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Precios máximos en pandemia: Un supermercado de la región incumplió y lo multaron

La Cooperativa Obrera deberá abonar $50.000 de multa por no cumplir con la normativa de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

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EL 27 de marzo de 2020, cuando ya se habían dispuesto las medidas por la emergencia sanitaria del Covid-19, la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro multó a un supermercado de Cipolletti. En la inspección advirtió que no cumplía con el stock de 19 productos cuidados y también constató una mercadería que se exhibía por encima de los precios máximos.

Los productos esenciales y los precios máximos se fijaron en un anexo de la Resolución N° 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación en el contexto de la normativa que dispuso la emergencia sanitaria. Ante el incumplimiento advertido por los inspectores de la provincia se le impuso a la Cooperativa Obrera una multa de $50.000.

En su descargo el comercio sostuvo que no había podido cumplir con la normativa vigente en relación a los precios máximos debido a que se encontraba con una estructura de personal reducido conforme el aislamiento obligatorio y que las gerencias de administración y de sistemas no estuvieron trabajando por lo que pudieron retrotraerse los precios entre los días 24 y 25 de marzo de ese año. En cuanto al stock, argumentaron que debido a la emergencia sanitaria hubo un pico de demanda en los productos y por ello la entidad se encontraba avocada a agilizar el proceso de abastecimiento de recepción y puesta a la venta de mercadería.

La Agencia de Recaudación Tributaria desestimó esa defensa y confirmó la multa. La Cooperativa Obrera abonó el monto pero recurrió ante el Fuero Civil de Cipolletti. La sentencia confirmó la validez del procedimiento administrativo de la provincia.

En lo relativo al importe de la multa, el fallo consideró que estas penalizaciones tienen una naturaleza tuitiva del mercado y sus buenas prácticas, constituyendo señales del Estado para que se cambie una práctica empresarial o una conducta comercial que se considera impropia o inconveniente a los efectos de la política que el mismo persigue en tal materia. «Si las multas no fuesen serias, la finalidad de la ley no se cumpliría, desde que la benevolencia de la sanción, invitaría a seguir incumpliendo», surge del fallo.

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Cobertura preventiva para una adolescente por las secuelas de una presunta mala praxis

La familia de la joven asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.

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Un sanatorio, dos médicos y sus respectivas aseguradoras deberán cubrir todos los gastos de una adolescente mientras avanza la demanda civil que inició la familia por un presunto caso de mala praxis. Siendo una niña sufrió un siniestro vial y fue operada. En la demanda principal, la familia asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.

Mientras en el expediente principal se recopilan las pruebas para determinar efectivamente las responsabilidades del caso, en otro proceso la familia inició una «acción preventiva del daño». Esta figura, reconocida en el Código Civil y Comercial de la Nación, permite fijar una cobertura para evitar que se agrave un daño provocado por cualquier tipo de acción antijurídica, basándose en una visión del derecho como una herramienta para prevenir y no sólo para indemnizar los daños ya producidos.

Un fallo del Juzgado Civil N° 9 de Roca hizo lugar a la acción preventiva y condenó a los seis demandados a abonar una suma fija por mes, basándose en los gastos y necesidades urgentes que acreditó la familia de la adolescente, en concepto te tutela anticipada. Pero tanto la familia como los demandados apelaron la medida y el caso fue nuevamente analizado por la Cámara Civil de Apelaciones. Ese Tribunal definió ahora una cobertura mayor, que además de la suma fija mensual incorpora la provisión de un colchón ortopédico, una cama ortopédica y una silla de ruedas para que la adolescente «pueda tener acceso a una estadía más cómoda, saludable y digna» mientras se definen las eventuales responsabilidades.

La sentencia valoró que la suma fija es suficiente para costear los gastos básicos y los tratamientos neurológicos, psicológicos y kinesiológicos, los insumos, remedios y traslados para la atención médica, además de la contratación de personas idóneas que puedan asistir a la adolescente en forma permanente. El fallo, además, previó un sistema de actualización de la suma de acuerdo con el proceso inflacionario.

En la sentencia de primera instancia, como es normal en los procesos de acción preventiva, se definió qué ocurrirá con estos pagos en el futuro, según lo que se defina en el expediente principal. Así, si prospera la demanda de daños y perjuicios que impulsa la familia y se determina que los demandados son responsables de la mala praxis, todo lo que hayan pagado anticipadamente se descontará de la indemnización final. Sobre ese punto, la Cámara agregó un cómputo de intereses para el eventual descuento. En cambio, si la demanda de la familia no prospera, los demandados que hayan pagado la cobertura preventiva tendrán derecho a iniciar acciones para pedir la devolución.

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Compró una moto a plazos y, cuando quiso retirarla, valía casi el doble

Le prometieron entregarlo en la cuarta cuota pero cuando llegó esa instancia, el valor del rodado se había incrementado prácticamente al doble de lo pactado.

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Un hombre de Cipolletti que pretendía comprar una moto recibirá una compensación económica por el incumplimiento del contrato de financiación del vehículo. Cuando realizó las gestiones para adquirir el rodado, le informaron de un precio y le prometieron entregarlo en la cuarta cuota. Al cumplir con esa instancia, el valor se había incrementado prácticamente al doble de lo pactado.

El cliente presentó una reclamo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y, posteriormente, inició un proceso de menor cuantía ante el juzgado de Paz de Cipolletti.

