Funcionarios provinciales se reunieron esta tarde (25/11) con la empresa NRG y sindicatos para abordar la situación laboral en la compañía y enfrentar las irregularidades en el transporte de arena destinada para la actividad hidrocarburífera. Mañana (26/11) habrá un nuevo encuentro en Neuquén con todas las partes involucradas.

El Gobierno de Río Negro, preocupado por posibles despidos en la empresa NRG Argentina que afectan a 180 trabajadores, participó de dos reuniones en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente en Cipolletti. Los encuentros buscaron analizar las causas del conflicto y avanzar en soluciones conjuntas con vistas al encuentro tripartito que se llevará a cabo mañana en Neuquén.

La primera reunión fue con representantes de NRG, entre ellos su CEO, César Guercio, quien participó de manera remota, y parte del equipo técnico presente en la provincia. En la segunda, los interlocutores provinciales se reunieron con Gustavo Sol, secretario General de Camioneros de Río Negro, y Fernando Valenzuela, delegado regional del gremio de Petroleros Privados.

Por parte de la provincia, participaron el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro; y el responsable de Relaciones Institucionales de Energía y Ambiente, Mario Figueroa.

Confini ratificó el compromiso provincial para mejorar la competitividad de las arenas locales y el control de las irregularidades en el transporte que perjudican a la empresa. «Nos hemos comprometido a que desde el Gobierno de Río Negro nos vamos a poner firmes en el tránsito y en el control estricto de todos los camiones que entren desde otras provincias, que lo hagan en las condiciones que lo tienen que hacer», afirmó. También subrayó que estos controles incluyen verificar guías de transporte, papeles en orden y respetar el límite de 28 toneladas establecido por ley.

Por su parte, el ministro Fabián Gatti remarcó la prioridad del gobierno de defender el empleo y la regularidad laboral en el sector. «La presencia nuestra en este marco, en este diálogo que mantuvimos, es sobre todo para conservar la fuente de trabajo, transmitir a los operadores y a todos los que están vinculados a este gran sistema que genera mucho trabajo pero que también trae conflictos como es Vaca Muerta», expresó.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia del encuentro de mañana (26/11) en Neuquén para consolidar avances y proteger las fuentes laborales en riesgo, destacando que el gobierno no tolerará irregularidades. «No vamos a admitir en la provincia trabajadores en negro o camiones que no cumplan con las regulaciones que tenemos en nuestra provincia», aseguró Gatti.

El Gobierno de Río Negro recibió hoy (25/11) a los gremios estatales provinciales en el marco del Consejo de la Función Pública (ATE y UPCN) y la paritaria docente (UnTER), y por segundo mes consecutivo, no hubo ofrecimiento salarial.

«Volvió a quedar demostrado que los salarios reales de los trabajadores públicos rionegrinos han recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación. Mientras el IPC estimado a noviembre de 2024 se ubica en el 113%, los salarios de los trabadores nucleados en las leyes 1844, 1904 y médicos, tuvieron un aumento promedio del 194%», destacó al respecto la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Por su parte, los sindicatos manifestaron su rechazo una vez finalizado el encuentro. ATE rechazó la decisión «de congelar por segundo mes consecutivo el salario del personal público». Mientras tanto, desde UnTER indicaron que «el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se burla de los trabajadores y nuevamente define concurrir a una paritaria tardía sin propuesta salarial. Repudiamos enérgicamente estas maniobras que van en detrimento de la educación pública».

«Con la excusa de que la provincia viene teniendo una baja en la recaudación, el Ministerio sólo propuso la corrección de algunas grillas. Y con el argumento absolutamente falaz de que los trabajadores públicos rionegrinos hemos recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación, decidió no hacer una oferta de recomposición salarial para todos los cargos del sistema educativo», agregaron desde el gremio docente.

