La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la firma de un contrato por 50.000 millones de pesos entre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, con la droguería Suizo Argentina SA, empresa apuntada por el escándalo de las coimas que involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

«Hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes de todo el país. El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con esta droguería tienen que ser investigados, porque cuando asumió Petri la obra social casualmente tenía ahorros por 25.000 millones de pesos. Se los gastaron en medicamentos y no se los entregaron a los afiliados. Todas las prestaciones se encuentran cortadas y todos los hospitales desabastecidos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«No podemos aceptar estas graves irregularidades. Lo que ocurre en el IOSFA nos muestra que la representación del Gobierno es fraudulenta. Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando. La Justicia tiene que intervenir. Hoy este instituto atraviesa una de sus peores crisis. Hay desidia en quienes la conducen y se sostiene gracias al esfuerzo de los trabajadores a pesar de sus pésimas condiciones laborales y sus salarios de hambre. Se están robando la plata que tenía que estar destinada a los beneficiarios. Los tenemos que parar. Vamos a definir medidas de fuerza en las delegaciones del organismo en todo el país», agregó el dirigente estatal.

El sindicato informó que se trata de un contrato de 25.000 millones de pesos que se renueva cada seis meses. En tanto los trabajadores de IOSFA, la tercera obra social más grande del país con más de 650.000 afiliados, denuncian faltantes de medicamentos oncológicos e insulina, prestaciones cortadas en todo el país e incluso que los hospitales militares se encuentran desabastecidos de insumos médicos.

Al inicio de la gestión de Petri como ministro de Defensa, IOSFA contaba con reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos y prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos. Sin embargo, en la actualidad el organismo que hoy tiene a Sergio Maldonado como gerente general afronta un déficit de más de 160.000 millones de pesos.

Ante esta situación, el sindicato exigió ampliar la investigación que se disparó luego de las filtraciones de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que mencionaba el pedido de coimas involucrando directamente al presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia.

Cabe recordar que en las últimas horas incautaron como prueba más de 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo de Emmanuel Kovalivker, uno de los socios de la droguería.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la aprobación unánime de la Ley 80-20 en la Legislatura de Río Negro, una norma histórica que establece que en todas las obras de infraestructura declaradas de interés provincial el 80% de los trabajadores deberán ser rionegrinos. «Desde hoy, no se pone un caño sin contratar a un rionegrino. La defensa del trabajo y de nuestras pymes es ley», afirmó el mandatario.

La reglamentación da prioridad a quienes cuenten con al menos dos años de residencia en la provincia y vivan dentro de un radio de 20 kilómetros de cada obra. Además, se incorpora un 20% de cupo reservado a mujeres y disidencias, abriendo camino hacia una mayor igualdad en un sector históricamente desigual. «No hay desarrollo posible si no es en beneficio de las y los rionegrinos. Por eso impulsamos y logramos estas leyes que nacen del diálogo con trabajadores, sindicatos, pymes y municipios», agregó Weretilneck.

El gobernador subrayó que esta norma se enmarca en una estrategia más amplia de crecimiento vinculada al desarrollo energético, petrolero y minero. Actualmente, 2.500 rionegrinos ya trabajan en proyectos derivados del RIGI, con respaldo y acompañamiento del Estado provincial.

El espíritu de la ley es garantizar que el progreso llegue acompañado de empleo local y que cada inversión represente oportunidades para miles de familias. Para ello, se establecieron mecanismos de flexibilidad consensuados con el sector privado: cuando un oficio no pueda cubrirse con trabajadores locales, las empresas podrán contratar personal de otras provincias, siempre con la obligación de capacitar en Río Negro a futuros trabajadores.

La aplicación de la norma contará con sistemas de control eficientes en articulación con las organizaciones de los trabajadores, quienes también participarán en una mesa de seguimiento. Allí se contemplan no solo los oficios directos de cada obra, sino también los servicios y empleos indirectos que los proyectos generan en las comunidades.

La inclusión es otro eje central: el cupo del 20% para mujeres y disidencias representa un paso firme hacia la igualdad de género, rompiendo barreras y ampliando horizontes. «Votar estas leyes es votar a favor del trabajo, del desarrollo y del crecimiento económico de Río Negro. La defensa nace acá», concluyó Weretilneck.

El plan de abordaje IPPV en tu barrio se instaló durante tres días en el Salón de las 500 Viviendas de General Roca, donde atendió a 545 personas que se acercaron por diferentes trámites relacionados a su vivienda.

«Una vez más, se cumplió con el objetivo de atender, escuchar y resolver los problemas a los vecinos», enfatizó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.

En este marco, cabe destacar la colaboración de la Comisión Normalizadora de las 500 Viviendas al momento de coordinar cada jornada, tanto en la prestación de las instalaciones, como en la atención hacia los trabajadores del IPPV.

Cancelar y escriturar, los trámites más requeridos

En lo que hace a los trámites, se destacó la cantidad de adjudicatarios que se acercaron a querer cancelar su vivienda: 189. Incluso, muchos de ellos, pagaron el mismo día y volvieron para iniciar el trámite previo a la escrituración, que es obtener el certificado de cancelación, documento indispensable al momento de tramitar la escritura. Es así que el área de control habitacional del IPPV recepcionó 70 certificados de cancelación.

A su vez, 162 familias iniciaron el trámite de escrituración. Desde el IPPV se viene fomentando la importancia de tener el título de propiedad, que se traduce en tranquilidad para las familias.

También 50 vecinos se acercaron para regularizar su situación, aprovechando las facilidades de pago que ofrece el IPPV y, además, se registraron cambios de titularidad, readjudicaciones e inscripciones al registro de demanda.

Los tres días de atención estuvieron a cargo de un equipo del IPPV, quienes recepcionaron los distintos trámites y en la mayoría de los casos pudieron resolverlos.

El IPPV llega y los vecinos lo agradecen

Cada vecino que fue atendido, se mostró muy conforme que «queríamos agradecer; fue todo muy rápido y la atención divina», destacó Alicia Nievas. «Me voy contenta porque en unos meses me van a entregar mi título de propiedad’, sostuvo María González.

«Me atendieron muy bien y me voy con la nota, tengo que volver para arreglar algunas cosas, pero muy conforme con las chicas», enfatizó Mabel Lorente.