Judiciales
Su esposa le disparó para defenderse y él la demandó: Por violento no tendrá indemnización
La mujer era uniformada de la Policía de Río Negro y usó su arma reglamentaria para atacar al sujeto, también integrante de la fuerza, el cual estuvo 12 días internado.
Un hombre que ejercía violencia familiar y de género contra su esposa fue baleado por la mujer durante una de sus agresiones. La autora del disparo era agente de la Policía de Río Negro y usó su arma reglamentaria. El hombre fue dado de alta tras 12 días de internación y en la causa penal, en un juicio abreviado, la mujer aceptó una condena con atenuantes. Luego el hombre intentó demandarla en el fuero Civil: le reclamó una indemnización de 1,3 millones de pesos por el daño físico y el daño moral. También demandó al Estado Provincial, por ser el dueño del arma policial utilizada. Sin embargo, todas sus pretensiones fueron denegadas por la jueza Civil de Primera Instancia N° 1 de Roca y luego por la Cámara Civil de Apelaciones, que confirmó el rechazo total de la demanda.
Durante el juicio civil se acreditó que el marido sometía a la mujer a «violencia física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica». Numerosos testigos dieron detalles de las repetidas golpizas, el hostigamiento telefónico, los sometimientos, las amenazas y otras tantas manifestaciones de violencia. Además, las pericias médicas verificaron las lesiones y marcas físicas que acarreaba la mujer. Todo el contexto permitió a la jueza, y más tarde a la Cámara, eximir a la mujer de cualquier responsabilidad civil. En ambas instancias, las sentencias indicaron que fue el propio hombre baleado el provocador directo del daño sobre sí mismo.
«La culpa de la víctima (del disparo) se ha constituido en el factor determinante que desencadenara los hechos posteriores -que terminaron en el suceso que motiva la presente demanda-; la misma ha tenido la aptitud para interrumpir el nexo de causalidad. Todo ello me lleva a concluir que, en el caso, no existe responsabilidad civil de la señora”» concluyó la sentencia de primera instancia.
En cuanto a la responsabilidad del Estado, el fallo la descartó porque la mujer no actuó en ejercicio ni en ocasión de sus funciones policiales, sino que «el disparo se produjo en el ámbito doméstico, de una discusión de pareja, encontrándose acreditado también que la agresora era víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica -Ley 26.485-«. También se descartó porque el arma «se utilizó en contra de la voluntad» de la institución policial y porque «no ha existido omisión negligente del Estado en el control de las aptitudes psíquicas de la señora que lleven a concluir que no era apta para el uso de arma de fuego».
«El disparo y su consecuencia lesiva tuvo como causa adecuada la violencia ejercida por el actor, sosteniendo sin hesitación alguna la existencia de un obrar de la demandada en legítima defensa de su vida e integridad psicofísica, afectada por la conducta de aquél, evidenciada tanto ese día del hecho como con anterioridad, en lo que constituía una clara situación de violencia de género», dijo la Cámara al rechazar la apelación del hombre.
El apelante reclamó que la condena penal que aceptó la mujer en 2015, en un juicio abreviado, debió ser suficiente para que a él, en el fuero Civil, le reconozcan el derecho a ser indemnizado económicamente. Pero no dijo que aquella condena por lesiones graves fue reducida por las «circunstancias extraordinarias de atenuación» debido a la violencia que padecía la señora.
Así, la sentencia de la Cámara Civil destacó que admitir la culpabilidad en un juicio penal abreviado no se puede interpretar como “»n reconocimiento de responsabilidad civil». La mujer «en modo alguno asumió algo más que la condena penal, recordando nuevamente que la renuncia de derechos es de interpretación restrictiva», dijo el Tribunal.
«Considero plenamente probada la violencia de género física y psíquica que ejercía el actor contra quien fue su pareja y no tengo dudas en cuanto a que, en gran medida, esta misma acción civil es una continuidad de aquello», concluyó la Cámara.
Judiciales
Tras la muerte de un gatito, beneficio de la duda para dos perros del barrio
El felino fue atacado ferozmente pero el culpable no pudo ser encontrado.
