Gremios
Paritaria docente: Nueva propuesta salarial del Gobierno
Se propuso un incremento salarial del 8% para abril e igual porcentaje para mayo, que se liquidarán con los haberes del mes en curso.
El Gobierno Provincial, a través de representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos encabezados por su titular, Pablo Núñez, presentó en reunión paritaria una nueva propuesta salarial al gremio UnTER, superadora del último ofrecimiento realizado.
La misma estuvo fundamentada «en la responsabilidad de garantizar la previsibilidad en el cumplimiento de los pagos comprometidos por el Estado provincial y asumiendo un importante esfuerzo público en materia presupuestaria, a los efectos de evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario docente y en un contexto nacional caracterizado por altos índices inflacionarios e incertidumbre económica».
En ese marco, se propuso un incremento salarial del 8% para abril e igual porcentaje para mayo, que se liquidarán con los haberes del mes en curso.
De esta manera, si se tiene en cuenta la pauta del mes de febrero (6%), la de marzo (7%) y la de abril (16%), el acumulado llega a un 31,57%, con una instancia de análisis y revisión en junio, una vez conocido el índice inflacionario del mes anterior publicado por el Indec.
A partir de que con los haberes de febrero y marzo se liquidó un 5% a cuenta de futuros acuerdos, esta propuesta contempla el pago de un 1% retroactivo al primero de los dos meses y de un 2% para el segundo.
Asimismo, se ratificó el incremento de las asignaciones familiares en un 100%, igual porcentaje en Movilidad, y el 20% para el tope de ese concepto.
Además, fue ratificada la intención de liquidar el adicional del 10%, «al sólo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hecho o derecho alguno, con carácter excepcional y por única vez», a todo el sector docente en caso de aprobarse esta propuesta.
Cabe recordar que el mismo ya fue pagado a las y los docentes que cumplieron con sus obligaciones laborales los días 22 y 23 de marzo.
Otro de los puntos tratados estuvo referido al reclamo realizado por el gremio docente en relación a la liquidación del impuesto a las ganancias sobre distintos conceptos. En ese sentido se informó que, a raíz de las gestiones realizadas por la Provincia ante los Ministerios de Educación y Economía de Nación, se recepcionaron notas aclaratorias sobre el alcance de las modificaciones a implementar en la liquidación salarial.
Asimismo, y atentos a la actual coyuntura del sistema educativo provincial, la representación gubernamental expresó su determinación de diseñar e implementar un esquema integral de acciones «a los efectos de incrementar los tiempos escolares, incorporar nuevas instancias y diferentes formatos pedagógicos; generar nuevas y diversas experiencias para la enseñanza, los aprendizajes y la intensificación de saberes y reformular el calendario escolar, entre otras posibles», indica el acta del encuentro.
«Estas acciones se contextualizan en el necesario fortalecimiento de la enseñanza, en un escenario en el que aún se evidencian consecuencias de la pandemia y de la actual coyuntura educativa provincial», agrega.
La liquidación salarial del mes de abril se encuentra en curso, como también el procesamiento de los datos del registro de asistencia de la página institucional del Ministerio a la fecha. Desde la última liquidación efectuada hasta el día de hoy, se contabilizan 11 días de inasistencias, de las cuales 8 corresponden al período de conciliación obligatoria no acatada, que serán contempladas en sucesivas liquidaciones salariales.
La reunión paritaria fue encabezada por el ministro de Trabajo, Jorge Stopiello, y junto al ministro Pablo Núñez participaron, en representación del Gobierno Provincial, los secretarios de Educación, Duilio Minieri, y de Administración Financiera, Miguel Cruz; el vocal Gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Alejandro Bustos, y el secretario General del cuerpo, Leonardo López.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
