Judiciales
Multa ejemplar de 5 millones de pesos para empresa que ofrece planes de ahorro
La Justicia condenó a Podersa SA por violar los derechos del consumidor con contratos confusos y publicidades engañosas.
La empresa Podersa SA fue condenada a pagar una multa ejemplar por violar los derechos del consumidor con contratos confusos y publicidades engañosas. La sentencia de primera instancia fue confirmada y aumentada por la Cámara de Apelaciones de Roca, que elevó a 5 millones de pesos la multa por daño punitivo.
Según demostró el consumidor, todo el montaje empresarial simuló la oferta de un plan de ahorro para la compra de una camioneta, pero en realidad se trataba un «título de capitalización y ahorro», que es otro tipo de contrato. Sin embargo, toda la publicidad y el asesoramiento que le dieron hacía referencia a la entrega de vehículos.
En definitiva, el contrato que firmó el hombre no le garantizaba ningún vehículo al final de las 72 cuotas. El negocio sólo le daba unas pocas chances de salir sorteado para obtener como premio la Toyota Hilux que él deseaba. Y por si fuera poco, establecía que si al finalizar las cuotas no había sido sorteado, se le devolvía el capital ahorrado más una tasa de interés mucho menor a cualquiera de las existentes en el mercado actual, por lo que el valor de lo ahorrado por el hombre a lo largo de 72 meses quedaba gravemente licuado por el proceso inflacionario.
El fallo del Juzgado Civil N° 31 de Choele Choel, confirmado ahora por la Cámara, declaró «la nulidad del contrato por cuanto resulta evidente que la voluntad del actor ha sido viciada por error y dolo». Según el Código Civil y Comercial, se considera que hay dolo cuando una de las partes engaña o confunde gravemente a la otra utilizando «cualquier artificio, astucia o maquinación» que la lleve a creer que es verdadero algo que es falso, o viceversa.
Para el tribunal, la empresa Podersa SA confundió intencionalmente al cliente para obtener «desproporcionadas ventajas». El afectado demostró «que nunca fue correctamente informado de las auténticas condiciones de contratación».
Según se valoró en el fallo, la página web y la publicidad de la empresa exhibe «fotos de personas sonrientes posicionadas delante de distintos vehículos, lo que a priori induce a pensar que han sido adjudicatarias de tales bienes». Además, la documentación dice Concesionario Podesa S.A., y eso «induce a suponer que se esta en presencia de una concesionaria o agencia de autos». Y también, un asesor le anotó al cliente detalles de la supuesta entrega de la camioneta, del sistema de «sorteo, licitación o leasing» y los gastos de «flete y patentamiento». «Toda esta información suministrada por el vendedor induce a pensar que se está contratando un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo», recalcó la sentencia.
La empresa «faltó al deber de actuar con buena fe negocial, infringiendo el deber de informar en forma clara, precisa, detallada, provocando el error en el consumidor, quien engañado suscribió un contrato cuyo objeto no era el realmente pretendido», agregó.
Multa máxima
La Cámara elevó la multa por daño punitivo de 2 a 5 millones de pesos, que era el monto máximo previsto por la Ley de Defensa del Consumidor al momento del hecho que se juzgó. Ese tope actualmente es más alto, porque la ley se modificó en diciembre de 2022.
El fundamento de la multa fue que «claramente la demandada desarrolla toda una actividad con contratos de cláusulas poco claras y abusivas, acompañada de publicidad engañosa para embaucar, haciendo creer a potenciales interesados que lo que ofrece es o se asemeja a uno de los contratos de ahorro para la adquisición de vehículos, cuando en realidad estos tienen más las características de la lotería, ya que la posibilidad de hacerse de uno por tal vía es bastante remota y por si fuera poco, la devolución de la inversión está muy lejos de acercarse -a valores constantes o reales- a lo desembolsado. Más aún en el marco de procesos inflacionarios como los que atravesamos. Se le devuelven migajas».
Para el Tribunal, la multa millonaria guarda «razonabilidad con la gravedad de la conducta desarrollada por la demandada. Estas empresas operan con los dineros de quienes de buena fe creen que están ahorrando, obteniendo significativas ganancias a costa de éstos», afirmó la Cámara.
Judiciales
Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 12 años.
Una prueba genética confirmó con un 99,99% de probabilidad la paternidad del hijo nacido como consecuencia del abuso.
