Gremios
UnTER repudió la represión «dictatorial» ocurrida en Jujuy y acusó a Morales
«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo», dijeron.
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) expresó este mediodía de jueves (13/7) su «absoluto repudio al accionar del Gobernador Gerardo Morales contra el pueblo jujeño».
Además el gremio «se solidariza con compañerxs docentes y estudiantes de la Universidad de Tilcara y con todas las personas que padecen la escalada represiva que se emparenta con la dictadura genocida. Exigimos el cese inmediato de esta persecución y el juzgamiento de los responsables políticos e ideológicos de esta lamentable vuelta al pasado».
«El miércoles 12 de julio la policía ingresó en la Universidad de Tilcara, accionar que está penado por la Constitución Nacional, por lo tanto es un delito federal. Nada aparece frenar el espíritu dictatorial del precandidato a vicepresidente por el PRO, quien amenaza con expropiar el predio de la UBA» indicaron.
«Esta semana se difundió una lista con nombre, apellido y dirección de militantes que supuestamente son los responsables de delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Hasta el momento, ese listado incluye a 42 personas, lo que instala un clima de persecución que nos remite a los años de terrorismo de Estado que no se debe regresar», agregaron desde Unter.
En un extenso comunicado de prensa indicaron que: «En Humahuaca se inició una cacería contra sindicalistas, organizaciones de base y Pueblo Originarios, que se replica en todo Jujuy. En la Quiaca se intentó un golpe destituyente contra el Intendente, que rechazó la reforma. Desde el 20 de junio, la policía dispara y ciega a jóvenes, circulan autos sin patente, se allanan viviendas sin orden judicial, compañeras militantes denunciaron abusos por parte de estos grupos parapoliciales».
«Desde el momento en que Morales impuso la reforma constitucional, con el aval de legisladores del radicalismo y un sector del PJ, el pueblo en su conjunto está resistiendo en defensa de sus derechos. Tan atroz fue la violencia institucional, que los medios hegemónicos no pudieron invisibilizarla. Apenas se disipó el humo de los gases lacrimógenos se retiraron de la provincia; sin embargo continuaron las marchas y los cortes con el objetivo de lograr la derogación de esta reforma ilegítima que cercena derechos establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que el gobierno jujeño no puede ignorar», expresaron.
«Como trabajadorxs de la Educación nos alerta que este accionar represivo se valide como parte de una campaña prelectoral, para cosechar votos del sector más reaccionario de nuestra sociedad. Gerardo Morales, luego de ordenar la violencia, fue premiado por Horacio Larreta como compañero de fórmula. Los medios hegemónicos contribuyen con la difusión de discursos de odio que alimentan el racismo, han silenciado que el Gobernador intervino en el Poder Judicial para lograr una justicia complaciente, que ejerce el nepotismo y mantiene presa desde hace siete años a Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru, a pesar de la condena de los organismos internacionales de Derechos Humanos», agregaron.
«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo, que debería ordenar la intervención de Jujuy, pero no lo hace porque la mayoría es parte del partido de Morales y sus aliados. Urge que el Gobierno Nacional se exprese y actúe contra el avasallamiento de la Universidad y que la sociedad en su conjunto condene la represión» indicaron.
El comunicado finaliza diciendo: «No hay excusa para que las centrales sindicales, las organizaciones de base y los partidos políticos que dicen defender la vida democrática denuncien esta política de crueldad y se organicen para frenarla. Si no lo hacen, será verdad que Jujuy es la muestra de lo que vendrá. Hoy más que nunca es imperiosa la memoria para no repetir la historia».
Gremios
ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
