Judiciales
Sufría violencia económica y psicológica de parte de su hijo y nuera
La Defensa Pública logró recuperar parte del patrimonio del señor.
Durante una visita de rutina de la Defensa Pública a un hogar para adultos y adultas mayores, un residente pudo trasmitir sus preocupaciones respecto al manejo de propiedades y dinero de su pertenencia, que administraban, por una cuestión de confianza y cariño, uno de sus hijos y su nuera.
A raíz de un trabajo integral del defensor que asumió la representación del señor y de la defensora que asistió a la pareja involucrada, la Defensa Pública logró recuperar parte del patrimonio del señor.
Eran los primeros días de marzo y entre las tareas que realizan los y las defensoras se encuentra la de recorrer los lugares de gestión pública y privada donde se alojan a adultos/as mayores. En ese contexto, se llevan a cabo entrevistas con las personas residentes respecto de la alimentación que reciben, la atención médica, la medicación que deben tomar, los hábitos de higiene que se les deben facilitar, las actividades lúdicas, visitas de sus familiares. Además, se concreta un recorrido por los espacios, las habitaciones, los baños, la cocina, se consulta acerca de los alimentos que pueden o deben ingerir, el personal necesario por cantidad de residentes.
Así fue que el señor describió situaciones que la mirada especializada del defensor identificó como graves episodios de violencia económica y psicológica «En el relato, el adulto mayor contó que lo primero que hicieron su hijo y su nuera fue trasladarlo de su localidad de origen a la ciudad donde ellos vivían. Refirió que lo obligaron a vender su casa junto a sus muebles y que con ese dinero armaron un plazo fijo pero que desconoce el monto del mismo. Describió que le quitaron su celular, la billetera con las tarjetas de débito y crédito. Además que tenía una camioneta, que seguramente la pareja estuviera utilizando por supuesto que sin su consentimiento», explicó el defensor que representa al hombre.
«El señor nos solicitó residir de manera permanente en el hogar, ya que allí estaba contento y sentía que lo cuidaban muy bien, pero sobretodo insistió en que no quería regresar a vivir con su hijo ni su nuera», agregó el representante del Ministerio Público de la Defensa.
¿Cuál es la intervención de la Defensa Pública?
«Surge de los hechos relatados en forma palmaria, uno de los tipos de violencia en el ámbito de las relaciones familiares establecidas en la Ley 3040, la violencia económica y psicológica, donde mi cliente resulta ser víctima de su hijo y su nuera. Por ello solicitamos la inmediata devolución de las tarjetas bancarias, el celular, el vehículo, el manejo de su pensión jubilatoria, como también pedimos la aplicación de la medida cautelar de prohibición de acercamiento y la inmediata traba de cuentas bancarias para que no se pudiera retirar más dinero», explicó el defensor.
El hijo y la nuera fueron asistidos por la Defensa Pública y gracias a dicha intervención se ha logrado restituir los bienes objetos del reclamo judicial.
De esta manera, el señor tiene en su poder, varias de las cuestiones reclamadas, que tras la constatación de que la pareja «utilizaba los bienes del señor como propios, y habían violentado la confianza que él tenía sobre su propio hijo, es que de a poco y con constante diálogo entre las partes y entre los abogados, logramos que en escaso tiempo el señor volviera a tener sus pertenencias», dijo la defensora.
Argumentos jurídicos para sostener el pedido
Argentina ha rectificado en el año 2003 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude expresamente a los y las adultas mayores.
En el Artículo 9 establece que «toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez a fin de llevar una vida digna y decorosa». Además el Artículo 17 instituye que «toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad y constriñe a los Estados parte a adoptar medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica».
Esto en concordancia con la Ley 3040, también las Reglas de Brasilia en su punto 2 sección 2 dice «el envejecimiento puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia».
¿Dónde puedo dirigirme si necesito ayuda con una temática similar?
Tenés que acercarte al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) más cercano a tu casa, conocé dónde quedan: https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/asesoria_legal_def.php.
Judiciales
La Corte desestimó el recurso extraordinario y quedó firme la inconstitucionalidad el cobro de una tasa municipal
Una ordenanza del Concejo Deliberante de Roca imponía un tributo a los camiones que ingresaban a la ciudad con productos alimenticios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja por denegación del recurso extraordinario en el conflicto por el cobro de una tasa municipal. En 2023, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inconstitucional una ordenanza de Roca que imponía un tributo a los camiones que ingresaban con productos alimenticios.
La resolución de la Corte Suprema, que lleva fecha del 22 de octubre, deja firme la inconstitucionalidad declarada por el STJ. El fallo del Poder Judicial de Río Negro concluyó que la facultad de control de la calidad de la mercadería en tránsito ya está asignado a Senasa. Por lo tanto, el control sobre la ruta que ejerce el Municipio implica en la práctica una «aduana interior» y una «duplicación» que invade la competencia nacional. Se sostuvo, en cambio, que la comuna tiene facultades para controlar la mercadería en los puntos de ventas al público.
La demanda fue promovida por empresas distribuidoras de productos alimenticios. Destacaron que los elementos que transportan «son previamente verificados por la autoridad competente conforme el Código Alimentario Argentino (CAA)», que «los proveedores despachan la mercadería con amparo sanitario federal otorgado por Senasa mediante permisos de tránsito federal» y que «la empresa posee certificación de Buenas Prácticas de Manufacturas de IRAM».
La Municipalidad les cobraba a los camiones que ingresaban a la ciudad una tasa a través de un puesto instalado en el acceso.
