Sociedad
Empleados estatales deberán capacitarse en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La capacitación será obligatoria, permanente y continua, destinada a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, por unanimidad, el proyecto para adherir a la Ley Lucio, que creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La capacitación será obligatoria, permanente y continua, destinada a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles y jerarquías. Podrán también ser destinatarios las organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La ley nacional lleva el nombre de Lucio en honor y como recordatorio al trágico y triste antecedente del niño Lucio Dupuy, de tan solo 5 años de edad, quien vivió un infierno en manos de su progenitora y la pareja.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia será la autoridad de aplicación de la ley y deberá trabajar articuladamente con el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (CONIAR) para elaborar las políticas públicas que garanticen su correcta aplicación y permanente actualización. También deberá realizar campañas de concientización y difusión sobre las violencias contra las niñas,niños y adolescentes.
Durante la sesión estuvieron presentes padres y referentes de la ONG Padres de Río Negro y Neuquén, como su presidente, Fabián Cruciani, y Marisol Saturno y Johnatan Claudio Frego, de Viedma y Cipolletti.
Durante el debate, una de las impulsoras de la iniciativa, Claudia Contreras (JSRN), explicó que la idea de esta adhesión «es visibilizar y sensibilizar a la comunidad en lo que tiene que ver con el abordaje de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que nuestras infancias tengan una mejor realidad».
Argumentó que «es necesario trabajar en la corresponsabilidad en el sistema integral de la protección y promoción de estos derechos». Expuso datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia que registran que en 2022 en Río Negro han sido vulnerados derechos, dio cuenta de 828 casos de abuso sexual, 275 casos de abandono y 1047 casos de maltrato físico. «Estos números nos deben interpelar como sociedad», advirtió, e indicó que «un alto porcentaje de estos casos es de índole intrafamiliar».
Juan Martín (JxC), coautor de la iniciativa, agregó que «dependerá de nosotros que esas capacitaciones, esa visivilización que tiene que tener este tema, sea parte de agenda de los municipios, de todos los organismos vinculados al Estado y parte de la agenda que llevan a delante organizaciones como las que preside Fabián Cruciani».
También advirtió que «muchas veces la Justicia tiene sesgos partidarios ideológicos que van en contra del corazón de la familia, de las relaciones de padres e hijos», y pidió que la la Justicia tenga una respuesta adecuada.
«Tomemos este tema con la importancia que tiene, con el dolor que está generando en las familias. Que esta concientización sirva para ese Poder que es la Justicia, que muchas veces permanece bastante alejado de lo que ocurre en el seno familiar»”», señaló.
En el mismo sentido, Nayibe Gattoni expresó que esperaba que esta ley sea «una herramienta más para que nuestra justicia sea más activa».
Daniela Salzotto (FdT) pidió que la premisa sea «basta de vulneración de derechos», que el Estado implemente el presupuesto que tiene que implementar, y que «los que están en cada uno de los organismos del Estado respondan en tiempo y forma cuando un niño se siente desoído».
Fabio Sosa, también autor del proyecto, aseguró que esta ley «nos va a marcar un camino para todos los agentes públicos que puede ser un protocolo claro de actuación».
Carlos Belloso (UC) reafirmó lo expresado por los legisladores autores y reflexionó que cuando se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes, no debe haber diferencias ni grietas.
Licencia deportiva para trabajadores
En otro orden, fue aprobado en primera vuelta el proyecto para otorgar una licencia especial deportiva en el ámbito de las obligaciones laborales y académicas a toda persona deportista aficionada que como consecuencia de su actividad sea designada para participar en campeonatos regionales selectivos que figuren de manera regular y habitualmente en calendario.
El legislador de JSRN Marcelo Szcygol, autor del proyecto junto a Juan Pablo Muena y Facundo López, explicó en el recinto que la ley garantiza un plazo de licencia por cuestiones deportivas de 60 días hábiles, continuos y/o discontinuos anuales. Garantizando con esto, una dedicada participación de las personas en el deporte, la participación motivadora en competiciones, el intercambio y la socialización de una práctica saludable que también hace al desarrollo integral.
La licencia será para trabajadores del sector público y del privado. Toda persona deportista aficionada que vaya a utilizar dicha licencia, tendrá que estar federada, es decir, deberá practicar un deporte formal y reglado en el ámbito de un club o seleccionado, que compitan en torneos sin afán de remuneración.
Szcygol consideró necesario entender a la licencia especial deportiva como una herramienta
que contribuye a facilitar la participación de atletas aficionados, entrenadores, árbitros, dirigentes y auxiliares en diversas competiciones deportivas avaladas por el calendario de las organizaciones deportivas, en un marco seguro sin descuidar las responsabilidades académicas y/o laborales.
Fiesta provincial del Chorizo Casero
El Parlamento aprobó también el proyecto impulsado por Silvia Morales (JSRN) para otorgarle carácter de fiesta provincial a la “Fiesta del Chorizo Casero”, que se celebra durante agosto de cada año en Villa Regina, desde el año 2017.
Morales describió durante la sesión que la fiesta se realiza en la escuela Agraria y constituye para Villa Regina y la región el resguardo del legado que han dejado los inmigrantes. El evento crece cada año debido al interés que despierta en en la región, con los años fue incorporando actividades atractivas para los asistentes, como muestras de maquinaria rural antigua y feria de emprendedores y productores locales con sus productos relacionados.
Judiciales
Le vaciaron la cuenta con los ahorros de toda su vida con un cambio de chip en otra ciudad: Condenan a banco y telefónica
La víctima descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000.