Un Tribunal Colegiado declaró penalmente responsable a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en una causa por hechos ocurridos en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía apenas 12 años y el acusado 18. La denuncia fue realizada por la joven mucho tiempo después de lo sucedido.
La resolución fue adoptada este miércoles (11/11) al mediodía, en consonancia con el pedido formulado por la Fiscalía durante los alegatos de clausura. La próxima instancia será la audiencia de cesura, en la que tanto la acusación como la defensa ofrecerán pruebas y solicitarán los montos de pena correspondientes.
Durante su exposición, la fiscal del caso, Celeste Benatti, les pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni realizar un ejercicio de empatía para comprender el contexto en el que vivía la víctima en 2015, cuando era una niña de 12 años y sus decisiones cotidianas estaban atravesadas por las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la menor nunca había elegido mantener una relación con el acusado ni quedar embarazada sin comprender siquiera el significado de esa situación. También remarcó que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente a través de un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti cuestionó además las fallas del sistema de protección de aquella época y sostuvo que la niña quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida.
Entre las pruebas presentadas durante el debate, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche, que confirmó la paternidad del imputado respecto del hijo de la víctima con un 99,99% de probabilidad. También se incorporó un informe médico forense que permitió establecer la fecha de concepción.
La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyeron un ataque no consentido, que derivó en un embarazo y se produjo en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar. En ese marco, solicitó que el caso fuera analizado con perspectiva de género, contemplando el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Durante los alegatos también se recordó la Ley N° 27.206, conocida como de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el juicio y solicitó que su asistido fuera declarado responsable por la figura de estupro.
Finalmente, el Tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía y declaró al hombre responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ahora deberá fijarse la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán las pruebas y formularán sus pedidos para determinar el monto de la pena.
Judiciales
Certificados médicos truchos: La Justicia resolvió trasladar la investigación a Roca y Cipolletti
La causa investiga a policías, penitenciarios y docentes que habrían presentado documentación médica falsa para justificar ausencias laborales y cobrar sus salarios sin descuentos.
La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales de agentes públicos continuará en las circunscripciones judiciales de General Roca y Cipolletti. Así lo resolvió un juez de Garantías de Viedma, quien dispuso remitir las actuaciones a los foros de jueces correspondientes a las localidades donde se habrían presentado los documentos.
La causa investiga una presunta maniobra mediante la cual agentes policiales, penitenciarios y docentes habrían utilizado certificados médicos falsos para justificar ausencias en sus puestos de trabajo y percibir sus salarios sin los descuentos correspondientes. La acusación considera que esas conductas podrían constituir los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.
La investigación incluyó allanamientos en Roca, secuestro de teléfonos celulares y computadoras, análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación relacionada con licencias médicas. También se incorporaron informes de organismos públicos y estudios realizados por áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.
Durante las audiencias, las defensas solicitaron que el expediente dejara de tramitar en Viedma. Argumentaron que los hechos ocurrieron principalmente en Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde residen gran parte de las personas investigadas. También señalaron que la distancia dificultaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias defensivas y la producción de pruebas.
El Ministerio Público Fiscal y la querella, ejercida por la Fiscalía de Estado, se opusieron al planteo. Sostuvieron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, cuya sede se encuentra en Viedma. Además, indicaron que gran parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad y que un traslado podía generar demoras y dificultades organizativas.
Al resolver, el juez de Garantías Adrián Dvorzak distinguió entre la competencia territorial de los magistrados y la organización del trabajo judicial dentro de la provincia. Explicó que los jueces penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial, por lo que rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial presentado por las defensas.
Sin embargo, consideró que existían razones suficientes para que la investigación continuara en las circunscripciones donde se habrían desarrollado los hechos. Destacó que allí se presentaron los certificados, se realizaron medidas investigativas y se encuentran gran parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.
El magistrado también hizo hincapié en las dificultades que la distancia puede generar para el ejercicio del derecho de defensa. Señaló que la comunicación virtual no siempre resulta suficiente para mantener entrevistas personales, preparar estrategias defensivas y desarrollar las medidas probatorias necesarias.
La resolución aclaró que el traslado no implica comenzar nuevamente la investigación, ya que las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas conservarán su validez. Además, ordenó que los elementos secuestrados durante los allanamientos queden a disposición de las autoridades judiciales que intervengan en adelante, respetando las reglas de preservación y cadena de custodia.