Como consecuencia, el STJ declaró inconstitucional una parte de la Ordenanza Tarifaria del Municipio de Roca que permitía el cobro de una tasa por «abasto y/o inspección veterinaria» a los camiones que ingresaban con productos alimenticios.
Tras contextualizar la normativa aplicable, el STJ recordó que «el Municipio tiene la facultad de dictar normas generales, siempre y cuando se mantengan dentro de sus competencias y estén en línea con un orden jurídico superior que determina sus límites».
En este contexto, la sentencia concluyó que el control que ejerce la Municipalidad en el “tránsito interjurisdiccional exceden el control en bocas de expendio encomendado por la normativa federal a las autoridades sanitarias municipales».
Así, la actuación de la Municipalidad, «al verificar que los productos que ingresan a su territorio -previo al expendio- cumplan con la normativa establecida por el Código Alimentario, Senasa y Anmat, invade las facultades de estos organismos nacionales. Son ellos quienes tienen el mandato de velar por la salud pública durante la circulación de tales bienes, garantizando la inocuidad, salubridad y sanidad de los productos alimentarios».
Luego, el STJ analizó la totalidad de la normativa y dijo que «las facultades tributarias y de control no pueden ejercerse durante el ‘tránsito’ de la mercadería. Más bien, deben aplicarse a partir del punto de venta al por menor, dado que recién entonces habrá finalizado el comercio interjurisdiccional» que es competencia de Nación.
Concluyó que «la exigencia del pago del tributo impugnado como condición de ingreso de los bienes al territorio municipal configura una barrera aduanera interior que está prohibida por la Constitución Nacional» y constituye una «duplicación de los controles que genera mayores costos» a las empresas.
Judiciales
Lo hostigaron por una deuda de $105 y ahora tendrán que pagarle más de $400.000
Una empresa de televisión satelital hostigó por correo electrónico y llamadas a un consumidor, diciéndole que estaba en mora y que lo enviarían al Veraz.
Un hombre de Viedma inició una demanda contra una empresa de televisión satelital. Fue cliente por varios años, pero hace una década se dio de baja. Sin embargo, tiempo atrás comenzaron a hostigarlo por correo electrónico y llamadas, diciéndole que estaba en mora y que lo enviarían al Veraz.
En su demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz, refirió que inicialmente ni siquiera le decían de cuanto era la deuda. Por eso, se acercó a la sucursal en Viedma. Allí le informaron que debía $105.
Le dijo a la cajera que no tenía inconvenientes de abonar el monto por ser irrisorio, pero quería conocer la razón de la deuda. Intentó luego comunicarte por Facebook, hasta que logró el contacto.
La operadora a cargo de la red social de DirectTV le informó que la deuda era del año 2009. El excliente le dijo que entonces estaba prescripta. Aunque la operadora le contestó que lo informaría a los fines de la finalización, los correos electrónicos y los llamados continuaron.
Finalmente, en abril de este año pagó la supuesta deuda, porque «ya no aguantaba más las molestias». Al momento de abonar, había recibido 128 correos electrónicos. Sin embargo, lejos de cesar luego del pago, siguió recibiendo intimaciones por email durante unos días más.
En su demanda en el Juzgado de Paz solicitó que se condene a la empresa por el hostigamiento, la falta de información clara y la amenaza con terminar en el Veraz.
El juez de Paz recordó que «el trato digno equitativo constituye uno de los derechos básicos de los consumidores y usuarios, que sirve de fundamento de los restantes derechos que les asisten».
Tuvo en cuenta no solo la cantidad de correos, sino también «los términos en que fueron redactados, con intimación de reportes ante central de deudores e informes en Veraz», dice el fallo.
El juez tuvo en consideración «un obrar desaprensivo de la demandada, denotando un claro desinterés por los derechos» del consumidor.
Agregó que la información no fue clara. «No surge el motivo ni la causa del pago reclamado por la empresa demandada. En efecto, luego de múltiples reclamos del actor, éste toma conocimiento de que las intimaciones que se le formularon», indica.
En cuanto al daño moral, el juez consideró acreditado que el hombre «debió de padecer múltiples intimaciones de pago sin precisión de causa específica alguna». Así, «se ha acreditado un proceder de la demandada totalmente desaprensivo y desinteresado de los derechos de la actora».
De esta manera, dispuso que DirectTV deberá pagar $150.000 de indemnización por daño moral y $280.000 por daño punitivo, más las costas del proceso.
Judiciales
Femicidio de Marisa Galdame: Prisión perpetua para Acuña
El femicida comenzará a cumplir la pena cuando la sentencia quede firme; mientras tanto permanece en prisión preventiva.
El autor del femicidio de Marisa Galdame, ocurrido en Allen en octubre de 2023, fue condenado hoy (25/10) a la pena de prisión perpetua. La jueza de juicio Verónica Rodríguez leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en agosto pasado.
Pedro Rafael Acuña comenzará a cumplir la pena cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto permanece en prisión preventiva por el riesgo procesal de fuga.
El hombre fue condenado como autor del delito de homicidio doblemente agravado: por la relación de pareja que lo unió con la víctima y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.
En la audiencia de cesura, realizada la semana pasada, tanto la Fiscalía como la parte querellante solicitaron la pena de prisión perpetua. La defensa del imputado aceptó el requerimiento, asumiendo que es la única pena posible para este delito según el Código Penal de la Nación.
El femicidio ocurrió el 30 de octubre de 2023 a la madrugada en la vivienda que compartía la pareja con sus dos hijos. Marisa Galdame, de 30 años, murió como consecuencia de múltiples puñaladas. El episodio finalizó cuando Acuña se autolesionó con el mismo cuchillo. Una vez recuperado de esas heridas se le imputaron los cargos.