Sociedad
EdERSA solicitó un incremento de más del 12% en sus tarifas
«Para una familia tipo, importa un incremento mensual de $745, sin impuestos», aseguró en audiencia pública el subgerente General de la distribuidora, Jorge Agnelli.
Se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre mayo del año pasado hasta la actualidad.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti y puede verse nuevamente en el siguiente link: https://bit.ly/3WBoQbv
La propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que por los plazos administrativos la pretensión de la distribuidora comprende todo el período posterior a la última autorización del organismo que conduce. En rigor, indicó que se analizará desde mayo de 2022 hasta marzo 2023. «Se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico», advirtió.
También contó que el proceso de revisión también incluye la contemplación en la tarifa para afrontar el adelantamiento una serie de obras definidas como prioritarias por la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro. «Ello implica una modificación del Plan de Inversiones Especiales vigente con el fin de reemplazar las obras previstas en el tercer año identificadas como Interconexión El Cuy – Cerro Policía por otra obra cuyo propósito es abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre, así como mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico a esa última localidad», detalló.
Tipping aclaró que se exigirá que la valorización de las inversiones sea resuelta en una compulsa pública, por lo que el costo definitivo surgirá de ese proceso, que estará a cargo de EdERSA. De igual modo, anticipó que cumplir con ese paso no será suficiente sino que «antes de su adjudicación, se deberá realizar una audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto».
El secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, fue quien explicó los pormenores del adelantamiento de las inversiones. «Es una de las tres obras que consideramos de carácter estratégico en el Plan de Inversiones Especiales y, como tal, cuentan con un sistema de aprobación y seguimiento. Una fue la Línea de 33 kV que une la zona céntrica de Cipolletti con Balsa Las Perlas, que se está ejecutando y se prevé inaugurar antes de fin de año. La segunda fue una línea para abastecer El Cuy y Cerro Policía; y la tercera, es una nueva línea de 13,2 kV que unirá Los Menucos con Sierra Colorada», describió.
«Solicitamos el cambio de la segunda de las obras por esta línea de 33 kV, por dos razones. La primera tiene que ver con el alto grado de avance que tiene una gestión para conseguir financiamiento externo para la vinculación de El Cuy y Cerro Policía, a partir de los beneficios ambientales que implica», reconoció Pérez. Además, enumeró una serie de reclamos que han recibido ante la imposibilidad de poner en producción el valle cercano al río ubicado entre General Conesa y Guardia Mitre. «Como consideramos que son obras de dimensiones similares e intercambiables, lo cual no debería tener un efecto tarifario», evaluó.
La posición de EdERSA
Luego, el subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación, José Cainelli, intervinieron en representación de la EdERSA y dieron los detalles técnicos de la obra analizada. Además, aludieron a las consecuencias para la empresa del proceso inflacionario acumulado desde que entró en vigencia la nueva tarifa el año pasado hasta marzo del corriente año.
Fue Agnelli, tras describir cómo se compone la tarifa y cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de un transformador de distribución en mayo del año pasado a 5.641 dólares y otro en marzo de este año, a 11.168 dólares oficiales. El incremento del precio en dólares adujo que es de 98% y de un 274% si se hace la conversión a pesos.
«La inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación del Índice de Precios Internos Mayoristas a Nivel General, elaborado por el INDEC», requirió.
El representante de EdERSA señaló que el efecto de la actualización solicitada sería del 12,4%, según las proyecciones que mostró, lo cual a nivel promedio y para una familia tipo, «importa un incremento mensual de $745, sin impuestos». Aunque no expuso qué tipo de consumo es el aludido en el ejemplo, también pidió considerar al momento del análisis, el aumento de los costos de abril de este año, que no habían sido incluidos en la presentación original.
El resto de las intervenciones
Luego llegó el turno de las personas que se anotaron como oradoras. En general, se trató de representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido y hubo una sola empresa que intervino en el cierre, en defensa de sus intereses como usuaria del servicio público de electricidad.
En primer término, lo hizo la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, Miguel Grasso, quien fue crítico y rechazó un ajuste por inflación ya que «no existe actividad económica que goce de semejante beneficio porque es imposible trasladar el aumento de costos linealmente a precios». De igual modo, manifestó su oposición a adelantar fondos para obras de infraestructura porque, según dijo, lo prohíbe la Ley N° 2902. Debería financiarse por otras vías, deslizó, como recursos propios u otros que puede gestionar la Provincia como el FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior).
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, inició su participación señalando que se están discutiendo temas que no considera sean de interés de los usuarios. «Todos los usuarios no pueden hacerse cargo de las obras de infraestructura del sistema eléctrico en los lugares más alejados, ya que no tienen nada que ver con el uso. Para eso están los fondos públicos de la Provincia y de la Nación, y así debe hacerse», entendió.
Otros oradores que se expresaron en términos similares fueron Walter Fiore, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados; Antonio D’Angelo, Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén: Sebastián Hernández, de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Marcela García, de la Asociacion Civil de Productores Alto Valle; y Silvano Pacher, de Química del Valle SRL.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Judiciales
Quiso separar una pelea entre perros, los hirió con una piedra y la Justicia archivó la denuncia
El Juzgado de Paz concluyó que no existió intención de provocar daño y desestimó la denuncia por maltrato animal.
Un hombre de Río Colorado vio que su perro se había escapado para pelear con otro animal. Quiso terminar con el enfrentamiento y arrojó una piedra para separarlos. Pero nada salió como esperaba. Desafortunadamente el proyectil hirió al otro perro y le provocó una grave lesión en los ojos.