La remisión de las actuaciones se hará efectiva una vez que la decisión quede firme. La medida no resuelve la responsabilidad penal de las personas investigadas ni modifica los hechos atribuidos por la acusación, sino que determina dónde continuará el proceso y qué autoridades judiciales intervendrán en las próximas etapas.
Judiciales
Atropelló a un ciclista en Roca, escapó sin asistirlo y ahora deberá indemnizarlo
La víctima sufrió lesiones graves, permaneció internada en terapia intensiva y debió ser operada. El conductor escapó sin asistirlo y la bicicleta nunca apareció.
Un conductor que atropelló desde atrás a un ciclista en calle Viterbori de General Roca, escapó sin asistirlo y lo dejó inconsciente sobre el asfalto deberá indemnizarlo por las lesiones y las consecuencias del siniestro. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda presentada por la víctima y atribuyó la totalidad de la responsabilidad al automovilista. La condena también alcanzó a la compañía aseguradora, dentro de los límites de la cobertura contratada.
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre circulaba en bicicleta rumbo a su trabajo por el margen derecho de la calzada, entre las calles Lago Lolog y Cerro Aconquija. Llevaba un chaleco reflectante y avanzaba junto al cordón cuando un Volkswagen Gol Trend que transitaba en la misma dirección lo embistió desde atrás.
La fuerza del impacto hizo que el ciclista saliera proyectado contra el parabrisas del automóvil y luego cayera sobre el asfalto. El conductor no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el lugar, mientras la víctima permanecía herida e inconsciente.
El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Francisco López Lima y luego a un policlínico de Cipolletti, donde permaneció internado en terapia intensiva y debió ser sometido a una operación. Además, su bicicleta nunca apareció.
A partir de lo ocurrido, inició una demanda civil por daños y perjuicios contra el automovilista y la aseguradora. Reclamó una reparación por las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas, los gastos de atención y la pérdida del rodado.
Durante el juicio, las partes sostuvieron versiones opuestas. El ciclista afirmó que el conductor lo había atropellado desde atrás, guardado la bicicleta en el baúl y escapado para ocultar lo sucedido. El demandado negó esa acusación y sostuvo que la víctima había cruzado repentinamente la calzada, vestida con ropa oscura y en condiciones de escasa iluminación. También dijo que se retiró debido a una alteración emocional y rechazó haberse llevado la bicicleta. La aseguradora respaldó esa postura y atribuyó el accidente a la conducta del ciclista.
La jueza tuvo por acreditadas la fuga del automovilista y la desaparición de la bicicleta, aunque no consideró probado que el conductor la hubiera escondido o sustraído.
El informe del Gabinete de Criminalística y la pericia accidentológica fueron determinantes para reconstruir el siniestro. Ambos coincidieron en que el automóvil impactó desde atrás a la bicicleta, que circulaba aproximadamente a 45 centímetros del cordón. Los especialistas descartaron que el ciclista hubiera cruzado repentinamente la calzada y señalaron que la avenida era recta, contaba con iluminación artificial y no presentaba obstáculos para la visión.
En su análisis, la magistrada aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre el riesgo creado por la circulación de vehículos. Ese régimen establece que, una vez acreditados el accidente y el daño, quien pretende liberarse de responsabilidad debe demostrar una causa ajena, como la conducta de la propia víctima. También examinó las obligaciones de cuidado y prevención de la Ley Nacional de Tránsito, incluido el deber de detenerse y prestar asistencia después de un siniestro.
La jueza concluyó que el automovilista incumplió esas obligaciones y que ni él ni la aseguradora lograron demostrar que el ciclista hubiera provocado el choque.
La reparación reconocida comprendió la incapacidad psicofísica permanente, el daño moral, el tratamiento psicológico futuro y la pérdida de la bicicleta. Para determinar el daño moral, se consideraron la gravedad de las lesiones, las cicatrices, las consecuencias emocionales y el abandono de la víctima después del impacto. También se reconoció la necesidad de realizar un tratamiento psicológico semanal durante un año.
En cambio, se rechazó el reclamo por gastos médicos y traslados, debido a que las prestaciones habían sido cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo. Además, la sentencia dispuso verificar si el ciclista recibe una reparación laboral por incapacidad permanente, con el objetivo de evitar una doble compensación por el mismo perjuicio.
Finalmente, el fallo ordenó al conductor y a la aseguradora -esta última dentro de los límites de la cobertura contratada- pagar la reparación dentro de los 10 días, bajo apercibimiento de ejecución.