El gato de una mujer de Río Colorado apareció gravemente herido por mordeduras de perro. La dueña primero se ocupó de llevarlo a la veterinaria, porque agonizaba. Durante algunos días lo curó y lo cuidó, pero la mascota finalmente murió. Decidió entonces buscar al responsable: dos perros del barrio eran los principales sospechosos.
A través de un proceso judicial de menor cuantía ante el Juzgado de Paz, la mujer inició una demanda de daños y perjuicios contra dos personas de la cuadra, cada una dueña de un perro, para reclamarles la indemnización por los gastos veterinarios y el daño moral. La jueza llamó entonces a las tres personas a una audiencia de conciliación.
La dueña del primer perro se presentó en la audiencia, negó la deuda reclamada, ofreció pruebas en su defensa y explicó que su perro «es un animal viejo con dificultades para masticar y que no puede lastimar un gato de esa manera». La señora contó además que su perro «siempre convivió con gatos y nunca ha lastimado a otro» y envió fotos al Whatsapp del Juzgado para que la jueza pueda ver que al animal prácticamente no le quedan dientes. La mujer también presentó testigos que confirmaron que su perro nunca fue agresivo.
El dueño del otro can, en cambio, no se presentó a la audiencia. Sin embargo varios testigos que declararon después no pudieron asegurar que su perro fuera el atacante del gato.
Finalmente la jueza de Paz resolvió no hacer lugar al reclamo contra ninguno de los dos vecinos, debido a que «el cuadro probatorio reunido resulta insuficiente para acreditar los extremos invocados por la actora en cuanto a quién resulta ser el supuesto propietario del animal que habría causado el daño».
El caso también dio lugar a actuaciones en el juzgado de Faltas de la municipalidad. El Código Contravencional de Río Negro que aplican los Jueces y Juezas de Paz desde septiembre de 2022 indica que si una contravención prevista en el Código también está sancionada como «falta municipal» por una Ordenanza local, el caso debe ser analizado y resuelto por la autoridad comunal.
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Fallo ordena aumentar la cuota alimentaria para reconocer las tareas de cuidado que sólo cumple la mamá
El padre de dos adolescentes solo comparte un día a la semana.
Una sentencia aumentó la cuota alimentaria que debe pagar un padre para sus dos hijos adolescentes, con quienes comparte un día a la semana. El fallo tuvo en cuenta especialmente el valor económico que tienen las tareas de cuidado, que en este caso cubre exclusivamente la mamá. Esas labores diarias, como brindar «el sostén cotidiano, tareas domésticas, apoyo escolar, cocinar, asistir en la enfermedad», tienen valor económico «y es valioso y justo considerar que estas labores son un aporte a la manutención de los hijos a la hora de la fijación de los alimentos», explicó la sentencia de la Cámara Civil de Apelaciones de Roca.
El Tribunal elevó la cuota mensual al 35% de los ingresos que perciba el padre. Como monto mínimo fijó el equivalente al 70% del Salario Mínimo Vital y Móvil, «el que se deberá asegurar aún en el caso de que no trabaje en relación de dependencia», señaló el fallo.
El caso llegó a la Cámara porque la mamá apeló el monto de cuota que se había fijado en la primera instancia, que era del 30% del ingreso del padre o, como piso, medio Salario Mínimo. Aquella misma sentencia había homologado las condiciones fijadas hace más de 10 años, en un acuerdo de mediación que habían firmado la madre y el padre.
Cuando la mamá apeló, admitió que la sentencia de primera instancia había aumentado la cuota valorando el paso del tiempo, la devaluación monetaria y las nuevas necesidades de los hijos. Pero cuestionó que no se puso valor en dinero a las tareas exclusivas de cuidado que ella cumple.
«La suma establecida en la sentencia no resulta suficiente para atender las necesidades de los adolescentes, teniendo en cuenta sus necesidades y el nulo aporte del progenitor en relación a las tareas de cuidado que recaen en la progenitora exclusivamente y deben ser valoradas», definió la Cámara. Y recordó que las necesidades alimentarias de los hijos «incluyen sustento, educación vestido, habitación, salud, esparcimiento» y que «la falta de trabajo fijo no puede constituir un impedimento».