«Debemos insistir en recordarle al Ministerio de Educación que nos debe un aumento salarial que tenga en cuenta la inflación acumulada desde noviembre de 2023. Parece que se ‘olvidó’ de que el último aumento que abonó la administración de Arabela Carreras fue sobre el salario de octubre de 2023. Y pese a que la paritaria homologada ataba los aumentos salariales hasta diciembre a la inflación determinada por el INDEC, ni la gestión anterior ni la actual liquidaron salarialmente los índices de IPC correspondientes a los últimos meses de 2023. Es por esto que los trabajadores de la educación exigimos una propuesta salarial que no es exclusiva del 2024, sino que comienza en los meses adeudados de noviembre y diciembre 2023. Según la información oficial difundida por el INDEC, la inflación interanual acumulada alcanza el 193%, un porcentaje que supera ampliamente el 168% de aumento que recibió el cargo testigo de maestro de grado en lo que va de 2024», aseguraron desde UnTER.

De la reunión del Consejo de la Función Pública participaron además de Lastra, el secretario de Gobierno, Agustín Ríos; y la secretaria de Hacienda, Natalia Crocciati; y representantes de los gremios ATE, Patricia Lapalma; y de UPCN, Marcelo Vidal.

En tanto, la paritaria docente estuvo presidida por María Avilez; con la presencia de la ministra de Educación, Patricia Campos; acompañada por los vocales gubernamentales del CPE Fabio Sosa y Romina Procoppo; y la secretaria general del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda. Por el gremio estuvieron presentes la secretaria general, Silvana Inostroza; el secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes; y los vocales, Marcelo Nervi y Paolo Etchepareborda, entre otros.

Lastra indicó en este sentido que «en ambos encuentros, el Gobierno ratificó su compromiso de trabajar para que los salarios de los empleados del Estado no vean afectado su poder adquisitivo ante los índices de inflación. Esta premisa se está cumpliendo estrictamente, ya que mientras el índice inflacionario previsto a noviembre de 2024 es del 115%, el personal nucleado en la Ley 1844 recibió un aumento hasta septiembre del 187%; de la Ley 1904 No Médicos, 193,19%; y los 1904 Médicos, tuvieron un aumento salarial en 2024 del 202,83».

«En tanto, en lo que va del 2024, el salario de un maestro inicial de grado tuvo un aumento del 168,04%, un Director de Escuela Jornada Completa c/110 de antigüedad, tuvo un incremento del 190,39%; y un maestro jornada completa c/100 de antigüedad, 173,75% de aumento», afirmó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió por votación unánime un paro de 24 horas para el día jueves 5 de diciembre con movilización en rechazo al «recorte salarial en las paritarias, la escalada de violencia y amenazas del Gobierno en las últimas horas, como sucedió por ejemplo en el Ministerio de Justicia entre otras carteras, y los exámenes de idoneidad ilegales que pretenden tomar en la Administración Pública», anunciaron desde el gremio.

«Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Además, el plenario también otorgó mandato a la conducción nacional para anticipar una medida distinta en los días previos o, eventualmente, sumar media jornada a la huelga del 5.

«En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo», aseguró el dirigente estatal.

En referencia a las recientes amenazas desde el Poder Ejecutivo con despedir a los trabajadores que ejerzan su derecho a parar, Aguiar señaló que «como (Patricia) Bullrich es una burra y su protocolo ya no surte efecto, ahora es el ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) el que pretende pisotear la Constitución. Nunca ocurrió en Democracia que se amenace con cesantear a los trabajadores que se plieguen a una huelga. Debiera evaluarse un juicio político a Cúneo Libarona», agregó.

«No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en Estados provinciales y municipales”, expresó el secretario general de ATE.

Concluyó con que «hemos definido un paro total de actividades de 24 horas, aunque no descartamos sumar media jornada más».

La decisión se tomó en el plenario federal de delegados realizado en el anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato en el que participaron más de 1.000 dirigentes de todo el país. Allí también se resolvió que se realizarán protestas en todas las provincias con movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas, señalando que el ajuste planteado en el Presupuesto 2025 golpea duramente a todas las regiones del país.

Entre los reclamos de ATE está la recomposición salarial, recordando que en la última paritaria el Gobierno otorgó -con la aceptación del otro gremio signatario (UPCN) del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06- un 2% para noviembre y 1% en diciembre. De esta forma, la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.

También expresaron su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Son más de 40.000 los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.

El sindicato estatal además exige el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas.