Sociedad
EdERSA solicitó un incremento de más del 12% en sus tarifas
«Para una familia tipo, importa un incremento mensual de $745, sin impuestos», aseguró en audiencia pública el subgerente General de la distribuidora, Jorge Agnelli.
Se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre mayo del año pasado hasta la actualidad.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti y puede verse nuevamente en el siguiente link: https://bit.ly/3WBoQbv
La propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que por los plazos administrativos la pretensión de la distribuidora comprende todo el período posterior a la última autorización del organismo que conduce. En rigor, indicó que se analizará desde mayo de 2022 hasta marzo 2023. «Se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico», advirtió.
También contó que el proceso de revisión también incluye la contemplación en la tarifa para afrontar el adelantamiento una serie de obras definidas como prioritarias por la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro. «Ello implica una modificación del Plan de Inversiones Especiales vigente con el fin de reemplazar las obras previstas en el tercer año identificadas como Interconexión El Cuy – Cerro Policía por otra obra cuyo propósito es abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre, así como mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico a esa última localidad», detalló.
Tipping aclaró que se exigirá que la valorización de las inversiones sea resuelta en una compulsa pública, por lo que el costo definitivo surgirá de ese proceso, que estará a cargo de EdERSA. De igual modo, anticipó que cumplir con ese paso no será suficiente sino que «antes de su adjudicación, se deberá realizar una audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto».
El secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, fue quien explicó los pormenores del adelantamiento de las inversiones. «Es una de las tres obras que consideramos de carácter estratégico en el Plan de Inversiones Especiales y, como tal, cuentan con un sistema de aprobación y seguimiento. Una fue la Línea de 33 kV que une la zona céntrica de Cipolletti con Balsa Las Perlas, que se está ejecutando y se prevé inaugurar antes de fin de año. La segunda fue una línea para abastecer El Cuy y Cerro Policía; y la tercera, es una nueva línea de 13,2 kV que unirá Los Menucos con Sierra Colorada», describió.
«Solicitamos el cambio de la segunda de las obras por esta línea de 33 kV, por dos razones. La primera tiene que ver con el alto grado de avance que tiene una gestión para conseguir financiamiento externo para la vinculación de El Cuy y Cerro Policía, a partir de los beneficios ambientales que implica», reconoció Pérez. Además, enumeró una serie de reclamos que han recibido ante la imposibilidad de poner en producción el valle cercano al río ubicado entre General Conesa y Guardia Mitre. «Como consideramos que son obras de dimensiones similares e intercambiables, lo cual no debería tener un efecto tarifario», evaluó.
La posición de EdERSA
Luego, el subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación, José Cainelli, intervinieron en representación de la EdERSA y dieron los detalles técnicos de la obra analizada. Además, aludieron a las consecuencias para la empresa del proceso inflacionario acumulado desde que entró en vigencia la nueva tarifa el año pasado hasta marzo del corriente año.
Fue Agnelli, tras describir cómo se compone la tarifa y cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de un transformador de distribución en mayo del año pasado a 5.641 dólares y otro en marzo de este año, a 11.168 dólares oficiales. El incremento del precio en dólares adujo que es de 98% y de un 274% si se hace la conversión a pesos.
«La inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación del Índice de Precios Internos Mayoristas a Nivel General, elaborado por el INDEC», requirió.
El representante de EdERSA señaló que el efecto de la actualización solicitada sería del 12,4%, según las proyecciones que mostró, lo cual a nivel promedio y para una familia tipo, «importa un incremento mensual de $745, sin impuestos». Aunque no expuso qué tipo de consumo es el aludido en el ejemplo, también pidió considerar al momento del análisis, el aumento de los costos de abril de este año, que no habían sido incluidos en la presentación original.
El resto de las intervenciones
Luego llegó el turno de las personas que se anotaron como oradoras. En general, se trató de representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido y hubo una sola empresa que intervino en el cierre, en defensa de sus intereses como usuaria del servicio público de electricidad.
En primer término, lo hizo la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, Miguel Grasso, quien fue crítico y rechazó un ajuste por inflación ya que «no existe actividad económica que goce de semejante beneficio porque es imposible trasladar el aumento de costos linealmente a precios». De igual modo, manifestó su oposición a adelantar fondos para obras de infraestructura porque, según dijo, lo prohíbe la Ley N° 2902. Debería financiarse por otras vías, deslizó, como recursos propios u otros que puede gestionar la Provincia como el FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior).
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, inició su participación señalando que se están discutiendo temas que no considera sean de interés de los usuarios. «Todos los usuarios no pueden hacerse cargo de las obras de infraestructura del sistema eléctrico en los lugares más alejados, ya que no tienen nada que ver con el uso. Para eso están los fondos públicos de la Provincia y de la Nación, y así debe hacerse», entendió.
Otros oradores que se expresaron en términos similares fueron Walter Fiore, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados; Antonio D’Angelo, Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén: Sebastián Hernández, de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Marcela García, de la Asociacion Civil de Productores Alto Valle; y Silvano Pacher, de Química del Valle SRL.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