«La falta de cumplimiento del progenitor con deberes esenciales respecto de sus hijos, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora», dijo la Cámara.
Destacó que la señora «ejerce de manera exclusiva la jefatura familiar y la totalidad de las tareas de cuidado de los adolescentes ante la ausencia de su progenitor. En el marco socio-cultural actual y en razón de las obligaciones estatales asumidas por la Argentina en todos su niveles a partir de la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos (…), tal conducta resulta inadmisible, puesto que contribuye a reforzar roles tradicionales de género que nada tienen que ver con elecciones de vida ejercidas en igualdad de condiciones».
El Tribunal citó y compartió, además, un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que valoró con máxima claridad las tareas de cuidado. «El cuidado proporcionado por las madres y otras mujeres de la familia suele ser llamado un ‘trabajo de amor’ pero nunca es solamente eso: involucra trabajo arduo y responsabilidad, tiempo, energía, dinero y pérdida de oportunidades alternativas (…) ya no hay margen para que pase desapercibida la carga mental que conllevan tanto el cuidado de niños, niñas y adolescentes, como la gestión de las tareas del hogar. Es imperante que esa sobrecarga o esfuerzo psicológico ínsito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar e individual de sus miembros sea reconocida y sea cuantificada desde una faz productiva».
En el caso de Roca, el cuidado exclusivo de la mamá ya se veía en el viejo acuerdo de mediación, cuya homologación también fue revisada por la Cámara de Apelaciones. «Quizá en esa época (2013) fue lo que se entendió prudente o posible de convenir, mas no puede ser tildado de definitivo y volverse en contra de quien peticiona ahora el aumento» de la cuota, finalizó el Tribunal.
Judiciales
Como todos los meses se presentó en la Ciudad Judicial, pero esta vez quedó detenido
Se trata de un sujeto condenado a 11 de prisión por abuso sexual agravado. Estaba libre ya que agotó todas las vías recursivas provinciales; cada Tribunal rechazó los planteos que buscaban su inocencia.
El Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la prisión preventiva de un hombre que fue condenado a 11 años de prisión por haber cometido delitos contra la integridad sexual de una niña. Ello en atención a la aplicación del nuevo Artículo 109 bis del Código Procesal Penal, ya que el imputado utilizó todas las vías recursivas provinciales y cada Tribunal fue rechazando los planteos que buscaban su inocencia.
Este mediodía (01/07), el imputado ingresó a la sala de audiencias como todas las veces: cumplió con la medida cautelar de presentarse personalmente y nunca intentó salir del país. Sin embargo, la fiscal que lleva el legajo solicitó al Tribunal que se aplicara el 109 bis, vigente desde el 7 de junio de este año, que habilita a las partes acusadoras a «requerir fundadamente la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia condenatoria haya agotado la vía recursiva local. La medida procederá con el fin de asegurar el eventual cumplimiento de la condena».
El 19 de junio pasado, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada a través de la defensa pública que asiste al hombre, y de esta manera se agotaron las instancias pertinentes en la provincia de Rio Negro. Cabe mencionar que la sentencia condenatoria, dice la letra del modificado Artículo 109 bis se considera como una causa posible de fuga, y estos fueron los argumentos de la fiscal del caso.
Los hechos que fueron probados en el debate por la acusación «ocurrieron entre 2016 y 2020, cuando la víctima tenía entre 10 y 14 años de edad, en el domicilio familiar de la ciudad de General Roca. El hombre era pareja conviviente de la madre de la niña y era quien se ocupaba de llevarla a la escuela».
La calificación legal por la que fue condenado es la de «abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y la duración en el tiempo, reiterado en un número indeterminado de veces, agravado por estar bajo su exclusiva guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años, Grooming, producción y divulgación de representaciones de abuso sexual infantil en concurso real, las cuales concursan a su vez, en forma ideal con corrupción de menores agravada por ser encargado de la guarda y conviviente de la víctima».
De esta manera, y tras la resolución de los tres jueces intervinientes en la audiencia, el hombre fue detenido y trasladado por personal policial.