El border collie fue atendido por un veterinario, quien certificó que había perdido la visión de ambos ojos. Su dueño promovió una denuncia al considerar que se trataba de un caso de maltrato animal. Sin embargo, desde el primer momento, el hombre señalado explicó que nunca buscó lastimar al perro y que su única intención había sido terminar con la pelea entre los animales.
El Juzgado de Paz analizó el caso y resolvió desestimar la denuncia y archivar las actuaciones. La jueza concluyó que los hechos no configuraban la contravención de maltrato animal prevista en el Código Contravencional.
La sentencia destacó que esa figura exige una conducta dolosa, es decir, la voluntad de provocar daño al animal. En este caso, la magistrada entendió que del propio relato del denunciante surgía que el hombre actuó para separar a los perros y no con el propósito de herir al border collie. La lesión fue consecuencia del intento de evitar la pelea y no de una acción dirigida a causar sufrimiento.
Además, el fallo señaló que esa conducta podía incluso quedar comprendida dentro de una causal de no punibilidad prevista para quienes actúan para impedir una agresión, siempre que el medio utilizado resulte una respuesta frente a esa situación. Por ese motivo, la jueza concluyó que no existían los elementos necesarios para atribuir responsabilidad contravencional por maltrato animal.
La resolución también descartó la figura de custodia de animales, ya que esa infracción solo se configura cuando un animal causa lesiones a una persona por falta de cuidados de su dueño. En este caso, el daño recayó sobre otro animal, por lo que esa norma tampoco resultaba aplicable.
El fallo aclaró que el archivo de la causa contravencional no impide que el dueño del perro lesionado reclame por la vía civil una indemnización por los daños que considere haber sufrido.
Judiciales
Quiso borrar el apellido de su padre, pero un reencuentro cambió el rumbo de la historia
El joven había iniciado una acción judicial para suprimir el apellido paterno, pero desistió luego de recomponer el vínculo con su padre durante un proceso terapéutico.
Durante años imaginó que borrar el apellido paterno sería la manera de dejar atrás una historia marcada por la distancia. Así inició un proceso judicial para hacerlo. Pero, mientras el expediente seguía su curso, la historia tomó un rumbo inesperado. Padre e hijo comenzaron a acercarse otra vez.
Ese reencuentro no fue casual. El trabajo realizado en un espacio terapéutico le permitió revisar el conflicto desde otro lugar y preguntarse si todavía quedaba algo por reconstruir. Entonces eligió detener el proceso judicial, recuperar el tiempo perdido y darse, junto a su padre, una oportunidad que hasta hacía poco creía imposible.
El fuero de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a ese pedido, declaró concluido el proceso por desistimiento y ordenó el archivo de las actuaciones. La jueza consideró que se encontraban reunidos los requisitos previstos por la legislación para poner fin al expediente.
El joven había promovido la acción para solicitar la supresión de su apellido paterno. Durante la etapa inicial del trámite se incorporó la documentación presentada, se ordenó la publicación de edictos y se dispusieron distintas medidas previas. En esa etapa la demanda todavía no había sido notificada al progenitor.
Al comunicar su decisión de desistir, explicó que el proceso terapéutico le permitió replantear el conflicto desde otra perspectiva. Expresó que quería intentar recuperar la relación con su padre, compensar el tiempo perdido y brindarse mutuamente una oportunidad antes de avanzar con una decisión definitiva sobre su identidad registral.
En la sentencia, la magistrada explicó que el desistimiento es una forma de poner fin anticipadamente a un proceso judicial cuando una de las partes decide no continuar con la acción.
Agregó que el Código Procesal Civil y Comercial autoriza esa posibilidad siempre que, si la demanda ya fue trasladada, la otra parte haya sido notificada.
Como en este caso ese traslado aún no se había concretado, la jueza entendió que estaban cumplidos todos los requisitos legales para admitir el desistimiento y declarar extinguido el proceso.
«En virtud de ello entiendo que se encuentran configurados los recaudos previstos en el artículo 278, para que opere el desistimiento del proceso por voluntad de la parte», explicó. Además, se estableció que las actuaciones permanezcan archivadas en formato digital, conforme a la normativa vigente del Poder Judicial de Río Negro.
Río Negro
Las obras del Canal Principal de Riego del Alto Valle tienen 80% de avance
Se registró un correcto grado de avance de la obra que apunta a mejorar el sistema de riego.
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), continúa ejecutando una obra importante de infraestructura hídrica sobre el Canal Principal del Sistema de Riego Alto Valle, que ya alcanzó un 80% de avance.
La intervención se desarrolla durante la temporada de veda de riego, una etapa estratégica para realizar tareas de mantenimiento y renovación de la red sin afectar la distribución de agua.
Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre las progresivas 70+490 y 70+521, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica, en General Roca. La obra tiene como objetivo fortalecer la estructura del canal mediante el recambio de siete losas de hormigón del revestimiento del talud sobre la margen derecha, la reposición de juntas y la reconstrucción de un tramo de vereda, mejorando la seguridad y el funcionamiento del sistema.
Las tareas incluyeron la demolición de los paños deteriorados, la reposición y compactación del material de apoyo y relleno, y la ejecución de las nuevas losas de hormigón con sus respectivas juntas. En forma paralela, se reconstruyeron 18 metros cuadrados de vereda sobre la banquina del canal, luego del acondicionamiento de su base. Actualmente, la obra se encuentra en su etapa final, restando únicamente la limpieza general del sector y el retiro de escombros.
Estas intervenciones preventivas permiten que el Sistema de Riego Alto Valle llegue en óptimas condiciones al inicio de la temporada, programada para el transcurso de agosto, reduciendo el riesgo de filtraciones, preservando la infraestructura de riego y evitando futuras reparaciones de emergencia.