Una jubilada de Viedma perdió varios millones de pesos en menos de una hora después de que delincuentes tomaran el control de su línea telefónica mediante un cambio fraudulento de chip. Con ese acceso ingresaron a su cuenta bancaria y realizaron ocho transferencias que vaciaron prácticamente todos sus ahorros. La Cámara de Apelaciones de la capital provincial concluyó que el fraude fue posible por fallas concurrentes en los sistemas de seguridad de dos prestadores de servicios.
La mujer tenía constituido un plazo fijo y el 13 de octubre de 2022 advirtió que su celular solo permitía realizar llamadas de emergencia. Horas más tarde, cuando intentó renovar esa inversión, descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000. El dinero había sido transferido mediante seis débitos inmediatos (DEBIN) y dos transferencias a personas desconocidas.
Frente a esa situación promovió una demanda por daños y perjuicios. Sostuvo que el cambio de la tarjeta SIM se había concretado sin verificar correctamente la identidad de quien lo solicitó y que, además, nadie advirtió una serie de operaciones bancarias completamente ajenas a su comportamiento habitual como clienta.
En primera instancia, el fuero Civil de Viedma responsabilizó únicamente a la empresa de telefonía. Entendió que el cambio fraudulento del chip había sido la causa adecuada del perjuicio y liberó de responsabilidad a la entidad financiera.
La Cámara confirmó que existió una falla en el procedimiento que permitió reemplazar la tarjeta SIM. Valoró que el cambio se autorizó desde una antena ubicada en Neuquén cuando apenas una hora y media antes la línea funcionaba normalmente en Viedma. También destacó que no existían registros que permitieran comprobar cómo se había validado la identidad de quien realizó esa gestión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la entidad financiera también incumplió su deber de seguridad. Señaló que las operaciones reunían numerosos indicadores de riesgo: la generación de un nuevo token, el alta de varios destinatarios desconocidos, ocho transferencias consecutivas en apenas 36 minutos, el vaciamiento casi total de la cuenta y montos incompatibles con el historial de la clienta. Pese a ello, no se activó ningún mecanismo de alerta, bloqueo o verificación.
La sentencia recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar sistemas de monitoreo basados en el perfil transaccional de cada cliente y destacó que ese control existe precisamente para detectar operaciones que, aunque se realicen con credenciales válidas, resulten completamente atípicas.
Con ese criterio, la Cámara concluyó que el fraude solo pudo concretarse por la concurrencia de dos incumplimientos. Por un lado, la autorización irregular del cambio de chip. Por otro, la ausencia de controles frente a movimientos claramente inusuales en la cuenta bancaria. En consecuencia, modificó el fallo de primera instancia, dejó sin efecto la obligación de la mujer de devolver el dinero recibido por la medida cautelar y extendió la condena en forma solidaria a Banco Patagonia y Telefónica Móviles Argentina.
También confirmó las indemnizaciones por daño emergente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo.
Río Negro
Con aumento incluido, la Provincia abonó sueldos y aguinaldo a estatales
Significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina.

