El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.

En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.

En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.

Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.

El Gobierno de Río Negro impulsa un cambio sustancial en la ley que regula el sistema de farmacias, modernizando su funcionamiento y adecuando la normativa a las nuevas demandas sociales, los avances tecnológicos y la evolución del sistema de salud.

La iniciativa actualiza de manera integral la Ley G Nº 4.438, incorporando herramientas que mejoran la accesibilidad, optimizan el servicio y eliminan restricciones que hoy limitan la competencia y la instalación de nuevas farmacias, especialmente en zonas con baja cobertura.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la propuesta «reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios. Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas».

En ese marco, remarcó que se trata de «un cambio profundo, que deja atrás una normativa que ya no respondía a las necesidades actuales, dando libertad para invertir, emprender y ampliar la oferta».

A su vez, aclaró que «modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria».

El nuevo esquema permite que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, manteniendo como requisito la presencia de un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos.

«Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes», explicó Weretilneck.

Además, se eliminan trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento, lo que ampliará la cobertura y la disponibilidad del servicio en todo el territorio.

La iniciativa también prevé incentivos para promover la radicación en zonas alejadas, reduciendo desigualdades en el acceso al medicamento.

Incorporación de tecnología y nuevos servicios

El proyecto establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia y habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio, con sistemas de control y trazabilidad.

«Esto simplifica procesos, mejora el acceso y aporta mayor seguridad. También permite que las farmacias envíen medicamentos a domicilio, algo clave para quienes tienen dificultades de traslado», explicó el mandatario.

Estas herramientas facilitan el acceso, especialmente para personas mayores, pacientes con tratamientos crónicos y habitantes de zonas alejadas. Además, se habilitan prescripciones digitales diferidas de hasta 6 meses para tratamientos prolongados.

Un marco actualizado para una nueva realidad

La reforma adecua la legislación a los cambios tecnológicos, demográficos y económicos, promoviendo un sistema más eficiente, accesible y competitivo.

Al mismo tiempo, reafirma el rol del Estado como autoridad de control, garantizando que el medicamento siga siendo un bien social esencial, con reglas más modernas que amplían derechos y mejoran el acceso.

En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.

«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.

En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».

«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.

«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.

En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».

«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.