionamiento conformados con adoquines sobre el sector norte de la traza principal.
El proyecto también incluye la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir el riesgo de anegamientos.
A esto se suma infraestructura complementaria para los sistemas de riego y alumbrado público, además de conexiones de servicios que permitirán evitar futuras intervenciones sobre la nueva calzada.
Roca
Subasta de terrenos en Roca: 6 compradores adquirieron 8 lotes
La venta alcanzó un total de $120.268.000 y los fondos serán destinados a obras de infraestructura y servicios para la ciudad.
El Municipio de General Roca llevó adelante una nueva subasta de terrenos en el marco de la Ordenanza 5063/2025 y concretó la venta de ocho lotes por un total de $120.268.000.
Fueron seis los compradores que realizaron las adquisiciones de los terrenos ofrecidos. Según informó el Municipio, todos los lotes eran de propiedad municipal como consecuencia de las cesiones correspondientes a los loteos establecidos por el Plan Director de Roca.
Los terrenos se encuentran ubicados en zonas residenciales, tanto en barrios privados como abiertos. Debido a su alto valor de mercado, no resultan aplicables a loteos sociales ni a otros planes habitacionales.
Desde el Municipio destacaron que la totalidad de los fondos recaudados será destinada a la realización de obras de infraestructura y servicios para la ciudad. Además, la venta permitirá generar un ahorro en los costos fijos vinculados al mantenimiento de los terrenos.