El Gobierno de Río Negro realizó hoy (03/07) el pago unificado de salarios y del medio aguinaldo a todo el personal estatal de la provincia, con un 4,28% de aumento incluido.
Esta decisión, significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina e incluyó el 4,28% de aumento en los sueldos, impactando también en el aguinaldo. Se consolida así una evolución salarial por encima de la inflación acumulada en el semestre.
Durante la primera parte del año, los incrementos escalonados que sostuvo Río Negro alcanzaron un 16% de aumento, por encima de la inflación del 14,7% de acuerdo a datos del INDEC para los primeros cinco meses de 2026.
De esta manera, hoy percibieron sus haberes y el medio aguinaldo el personal de Salud Pública (guardias y horas extras); Policía de Río Negro; Servicio Penitenciario Provincial; docentes; porteros; personal comprendido en la Ley N° 1.844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; Poder Legislativo; Poder Judicial y Órganos de Control.
«Con el pago de salarios y aguinaldo de manera conjunta, Río Negro sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales de la provincia», indicaron desde la Provincia.
Río Negro
Río Negro avanza con la fiscalización ambiental del proyecto de GNL
El objetivo es que el proyecto avance con una presencia activa del Estado.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático fiscaliza en territorio, durante la ejecución del proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías, el cumplimiento ambiental asumido por la empresa.
Mientras Río Negro consolida una nueva etapa productiva vinculada al desarrollo energético, la Provincia mantiene una presencia técnica permanente para acompañar, controlar y verificar que cada avance del proyecto se realice bajo la normativa ambiental vigente.
El seguimiento alcanza las distintas etapas de ejecución, tanto en las obras terrestres como en la infraestructura marítima asociada al desarrollo de Gas Natural Licuado Flotante en el Golfo San Matías. El objetivo es claro: que el crecimiento energético avance con planificación, responsabilidad ambiental y control del Estado.

Control técnico en cada etapa
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación, lleva adelante inspecciones y controles en territorio para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos durante el proceso de evaluación del proyecto.
Las autorizaciones ambientales contemplan obligaciones específicas vinculadas al monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos y el seguimiento de las tareas que se desarrollan en las áreas intervenidas.
Además de las inspecciones en obra, la Provincia supervisa los procesos de recomposición ambiental en los sectores afectados por la construcción de infraestructura terrestre, con el fin de asegurar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los compromisos asumidos.

Desarrollo energético con responsabilidad ambiental
El proyecto contempla infraestructura clave para que Río Negro se consolide como punto estratégico de salida del GNL argentino al mundo, incluyendo obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro de soporte logístico en Puerto San Antonio Este.
En ese marco, el Gobierno Provincial sostiene una política que combina nuevas inversiones, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y protección de los recursos naturales que distinguen al Golfo San Matías y a toda la costa rionegrina.

El esquema de fiscalización se apoya en tres pilares: control integral durante todo el ciclo del proyecto, participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y capacidad del Estado para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Un Estado presente para cuidar el rumbo
La decisión del Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, es que las inversiones estratégicas avancen con reglas claras, planificación y presencia activa del Estado en cada etapa.
De esta manera, la Provincia reafirma que el desarrollo energético no es un hecho aislado, sino parte de un rumbo que busca transformar oportunidades en trabajo, infraestructura y futuro para los rionegrinos, sin resignar el cuidado ambiental ni la protección de los ecosistemas provinciales.