El fallo determinó que la empresa de financiamiento Ban S.R.L. debe indemnizar al consumidor debido a un incumplimiento contractual relacionado con la compra de la motocicleta marca Benelli, modelo TNT, de 150 cc de cilindrada.

El desacuerdo surgió cuando, después de acordar la compra del vehículo bajo un plan de financiación específico, al cliente se le notificó un incremento considerable en el precio inicialmente acordado, lo cual fue considerado excesivo y no acorde con la valuación fiscal del vehículo para ese año.

El litigio comenzó tras la presentación de una demanda por parte del cliente, quien actuó sin representación legal, reclamando por el aumento inesperado y solicitando el reintegro de los pagos efectuados, alegando que el cambio de precio constituía un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad financiera.

A lo largo del proceso, se destacó la ausencia de una respuesta adecuada por parte de la empresa ante el requerimiento legal específico, interpretándose esto como un reconocimiento de la veracidad de los hechos alegados por el cliente.

El análisis se centró en la relación de consumo y el derecho a la información, resaltando que la información proporcionada por la financiera sobre el precio del vehículo fue insuficiente y engañosa, afectando negativamente la libertad de elección y las condiciones equitativas del consumidor.

La resolución judicial no solo incluyó una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el cliente, sino que también impuso un monto adicional como daño punitivo, con el objetivo de penalizar la conducta de la entidad financiera y disuadir futuras prácticas similares. Este aspecto del fallo subraya la importancia de la obligación de proveer información clara y precisa en las relaciones de consumo, así como de garantizar el derecho de los consumidores a tomar decisiones informadas sobre los bienes y servicios que adquieren.

La sentencia reafirmó la necesidad de transparencia y equidad en las prácticas comerciales y financieras.

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Compró un auto pero al hacer la transferencia descubrió que debía tres años de patente

Se lo secuestraron para rematarlo, fue a la Justicia y logró que condenen a la concesionaria que se lo vendió.

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Un hombre compró en una concesionaria de Viedma un Renault Megane a finales de 2018. Pagó entregando un vehículo de menor valor y dinero en efectivo. Cuando fue realizar los trámites para la transferencia, debía tres años de patente. Reclamó a la empresa vendedora. No tuvo una solución. Cuatro años después, le secuestraron el vehículo para rematarlo.

Todo comenzó cuando la familia decidió cambiar su antiguo Renault 19 por un modelo más nuevo, con más prestaciones. En la concesionaria le tomaban su usado, así que concretó la operación.

En la denuncia indicaron que si bien el vehículo fue entregado a la familia en el mismo momento que se efectuó el pago, el problema surgió al intentar realizar los trámites para efectuar la transferencia en el registro automotor.

Allí constataron que existía deuda de patentes por los períodos 2015, 2016 y 2017. Según expresaron, recién en ese momento se enteraron de la situación. De esta manera, no pudieron terminar el trámite, pero siguieron utilizando el auto ya que «les resultaba necesario».

En mayo de 2022, sin embargo, le secuestraron el vehículo «con fines de subasta para pagar las deudas del titular registral». Recién pudieron recuperarlo casi un año después.

Iniciaron un trámite en Defensa del Consumidor. Allí la concesionaria ofreció pagar las deudas de patente, «no obstante dicha solución no fue efectivizada».

Ya en el juicio civil, la empresa argumentó que el comprador nunca presentó el 08 del vehículo que entregó, porque «el auto estaba a nombre de otra persona». Ello causó a la concesionaria «graves perjuicios» porque no se podía vender.

Por eso pidió que se tenga en cuenta una excepción que rige cuando el demandante no ha cumplido todas sus obligaciones contractuales.

El juez civil tuvo en cuenta la parte documental: boleto de compra y venta, denuncias ante Defensa del Consumidor, informes del martillero público que iba a realizar el remate, del Registro Automotor, entre otros.

También declararon varios testigos. Entre otros, allegados al comprador que dieron cuenta el uso que le daba al vehículo. Dijeron que incluso tuvo que suspender unas vacaciones cuando se le secuestraron el auto.

El magistrado concluyó que «ha existido incumplimiento contractual por parte de la demandada totalmente imputable» a su accionar.

A la hora de evaluar los daños, en principio rechazó el patrimonial, ya que el vehículo continúa en poder del comprador. En cambio, hizo lugar a una serie de indemnizaciones por otros daños.

La privación de uso «se encuentra representada por las erogaciones que debe hacer el actor y/o su familia para acudir a medios de transporte sustitutos que le permitan gozar de una situación de comodidad y celeridad en el desplazamiento, similar a la que habría gozado de disponer de su propio automóvil». Realizó las evaluaciones correspondientes y la fijó en poco más de 2 millones y medio de pesos.

En cuanto al daño moral, quedó probado entre otras cuestiones por el secuestro del vehículo: «ese extremo sorpresivo para los actores se traduce en un daño moral que debe ser reparado, pues excede la mera molestia en la ejecución de un contrato».

Finalmente, fijó una indemnización por daño punitivo. Este rubro «intenta disuadir a futuro la conducta de las demandadas en la gestión contractual profesionalizada que lleva adelante con consumidores potenciales».

En la sumatoria, el resarcimiento que debería pagar Lef Car asciende a 5 millones y medio de pesos.

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