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UnTER repudió la represión «dictatorial» ocurrida en Jujuy y acusó a Morales
«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo», dijeron.
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) expresó este mediodía de jueves (13/7) su «absoluto repudio al accionar del Gobernador Gerardo Morales contra el pueblo jujeño».
Además el gremio «se solidariza con compañerxs docentes y estudiantes de la Universidad de Tilcara y con todas las personas que padecen la escalada represiva que se emparenta con la dictadura genocida. Exigimos el cese inmediato de esta persecución y el juzgamiento de los responsables políticos e ideológicos de esta lamentable vuelta al pasado».
«El miércoles 12 de julio la policía ingresó en la Universidad de Tilcara, accionar que está penado por la Constitución Nacional, por lo tanto es un delito federal. Nada aparece frenar el espíritu dictatorial del precandidato a vicepresidente por el PRO, quien amenaza con expropiar el predio de la UBA» indicaron.
«Esta semana se difundió una lista con nombre, apellido y dirección de militantes que supuestamente son los responsables de delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Hasta el momento, ese listado incluye a 42 personas, lo que instala un clima de persecución que nos remite a los años de terrorismo de Estado que no se debe regresar», agregaron desde Unter.
En un extenso comunicado de prensa indicaron que: «En Humahuaca se inició una cacería contra sindicalistas, organizaciones de base y Pueblo Originarios, que se replica en todo Jujuy. En la Quiaca se intentó un golpe destituyente contra el Intendente, que rechazó la reforma. Desde el 20 de junio, la policía dispara y ciega a jóvenes, circulan autos sin patente, se allanan viviendas sin orden judicial, compañeras militantes denunciaron abusos por parte de estos grupos parapoliciales».
«Desde el momento en que Morales impuso la reforma constitucional, con el aval de legisladores del radicalismo y un sector del PJ, el pueblo en su conjunto está resistiendo en defensa de sus derechos. Tan atroz fue la violencia institucional, que los medios hegemónicos no pudieron invisibilizarla. Apenas se disipó el humo de los gases lacrimógenos se retiraron de la provincia; sin embargo continuaron las marchas y los cortes con el objetivo de lograr la derogación de esta reforma ilegítima que cercena derechos establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que el gobierno jujeño no puede ignorar», expresaron.
«Como trabajadorxs de la Educación nos alerta que este accionar represivo se valide como parte de una campaña prelectoral, para cosechar votos del sector más reaccionario de nuestra sociedad. Gerardo Morales, luego de ordenar la violencia, fue premiado por Horacio Larreta como compañero de fórmula. Los medios hegemónicos contribuyen con la difusión de discursos de odio que alimentan el racismo, han silenciado que el Gobernador intervino en el Poder Judicial para lograr una justicia complaciente, que ejerce el nepotismo y mantiene presa desde hace siete años a Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru, a pesar de la condena de los organismos internacionales de Derechos Humanos», agregaron.
«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo, que debería ordenar la intervención de Jujuy, pero no lo hace porque la mayoría es parte del partido de Morales y sus aliados. Urge que el Gobierno Nacional se exprese y actúe contra el avasallamiento de la Universidad y que la sociedad en su conjunto condene la represión» indicaron.
El comunicado finaliza diciendo: «No hay excusa para que las centrales sindicales, las organizaciones de base y los partidos políticos que dicen defender la vida democrática denuncien esta política de crueldad y se organicen para frenarla. Si no lo hacen, será verdad que Jujuy es la muestra de lo que vendrá. Hoy más que nunca es imperiosa la memoria para no repetir la historia».
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
